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Cinco conductores peligrosos fueron arrestados cada día en los últimos tres años
Entre el 1° de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó un total de 6,414 personas por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores a escala nacional, es decir, que cada día las autoridades arrestaron a cinco conductores que transgredieron las normas de seguridad vial y pusieron en peligro la vida o la integridad de las personas.
Los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta que el año 2019 presentó el mayor número de detenciones con 2,359, en 2020 bajó a 1,473; mientras que en 2021 registraron 1,732 arrestados y en el periodo del 1° de enero al 31 de julio de este año fueron reportadas 850 aprehensiones.
Entre los capturados y posteriormente condenados durante 2021 está la excandidata a diputada, Karina Jasmín Gómez de Mendizábal, a quien el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla la condenó a dos años de prisión por el homicidio culposo en perjuicio de Saúl Ramos Vásquez, un agente del Cuerpo de Agentes Municipales de Antiguo Cuscatlán.
El percance ocurrió en febrero de 2021 y de acuerdo a la versión de la Policía, la excandidata manejaba en estado de ebriedad. Por la imprudencia y manejar a alta velocidad impactó en la parte trasera de un pickup de la comuna de Antiguo Cuscatlán, placas N-7-781, arrolló al agente, quien falleció en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.
Las estadísticas del ministerio público detallan que San Salvador fue el departamento donde más detuvieron conductores peligrosos [2,186], seguido de Santa Ana [586], La Libertad [578]; Sonsonate [547], Ahuachapán [388], San Miguel [312] y Usulután con 301.
El 2019 fue el año que más procesos inició la Fiscalía General por el referido delito con 2,473 casos y San Salvador encabezó con 1,013; en 2020 recibieron 1,536 denuncias, para 2021 se reportaron 1,783 y hasta febrero de 2022 hay una gran reducción con solo 269 casos.
Un hecho que causó indignación entre la población salvadoreña fue el de Yohalmo Enrique Rivera, quien arrolló a un gestor de tráfico del Viceministerio de Transporte (VMT) y en la audiencia inicial el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decidió enviarlo a prisión por los delitos de conducción peligrosa de vehículo e intento de homicidio.
Uno de los fiscales dijo, en esa ocasión, que la decisión de la juzgadora se basó en los elementos iniciales que de forma fundamentada presentó el ministerio público, «contamos con la declaración de la víctima que detalla la forma en que fue víctima del delito; entre la documental está el álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los hechos, así como la pericial en la que obran los vídeos en donde se capta al imputado», detalló el representante fiscal.
Este hecho ocurrió el 8 de marzo de este año el bulevar del Ejército, en las cercanías de la Plaza Mundo, cuando el imputado después de violar disposiciones de tránsito e indicaciones del gestor atentó contra la vida de la víctima que lo reprendía, arrollándolo, al tiempo que puso en riesgo la integridad de las personas que transitaban por el lugar.
El año pasado los diputados de la Asamblea Legislativa modificaron el artículo 147 E del Código Penal e incrementaron las penas por el ilícito, pero luego el presidente de la república, Nayib Bukele lo observó y quedó de la siguiente manera: «El que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. La pena será de 3 a 6 años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa de vehículo de motor de transporte público de pasajeros o de carga».
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VIDEO | Cinco sujetos son capturados tras fuerte pelea en las fiestas patronales de Quelepa
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que cinco jóvenes serán remitidos a las autoridades correspondientes por el delito de desórdenes públicos, tras participar en una trifulca ocurrida durante la madrugada del domingo 26 de julio, al finalizar el carnaval de las fiestas patronales del distrito de Quelepa, en el municipio de San Miguel Centro.
De acuerdo con el informe policial, los involucrados fueron identificados como Wilber Alonso Morales Reyes, de 19 años; Vladimir Steven Castillo Rivas, de 19; Ángel Daniel García Bonilla, de 17; Justin Aaron Ventura Lemus, de 15; y Bryan Alexander Ortiz Escalante, de 17 años.
La PNC indicó que los cinco jóvenes fueron intervenidos por agentes que atendieron el incidente y serán puestos a disposición de las instancias judiciales para responder por el delito de desórdenes públicos, conforme al procedimiento establecido por la ley.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener el orden durante las actividades festivas y recordaron que cualquier conducta que altere la tranquilidad pública será sancionada conforme a la normativa vigente.
El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó la transformación integral que experimenta la educación en El Salvador y anunció que el país avanza hacia la implementación de una ambiciosa reforma educativa de alcance nacional.
“Una ambiciosa reforma educativa nacional está en camino”, expresó el mandatario al compartir una publicación de la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, quien resaltó los avances de la modernización educativa en el país.
Según la funcionaria, la reforma beneficiará a más de 500 mil estudiantes en todo el territorio nacional, fortaleciendo sus competencias en lectura, matemáticas y resolución de problemas mediante una pedagogía estructurada, herramientas de inteligencia artificial para directores y alumnos, y evaluaciones del aprendizaje en tiempo real.
Al compartir este mensaje, el presidente Bukele anticipó la puesta en marcha de un proyecto que busca fortalecer el sistema educativo salvadoreño e incorporar nuevas tecnologías para mejorar la calidad de la enseñanza.
Nacionales
MINED emite nuevas regulaciones para desfiles del 15 de septiembre: restricciones en música, uniformes de cachiporristas y grabaciones de menores
El Ministerio de Educación ha distribuido entre los directores de centros escolares un documento de 15 páginas titulado “Disposiciones para la organización del desfile cívico estudiantil 2026”. El texto establece lineamientos obligatorios para la celebración de los desfiles del 15 de septiembre, a menos de 50 días de la fecha.
El documento regula, entre otros puntos:
- Prohibición de música con contenido “vulgar, ofensivo, político o religioso”; el repertorio debe aprobarse previamente y se prioriza música folklórica, popular, costumbrista o contemporánea adecuada.
- Uniformes de cachiporristas: deben mantener el decoro; se prohíben prendas “excesivamente cortas, transparentes o inapropiadas”. Explicitamente: “Todas las niñas deberán llevar short que cubra los glúteos, al menos 5 cms. por debajo” (el uniforme escolar diario se considera suficiente).
- Coreografías: se prohíben movimientos “vulgares, provocativos o irrespetuosos”.
- Prohibición estricta de captar, reproducir, difundir o usar imágenes de menores de edad sin autorización previa y por escrito de padres o tutores legales.
- Bandas de paz: ya no tienen participación garantizada; deben postularse (formulario en línea, plazo hasta el 31 de julio de 2026) y pasar por una “primera fase eliminatoria” a cargo de un Comité Organizador local (integrado por representantes de la dirección departamental de Educación y otras comisiones; se menciona que las alcaldías quedaron fuera).
Entre las principales regulaciones figura la prohibición de interpretar música con contenido “vulgar, ofensivo, político o religioso”. El documento indica que el listado de canciones debe ser aprobado previamente y prioriza géneros folklóricos, populares, costumbristas o contemporáneos adecuados para un evento escolar.
Respecto a la vestimenta, se establece que los uniformes de las cachiporristas deben mantener el decoro. Se prohíben prendas “excesivamente cortas, transparentes o inapropiadas”. El texto señala de manera expresa que “todas las niñas deberán llevar short que cubra los glúteos, al menos 5 centímetros por debajo”, y aclara que el uniforme escolar diario es suficiente para cumplir este requisito.
Las coreografías también quedan reguladas. El documento prohíbe de forma estricta los movimientos calificados como “vulgares, provocativos o irrespetuosos” y exige que las rutinas conserven un carácter artístico y cívico.
Otra disposición relevante prohíbe captar, reproducir, difundir o usar imágenes de menores de edad sin la autorización previa, expresa y por escrito de sus padres o tutores legales. Esta medida se fundamenta en la normativa de protección de datos y derechos de la niñez.
Las bandas de paz ya no tienen participación automática. Deberán postularse mediante un formulario en línea y someterse a una primera fase eliminatoria a cargo de un Comité Organizador local. El plazo para postularse vence el 31 de julio y la respuesta se dará a más tardar el 21 de agosto.
Representantes de gremios docentes han expresado preocupación por el momento en que se dieron a conocer estas disposiciones. Señalan que muchas escuelas ya habían invertido recursos en el diseño de trajes, la compra de botas, la reparación de instrumentos y la contratación de instructores sin conocer de antemano los nuevos criterios.
David Rodríguez, de Bases Magisteriales, indicó que el principal problema no es el contenido de las normas, sino la falta de anticipación. Agregó que, según su experiencia, los centros educativos no reciben apoyo material directo del ministerio para el mantenimiento de las bandas y que históricamente las alcaldías colaboraban con instrumentos e instructores.
El documento establece que cada localidad deberá formar un Comité Organizador integrado por al menos un representante de la dirección departamental de Educación, junto con comisiones de protocolo, logística, seguridad y primeros auxilios. Algunos docentes han observado que las alcaldías no aparecen incluidas en esta estructura.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Educación ni las direcciones departamentales han emitido un pronunciamiento público sobre el documento. Directores de escuelas y organizaciones magisteriales confirman haber recibido el texto y continúan evaluando cómo adaptar sus preparativos a las nuevas exigencias.
