Nacionales
Autoridades instan a los salvadoreños a no comprar pólvora prohibida
Las autoridades de Protección Civil han instado a los padres de familia y población en general a no comprar pólvora prohibida y a no permitir que los niños se expongan a quemaduras de gravedad, también pidieron a los comerciantes no vender productos que están fuera de ley.
El titular de la institución, Luis Amaya, advirtió que en caso de resultar un niño quemado serán los padres de familia los que responderán ante la justicia, tal como lo mandata la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).
«La Lepina es clara en eso, todo menor de edad que sufra una lesión por pólvora hay que reconocer que tiene un responsable y es quien va a dar cuenta ante las instancias legales, porqué esa niña o niño resultó lesionado», afirmó Amaya.
El funcionario dijo que no hay pólvora segura, y también hizo un llamado a los padres a no permitir que sus hijos manipulen pirotécnicos, ya que esto les puede causar graves lesiones.
«A los padres de familia, no lo hagan, no sean ustedes artífices de lesiones en sus hijos que pueden provocar traumas para toda la vida», solicitó.
Llamó a la conciencia de los ciudadanos, pues «ningún padre de familia está pensando en provocarle daño a sus hijos, pero de manera inconsciente se hace en el momento que violentamos la normativa (…) estamos poniendo en una situación de riesgo a los niños».
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que durante la temporada navideña y de fin de año es cuando más casos de quemados con pólvora ocurren, tanto en niños como adultos, por lo que hizo hincapié que este material no es seguro.
Solano hizo un llamado de responsabilidad a quienes comercialicen pirotécnicos durante esta temporada.
«Favor no comercializar productos prohibidos, hay una ley que regula [Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia] esta actividad y lo prohíbe, como bombas de mezcal, misiles y rocket chinos, silbadores, triángulo mortal y buscaniguas», detalló Solano.
El jefe de Bomberos insistió en no comprar estos productos, pues en el caso de los silbadores dijo que se vuelven generadores de incendios.
Solano detalló que son nueve coheterías las que en este momento están autorizadas para fabricar y distribuir pirotécnicos, el resto que pudiesen surgir entrarían en clandestinidad porque no se han sometido al proceso para obtener los permisos que otorga el Ministerio de Defensa.
Según Bomberos, entre las circunstancias más frecuentes que provocan explosiones en coheterías clandestinas están: el momento cuando los cohetes son llenados con pólvora o por fallas relacionadas al sistema eléctrico. En un ambiente donde hay pólvora, el mínimo de una fricción puede dar paso a que suceda una explosión.
Bomberos ha capacitado a más de 750 personas que comercializan estos productos, pues la normativa exige que sea esta institución la encargada de capacitar y verificar las instalaciones donde serán ubicadas las ventas de pólvora, no obstante, los espacios son propuestos por las alcaldías.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
