Nacionales
Denuncian injerencia para designar fiscal General a Froilan Coto, afín a Douglas Meléndez en la FGR y procesado por uso ilegal de escuchas
De acuerdo a una fuente judicial la Embajada continuaría presionando para que no se den los votos de reelección del actual Fiscal General y se nombre a Froilan Coto.
Ante el hecho de haberse retirado de agenda de la Sesión Plenaria realizada por la Asamblea Legislativa el martes 14 de diciembre del presente año, los medios de prensa con clara agenda opositora al gobierno salieron a realizar señalamientos encaminados a la no reelección del actual Fiscal General Rodolfo Delgado; no obstante, de acuerdo a las fuentes consultadas por este medio no se trata de señalamientos correspondientes al procedimiento o a la idoneidad para que Delgado sea reelecto, sino que en el fondo se encontraría la injerencia de la Embajada ejerciedo presión para que se nombre a un ex funcionario afín de Douglas Meléndez y así garantizarse que no continúen las acciones legales contra ex funcionarios acusados de corrupción y ONG’s fantasmas que recibieron ilegalmente fondos del Estado. Con estos objetivos el elegido por la Embajada sería Froilan Coto.
¿Quién es Froilan Coto?
Froilan Francisco Coto Cabrera es abogado de la República, quien se ha desempeñado en distintos cargos dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). Entre los cargos más relevantes durante los últimos diez año que estuvo dentro de esa institución, fue Jefe de la Oficina Fiscal en la ciudad de Apopa, departamento de San Salvador y posteriormente nombrado desde julio de 2015 hasta enero de 2019 como Director del Centro de Escuchas. En el desempeño de ambas funciones se suscitaron señalamientos sobre actos ilícitos y abuso de autoridad.
Mientras se encontraba fungiendo como Jefe en la Fiscalía de Apopa fue denunciado por una abogada defensora de haberse quedando en contubernio con un agente policial con la cantidad de US $32 mil Dólares de un decomiso realizado a un presunto pandillero acusado del delito de extorsión. Por este hecho se le abrió expediente administrativo aunque el caso no tuvo seguimiento.
Luego, en el ejercicio de funciones como Director del Centro de Escuchas fue denunciado públicamente de haber convertido el lugar en un “Centro de Espionaje” por instrucciones del entonces fiscal general Douglas Meléndez. De hecho, en su reciente entrevista ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, a cargo del proceso de evaluación de los aspirantes a Fiscal General, reconoció que las grabaciones captadas en las intervenciones se mantienen en los Servidores del Centro, una práctica que ya fue rechazada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) al considerar que no se puede tener afectos indefinidamente los derechos a la privacidad y el secreto de comunicaciones de los intervenidos.
Por esta clase de prácticas se encuentra actualmente procesado penalmente, con un expediente pendiente de ser resuelto en Casación ante la Sala de lo Penal, donde se le acusa de haber efectuado intervenciones telefónicas ilegales y permitir que se editaran “escuchas telefónicas” para ser utilizadas en juicios amañados.
De hecho la PDDH en su informe de evaluación del Centro de Escuchas del año 2016, claramente manifiesta que recibió bloqueos por parte de Froilan Coto como director y lo insta a asumir con respeto sus obligaciones constitucionales de velar por los derechos a la privacidad e intimidad.
En redes sociales, diversos usuarios de Twitter resaltaron recientemente un comentario que consideraron “inapropiado” para una persona que se encuetra participando en un proceso de selección para el cargo de Fiscal General, pues sería un signo de falta de independencia y una alarma sobre los continuos intentos de injerencia de la Embajada por controlar al ente acusador. El menseje realizado por Froilan Coto desde su cuenta @froilancoto el 17 de octubre de este año, por medio de su teléfono, fue el siguiente:
“La popularidad del Pdte (Presidente) ha bajado considerablemente, pero seguirá siendo presidente x mucho tiempo, pero, el pueblo es sabio y la mayoría que hoy tiene en asamblea solo será por este periodo xq se volverá a equilibrar y las reformas deberán consensuarse, ya verán.”
El nombramiento de Froilan Coto como fiscal general sería un retroceso a la lucha contra la corrupción
Finalmente las fuentes consultadas consideran que de elegirse como Fiscal General a Froilan Coto, volverán los tiempos más oscuros en la institución, en similitud a cuando Douglas Meléndez estuvo a cargo de la misma, lo que significa impunidad contra los exfuncionarios corruptos, receptores de sobresueldos, periodistas menteros y fondos de ONG’s fantasmas que actualmente son objeto de investigación por una Comisión Especial Legislativa. También se perderían los avances en la justicia, como dan muestra tanto el caso del Expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones (hoy BANDESAL) Nicola Angelucci condenado a trece años y cuatro meses de prisión por delitos de corrupción en el manejo de los INFOCENTROS y condenado a restituir al Estado una suma de más de US $6 millones de Dólares; o el de Juan Tennant Wright condenado a devolver US $2 millones de Dólares en el caso de fondos de Taiwan.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
