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Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN
Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992.
Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.
Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época.
«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.
En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal.
El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador.
«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva.
La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder.
En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado.
Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia.
La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.
La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.
Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.
Por: Diario El Salvador
En un trabajo conjunto y con el objetivo de reducir riesgos durante las lluvias de la venidera temporada, maquinaria de la alcaldía de Santa Ana Centro y habitantes de la comunidad San Luis, en el cantón Planes del Ranchador, iniciaron los trabajos construcción de un puente peatonal sobre una quebrada que pasa por la zona.
El nuevo paso peatonal garantizará la seguridad para los habitantes de la comunidad, principalmente durante la temporada de lluvias, donde la quebrada se vuelve un riesgo ante la cantidad de agua lluvias que baja, que la ha colocado como zona de riesgo por inundaciones.
Para la ejecución de este proyecto, la alcaldía ha puesto la maquinaria y cemento, mientras que la comunidad se encuentra poniendo la mano de obra y el resto de los materiales.
El alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, dijo que estas acciones forman parte de los planes de mitigación de riesgos que se ejecutan en diferentes comunidades del municipio, principalmente en aquellas de mayor vulnerabilidad.
«En la lotificación San Luis, cantón El Ranchador, apoyamos con maquinaria en la construcción de un puente peatonal, una obra que brindará mayor seguridad y mejores accesos a las familias de la zona, que además ayudará a mitigar riesgos en esta comunidad», dijo el jefe municipal.
El nuevo puente peatonal no solo beneficiará a las familias de la lotificación San Luis, ya que también las familias de las colonias Los Mangos y Valle del Ranchador, que pasan por la zona, y también tienen conexión para la zona verde y canchas de fútbol del cantón.
Jóvenes de todas las comunidades de la zona oriental y paracentral del país, se concentraron este domingo en San Miguel, para participar de una jornada de la Generación que Florece, quienes ahora son becados por la Dirección de Integración del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Durante el evento realizado en el gimnasio de Fusalmo en la ciudad migueleña, también se le dió la bienvenida a 7,000 becados para distintas carreras en diferentes universidades de la zona oriental del país, quienes ya están haciendo realidad su sueño de prepararse profesionalmente.
«La gran mayoría de los jóvenes estaban ansiosos de tener una oportunidad como esta, porque no la tuvieron nunca, siempre con un viejo sistema arcaico y mediocre, de brindar becas a quienes sacaban altísimas notas o que podían ingresar a la -Universidad- Nacional o que los papás podían pagar sus estudios. Solamente del 1 al 3% ingresaban a las universidades», dijo Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración.
Durante la jornada, los becados participaron en dinámicas, concursos, así como también se proyectaron testimonios del impacto que ha causado este programa de becas en muchos jóvenes que hace un poco más de un año, no sabían que les deparaba el futuro en materia profesional, pero que ahora ya están estudiando una carrera en la universidad.
En este evento, el presidente de la Dirección de Integración anunció que se está haciendo la gestión de un préstamo por $300 millones con el Banco Interamericana de Desarrollo (BID) para darle solidez al programa durante los próximos 10 años.
«Queremos que todos los chicos estudien algo en las universidades, en las escuelas técnicas o cursos vocacionales. Ver plasmada esta realidad es tremendamente importante y ver este cambio y transformación que otros en el mundo entienden, y se hizo con la participación del pueblo que es lo más difícil de lograr», remarcó Gutman.
En esta bienvenida, se animó a los jóvenes becados para enfrentar sus estudios con la mejor actitud y carácter para no desmayar en el proceso de formación profesional. Además, se les brindó nuevos lineamientos, en el sentido que cada becado deberá llevar a cabo tres proyectos sociales por semestre con la finalidad de vincular a los nuevos profesionales con las realidades de las comunidades.
En el evento se resaltó la participación de jóvenes becados provenientes de las islas Zacatillo y Meanguera del Golfo, en La Unión; así como de la isla La Pirraya, en Usulután, cuyas comunidades están alejadas de las ciudades, y de dónde, en el pasado ha imposible que un bachiller continuará su formación universitaria.
En horas de la noche del sábado agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de Mario Humberto Gómez Escobar, alias Saylin, gatillero de la MS-13. El pandillero fue arrestado en Ayutuxtepeque, San Salvador Centro.
Las autoridades indicaron que Gómez Escobar posee orden de captura por los delitos de homicidio agravado en perjuicio de 7 víctimas, agrupaciones ilícitas, homicidio agravado imperfecto y utilización u ocupación ilegal de inmueble.
La policía además agregó que el peligroso gatillero «será remitido al juzgado que lo requiere».
