Judicial
ALERTA: 179 conductores ebrios capturados en Semana Santa
Las autoridades creen que debido a que hay mucha producción de Chaparro en la zona de Morazán puede estar influyendo, aunque sostienen se debe investigar a fondo las razones.
La Dirección de Protección Civil presentó el consolidado final de las emergencias atendidas durante el período de vacaciones de Semana Santa, en el que se contabilizó 179 conductores peligrosos detenidos y fue en Morazán donde se reportaron los mayores índices de alcohol en automovilistas.
El director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad, Ricardo Cook, dijo que durante las vacaciones se detuvo a 179 conductores peligrosos, de los cuales 169 fueron hombres y 10 son mujeres. Se contabiliza un incremento en este año, pues en 2018 las capturas fueron 169.
«No es para nosotros satisfactorio tener a más conductores peligrosos detenidos, pero si lo vemos desde el punto de vista que pudimos haberlos detenido antes de que ellos pudieran cometer un accidente de tránsito o que tuvieran un desenlace fatal. Nosotros vemos positivamente que éstas personas fueran detenidas antes de que ocurriera cualquier situación», sostuvo Oswaldo Rivera Lico, de la Policía Nacional Civil (PNC).
A la vez manifestó lo preocupante en cuanto a la cantidad de alcohol que se encontró en algunos de ellos, siendo cuatro los que fueron detenidos en Morazán con niveles de alcohol que sobrepasan los 500 milígramos sobre decilitros y el mayor tenía arriba de los 800.
Cook sostuvo que se debe hacer un estudio del porqué en Morazán se está dando esta grave alcoholización. «Tenemos la sospecha que no es alcohol comercial de curso legal el que están ingiriendo. Creemos que en San Francisco Gotera hay mucha sacadera de alcohol clandestino que se conoce con el nombre de Chaparro, el cual tiene 60 grados de alcohol», señaló.
Explica que la mayoría de alcoholes comerciales tienen entre 30 a 35 grados de alcohol, pero el «Chaparro» tiene 60; entonces es con poca cantidad que los conductores logran llegar a alcoholizaciones grandes.
El director del Instituto de Toxicología del Ministerio de Justicia y Seguridad detalló que en el top ten de los conductores peligrosos, sólo una mujer fue detenida en el departamento de Ahuachapán.
Asimismo, dijo que las edades de los conductores que ingieren cantidades de alcohol rondan entre los 27 a 44 años de edad. También manifestó que 17 personas fueron detenidas, pero que se negaron a realizarse la prueba antidóping, aunque la ley faculta para capturarlos por la presunción de culpabilidad al no quererse hacer la prueba.
Accidentes de tránsito
Por su parte, Rivera Lico explicó que durante el período vacacional de Semana Santa se totalizaron 475 accidentes de tránsito en el país, 353 personas lesionadas y fallecidos se tuvo 46, cuatro más que el año pasado.
Contó que la fallas mecánicas y el sobrepeso en un vehículo fue el detonante para que se diera en un sólo accidente la cantidad de cinco fallecidos y 15 lesionados, ocurrido el sábado de Gloria en la carretera de Santiago de María hacia Usulután.
En cuanto a los accidentes de tránsito de motociclistas, Rivera Lico dijo que durante estas vacaciones hubo 76, personas lesionadas fueron 78 y en cuanto a fallecidos fueron 12 en este año, mientras que en el 2018 se tuvieron 10.
Las causas de estos accidentes es similar a los de vehículos. La distracción en el conductor la primera causa, invadir el carril, velocidad inadecuada, no respetar las señales, inexperiencia y no guardar la distancia reglamentaria.
Consolidado final de emergencias
El director de Protección Civil, Jorge Meléndez, dio a conocer en el informe final que se brindó en conferencia de prensa sobre todas las emergencias atendidas durante el período vacacional.
Explicó que se tuvo a 515 personas lesionadas, de las cuales 353 fueron por accidentes de tránsito; 52 personas fallecidas que representan diez más que el año pasado, de las cuales 44 fueron por accidente de tránsito y ocho por asfixia por inmersión (ahogados).
También se tuvo 329 rescates, 475 accidentes, 113 incendios. En total se contabilizaron 1,484 incidentes en este año, mientras que en el 2018 fueron 1,574, representando 110 incidentes menos.
Nota tomada de El Salvador Times
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
Marlon Antonio Ramírez Arias fue condenado a seis años de cárcel tras ser detenido el 7 de junio de 2023 en los alrededores de la comunidad Tutunichapa, en San Salvador, portando una mochila con marihuana y cocaína.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador le impuso la condena al encontrarlo culpable de posesión y tenencia con fines de tráfico.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo interceptaron alrededor de las 5:00 de la tarde, durante un patrullaje rutinario que realizaban en la zona.
En el acta de captura, los policías consignaron que, al observarlo actuar de forma sospechosa y nerviosa, le ordenaron que se detuviera para registrarlo.
Al momento de la intervención, le abrieron la mochila que portaba y le encontraron 30.5 gramos de marihuana y 0.4 gramos de cocaína, droga valuada en $50. También le incautaron bolsas plásticas y una balanza.
El condenado cumplirá su pena en la Penitenciaría Occidental de Santa Ana. Además, enfrenta otro proceso penal en un juzgado por delitos adicionales.
