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Autoridades instan a los salvadoreños a no comprar pólvora prohibida
Las autoridades de Protección Civil han instado a los padres de familia y población en general a no comprar pólvora prohibida y a no permitir que los niños se expongan a quemaduras de gravedad, también pidieron a los comerciantes no vender productos que están fuera de ley.
El titular de la institución, Luis Amaya, advirtió que en caso de resultar un niño quemado serán los padres de familia los que responderán ante la justicia, tal como lo mandata la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).
«La Lepina es clara en eso, todo menor de edad que sufra una lesión por pólvora hay que reconocer que tiene un responsable y es quien va a dar cuenta ante las instancias legales, porqué esa niña o niño resultó lesionado», afirmó Amaya.
El funcionario dijo que no hay pólvora segura, y también hizo un llamado a los padres a no permitir que sus hijos manipulen pirotécnicos, ya que esto les puede causar graves lesiones.
«A los padres de familia, no lo hagan, no sean ustedes artífices de lesiones en sus hijos que pueden provocar traumas para toda la vida», solicitó.
Llamó a la conciencia de los ciudadanos, pues «ningún padre de familia está pensando en provocarle daño a sus hijos, pero de manera inconsciente se hace en el momento que violentamos la normativa (…) estamos poniendo en una situación de riesgo a los niños».
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que durante la temporada navideña y de fin de año es cuando más casos de quemados con pólvora ocurren, tanto en niños como adultos, por lo que hizo hincapié que este material no es seguro.
Solano hizo un llamado de responsabilidad a quienes comercialicen pirotécnicos durante esta temporada.
«Favor no comercializar productos prohibidos, hay una ley que regula [Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia] esta actividad y lo prohíbe, como bombas de mezcal, misiles y rocket chinos, silbadores, triángulo mortal y buscaniguas», detalló Solano.
El jefe de Bomberos insistió en no comprar estos productos, pues en el caso de los silbadores dijo que se vuelven generadores de incendios.
Solano detalló que son nueve coheterías las que en este momento están autorizadas para fabricar y distribuir pirotécnicos, el resto que pudiesen surgir entrarían en clandestinidad porque no se han sometido al proceso para obtener los permisos que otorga el Ministerio de Defensa.
Según Bomberos, entre las circunstancias más frecuentes que provocan explosiones en coheterías clandestinas están: el momento cuando los cohetes son llenados con pólvora o por fallas relacionadas al sistema eléctrico. En un ambiente donde hay pólvora, el mínimo de una fricción puede dar paso a que suceda una explosión.
Bomberos ha capacitado a más de 750 personas que comercializan estos productos, pues la normativa exige que sea esta institución la encargada de capacitar y verificar las instalaciones donde serán ubicadas las ventas de pólvora, no obstante, los espacios son propuestos por las alcaldías.
A 20 años de cárcel fue condenado Francis Guadalupe Cruz Aguilar, por el delito de homicidio agravado cometido el 24 de diciembre de 2013, en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La pena se la impuso el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, tras revisar la prueba que la Fiscalía General de la República presentó en el juicio y con la cual demostró que el prófugo asesinó a José Eladio Franco Moreno.
En la acusación expuesta por el ministerio público, Cruz Aguilar fue parte de un grupo de siete pandilleros que interceptó a la víctima para privarla de libertad en El Paisnal.
Fue hasta el 27 de diciembre que encontraron cuerpo de Franco Moreno, desmembrado a la orilla del río Acelhuate, en la jurisdicción de ese distrito.
Para probar la participación que Cruz Aguilar tuvo en el crimen, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de un testigo quien presenció el hecho, su declaración fue clave para que se emitiera la condena.
El testigo dijo que el ahora condenado hizo labores de vigilancia mientras los demás miembros de la pandilla estaban asesinando a la víctima, se apostó en lugar para alertar a los criminales sobre la presencia de autoridades policiales.
Al momento del fallo el tribunal dio validez y credibilidad a la declaración del testigo quien identificó a Cruz Aguilar como parte del grupo criminal y su participación fue activa y clave para ejecutar el crimen.
Por intento de homicidio, la Policía Nacional Civil (PNC), informó que capturó a dos hombres en Aguilares y Chalatenango.
Los arrestados son: Brandon Omar Castillo Rivera quien protagonizó una pelea con Juan Carlos Zamorano Callejas, propietario del bar donde ocurrió el incidente la madrugada del domingo.
Según el informe oficial, cuando la víctima los intentó separar, lo golpearon y apuñalaron de gravedad, tras lo ocurrido huyeron, pero las autoridades luego de llegar a verificar lo ocurrido comenzaron a investigarlos para detenerlos.
Castillo Rivera fue ubicado por agentes de Inteligencia Policial en la calle principal de la colonia Reubicación 2, de Chalatenango Centro.
«Juan Carlos Zamorano Callejas, dueño del local también se dio a la fuga, pero nuestras Fuerzas Especiales lo ubicaron en Aguilares, San Salvador Norte», destacó la PNC.
Los dos capturados serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos 15 días sean acusados en el juzgado de Paz de Aguilares, por el delito de homicidio tentado.
A siete años de cárcel fueron condenados Wilmer Munguía, Julio Guzmán, Fernando Cruz, Oswaldo Rivera y Carlos Rodezno, por el delito de privación de libertad.
La pena se las impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, al encontrarlos responsables de la desaparición de dos personas el 13 de abril de 2018, en el cantón El Triunfo, distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República, las víctimas se encontraban comprando verduras cuando fueron interceptadas por los ahora condenados, tras amenazarlas las sometieron y obligaron a bajar de su vehículo para privarlas de libertad.
El tribunal fundamentó la condena tras valorar la prueba anexada al expediente, sobre todo la declaración de un testigo con régimen de protección, quien señaló a los imputados y dijo la participación que tuvieron en el hecho.
