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Denuncian injerencia para designar fiscal General a Froilan Coto, afín a Douglas Meléndez en la FGR y procesado por uso ilegal de escuchas
De acuerdo a una fuente judicial la Embajada continuaría presionando para que no se den los votos de reelección del actual Fiscal General y se nombre a Froilan Coto.
Ante el hecho de haberse retirado de agenda de la Sesión Plenaria realizada por la Asamblea Legislativa el martes 14 de diciembre del presente año, los medios de prensa con clara agenda opositora al gobierno salieron a realizar señalamientos encaminados a la no reelección del actual Fiscal General Rodolfo Delgado; no obstante, de acuerdo a las fuentes consultadas por este medio no se trata de señalamientos correspondientes al procedimiento o a la idoneidad para que Delgado sea reelecto, sino que en el fondo se encontraría la injerencia de la Embajada ejerciedo presión para que se nombre a un ex funcionario afín de Douglas Meléndez y así garantizarse que no continúen las acciones legales contra ex funcionarios acusados de corrupción y ONG’s fantasmas que recibieron ilegalmente fondos del Estado. Con estos objetivos el elegido por la Embajada sería Froilan Coto.
¿Quién es Froilan Coto?
Froilan Francisco Coto Cabrera es abogado de la República, quien se ha desempeñado en distintos cargos dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los cargos más relevantes durante los últimos diez año que estuvo dentro de esa institución, fue Jefe de la Oficina Fiscal en la ciudad de Apopa, departamento de San Salvador y posteriormente nombrado desde julio de 2015 hasta enero de 2019 como Director del Centro de Escuchas. En el desempeño de ambas funciones se suscitaron señalamientos sobre actos ilícitos y abuso de autoridad.
Mientras se encontraba fungiendo como Jefe en la Fiscalía de Apopa fue denunciado por una abogada defensora de haberse quedando en contubernio con un agente policial con la cantidad de US $32 mil Dólares de un decomiso realizado a un presunto pandillero acusado del delito de extorsión. Por este hecho se le abrió expediente administrativo aunque el caso no tuvo seguimiento.
Luego, en el ejercicio de funciones como Director del Centro de Escuchas fue denunciado públicamente de haber convertido el lugar en un “Centro de Espionaje” por instrucciones del entonces fiscal general Douglas Meléndez. De hecho, en su reciente entrevista ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, a cargo del proceso de evaluación de los aspirantes a Fiscal General, reconoció que las grabaciones captadas en las intervenciones se mantienen en los Servidores del Centro, una práctica que ya fue rechazada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al considerar que no se puede tener afectos indefinidamente los derechos a la privacidad y el secreto de comunicaciones de los intervenidos.
Por esta clase de prácticas se encuentra actualmente procesado penalmente, con un expediente pendiente de ser resuelto en Casación ante la Sala de lo Penal, donde se le acusa de haber efectuado intervenciones telefónicas ilegales y permitir que se editaran “escuchas telefónicas” para ser utilizadas en juicios amañados.
De hecho la PDDH en su informe de evaluación del Centro de Escuchas del año 2016, claramente manifiesta que recibió bloqueos por parte de Froilan Coto como director y lo insta a asumir con respeto sus obligaciones constitucionales de velar por los derechos a la privacidad e intimidad.
En redes sociales, diversos usuarios de Twitter resaltaron recientemente un comentario que consideraron “inapropiado” para una persona que se encuetra participando en un proceso de selección para el cargo de Fiscal General, pues sería un signo de falta de independencia y una alarma sobre los continuos intentos de injerencia de la Embajada por controlar al ente acusador. El menseje realizado por Froilan Coto desde su cuenta @froilancoto el 17 de octubre de este año, por medio de su teléfono, fue el siguiente:
“La popularidad del Pdte (Presidente) ha bajado considerablemente, pero seguirá siendo presidente x mucho tiempo, pero, el pueblo es sabio y la mayoría que hoy tiene en asamblea solo será por este periodo xq se volverá a equilibrar y las reformas deberán consensuarse, ya verán.”
El nombramiento de Froilan Coto como fiscal general sería un retroceso a la lucha contra la corrupción
Finalmente las fuentes consultadas consideran que de elegirse como Fiscal General a Froilan Coto, volverán los tiempos más oscuros en la institución, en similitud a cuando Douglas Meléndez estuvo a cargo de la misma, lo que significa impunidad contra los exfuncionarios corruptos, receptores de sobresueldos, periodistas menteros y fondos de ONG’s fantasmas que actualmente son objeto de investigación por una Comisión Especial Legislativa. También se perderían los avances en la justicia, como dan muestra tanto el caso del Expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (hoy BANDESAL) Nicola Angelucci condenado a trece años y cuatro meses de prisión por delitos de corrupción en el manejo de los INFOCENTROS y condenado a restituir al Estado una suma de más de US $6 millones de Dólares; o el de Juan Tennant Wright condenado a devolver US $2 millones de Dólares en el caso de fondos de Taiwan.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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