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Cinco conductores peligrosos fueron arrestados cada día en los últimos tres años
Entre el 1° de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó un total de 6,414 personas por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores a escala nacional, es decir, que cada día las autoridades arrestaron a cinco conductores que transgredieron las normas de seguridad vial y pusieron en peligro la vida o la integridad de las personas.
Los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta que el año 2019 presentó el mayor número de detenciones con 2,359, en 2020 bajó a 1,473; mientras que en 2021 registraron 1,732 arrestados y en el periodo del 1° de enero al 31 de julio de este año fueron reportadas 850 aprehensiones.
Entre los capturados y posteriormente condenados durante 2021 está la excandidata a diputada, Karina Jasmín Gómez de Mendizábal, a quien el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla la condenó a dos años de prisión por el homicidio culposo en perjuicio de Saúl Ramos Vásquez, un agente del Cuerpo de Agentes Municipales de Antiguo Cuscatlán.
El percance ocurrió en febrero de 2021 y de acuerdo a la versión de la Policía, la excandidata manejaba en estado de ebriedad. Por la imprudencia y manejar a alta velocidad impactó en la parte trasera de un pickup de la comuna de Antiguo Cuscatlán, placas N-7-781, arrolló al agente, quien falleció en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.
Las estadísticas del ministerio público detallan que San Salvador fue el departamento donde más detuvieron conductores peligrosos [2,186], seguido de Santa Ana [586], La Libertad [578]; Sonsonate [547], Ahuachapán [388], San Miguel [312] y Usulután con 301.
El 2019 fue el año que más procesos inició la Fiscalía General por el referido delito con 2,473 casos y San Salvador encabezó con 1,013; en 2020 recibieron 1,536 denuncias, para 2021 se reportaron 1,783 y hasta febrero de 2022 hay una gran reducción con solo 269 casos.
Un hecho que causó indignación entre la población salvadoreña fue el de Yohalmo Enrique Rivera, quien arrolló a un gestor de tráfico del Viceministerio de Transporte (VMT) y en la audiencia inicial el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decidió enviarlo a prisión por los delitos de conducción peligrosa de vehículo e intento de homicidio.
Uno de los fiscales dijo, en esa ocasión, que la decisión de la juzgadora se basó en los elementos iniciales que de forma fundamentada presentó el ministerio público, «contamos con la declaración de la víctima que detalla la forma en que fue víctima del delito; entre la documental está el álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los hechos, así como la pericial en la que obran los vídeos en donde se capta al imputado», detalló el representante fiscal.
Este hecho ocurrió el 8 de marzo de este año el bulevar del Ejército, en las cercanías de la Plaza Mundo, cuando el imputado después de violar disposiciones de tránsito e indicaciones del gestor atentó contra la vida de la víctima que lo reprendía, arrollándolo, al tiempo que puso en riesgo la integridad de las personas que transitaban por el lugar.
El año pasado los diputados de la Asamblea Legislativa modificaron el artículo 147 E del Código Penal e incrementaron las penas por el ilícito, pero luego el presidente de la república, Nayib Bukele lo observó y quedó de la siguiente manera: «El que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. La pena será de 3 a 6 años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa de vehículo de motor de transporte público de pasajeros o de carga».
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
