Nacionales
Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN
Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992.
Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.
Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época.
«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.
En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal.
El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador.
«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva.
La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder.
En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado.
Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia.
La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.
La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.
Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.
Por: Diario El Salvador
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Diálogo constante y cooperación más dinámica entre el Gobierno Salvadoreño y el Parlamento Europeo
Continuando con su misión oficial en el Parlamento Europeo, el Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la Vicepresidenta de la Delegación del Parlamento Europeo en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (DLAT), Leire Pajín.
Durante el diálogo, el Vicepresidente Ulloa expuso los avances impulsados por El Salvador en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), así como su compromiso activo en espacios multilaterales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). De la misma forma, abordó el trabajo conjunto en materia de seguridad y cohesión social como ejes fundamentales para la estabilidad democrática, el desarrollo social y económico
Ambas autoridades coincidieron en la importancia de robustecer la relación birregional entre la Unión Europea y América Latina, subrayando la necesidad de consolidar canales de intercambio político de alto nivel que contribuyan a una cooperación más dinámica y estratégica.
El Vicemandatario salvadoreño trasladó a la Vicepresidenta Parlamentaria una invitación para participar en la conferencia “Estado y Democracia”, que se celebrará en El Salvador en noviembre de 2026, como un espacio de reflexión e intercambio sobre gobernanza, institucionalidad y cooperación internacional. Por su parte, la eurodiputada reiteró mantener un diálogo activo dentro del Parlamento Europeo, particularmente desde la DLAT, como plataforma clave para profundizar la cooperación política entre ambas regiones.
El encuentro reafirma la voluntad compartida de consolidar una agenda entre ambas regiones basada en el diálogo, la seguridad y el fortalecimiento institucional.
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la Presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países de Centroamérica (DCAM), Diana Riba Giner, para abordar la importancia de la relación birregional entre Centroamérica y la Unión Europea.
El Vicepresidente Ulloa reiteró el interés de El Salvador de mantener un diálogo activo y constructivo con la delegación parlamentaria, compartiendo los avances del país en materia de seguridad y la visión de transformación de El Salvador hacia el milagro del desarrollo económico.
Por su parte, la Eurodiputada, Diana Riba Giner, subrayó la relevancia de fortalecer la diplomacia parlamentaria en temas vinculados a la seguridad ciudadana, paz y derechos humanos, particularmente en el marco del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, como instrumento estratégico para profundizar la cooperación birregional.
El encuentro reafirma la voluntad de ambas partes de consolidar canales de diálogo político permanente, en beneficio de una agenda común basada en la estabilidad, el desarrollo y el respeto institucional.
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«Vamos avanzando conforme a lo planificado»: Karla Trigueros sobre entrega de paquetes escolares
La ministra de Educación, Karla Trigueros, informó esta mañana en la entrevista de Frente a Frente que el Gobierno avanza conforme a lo planificado en la entrega de paquetes escolares en más de 5,000 centros educativos públicos del país.
Según detalló, actualmente se ejecuta el proceso en cientos de escuelas a escala nacional, con base en un censo que abarca 5,200 instituciones.
La funcionaria explicó que el trabajo se desarrolla de manera coordinada junto a directores, docentes y padres de familia, a quienes reconoció por su compromiso durante la distribución.
«Realmente estamos avanzando, estamos dándole cumplimiento al mandato del presidente Nayib Bukele de llevar los paquetes escolares a todos nuestros estudiantes a nivel nacional», afirmó la ministra, al indicar que la entrega se mantiene dentro de los porcentajes previstos.
Trigueros también destacó que la matrícula en el sistema público permanece abierta hasta marzo, por lo que se continuará gestionando la entrega de insumos para quienes se inscriban en las próximas semanas, incluyendo estudiantes de modalidad flexible, personas adultas y alumnos con discapacidad visual.
La ministra señaló que el Gobierno trabaja en la transformación educativa del país, incluyendo gestiones interinstitucionales para ampliar el acceso a internet en los 5,200 centros escolares.
