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Cinco conductores peligrosos fueron arrestados cada día en los últimos tres años
Entre el 1° de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó un total de 6,414 personas por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores a escala nacional, es decir, que cada día las autoridades arrestaron a cinco conductores que transgredieron las normas de seguridad vial y pusieron en peligro la vida o la integridad de las personas.
Los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta que el año 2019 presentó el mayor número de detenciones con 2,359, en 2020 bajó a 1,473; mientras que en 2021 registraron 1,732 arrestados y en el periodo del 1° de enero al 31 de julio de este año fueron reportadas 850 aprehensiones.
Entre los capturados y posteriormente condenados durante 2021 está la excandidata a diputada, Karina Jasmín Gómez de Mendizábal, a quien el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla la condenó a dos años de prisión por el homicidio culposo en perjuicio de Saúl Ramos Vásquez, un agente del Cuerpo de Agentes Municipales de Antiguo Cuscatlán.
El percance ocurrió en febrero de 2021 y de acuerdo a la versión de la Policía, la excandidata manejaba en estado de ebriedad. Por la imprudencia y manejar a alta velocidad impactó en la parte trasera de un pickup de la comuna de Antiguo Cuscatlán, placas N-7-781, arrolló al agente, quien falleció en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.
Las estadísticas del ministerio público detallan que San Salvador fue el departamento donde más detuvieron conductores peligrosos [2,186], seguido de Santa Ana [586], La Libertad [578]; Sonsonate [547], Ahuachapán [388], San Miguel [312] y Usulután con 301.
El 2019 fue el año que más procesos inició la Fiscalía General por el referido delito con 2,473 casos y San Salvador encabezó con 1,013; en 2020 recibieron 1,536 denuncias, para 2021 se reportaron 1,783 y hasta febrero de 2022 hay una gran reducción con solo 269 casos.
Un hecho que causó indignación entre la población salvadoreña fue el de Yohalmo Enrique Rivera, quien arrolló a un gestor de tráfico del Viceministerio de Transporte (VMT) y en la audiencia inicial el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decidió enviarlo a prisión por los delitos de conducción peligrosa de vehículo e intento de homicidio.
Uno de los fiscales dijo, en esa ocasión, que la decisión de la juzgadora se basó en los elementos iniciales que de forma fundamentada presentó el ministerio público, «contamos con la declaración de la víctima que detalla la forma en que fue víctima del delito; entre la documental está el álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los hechos, así como la pericial en la que obran los vídeos en donde se capta al imputado», detalló el representante fiscal.
Este hecho ocurrió el 8 de marzo de este año el bulevar del Ejército, en las cercanías de la Plaza Mundo, cuando el imputado después de violar disposiciones de tránsito e indicaciones del gestor atentó contra la vida de la víctima que lo reprendía, arrollándolo, al tiempo que puso en riesgo la integridad de las personas que transitaban por el lugar.
El año pasado los diputados de la Asamblea Legislativa modificaron el artículo 147 E del Código Penal e incrementaron las penas por el ilícito, pero luego el presidente de la república, Nayib Bukele lo observó y quedó de la siguiente manera: «El que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. La pena será de 3 a 6 años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa de vehículo de motor de transporte público de pasajeros o de carga».
Los informes de organizaciones internacionales que afirman que en El Salvador hay violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción forman parte de una agenda que busca «destruir» al país, advierte el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI en su boletín informativo 28.
«En los últimos días se han visto cantidades de informes de organizaciones internacionales marcando una agenda única, para tratar de destruir un país, y tratar de echar atrás todo lo logrado con un declarado irrespeto a su soberanía», sostiene el Círculo de Reflexión.
Analistas del mismo plantean que el contenido de dichos informes es sesgado, poco creíble e ideológico. «Informes cuyas características son el sesgo ideológico promovido por una izquierda comunista internacional que está perdiendo espacios y credibilidad en las naciones libres e independientes», sostienen.
El grupo añade que «como parte de estas acciones desesperadas, contratan dizque “expertos” que ni tan siquiera visitan ni conocen la realidad de un país, y se atreven elaborar informes de denuncia, con marcado sesgo político e ideológico, carente de cualquier fundamento científico de la investigación social».
Agrega que los insumos y fuentes para elaborar este tipo de informes son de «organizaciones de tendencia sesgada, que gozaron de las prebendas y privilegios de los gobiernos de izquierda y que nunca fueron capaces de denunciar crímenes horrendos en contra de la población». Sostienen que estas organizaciones tienen un afán claro: «Sobrevivir y conseguir financiamiento», sin importarles el bienestar social.
Mientras miles de personas disfrutan las olas del mar o la brisa de las montañas, un contingente de policías y militares realiza patrullajes recurrentes, que se han intensificado en la medida que se acercan las vacaciones de Semana Santa
«La seguridad en las playas es prioridad para que los visitantes disfruten de un día de sol y mar en un ambiente familiar. El personal policial se mantiene alerta junto a elementos de la Fuerza Armada», reza una de las muchas publicaciones de redes sociales de la Policía Nacional Civil, mostrando imágenes de las fuerzas del orden patrullando senderos, caminando sobre la arena del mar, ríos, en centros recreativos, montañas y volcanes.
Enmarcados en el Plan Control Territorial, la Policía mantiene la seguridad en todo el país y en los días festivos, concentra con mayor énfasis sus planes, en sitios de aglomeración turística.
«Las familias comparten y disfrutan en el turicentro Los Chorros, un lugar que se convierte en punto de encuentro para quienes buscan descanso y recreación. Garantizamos que cada momento se viva con tranquilidad en la zona» informó la Corporación.
A parte del estimado de un millón de salvadoreños que se prevé se avoquen a los diferentes destinos turísticos nacionales, se espera la llegada de 145,000 turistas internacionales, informó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
Gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción, El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros de Latinoamérica y está destacando como destino turístico.
Frente a este panorama, la Policía ha desplegado intensos patrullajes para mantener el orden y la seguridad en cada espacio del país.
«Con el Plan Control Territorial tenemos cubierto todo El Salvador. Policías se mantienen desplegados en las distintas carreteras del país, donde la población se moviliza, preparados ante cualquier emergencia», informó la Corporación policial.
Para acelerar el proceso de investigación y brindar una mejor respuesta a la población afectada en el caso Credicash, la Fiscalía General de la República ha habilitado un Centro especializado para el procesamiento de evidencia.
El fiscal general, Rodolfo Delgado explicó que dicha activación permitirá organizar la documentación incautada y confrontarla con la evidencia física que ha encontrado e incautado en la sede central de Credicash; analizar los contratos y registros financieros; e identificar a las víctimas.
Al momento se han encontrado 18,000 contratos de mutuo, pero solo 180 personas han acudido a mostrarse ofendidas.
«Como parte de esta respuesta institucional que estamos dando para lograr determinar e identificar a las verdaderas víctimas y que los fondos puedan recuperarse, es que se ha habilitado un centro especializado para el procesamiento de la evidencia que está vinculada con este caso», indicó el titular de la Fiscalía.
El funcionario mencionó que han destinado a 70 fiscales, colaboradores jurídicos y analistas. «Todo esto es con un objetivo: establecer y agilizar el mecanismo de reintegro de dinero a las víctimas, y eso lo recalco, a las víctimas, porque aquellos que no logren establecer que ostentan esa calidad de víctima, sino que es gente que, de alguna manera, andaba buscando evadir algún tipo de control, pues eso creo que vamos a tener que hablar con ellos en otros términos», dijo Delgado.
Sobre este proceso, la investigación fiscal ha establecido que Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo 10% mensual. La empresa, que era liderada por Gerson Orellana Ayala -quien ya fue capturado-, estaría vinculada a los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos.
Las autoridades señalan que el mecanismo utilizado por Credicash no corresponde a una actividad financiera legítima, ya que el sistema diseñado para captar dinero carecía de respaldo económico real. El dinero fue guardado, incluso, en closets de la vivienda del propietario de la financiera, Gerson Orellana.
Como resultado de las diligencias realizadas, hasta la fecha, la Fiscalía ha logrado la incautación de $27,550,750 en efectivo, así como la inmovilización de $11,023,972 en cuentas bancarias, alcanzando un monto total asegurado de $38,574,722. Adicionalmente, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos.
El fiscal general aseguró recientemente que a las personas afectadas, que «la Fiscalía está trabajando para garantizar un proceso ordenado que permita determinar quiénes son las víctimas, cuánto dinero entregó cada persona y qué fondos pueden recuperarse».
