Judicial
ALERTA: 179 conductores ebrios capturados en Semana Santa
Las autoridades creen que debido a que hay mucha producción de Chaparro en la zona de Morazán puede estar influyendo, aunque sostienen se debe investigar a fondo las razones.
La Dirección de Protección Civil presentó el consolidado final de las emergencias atendidas durante el período de vacaciones de Semana Santa, en el que se contabilizó 179 conductores peligrosos detenidos y fue en Morazán donde se reportaron los mayores índices de alcohol en automovilistas.
El director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad, Ricardo Cook, dijo que durante las vacaciones se detuvo a 179 conductores peligrosos, de los cuales 169 fueron hombres y 10 son mujeres. Se contabiliza un incremento en este año, pues en 2018 las capturas fueron 169.
«No es para nosotros satisfactorio tener a más conductores peligrosos detenidos, pero si lo vemos desde el punto de vista que pudimos haberlos detenido antes de que ellos pudieran cometer un accidente de tránsito o que tuvieran un desenlace fatal. Nosotros vemos positivamente que éstas personas fueran detenidas antes de que ocurriera cualquier situación», sostuvo Oswaldo Rivera Lico, de la Policía Nacional Civil (PNC).
A la vez manifestó lo preocupante en cuanto a la cantidad de alcohol que se encontró en algunos de ellos, siendo cuatro los que fueron detenidos en Morazán con niveles de alcohol que sobrepasan los 500 milígramos sobre decilitros y el mayor tenía arriba de los 800.
Cook sostuvo que se debe hacer un estudio del porqué en Morazán se está dando esta grave alcoholización. «Tenemos la sospecha que no es alcohol comercial de curso legal el que están ingiriendo. Creemos que en San Francisco Gotera hay mucha sacadera de alcohol clandestino que se conoce con el nombre de Chaparro, el cual tiene 60 grados de alcohol», señaló.
Explica que la mayoría de alcoholes comerciales tienen entre 30 a 35 grados de alcohol, pero el «Chaparro» tiene 60; entonces es con poca cantidad que los conductores logran llegar a alcoholizaciones grandes.
El director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad detalló que en el top ten de los conductores peligrosos, sólo una mujer fue detenida en el departamento de Ahuachapán.
Asimismo, dijo que las edades de los conductores que ingieren cantidades de alcohol rondan entre los 27 a 44 años de edad. También manifestó que 17 personas fueron detenidas, pero que se negaron a realizarse la prueba antidóping, aunque la ley faculta para capturarlos por la presunción de culpabilidad al no quererse hacer la prueba.
Accidentes de tránsito
Por su parte, Rivera Lico explicó que durante el período vacacional de Semana Santa se totalizaron 475 accidentes de tránsito en el país, 353 personas lesionadas y fallecidos se tuvo 46, cuatro más que el año pasado.
Contó que la fallas mecánicas y el sobrepeso en un vehículo fue el detonante para que se diera en un sólo accidente la cantidad de cinco fallecidos y 15 lesionados, ocurrido el sábado de Gloria en la carretera de Santiago de María hacia Usulután.
En cuanto a los accidentes de tránsito de motociclistas, Rivera Lico dijo que durante estas vacaciones hubo 76, personas lesionadas fueron 78 y en cuanto a fallecidos fueron 12 en este año, mientras que en el 2018 se tuvieron 10.
Las causas de estos accidentes es similar a los de vehículos. La distracción en el conductor la primera causa, invadir el carril, velocidad inadecuada, no respetar las señales, inexperiencia y no guardar la distancia reglamentaria.
Consolidado final de emergencias
El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, dio a conocer en el informe final que se brindó en conferencia de prensa sobre todas las emergencias atendidas durante el período vacacional.
Explicó que se tuvo a 515 personas lesionadas, de las cuales 353 fueron por accidentes de tránsito; 52 personas fallecidas que representan diez más que el año pasado, de las cuales 44 fueron por accidente de tránsito y ocho por asfixia por inmersión (ahogados).
También se tuvo 329 rescates, 475 accidentes, 113 incendios. En total se contabilizaron 1,484 incidentes en este año, mientras que en el 2018 fueron 1,574, representando 110 incidentes menos.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
