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Cinco conductores peligrosos fueron arrestados cada día en los últimos tres años
Entre el 1° de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó un total de 6,414 personas por el delito de conducción peligrosa de vehículos automotores a escala nacional, es decir, que cada día las autoridades arrestaron a cinco conductores que transgredieron las normas de seguridad vial y pusieron en peligro la vida o la integridad de las personas.
Los datos de la Fiscalía General de la República (FGR) dan cuenta que el año 2019 presentó el mayor número de detenciones con 2,359, en 2020 bajó a 1,473; mientras que en 2021 registraron 1,732 arrestados y en el periodo del 1° de enero al 31 de julio de este año fueron reportadas 850 aprehensiones.
Entre los capturados y posteriormente condenados durante 2021 está la excandidata a diputada, Karina Jasmín Gómez de Mendizábal, a quien el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla la condenó a dos años de prisión por el homicidio culposo en perjuicio de Saúl Ramos Vásquez, un agente del Cuerpo de Agentes Municipales de Antiguo Cuscatlán.
El percance ocurrió en febrero de 2021 y de acuerdo a la versión de la Policía, la excandidata manejaba en estado de ebriedad. Por la imprudencia y manejar a alta velocidad impactó en la parte trasera de un pickup de la comuna de Antiguo Cuscatlán, placas N-7-781, arrolló al agente, quien falleció en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.
Las estadísticas del ministerio público detallan que San Salvador fue el departamento donde más detuvieron conductores peligrosos [2,186], seguido de Santa Ana [586], La Libertad [578]; Sonsonate [547], Ahuachapán [388], San Miguel [312] y Usulután con 301.
El 2019 fue el año que más procesos inició la Fiscalía General por el referido delito con 2,473 casos y San Salvador encabezó con 1,013; en 2020 recibieron 1,536 denuncias, para 2021 se reportaron 1,783 y hasta febrero de 2022 hay una gran reducción con solo 269 casos.
Un hecho que causó indignación entre la población salvadoreña fue el de Yohalmo Enrique Rivera, quien arrolló a un gestor de tráfico del Viceministerio de Transporte (VMT) y en la audiencia inicial el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decidió enviarlo a prisión por los delitos de conducción peligrosa de vehículo e intento de homicidio.
Uno de los fiscales dijo, en esa ocasión, que la decisión de la juzgadora se basó en los elementos iniciales que de forma fundamentada presentó el ministerio público, «contamos con la declaración de la víctima que detalla la forma en que fue víctima del delito; entre la documental está el álbum fotográfico y croquis de ubicación del lugar de los hechos, así como la pericial en la que obran los vídeos en donde se capta al imputado», detalló el representante fiscal.
Este hecho ocurrió el 8 de marzo de este año el bulevar del Ejército, en las cercanías de la Plaza Mundo, cuando el imputado después de violar disposiciones de tránsito e indicaciones del gestor atentó contra la vida de la víctima que lo reprendía, arrollándolo, al tiempo que puso en riesgo la integridad de las personas que transitaban por el lugar.
El año pasado los diputados de la Asamblea Legislativa modificaron el artículo 147 E del Código Penal e incrementaron las penas por el ilícito, pero luego el presidente de la república, Nayib Bukele lo observó y quedó de la siguiente manera: «El que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de 2 a 4 años. La pena será de 3 a 6 años de prisión cuando se trate de la conducción peligrosa de vehículo de motor de transporte público de pasajeros o de carga».
En 2025 la Fiscalía General de la República – blica logró que el 84.6 % de los expedientes que avanzaron a una etapa de ejecución de sentencia los jueces dictaran condenas por diversos delitos. De 13,792 expedientes que llegaron a un punto de resolución definitiva en varios tribunales, en 11,666 casos hubo condenas y 2,126 fueron absoluciones, según el balance anual del Gabinete de Seguridad.
Jueces de Paz, de Instrucción, de Sentencia y contra el Crimen Organizado dictaminaron contra imputados por homicidio, lesiones, delitos de corrupción (peculado, negociaciones ilícitas, cohecho), así como actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Además, hubo condenas por delitos contra el patrimonio (robo, hurto, daños y estafa), delitos contra la libertad (secuestro y privación de libertad), también delitos de crimen organizado que incluyen extorsión agravada, agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, tráfico ilícito y limitación ilegal a la libre circulación.
En la variedad de ilícitos se impusieron condenas por diversos tipos de falsedades, uso de documentos falsos y delitos en contra de la administración de justicia, así como los que establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, entre los más comunes el feminicidio agrava – do y expresiones de violencia
Los momentos cumbre del juicio no necesariamente se dieron en los tribunales de Sentencia, ya que jueces de Paz y de Instrucción impusieron condenas en procedimientos abreviados, en los que los imputados admitieron los delitos para reducir los años de prisión, y cientos de procesos penales culminaron en menos del plazo establecido en la normativa.
Entre los condenados en 2025 hubo exfuncionarios corruptos que se apropiaron de fondos públicos, incluso pactaron con el crimen organizado, hubo fallos en contra de estructuras de pandillas y cabecillas de esos grupos criminales.
Los jueces emitieron condenas a bandas de robacarros, asaltantes de usuarios de bancos, redes de estafadores, falsificadores y estructuras que incurrieron en delitos informáticos. Otro dato destacado son los 88,680 casos presentados en los tribunales, de los cuales en 70,011 (88.6 %) hubo condenas, obtenidas desde 2019 hasta 2025, años en los cuales Nayib Bukele ha estado al frente de la presidencia de la república.
En ese período, las absoluciones fueron 18,669, es decir, solo en 21.1 % los acusados ganaron los casos. En un balance comparativo que el Gabinete de Seguridad presentó se detalla que en 2025 se registró un 52 % de aumento de las condenas en relación con 2020 en todos los delitos; mientras que en las absoluciones se reportó una disminución del 47 % al comparar 2025 con 2020.
La Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador (UES) a través de su Unidad de Género desarrolló el webinar virtual «Mujeres en la ciencia y la tecnología: retos, talento y transformación», con el objetivo de reflexionar sobre la participación de las mujeres en áreas STEM.
La actividad también ayudó a evaluar los retos que enfrentan las mujeres en esas áreas, el talento que aportan y las transformaciones que se deben hacer para construir entornos académicos más inclusivos y seguros.
El panel de expertos estuvo conformado por Jennifer Chávezz, directora del Programa Jóvenes Talento; Dora Armero, secretaria y docente de la Escuela de Biología; y la estudiante de la Escuela de Física Jennifer López. La moderación estuvo a cargo de la coordinadora de la Unidad de Género, Yariela Escamilla.
Durante el conversatorio, se destacó el papel de la educación y la familia en la eliminación de estereotipos que limitan el acceso de las mujeres a carreras científicas. Jennifer Chávez señaló que «es importante que desde el sistema educativo nacional, desde la familia se rompan los estereotipos sobre que las carreras en ciencia y tecnología están relacionadas con lo masculino».
Un total de 50 niños del Hogar del Niño San Vicente de Paúl participaron en la presentación cultural «Las Aventuras del Cipitío» que se llevó a cabo en la ex Casa Presidencial, en San Jacinto, informó el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina).
La niñez que participó tiene entre 6 y 12 años y por medio de esta experiencia cultural pudieron tener un acercamiento a uno de los personajes más representativos de la mitología salvadoreña «El Cipitío», con lo que, el Conapina contribuyó a fortalecer su identidad y sentido de pertenencia.
La directora ejecutiva del Conapina, Linda Amaya, explicó que estos espacios brindan alegría y refuerzan la identidad culturas de la niñez que se encuentra en programas de acogimiento.
«Los derechos de nuestros niños y adolescentes de los programas de acogimiento se garantizan con acciones que también nos llenan de alegría como equipo Conapina», expresó.
La actividad se llevó a cabo a través del trabajo coordinado entre diferentes instituciones del Gobiernos, las cuales articularon sus esfuerzos para acercar a la niñez espacios culturales y formativos de calidad.
De acuerdo con la institución, estas acciones forman parte de la visión de garantizar entornos seguros y enriquecedores para niñas, niños y adolescentes que forman parte de los programas de acogimiento.
En ese sentido, el Conapina reafirmó el compromiso de promover el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y adolescencia, no solo a través de la protección, sino también mediante experiencias que aporten a su desarrollo integral.
