Judicial
CONDENADOS: Marido y mujer son enviados a la cárcel por extorsionar en San Miguel
Ricardo Ernesto Cano Ramírez y, su pareja, Carolina del Rosario Ramos Ramos, aceptaron voluntariamente haber “renteado” a tres víctimas a través de llamadas telefónicas y a nombre de la MS-13, con cantidades de 200, 40 y 20 dólares, en el año 2015, afirmaron Fiscales de San Miguel.
Marido y mujer, decidieron someterse a un procedimiento abreviado donde aceptaron el hecho, en el juicio en el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel, que condenó a Cano Ramírez, a 45 años tras las rejas (15 años por cada víctima), y a Ramos Ramos a 10 años (tres años y cuatro meses por cada persona ofendida).
Las tres víctimas con régimen de protección fueron chantajeadas con que les quitarían la vida y de similar forma a través de llamadas telefónicas en el mes de junio del año 2015. Dos de las llamadas fueron realizadas por el hombre desde el penal de San Miguel, donde está recluido. La otra, la hizo la mujer.
A dos de las víctimas le demandaron la entrega de US$1,000.00, al final tras las negociaciones, una de ellas solo entregó US$200.00, y la segunda US$40.00. A la otra persona ofendida le exigieron US$20.00.
Todas las víctimas depositaron el dinero en los servicios de envío de dinero de una compañía telefónica en el mes de junio del año 2015.
Nota tomada de El Blog
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla admitió la demanda civil presentada en contra del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas y su grupo familiar, señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita.
La demanda civil es por incremento patrimonial no justificado que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le detectó en el ejercicio de su cargo entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN.
En la investigación que hizo Probidad, el ex funcionario no pudo justificar 12 irregularidades por un monto de $308,252.08. A Rivas le cuestionan cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito por $265,055.49, mientras que su grupo familiar tuvo un incremento patrimonial no justificado de $43,196.59.
Al iniciar el juicio civil el ministerio público pidió que se les aplique los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que establece un régimen sancionatorio de condena a devolver el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente y la inhabilitación para ejercer un cargo público por período de 10 años.
Luego de admitir la demanda, la Cámara debe notificar a Rivas y su familia para que presenten sus argumentos y después señalar la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
El 20 de junio de 2010, un ataque que estremeció al país reveló ser un «acto de venganza». Carlos Alberto Avendaño Dubon, junto a otros criminales ya condenados, buscaba venganza por la muerte de un miembro de su pandilla. Planeaban atacar a motoristas y cobradores de la ruta 32, alegando su colaboración con «una clica contraria».
Se ejecutaron dos atentados el mismo día: uno donde incendiaron un microbús con pasajeros adentro, y otro liderado por Carlos Avendaño, quien disparó hacia una unidad de transporte. En este segundo ataque, perdieron la vida un hombre y una niña de 11 años, además de herir a otros dos pasajeros.
Después de analizar las pruebas, el juez del Tribunal 5° Contra el Crimen Organizado condenó a Carlos Avendaño a 80 años de prisión: 50 años por los dos homicidios agravados y 30 por dos homicidios agravados tentados. Cabe destacar que Avendaño ya cumplía condena en La Esperanza por el delito de agrupaciones ilícitas.
El 22 de enero, Jova V. recibió mensajes de un familiar en Estados Unidos prometiendo una visita y enviando maletas.
Para recibirlas, le pidieron depositar $3,000 a la cuenta de Katherine Estefany M. J. Jova transfirió el dinero y esperó las maletas.
Al día siguiente, otro número le informó que las maletas contenían dinero en efectivo, exigiendo más dinero para enviarlas. Jova, sospechando, consultó a su familiar, quien negó haber enviado algo.
Descubrieron que era una estafa. Jova denunció y Katherine Estefany fue detenida.
En la audiencia inicial, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango autorizó la conciliación. Katherine Estefany M. pagó $3,300 para resarcir los daños.
