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Capturan a nueve empleados de la Corte de Cuentas
Por el delito de incumplimiento de deberes, la Fiscalía General de la República ordenó capturar a nueve empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) entre los que figuran un director, cuatro jefes de equipo y cuatro auditores.
Un informe del ministerio público detalla que están «acusados de aprovecharse de sus funciones para omitir información relacionada con las auditorías realizadas a diferentes municipalidades del oriente del país».
Los imputados, entre los años 2015 y 2019 supuestamente favorecieron a funcionarios que en esos años estaban al frente de algunas alcaldías entre ellas figuran los municipios de Usulután, San Dionisio, Chilanga, San José La Fuente, Anamorós, Corinto, Chinameca, La Unión, Ciudad Barrios, Jucuarán, San Luis de la Reina y Comacarán.
«Según las investigaciones, entre los incumplimientos se detectaron: No auditaban algunos rubros, superaron hallazgos sin argumentos válidos, convirtieron observaciones en asuntos menores y ampliaron el plazo de las auditorías para subsanar los hallazgo», señala la Fiscalía.
En las indagaciones realizadas hasta el momento se han detectado 563 observaciones y solo presentaron informes de 48, las cuales fueron elevadas a juicio de cuentas.
«Entre los capturados hay directores, jefes y auditores quienes se prestaban para emitir dichos informes de manera ilegal, incumpliendo su deber de fiscalizar debidamente las finanzas públicas de las alcaldías», destaca la Fiscalía.
Los capturados son: Ismael Pereira Vásquez, director Regional del Oriente de la CCR¸ los jefes de equipo, Wilmer Neftaly Reyes, José Carlos Pacheco, Ramón Armando Alvarado y José Benigno Álvarez.
Los auditores arrestados son: Vilma Anabel López, Cristin Levi Vásquez,Manuel Antonio Gómez y Karen Lisseth Medina.
«Cuando se realizaron las auditorias en las Alcaldías de Bolívar, Comarcarán y Chilanga omitieron mucha de la información encontrada para evitar que se iniciaran procesos correspondientes» informó la Fiscalía.
Avisos en Fiscalía
Hasta el 9 de mayo de 2023, la Corte de Cuentas había presentado avisos en la Fiscalía por uso inadecuado de fondos COVID-19 y FODES por más de $28 millones.
Según los 46 avisos que la CCR llevó a sede fiscal entre el 1 de enero y 9 de mayo de 2023, es por actos arbitrarios, administración fraudulenta, malversación de fondos y peculado.
El 11 de enero de 2023, la CCR pidió que se indagara a ocho alcaldías, el 23 del mismo mes fueron incluidas otras 10 municipalidades, mientras que el 21 de marzo avisaron de irregularidades en otras 17 alcaldías.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
