Nacionales
Denuncian injerencia para designar fiscal General a Froilan Coto, afín a Douglas Meléndez en la FGR y procesado por uso ilegal de escuchas
De acuerdo a una fuente judicial la Embajada continuaría presionando para que no se den los votos de reelección del actual Fiscal General y se nombre a Froilan Coto.
Ante el hecho de haberse retirado de agenda de la Sesión Plenaria realizada por la Asamblea Legislativa el martes 14 de diciembre del presente año, los medios de prensa con clara agenda opositora al gobierno salieron a realizar señalamientos encaminados a la no reelección del actual Fiscal General Rodolfo Delgado; no obstante, de acuerdo a las fuentes consultadas por este medio no se trata de señalamientos correspondientes al procedimiento o a la idoneidad para que Delgado sea reelecto, sino que en el fondo se encontraría la injerencia de la Embajada ejerciedo presión para que se nombre a un ex funcionario afín de Douglas Meléndez y así garantizarse que no continúen las acciones legales contra ex funcionarios acusados de corrupción y ONG’s fantasmas que recibieron ilegalmente fondos del Estado. Con estos objetivos el elegido por la Embajada sería Froilan Coto.
¿Quién es Froilan Coto?
Froilan Francisco Coto Cabrera es abogado de la República, quien se ha desempeñado en distintos cargos dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los cargos más relevantes durante los últimos diez año que estuvo dentro de esa institución, fue Jefe de la Oficina Fiscal en la ciudad de Apopa, departamento de San Salvador y posteriormente nombrado desde julio de 2015 hasta enero de 2019 como Director del Centro de Escuchas. En el desempeño de ambas funciones se suscitaron señalamientos sobre actos ilícitos y abuso de autoridad.
Mientras se encontraba fungiendo como Jefe en la Fiscalía de Apopa fue denunciado por una abogada defensora de haberse quedando en contubernio con un agente policial con la cantidad de US $32 mil Dólares de un decomiso realizado a un presunto pandillero acusado del delito de extorsión. Por este hecho se le abrió expediente administrativo aunque el caso no tuvo seguimiento.
Luego, en el ejercicio de funciones como Director del Centro de Escuchas fue denunciado públicamente de haber convertido el lugar en un “Centro de Espionaje” por instrucciones del entonces fiscal general Douglas Meléndez. De hecho, en su reciente entrevista ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, a cargo del proceso de evaluación de los aspirantes a Fiscal General, reconoció que las grabaciones captadas en las intervenciones se mantienen en los Servidores del Centro, una práctica que ya fue rechazada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al considerar que no se puede tener afectos indefinidamente los derechos a la privacidad y el secreto de comunicaciones de los intervenidos.
Por esta clase de prácticas se encuentra actualmente procesado penalmente, con un expediente pendiente de ser resuelto en Casación ante la Sala de lo Penal, donde se le acusa de haber efectuado intervenciones telefónicas ilegales y permitir que se editaran “escuchas telefónicas” para ser utilizadas en juicios amañados.
De hecho la PDDH en su informe de evaluación del Centro de Escuchas del año 2016, claramente manifiesta que recibió bloqueos por parte de Froilan Coto como director y lo insta a asumir con respeto sus obligaciones constitucionales de velar por los derechos a la privacidad e intimidad.
En redes sociales, diversos usuarios de Twitter resaltaron recientemente un comentario que consideraron “inapropiado” para una persona que se encuetra participando en un proceso de selección para el cargo de Fiscal General, pues sería un signo de falta de independencia y una alarma sobre los continuos intentos de injerencia de la Embajada por controlar al ente acusador. El menseje realizado por Froilan Coto desde su cuenta @froilancoto el 17 de octubre de este año, por medio de su teléfono, fue el siguiente:
“La popularidad del Pdte (Presidente) ha bajado considerablemente, pero seguirá siendo presidente x mucho tiempo, pero, el pueblo es sabio y la mayoría que hoy tiene en asamblea solo será por este periodo xq se volverá a equilibrar y las reformas deberán consensuarse, ya verán.”
El nombramiento de Froilan Coto como fiscal general sería un retroceso a la lucha contra la corrupción
Finalmente las fuentes consultadas consideran que de elegirse como Fiscal General a Froilan Coto, volverán los tiempos más oscuros en la institución, en similitud a cuando Douglas Meléndez estuvo a cargo de la misma, lo que significa impunidad contra los exfuncionarios corruptos, receptores de sobresueldos, periodistas menteros y fondos de ONG’s fantasmas que actualmente son objeto de investigación por una Comisión Especial Legislativa. También se perderían los avances en la justicia, como dan muestra tanto el caso del Expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (hoy BANDESAL) Nicola Angelucci condenado a trece años y cuatro meses de prisión por delitos de corrupción en el manejo de los INFOCENTROS y condenado a restituir al Estado una suma de más de US $6 millones de Dólares; o el de Juan Tennant Wright condenado a devolver US $2 millones de Dólares en el caso de fondos de Taiwan.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
ENTREGA ESPECIAL
¡ATENCIÓN! Abogado advierte que vigilantes no pueden fotografiar tu DUI al ingresar a residenciales en El Salvador
Una práctica común en los accesos a colonias y residenciales privadas de El Salvador ha encendido las alertas sobre la protección de los datos personales. El abogado penalista Jaime Ramírez Ortega advirtió que los vigilantes de seguridad privada no están facultados para tomar fotografías del Documento Único de Identidad (DUI) de los visitantes como requisito de ingreso, debido a que esta acción podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar consecuencias legales para quienes la realizan.
El profesional fue contundente al cuestionar que los agentes de seguridad fotografíen documentos personales, incluso cuando reciben instrucciones de las empresas de vigilancia o de las administraciones residenciales. Según explicó, el DUI contiene información privada que debe protegerse frente a la recopilación y utilización indebida. Ramírez Ortega sostuvo que este tipo de procedimientos no puede justificarse únicamente como una medida de control de acceso y advirtió que las compañías y asociaciones que los implementan podrían enfrentar problemas legales.
Ante estas situaciones, el abogado recomendó a los ciudadanos presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) cuando un vigilante les exija fotografiar su documento. Asimismo, señaló que los agentes privados no tienen las mismas atribuciones que las autoridades policiales para documentar información personal. Sin embargo, también existen límites legales para las actuaciones de la Policía, por lo que la recopilación de fotografías de documentos debe responder a procedimientos y facultades establecidos por la legislación.
La advertencia se relaciona con la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, contenida en el Decreto Legislativo 144, que regula la recopilación, almacenamiento y tratamiento de información personal, así como el consentimiento de sus titulares y las excepciones previstas legalmente. Aunque el abogado considera prohibida la práctica denunciada, la legalidad de cada procedimiento también depende de las circunstancias y de su fundamento jurídico. El caso abre un debate sobre los límites de la seguridad privada y la protección de la identidad de miles de salvadoreños que diariamente ingresan a residenciales, condominios y colonias con controles de vigilancia.
