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Denuncian injerencia para designar fiscal General a Froilan Coto, afín a Douglas Meléndez en la FGR y procesado por uso ilegal de escuchas
De acuerdo a una fuente judicial la Embajada continuaría presionando para que no se den los votos de reelección del actual Fiscal General y se nombre a Froilan Coto.
Ante el hecho de haberse retirado de agenda de la Sesión Plenaria realizada por la Asamblea Legislativa el martes 14 de diciembre del presente año, los medios de prensa con clara agenda opositora al gobierno salieron a realizar señalamientos encaminados a la no reelección del actual Fiscal General Rodolfo Delgado; no obstante, de acuerdo a las fuentes consultadas por este medio no se trata de señalamientos correspondientes al procedimiento o a la idoneidad para que Delgado sea reelecto, sino que en el fondo se encontraría la injerencia de la Embajada ejerciedo presión para que se nombre a un ex funcionario afín de Douglas Meléndez y así garantizarse que no continúen las acciones legales contra ex funcionarios acusados de corrupción y ONG’s fantasmas que recibieron ilegalmente fondos del Estado. Con estos objetivos el elegido por la Embajada sería Froilan Coto.
¿Quién es Froilan Coto?
Froilan Francisco Coto Cabrera es abogado de la República, quien se ha desempeñado en distintos cargos dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los cargos más relevantes durante los últimos diez año que estuvo dentro de esa institución, fue Jefe de la Oficina Fiscal en la ciudad de Apopa, departamento de San Salvador y posteriormente nombrado desde julio de 2015 hasta enero de 2019 como Director del Centro de Escuchas. En el desempeño de ambas funciones se suscitaron señalamientos sobre actos ilícitos y abuso de autoridad.
Mientras se encontraba fungiendo como Jefe en la Fiscalía de Apopa fue denunciado por una abogada defensora de haberse quedando en contubernio con un agente policial con la cantidad de US $32 mil Dólares de un decomiso realizado a un presunto pandillero acusado del delito de extorsión. Por este hecho se le abrió expediente administrativo aunque el caso no tuvo seguimiento.
Luego, en el ejercicio de funciones como Director del Centro de Escuchas fue denunciado públicamente de haber convertido el lugar en un “Centro de Espionaje” por instrucciones del entonces fiscal general Douglas Meléndez. De hecho, en su reciente entrevista ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, a cargo del proceso de evaluación de los aspirantes a Fiscal General, reconoció que las grabaciones captadas en las intervenciones se mantienen en los Servidores del Centro, una práctica que ya fue rechazada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al considerar que no se puede tener afectos indefinidamente los derechos a la privacidad y el secreto de comunicaciones de los intervenidos.
Por esta clase de prácticas se encuentra actualmente procesado penalmente, con un expediente pendiente de ser resuelto en Casación ante la Sala de lo Penal, donde se le acusa de haber efectuado intervenciones telefónicas ilegales y permitir que se editaran “escuchas telefónicas” para ser utilizadas en juicios amañados.
De hecho la PDDH en su informe de evaluación del Centro de Escuchas del año 2016, claramente manifiesta que recibió bloqueos por parte de Froilan Coto como director y lo insta a asumir con respeto sus obligaciones constitucionales de velar por los derechos a la privacidad e intimidad.
En redes sociales, diversos usuarios de Twitter resaltaron recientemente un comentario que consideraron “inapropiado” para una persona que se encuetra participando en un proceso de selección para el cargo de Fiscal General, pues sería un signo de falta de independencia y una alarma sobre los continuos intentos de injerencia de la Embajada por controlar al ente acusador. El menseje realizado por Froilan Coto desde su cuenta @froilancoto el 17 de octubre de este año, por medio de su teléfono, fue el siguiente:
“La popularidad del Pdte (Presidente) ha bajado considerablemente, pero seguirá siendo presidente x mucho tiempo, pero, el pueblo es sabio y la mayoría que hoy tiene en asamblea solo será por este periodo xq se volverá a equilibrar y las reformas deberán consensuarse, ya verán.”
El nombramiento de Froilan Coto como fiscal general sería un retroceso a la lucha contra la corrupción
Finalmente las fuentes consultadas consideran que de elegirse como Fiscal General a Froilan Coto, volverán los tiempos más oscuros en la institución, en similitud a cuando Douglas Meléndez estuvo a cargo de la misma, lo que significa impunidad contra los exfuncionarios corruptos, receptores de sobresueldos, periodistas menteros y fondos de ONG’s fantasmas que actualmente son objeto de investigación por una Comisión Especial Legislativa. También se perderían los avances en la justicia, como dan muestra tanto el caso del Expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (hoy BANDESAL) Nicola Angelucci condenado a trece años y cuatro meses de prisión por delitos de corrupción en el manejo de los INFOCENTROS y condenado a restituir al Estado una suma de más de US $6 millones de Dólares; o el de Juan Tennant Wright condenado a devolver US $2 millones de Dólares en el caso de fondos de Taiwan.
La Organización Internacional de la Policía (Interpol) notificó el pasado 15 de abril a la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador que eliminó la difusión roja en contra del expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani y bloqueó temporalmente los datos del exdiputado del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Paker, ambos acusados en la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres al interior de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) durante la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
En cuanto a Cristiani, la Interpol notificó a la PNC que «habiendo estudiado el expediente respectivo, fueron eliminados los datos del señor Alfredo Félix Cristiani Burkard y ya no se puede utilizar el medio de Interpol para la búsqueda y localización de este».
Mientras que en el caso del exdiputado, la resolución indica que la Secretaría General de Interpol bloqueó sus datos como medida temporal «a la espera de un análisis detenido del caso».
Ambos escritos fueron enviados por la Oficina Central de Interpol El Salvador, de la PNC, al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador que conoce el caso. Según expertos del caso, esto significa que tanto Cristiani como Parker pueden pasar por cualquier control migratorio sin ser objeto de detención.
Interpol El Salvador también trasladó la notificación al Tribunal que en cuanto a las notificaciones rojas de Juan Orlando Zepeda Herrera y Joaquín Arnoldo Cerna, quedan sujetas al número de control A-10114/1-2025 y A-10115/1-2025.
En este proceso penal figuran como acusados, el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; el exdiputado, Rodolfo Antonio Parker; los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía. Todos procesados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de asesinato, encubrimiento personal y fraude procesal.
El 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana fueron asesinados los sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española y Joaquín López y López, de nacionalidad salvadoreña; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos. El crimen fue perpetrado por un comando militar en el contexto del conflicto armado salvadoreño.
Tras la resolución judicial en etapa de instrucción, el 18 de noviembre de 2024, el caso fue remitido al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, instancia que será la encargada de conocer la causa y desarrollar el juicio; sin embargo, la defensa del general Larios ha presentado una recusación contra la presidenta del tribunal.
Ante ello el tribunal notificó que celebrará una audiencia especial el próximo 30 de abril a las 2:00 de la tarde.
El Banco Central de Reserva (BCR), con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abrió una convocatoria masiva de empleo temporal que supera las 1,400 oportunidades en todo el país.
Se trata de plazas vinculadas al levantamiento de la Cartografía Económica, un componente clave dentro del Programa de Modernización del Sistema Estadístico.
Las vacantes disponibles corresponden a dos perfiles: Gestor de Información y Supervisor de Campo, ambos con contratación por servicios profesionales.
Para el puesto de Gestor de Información de Cartografía Económica, el BCR busca contratar hasta 1,167 personas, además de contar con una reserva de 350 candidatos elegibles.
Este cargo ofrece un pago mensual de $800 líquidos (tras el descuento del 10% de ISR) y está dirigido a personas con estudios universitarios o graduados en áreas como Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo, Ingeniería o Ciencias Sociales.
Entre los requisitos clave destaca haber participado al menos en un proyecto de levantamiento de información, como censos o encuestas. También se solicita manejo de dispositivos móviles, conocimiento básico de aplicativos, técnicas de entrevista y familiaridad con clasificaciones económicas.
Por otro lado, el BCR también abrió 296 plazas para el cargo de Supervisor de Campo de Cartografía Económica, con una reserva adicional de 89 candidatos. En este caso, el salario mensual asciende a $1,000 líquidos.
Este perfil exige un nivel más avanzado, los aspirantes deben ser graduados universitarios en carreras afines y contar no solo con experiencia en levantamiento de información, sino también, de preferencia, haber desempeñado roles de supervisión o coordinación en proyectos similares.
Además, se requiere manejo de herramientas ofimáticas como Word, Excel y PowerPoint, elaboración de informes, uso de dispositivos móviles y conocimiento en clasificaciones económicas y técnicas de entrevista.
Ambas posiciones son contratos temporales de aproximadamente dos meses, aunque podrían extenderse dependiendo del avance del proyecto. El trabajo será presencial en distintos puntos del país, según asignación.
Las plazas están distribuidas en todos los departamentos, siendo San Salvador el que concentra la mayor cantidad de oportunidades, seguido por La Libertad, Santa Ana y San Miguel.
En cuanto al proceso de aplicación, los interesados deben completar su registro en línea y subir la documentación requerida, que incluye: currículum vitae, DUI vigente, comprobantes de estudios, constancias de experiencia laboral, antecedentes penales y solvencia policial.
El periodo para aplicar es del 24 al 30 de abril de 2026, y según advierte el BCR, cualquier omisión en los requisitos será motivo de exclusión inmediata del proceso.
Otro punto importante es la modalidad de pago, los honorarios se entregarán mensualmente contra cumplimiento de metas y entrega de productos, lo que implica que los contratados deberán trabajar bajo objetivos específicos.
Para quienes facturan con IVA, deberán emitir factura de consumidor final, aunque los ingresos estarán exentos de este impuesto.
El proceso ya está abierto y puede realizarse en línea a través del sitio oficial del BCR:
https://formularios.bcr.gob.sv/vacantes
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Periodista de El Faro a favor de juicio para 486 mareros pero exige que sea con base a ley y no por caprichos
El periodista de El Faro, Carlos Martínez d’Aubuisson, se mostró de acuerdo del juicio en contra de 486 mareros de la MS, pero indicó que es necesario que el proceso se desarrolle con base a pruebas con contra de los sujetos y que no sea solo por caprichos de un sector o netamente propagandístico
Según Martínez Martínez d’Aubuisson, espera que recibieran un juicio «solido y con el amparo de la ley» para que reciban su condena por los hechos delictivos cometidos.
Además, el periodista de El Faro está pidiendo que se individualice cada caso para que sean castigados «correctamente» estos miembros de la Mara Salvatrucha MS-13.
Estos 486 terroristas de la MS son quienes ostentan rangos de ranfleros históricos, ranfleros de las calles y corredores de programa, los cuales ordenaron crimenes y afectaron a muchas familias salvadoreñas.
