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Autoridades instan a los salvadoreños a no comprar pólvora prohibida
Las autoridades de Protección Civil han instado a los padres de familia y población en general a no comprar pólvora prohibida y a no permitir que los niños se expongan a quemaduras de gravedad, también pidieron a los comerciantes no vender productos que están fuera de ley.
El titular de la institución, Luis Amaya, advirtió que en caso de resultar un niño quemado serán los padres de familia los que responderán ante la justicia, tal como lo mandata la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).
«La Lepina es clara en eso, todo menor de edad que sufra una lesión por pólvora hay que reconocer que tiene un responsable y es quien va a dar cuenta ante las instancias legales, porqué esa niña o niño resultó lesionado», afirmó Amaya.
El funcionario dijo que no hay pólvora segura, y también hizo un llamado a los padres a no permitir que sus hijos manipulen pirotécnicos, ya que esto les puede causar graves lesiones.
«A los padres de familia, no lo hagan, no sean ustedes artífices de lesiones en sus hijos que pueden provocar traumas para toda la vida», solicitó.
Llamó a la conciencia de los ciudadanos, pues «ningún padre de familia está pensando en provocarle daño a sus hijos, pero de manera inconsciente se hace en el momento que violentamos la normativa (…) estamos poniendo en una situación de riesgo a los niños».
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que durante la temporada navideña y de fin de año es cuando más casos de quemados con pólvora ocurren, tanto en niños como adultos, por lo que hizo hincapié que este material no es seguro.
Solano hizo un llamado de responsabilidad a quienes comercialicen pirotécnicos durante esta temporada.
«Favor no comercializar productos prohibidos, hay una ley que regula [Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia] esta actividad y lo prohíbe, como bombas de mezcal, misiles y rocket chinos, silbadores, triángulo mortal y buscaniguas», detalló Solano.
El jefe de Bomberos insistió en no comprar estos productos, pues en el caso de los silbadores dijo que se vuelven generadores de incendios.
Solano detalló que son nueve coheterías las que en este momento están autorizadas para fabricar y distribuir pirotécnicos, el resto que pudiesen surgir entrarían en clandestinidad porque no se han sometido al proceso para obtener los permisos que otorga el Ministerio de Defensa.
Según Bomberos, entre las circunstancias más frecuentes que provocan explosiones en coheterías clandestinas están: el momento cuando los cohetes son llenados con pólvora o por fallas relacionadas al sistema eléctrico. En un ambiente donde hay pólvora, el mínimo de una fricción puede dar paso a que suceda una explosión.
Bomberos ha capacitado a más de 750 personas que comercializan estos productos, pues la normativa exige que sea esta institución la encargada de capacitar y verificar las instalaciones donde serán ubicadas las ventas de pólvora, no obstante, los espacios son propuestos por las alcaldías.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
