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Cinco conductores peligrosos fueron arrestados cada día en los últimos tres años
Entre el 1° de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó un total de 6,414 personas por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores a escala nacional, es decir, que cada día las autoridades arrestaron a cinco conductores que transgredieron las normas de seguridad vial y pusieron en peligro la vida o la integridad de las personas.
Los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta que el año 2019 presentó el mayor número de detenciones con 2,359, en 2020 bajó a 1,473; mientras que en 2021 registraron 1,732 arrestados y en el periodo del 1° de enero al 31 de julio de este año fueron reportadas 850 aprehensiones.
Entre los capturados y posteriormente condenados durante 2021 está la excandidata a diputada, Karina Jasmín Gómez de Mendizábal, a quien el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla la condenó a dos años de prisión por el homicidio culposo en perjuicio de Saúl Ramos Vásquez, un agente del Cuerpo de Agentes Municipales de Antiguo Cuscatlán.
El percance ocurrió en febrero de 2021 y de acuerdo a la versión de la Policía, la excandidata manejaba en estado de ebriedad. Por la imprudencia y manejar a alta velocidad impactó en la parte trasera de un pickup de la comuna de Antiguo Cuscatlán, placas N-7-781, arrolló al agente, quien falleció en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.
Las estadísticas del ministerio público detallan que San Salvador fue el departamento donde más detuvieron conductores peligrosos [2,186], seguido de Santa Ana [586], La Libertad [578]; Sonsonate [547], Ahuachapán [388], San Miguel [312] y Usulután con 301.
El 2019 fue el año que más procesos inició la Fiscalía General por el referido delito con 2,473 casos y San Salvador encabezó con 1,013; en 2020 recibieron 1,536 denuncias, para 2021 se reportaron 1,783 y hasta febrero de 2022 hay una gran reducción con solo 269 casos.
Un hecho que causó indignación entre la población salvadoreña fue el de Yohalmo Enrique Rivera, quien arrolló a un gestor de tráfico del Viceministerio de Transporte (VMT) y en la audiencia inicial el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decidió enviarlo a prisión por los delitos de conducción peligrosa de vehículo e intento de homicidio.
Uno de los fiscales dijo, en esa ocasión, que la decisión de la juzgadora se basó en los elementos iniciales que de forma fundamentada presentó el ministerio público, «contamos con la declaración de la víctima que detalla la forma en que fue víctima del delito; entre la documental está el álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los hechos, así como la pericial en la que obran los vídeos en donde se capta al imputado», detalló el representante fiscal.
Este hecho ocurrió el 8 de marzo de este año el bulevar del Ejército, en las cercanías de la Plaza Mundo, cuando el imputado después de violar disposiciones de tránsito e indicaciones del gestor atentó contra la vida de la víctima que lo reprendía, arrollándolo, al tiempo que puso en riesgo la integridad de las personas que transitaban por el lugar.
El año pasado los diputados de la Asamblea Legislativa modificaron el artículo 147 E del Código Penal e incrementaron las penas por el ilícito, pero luego el presidente de la república, Nayib Bukele lo observó y quedó de la siguiente manera: «El que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. La pena será de 3 a 6 años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa de vehículo de motor de transporte público de pasajeros o de carga».
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
