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Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN
Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992.
Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.
Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época.
«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.
En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal.
El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador.
«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva.
La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder.
En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado.
Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia.
La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.
La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.
Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.
Por: Diario El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador inició el cuarto año consecutivo de Misión Océano, una estrategia permanente de protección, restauración y gestión responsable de los ecosistemas marinos, que articula acciones desde la cordillera hasta la costa.
Durante una actividad en el Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, subrayó el valor ecológico, social y económico de este sitio, reconocido como el octavo humedal de importancia internacional Ramsar del país. «Estamos en uno de los tesoros naturales más valiosos de nuestro país, no solo por su belleza, sino por su enorme importancia ecológica, social y económica que Los Cóbanos tiene para El Salvador», afirmó.
El funcionario destacó que este ecosistema, de origen volcánico, alberga arrecifes coralinos y sistemas costero-marinos clave que funcionan como refugio, zona de reproducción y alimentación para especies emblemáticas como tortugas marinas, cetáceos y una amplia diversidad de peces. «Proteger Los Cóbanos es proteger la biodiversidad, el sustento de las comunidades, la economía local y el patrimonio natural», sostuvo.
López enfatizó que Misión Océano trasciende el discurso y se enfoca en la acción directa, enmarcada en la Política Nacional de Educación Ambiental. «No estamos aquí para hablar de educación ambiental, estamos aquí para ejercerla», dijo, al señalar que la premisa central es «pasar del papel a la acción».
En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el ministro explicó que, por cuarto año consecutivo, esta conmemoración en El Salvador se traduce en intervenciones concretas. «Eso es lo que refleja Misión Océano», señaló, al definirla como una estrategia del Ministerio para proteger la biodiversidad marina y fortalecer las economías locales.
Entre los principales resultados, destacó el retiro de redes fantasma, limpiezas de playas con voluntarios, fortalecimiento de la vigilancia costera y acciones que han generado condiciones más seguras para especies como la ballena jorobada y las tortugas marinas. También mencionó la capacitación a emprendedores costeros para reducir plásticos de un solo uso y mejorar la separación de residuos, impulsando prácticas sostenibles.
Desde el Programa Nacional de Conservación de Cetáceos, el Ministerio capacitó a guías comunitarios, elaboró el primer Plan de Acción para la Atención de Varamientos y desarrolló una guía de buenas prácticas para el avistamiento responsable. «No son iniciativas aisladas: son reglas claras, conocimientos que se están aplicando y educación ambiental en acción», afirmó.
En cuanto a las tortugas marinas, López resaltó el fortalecimiento de viveros, el respaldo a viveristas y las liberaciones públicas con comunidades y turistas. Asimismo, informó que gracias a patrullajes conjuntos entre la Policía Nacional Civil, guardarrecursos, voluntarios comunitarios y la Marina Nacional, se ha logrado una articulación interinstitucional sostenida.
Uno de los hitos más relevantes fue el registro de nacimientos de tortuga baula, especie en peligro crítico de extinción, un hecho que no se reportaba en El Salvador desde hace más de una década. «Este resultado no es casualidad; es reflejo del trabajo técnico, la vigilancia constante y el compromiso sostenido», afirmó.
Solo en el Complejo Los Cóbanos, a través de tres corrales de incubación del Ministerio, se han incubado más de 450 nidos y protegido más de 38,000 huevos durante la temporada 2025–2026. Estas acciones se complementan con esfuerzos a lo largo de toda la costa, mediante permisos de conservación, recolección controlada de huevos, traslado a viveros y marcaje de hembras anidantes para generar información científica.
«Misión Océano no es un proyecto aislado. Es una visión de país», concluyó el ministro, al asegurar que el Gobierno de El Salvador continuará demostrando que «cuando actuamos con decisión, la conservación es posible».
Por orden del Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, La Paz Centro, el guatemalteco Eduardo Morales Fajardo y el salvadoreño Ubaldo Reyes Juárez quedaron en detención provisional por el delito de tráfico ilícito de droga. Ambos fueron intervenidos el pasado 14 de enero por la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), con un cargamento de 375 kilos de cocaína, en la bocana del Río Jiboa, en La Paz.
Según la investigación judicial, el valor de la droga en el mercado es de aproximadamente $9,427,500. Como parte de las diligencias, el juzgado ordenó que la cocaína sea destruida el próximo viernes 30 de enero.
Mientras tanto el proceso penal pasará a conocimiento del Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa, en el municipio de La Paz Oeste.
Los imputados fueron detenidos a mediados de enero, en una embarcación que provenía de Nicaragua e iba hacia Guatemala. Además de la droga, la Policía les decomisó dos celulares y un sistema de posicionamiento global (GPS). «Nuestra Muralla del Pacífico es cada vez más sólida y cada operación es un mensaje claro a las estructuras criminales: este país no será plataforma del crimen organizado», expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, tras la captura.
Principal
La ASA firma acuerdo con Universidad Zamorano para fortalecer la gestión de los recursos hídricos
La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano firmaron un memorándum de entendimiento que establece una alianza estratégica orientada a fortalecer la gestión integral de los recursos hídricos en El Salvador, a través de la formación académica, la investigación científica y la cooperación técnica.
Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones entre ambas instituciones que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas en el sector hídrico, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Entre las principales acciones incluye pasantías para estudiantes, programas de capacitación y formación continua, proyectos de investigación aplicada y actividades académicas vinculadas a la gestión sostenible del agua.
Asimismo, el convenio facilitará la participación de estudiantes, docentes y graduados de Zamorano en iniciativas impulsadas por la ASA, lo cual fortalece el vínculo entre la academia y la gestión pública del recurso hídrico.
«Con esta alianza, la ASA reafirma su compromiso de promover la innovación, el desarrollo de talento humano especializado y la generación de conocimiento técnico que contribuya a una gestión eficiente, sostenible y responsable del agua en beneficio del país», detalló.
