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Cinco conductores peligrosos fueron arrestados cada día en los últimos tres años
Entre el 1° de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó un total de 6,414 personas por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores a escala nacional, es decir, que cada día las autoridades arrestaron a cinco conductores que transgredieron las normas de seguridad vial y pusieron en peligro la vida o la integridad de las personas.
Los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta que el año 2019 presentó el mayor número de detenciones con 2,359, en 2020 bajó a 1,473; mientras que en 2021 registraron 1,732 arrestados y en el periodo del 1° de enero al 31 de julio de este año fueron reportadas 850 aprehensiones.
Entre los capturados y posteriormente condenados durante 2021 está la excandidata a diputada, Karina Jasmín Gómez de Mendizábal, a quien el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla la condenó a dos años de prisión por el homicidio culposo en perjuicio de Saúl Ramos Vásquez, un agente del Cuerpo de Agentes Municipales de Antiguo Cuscatlán.
El percance ocurrió en febrero de 2021 y de acuerdo a la versión de la Policía, la excandidata manejaba en estado de ebriedad. Por la imprudencia y manejar a alta velocidad impactó en la parte trasera de un pickup de la comuna de Antiguo Cuscatlán, placas N-7-781, arrolló al agente, quien falleció en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.
Las estadísticas del ministerio público detallan que San Salvador fue el departamento donde más detuvieron conductores peligrosos [2,186], seguido de Santa Ana [586], La Libertad [578]; Sonsonate [547], Ahuachapán [388], San Miguel [312] y Usulután con 301.
El 2019 fue el año que más procesos inició la Fiscalía General por el referido delito con 2,473 casos y San Salvador encabezó con 1,013; en 2020 recibieron 1,536 denuncias, para 2021 se reportaron 1,783 y hasta febrero de 2022 hay una gran reducción con solo 269 casos.
Un hecho que causó indignación entre la población salvadoreña fue el de Yohalmo Enrique Rivera, quien arrolló a un gestor de tráfico del Viceministerio de Transporte (VMT) y en la audiencia inicial el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decidió enviarlo a prisión por los delitos de conducción peligrosa de vehículo e intento de homicidio.
Uno de los fiscales dijo, en esa ocasión, que la decisión de la juzgadora se basó en los elementos iniciales que de forma fundamentada presentó el ministerio público, «contamos con la declaración de la víctima que detalla la forma en que fue víctima del delito; entre la documental está el álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los hechos, así como la pericial en la que obran los vídeos en donde se capta al imputado», detalló el representante fiscal.
Este hecho ocurrió el 8 de marzo de este año el bulevar del Ejército, en las cercanías de la Plaza Mundo, cuando el imputado después de violar disposiciones de tránsito e indicaciones del gestor atentó contra la vida de la víctima que lo reprendía, arrollándolo, al tiempo que puso en riesgo la integridad de las personas que transitaban por el lugar.
El año pasado los diputados de la Asamblea Legislativa modificaron el artículo 147 E del Código Penal e incrementaron las penas por el ilícito, pero luego el presidente de la república, Nayib Bukele lo observó y quedó de la siguiente manera: «El que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. La pena será de 3 a 6 años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa de vehículo de motor de transporte público de pasajeros o de carga».
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
