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Denuncian injerencia para designar fiscal General a Froilan Coto, afín a Douglas Meléndez en la FGR y procesado por uso ilegal de escuchas
De acuerdo a una fuente judicial la Embajada continuaría presionando para que no se den los votos de reelección del actual Fiscal General y se nombre a Froilan Coto.
Ante el hecho de haberse retirado de agenda de la Sesión Plenaria realizada por la Asamblea Legislativa el martes 14 de diciembre del presente año, los medios de prensa con clara agenda opositora al gobierno salieron a realizar señalamientos encaminados a la no reelección del actual Fiscal General Rodolfo Delgado; no obstante, de acuerdo a las fuentes consultadas por este medio no se trata de señalamientos correspondientes al procedimiento o a la idoneidad para que Delgado sea reelecto, sino que en el fondo se encontraría la injerencia de la Embajada ejerciedo presión para que se nombre a un ex funcionario afín de Douglas Meléndez y así garantizarse que no continúen las acciones legales contra ex funcionarios acusados de corrupción y ONG’s fantasmas que recibieron ilegalmente fondos del Estado. Con estos objetivos el elegido por la Embajada sería Froilan Coto.
¿Quién es Froilan Coto?
Froilan Francisco Coto Cabrera es abogado de la República, quien se ha desempeñado en distintos cargos dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los cargos más relevantes durante los últimos diez año que estuvo dentro de esa institución, fue Jefe de la Oficina Fiscal en la ciudad de Apopa, departamento de San Salvador y posteriormente nombrado desde julio de 2015 hasta enero de 2019 como Director del Centro de Escuchas. En el desempeño de ambas funciones se suscitaron señalamientos sobre actos ilícitos y abuso de autoridad.
Mientras se encontraba fungiendo como Jefe en la Fiscalía de Apopa fue denunciado por una abogada defensora de haberse quedando en contubernio con un agente policial con la cantidad de US $32 mil Dólares de un decomiso realizado a un presunto pandillero acusado del delito de extorsión. Por este hecho se le abrió expediente administrativo aunque el caso no tuvo seguimiento.
Luego, en el ejercicio de funciones como Director del Centro de Escuchas fue denunciado públicamente de haber convertido el lugar en un “Centro de Espionaje” por instrucciones del entonces fiscal general Douglas Meléndez. De hecho, en su reciente entrevista ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, a cargo del proceso de evaluación de los aspirantes a Fiscal General, reconoció que las grabaciones captadas en las intervenciones se mantienen en los Servidores del Centro, una práctica que ya fue rechazada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al considerar que no se puede tener afectos indefinidamente los derechos a la privacidad y el secreto de comunicaciones de los intervenidos.
Por esta clase de prácticas se encuentra actualmente procesado penalmente, con un expediente pendiente de ser resuelto en Casación ante la Sala de lo Penal, donde se le acusa de haber efectuado intervenciones telefónicas ilegales y permitir que se editaran “escuchas telefónicas” para ser utilizadas en juicios amañados.
De hecho la PDDH en su informe de evaluación del Centro de Escuchas del año 2016, claramente manifiesta que recibió bloqueos por parte de Froilan Coto como director y lo insta a asumir con respeto sus obligaciones constitucionales de velar por los derechos a la privacidad e intimidad.
En redes sociales, diversos usuarios de Twitter resaltaron recientemente un comentario que consideraron “inapropiado” para una persona que se encuetra participando en un proceso de selección para el cargo de Fiscal General, pues sería un signo de falta de independencia y una alarma sobre los continuos intentos de injerencia de la Embajada por controlar al ente acusador. El menseje realizado por Froilan Coto desde su cuenta @froilancoto el 17 de octubre de este año, por medio de su teléfono, fue el siguiente:
“La popularidad del Pdte (Presidente) ha bajado considerablemente, pero seguirá siendo presidente x mucho tiempo, pero, el pueblo es sabio y la mayoría que hoy tiene en asamblea solo será por este periodo xq se volverá a equilibrar y las reformas deberán consensuarse, ya verán.”
El nombramiento de Froilan Coto como fiscal general sería un retroceso a la lucha contra la corrupción
Finalmente las fuentes consultadas consideran que de elegirse como Fiscal General a Froilan Coto, volverán los tiempos más oscuros en la institución, en similitud a cuando Douglas Meléndez estuvo a cargo de la misma, lo que significa impunidad contra los exfuncionarios corruptos, receptores de sobresueldos, periodistas menteros y fondos de ONG’s fantasmas que actualmente son objeto de investigación por una Comisión Especial Legislativa. También se perderían los avances en la justicia, como dan muestra tanto el caso del Expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (hoy BANDESAL) Nicola Angelucci condenado a trece años y cuatro meses de prisión por delitos de corrupción en el manejo de los INFOCENTROS y condenado a restituir al Estado una suma de más de US $6 millones de Dólares; o el de Juan Tennant Wright condenado a devolver US $2 millones de Dólares en el caso de fondos de Taiwan.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
