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Aumento de ingresos por Impuesto Sobre la Renta demuestra la eficacia del Plan Antievasión y otras medidas
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El Presidente Nayib Bukele ha dado la instrucción de que los ingresos fiscales la población sean utilizados para el bienestar común, en lugar de usarlo para el privilegio de unos pocos, como hacían los presidentes anteriores.
Datos del Ministerio de Hacienda (MH), correspondientes al periodo de enero a junio 2022, muestran ingresos de $3,661.9 millones por impuestos y contribuciones especiales. El resultado es equivalente a un incremento de 18.9 % frente al acumulado de los mismos meses en 2021.
Uno de los cambios más destacados es que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) es ahora el que más aportes registra. Según Hacienda, por ISR ya se han recolectado $1,719 millones a junio de este año, que son 32.5 % más que el año anterior.
Así, ahora el fisco recauda $157.6 millones más por ISR que por IVA, un impuesto indirecto, aplicado al consumo y que impacta más en la población de menores ingresos. En cambio, la Renta es un tributo directo, que se entrega según la capacidad económica del contribuyente. Quiere decir que las estrategias del Gobierno para disminuir el nivel de evasión y luchar contra la desigualdad están demostrando ser efectivas.
Las declaraciones de ISR acumulan $235.2 millones, un 49.7 % más que el año pasado; las retenciones, 22.1 % y el pago a cuenta, 23.7 %. Vale la pena mencionar que en los tres casos se ha podido superar la meta de ingresos que había establecido el fisco en el presupuesto nacional, con lo cual queda en evidencia que los opositores al Gobierno tienen escaso conocimiento de cómo avanza la economía nacional.
El Plan Antievasión, en ejecución desde octubre 2019, ha permitido identificar y recuperar fondos por al menos $700 millones en impuestos que no fueron reportados a las autoridades en tiempo y en forma.
Este mismo plan ha llevado a que ahora los contribuyentes tengan un mayor sentido de responsabilidad y cumplan a tiempo sus obligaciones. La ventaja es que el Gobierno está dando pruebas, a diario, de un buen uso de los fondos públicos: entrega de computadoras y tablets, inversión en infraestructura escolar, obras viales, unidades de salud modernas, más personal sanitario y una situación histórica en seguridad ciudadana: los tres años con la menor incidencia de muertes violentas en la historia.
Esta recolección de tributos también desmiente la tesis de los opositores de que el más beneficiado con la crisis mundial de altos precios son los Gobiernos, pues el IVA está moderando su aporte y el Gobierno ha invertido más de $240 millones en medidas de alivio económico.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
