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Cinco conductores peligrosos fueron arrestados cada día en los últimos tres años
Entre el 1° de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó un total de 6,414 personas por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores a escala nacional, es decir, que cada día las autoridades arrestaron a cinco conductores que transgredieron las normas de seguridad vial y pusieron en peligro la vida o la integridad de las personas.
Los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta que el año 2019 presentó el mayor número de detenciones con 2,359, en 2020 bajó a 1,473; mientras que en 2021 registraron 1,732 arrestados y en el periodo del 1° de enero al 31 de julio de este año fueron reportadas 850 aprehensiones.
Entre los capturados y posteriormente condenados durante 2021 está la excandidata a diputada, Karina Jasmín Gómez de Mendizábal, a quien el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla la condenó a dos años de prisión por el homicidio culposo en perjuicio de Saúl Ramos Vásquez, un agente del Cuerpo de Agentes Municipales de Antiguo Cuscatlán.
El percance ocurrió en febrero de 2021 y de acuerdo a la versión de la Policía, la excandidata manejaba en estado de ebriedad. Por la imprudencia y manejar a alta velocidad impactó en la parte trasera de un pickup de la comuna de Antiguo Cuscatlán, placas N-7-781, arrolló al agente, quien falleció en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.
Las estadísticas del ministerio público detallan que San Salvador fue el departamento donde más detuvieron conductores peligrosos [2,186], seguido de Santa Ana [586], La Libertad [578]; Sonsonate [547], Ahuachapán [388], San Miguel [312] y Usulután con 301.
El 2019 fue el año que más procesos inició la Fiscalía General por el referido delito con 2,473 casos y San Salvador encabezó con 1,013; en 2020 recibieron 1,536 denuncias, para 2021 se reportaron 1,783 y hasta febrero de 2022 hay una gran reducción con solo 269 casos.
Un hecho que causó indignación entre la población salvadoreña fue el de Yohalmo Enrique Rivera, quien arrolló a un gestor de tráfico del Viceministerio de Transporte (VMT) y en la audiencia inicial el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decidió enviarlo a prisión por los delitos de conducción peligrosa de vehículo e intento de homicidio.
Uno de los fiscales dijo, en esa ocasión, que la decisión de la juzgadora se basó en los elementos iniciales que de forma fundamentada presentó el ministerio público, «contamos con la declaración de la víctima que detalla la forma en que fue víctima del delito; entre la documental está el álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los hechos, así como la pericial en la que obran los vídeos en donde se capta al imputado», detalló el representante fiscal.
Este hecho ocurrió el 8 de marzo de este año el bulevar del Ejército, en las cercanías de la Plaza Mundo, cuando el imputado después de violar disposiciones de tránsito e indicaciones del gestor atentó contra la vida de la víctima que lo reprendía, arrollándolo, al tiempo que puso en riesgo la integridad de las personas que transitaban por el lugar.
El año pasado los diputados de la Asamblea Legislativa modificaron el artículo 147 E del Código Penal e incrementaron las penas por el ilícito, pero luego el presidente de la república, Nayib Bukele lo observó y quedó de la siguiente manera: «El que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. La pena será de 3 a 6 años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa de vehículo de motor de transporte público de pasajeros o de carga».
La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó que durante este año, hasta el 14 de mayo, están en marcha 233 procesos de auditoría dirigidos a entidades del sector público y organismos que administran fondos estatales. También ha emitido 66 informes finales.
«En el marco del Plan Anual Operativo 2026, la entidad fiscalizadora superior tiene programada la realización de 533 actividades de fiscalización, de las cuales 237 examinarán el período 2025. Esto refleja un nivel alto de eficiencia, ya que demuestra que las auditorías se están desarrollando de manera oportuna y al día», detalló la institución.
Asimismo, indicó que de las 233 auditorías en ejecución, la institución registra un avance del 44 % respecto de lo programado para este año.
«El enfoque en auditar el año inmediato anterior, es decir, hasta diciembre de 2025, representa un avance en la fiscalización oportuna, permitiendo que los resultados técnicos sean utilizados de manera efectiva para corregir deficiencias y fortalecer la administración de los recursos públicos en las entidades sujetas a control», señaló el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa.
De igual forma, la entidad fiscalizadora lleva a cabo autorías internas de calidad, que permiten verificar procesos aplicando estándares internacionales (ISO 9001:2015) y asegurar que todo se ejecute en tiempo y forma; así como detectar oportunidades de mejora antes de auditorías externas y fortalecer el trabajo del talento humano y los resultados institucionales.
La CCR destacó que ha finalizado auditorías evaluando a 21 unidades organizativas.
«La calidad también se impulsa desde la evaluación interna. Impulsamos una gestión más eficiente, transparente y con estándares de calidad. Anticipamos oportunidades de mejora, optimizar procesos, y fortalecer los estándares institucionales con una gestión más eficiente», señaló la entidad.
La dinámica de inversión y construcción en El Salvador continúa marcando cifras históricas. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) informó que ha liberado cerca de $5,700 millones en proyectos de inversión únicamente en el Área Metropolitana de San Salvador, reflejando el auge que vive en la actualidad el sector y el desarrollo urbano en el país.
El director ejecutivo de Opamss, Luis Rodríguez, afirmó que dicha inversión liberada ha ido incrementando, y ejemplificó que hace dos años únicamente se habían liberado alrededor de $150 millones en proyectos.
«Actualmente estamos superando la barrera de los $5,700 millones», señaló Rodríguez, quien calificó el momento económico y urbanístico del país como uno de los más importantes de las últimas décadas.
En detalle, según estadísticas, el 49.7 % de los proyectos son habitacionales; el 11.6 % turísticos; el 12.8 % logísticos; 5.3 % comerciales, y un 20.5 % de uso mixto.
De acuerdo con el funcionario, El Salvador atraviesa un período de expansión inmobiliaria sin precedentes en Centroamérica, con crecimientos del sector construcción que en algunos momentos han superado el 30 %. Además, solo en ejecución ya se contabilizan cerca de $4,000 millones en proyectos activos durante los últimos dos años, dijo.
El impacto económico también se refleja en el empleo. La institución reportó aproximadamente 168,000 puestos de trabajo vinculados al sector construcción y toda su cadena de servicios asociados, incluyendo arquitectura, urbanismo, ingeniería y actividades complementarias, las cuales han registrado un crecimiento cercano al 50 %.
Asimismo, resaltó que este impulso responde a un trabajo coordinado entre el sector público y privado, basado en la generación de confianza y en la agilización de trámites para inversionistas y desarrolladores.
«Para que haya inversión tiene que haber confianza», enfatizó, al destacar que desde el Gobierno se han impulsado estrategias para facilitar permisos, modernizar normativas y acelerar procesos de aprobación de proyectos.
Uno de los segmentos que más crece es el desarrollo vertical. Actualmente, Opamss registra 89 proyectos verticales en ejecución y otros más están próximos a iniciar construcción en sectores de San Salvador Este y San Salvador Oeste.
Según Opamss, este fenómeno está transformando la morfología urbana de la capital y promoviendo una redensificación ordenada de la ciudad. Además, señalaron que la seguridad y la inversión pública en infraestructura estratégica han permitido impulsar nuevos planes de reurbanización y reconfiguración territorial.
La renovación de escuelas públicas continúa a nivel nacional con el programa Dos Escuelas por Día, algunas de ellas han necesitado más inversión para solucionar las necesidades de cada espacio y dejar ambientes apropiados para los niños y adolescentes, entre ellas cuatro centros educativos se modernizan con un financiamiento cerca a los 7 millones de dólares.
El Centro Escolar Cantón Dulce Nombre de San Pedro Masahuat, ubicado en La Paz Oeste tiene un monto de inversión de 1.1 millón para renovarlo, mientras que la Escuela Escolar La Rosa Blanca, ubicada en San Salvador Centro tiene una financiamiento de 1.9 millones.
Igual cantidad de 1.9 millones tiene destinada la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina en Apopa, San Salvador Oeste y el Centro Escolar 5 de Noviembre en San Salvador Centro también se está modernizando con un costo de 1.9 millones de dólares.
Con esta inversión se beneficiarán más de 1,169 alumnos en los cuatro centros educativos desde inicial, parvularia hasta educación básica. Del Centro Escolar Cantón Dulce Nombre se encuentran matriculados 147 alumnos, mientras que de la Escuela Escolar La Rosa Blanca son 192 estudiantes.
Por su parte, que mayor escolaridad reporta es la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina de Apopa con 503 estudiantes y el Centro Escolar 5 de Noviembre con 327 matriculados.
