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Nacionales

Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN

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Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992. 

Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.  

Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época. 

«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.  

En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal. 

El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador. 

«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva. 

La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.  

A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder. 

En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado. 

Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia. 

La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.

La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña. 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.

Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.

Por: Diario El Salvador

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Industrias Plásticas se incorpora al Consejo Industrial de la ASI

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Industrias Plásticas S.A. de C.V. (IPSA) se incorporó como nuevo miembro del Consejo Industrial de El Salvador de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), como parte de la consolidación de una industria cada vez más unida, sólida y orientada al desarrollo de El Salvador.

La adhesión de IPSA fortalece la institucionalidad del Consejo Industrial, cuya agenda estratégica, enfoque técnico y capacidad de incidencia continúan atrayendo a empresas líderes comprometidas con la competitividad, la innovación y el crecimiento sostenible de El Salvador.

Con más de 67 años de trayectoria, IPSA es una empresa salvadoreña referente en la fabricación de empaques plásticos flexibles y soluciones de empaque para alimentos, reconocida por su enfoque en calidad, innovación y sostenibilidad. Su incorporación aporta experiencia en procesos industriales, gestión ambiental, economía circular y desarrollo de cadenas de valor, elementos clave para la consolidación de una industria moderna y responsable.

La firma de la declaración de principios del Consejo Industrial representa para IPSA un paso firme para convertir el compromiso en acción, sumando capacidades con otros actores del sector para impulsar una agenda industrial que genere inversión, empleo, competitividad y bienestar para el país.

«Con esta nueva incorporación, el Consejo Industrial reafirma su carácter multisectorial y su misión de ser una plataforma efectiva de articulación entre empresas, gremiales e instituciones, orientada a incidir en políticas públicas y a construir condiciones favorables para el desarrollo productivo de El Salvador», explicó la entidad a través de un comunicado.

Por otra parte, afirmó que El Salvador necesita una industria fuerte, unida y visionaria, por lo que IPSA se suma al esfuerzo colectivo con la convicción de contribuir activamente a un futuro más competitivo, sostenible y próspero para el país.

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El Salvador emite advertencia por fuertes vientos y restringe acceso al cráter del volcán de Santa Ana

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Ráfagas de hasta 61 km/h obligan a extremar precauciones en todo el país y podrían impedir el acceso al cráter del volcán de Santa Ana durante recorridos turísticos.

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador advirtió este martes sobre la presencia de vientos fuertes en el territorio nacional, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 72 horas de impacto, y alertó que las visitas al volcán de Santa Ana podrían no llegar hasta el cráter por razones de seguridad.

Según la institución, las condiciones atmosféricas, asociadas a vientos del norte, incrementan el riesgo de caída de árboles y vallas publicitarias en las próximas 24, 48 y 72 horas, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

En el caso del volcán de Santa Ana, uno de los destinos turísticos más visitados del país, el Ministerio señaló que, debido a los vientos intensos, existe la posibilidad de que los recorridos sean limitados y no alcancen el cráter. «Esta medida se aplicará por seguridad de los visitantes», indicó, al tiempo que pidió acatar las indicaciones del personal de guardarecursos en el lugar.

El Observatorio Ambiental informó que, en las últimas horas, se han registrado ráfagas máximas de hasta 61.1 kilómetros por hora en Apaneca, departamento de Ahuachapán. Otras localidades también reportaron velocidades elevadas, superiores a los 40 km/h, especialmente en áreas altas y expuestas.

Las autoridades reiteraron que el pronóstico está basado en impactos y que los vientos pueden generar incidentes como la caída de árboles u objetos inestables, por lo que recomendaron tomar precauciones, en especial a quienes planean actividades al aire libre o visitas a zonas naturales.

«Por tu seguridad, consulta previamente las condiciones del tiempo y sigue las recomendaciones», señaló el Ministerio, al subrayar que la prevención es clave para reducir riesgos mientras persista este episodio de vientos fuertes.

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El Salvador refuerza la protección marina con el cuarto año de Misión Océano

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El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador inició el cuarto año consecutivo de Misión Océano, una estrategia permanente de protección, restauración y gestión responsable de los ecosistemas marinos, que articula acciones desde la cordillera hasta la costa.

Durante una actividad en el Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, subrayó el valor ecológico, social y económico de este sitio, reconocido como el octavo humedal de importancia internacional Ramsar del país. «Estamos en uno de los tesoros naturales más valiosos de nuestro país, no solo por su belleza, sino por su enorme importancia ecológica, social y económica que Los Cóbanos tiene para El Salvador», afirmó.

El funcionario destacó que este ecosistema, de origen volcánico, alberga arrecifes coralinos y sistemas costero-marinos clave que funcionan como refugio, zona de reproducción y alimentación para especies emblemáticas como tortugas marinas, cetáceos y una amplia diversidad de peces. «Proteger Los Cóbanos es proteger la biodiversidad, el sustento de las comunidades, la economía local y el patrimonio natural», sostuvo.

López enfatizó que Misión Océano trasciende el discurso y se enfoca en la acción directa, enmarcada en la Política Nacional de Educación Ambiental. «No estamos aquí para hablar de educación ambiental, estamos aquí para ejercerla», dijo, al señalar que la premisa central es «pasar del papel a la acción».

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, el ministro explicó que, por cuarto año consecutivo, esta conmemoración en El Salvador se traduce en intervenciones concretas. «Eso es lo que refleja Misión Océano», señaló, al definirla como una estrategia del Ministerio para proteger la biodiversidad marina y fortalecer las economías locales.

Entre los principales resultados, destacó el retiro de redes fantasma, limpiezas de playas con voluntarios, fortalecimiento de la vigilancia costera y acciones que han generado condiciones más seguras para especies como la ballena jorobada y las tortugas marinas. También mencionó la capacitación a emprendedores costeros para reducir plásticos de un solo uso y mejorar la separación de residuos, impulsando prácticas sostenibles.

Desde el Programa Nacional de Conservación de Cetáceos, el Ministerio capacitó a guías comunitarios, elaboró el primer Plan de Acción para la Atención de Varamientos y desarrolló una guía de buenas prácticas para el avistamiento responsable. «No son iniciativas aisladas: son reglas claras, conocimientos que se están aplicando y educación ambiental en acción», afirmó.

En cuanto a las tortugas marinas, López resaltó el fortalecimiento de viveros, el respaldo a viveristas y las liberaciones públicas con comunidades y turistas. Asimismo, informó que gracias a patrullajes conjuntos entre la Policía Nacional Civil, guardarrecursos, voluntarios comunitarios y la Marina Nacional, se ha logrado una articulación interinstitucional sostenida.

Uno de los hitos más relevantes fue el registro de nacimientos de tortuga baula, especie en peligro crítico de extinción, un hecho que no se reportaba en El Salvador desde hace más de una década. «Este resultado no es casualidad; es reflejo del trabajo técnico, la vigilancia constante y el compromiso sostenido», afirmó.

Solo en el Complejo Los Cóbanos, a través de tres corrales de incubación del Ministerio, se han incubado más de 450 nidos y protegido más de 38,000 huevos durante la temporada 2025–2026. Estas acciones se complementan con esfuerzos a lo largo de toda la costa, mediante permisos de conservación, recolección controlada de huevos, traslado a viveros y marcaje de hembras anidantes para generar información científica.

«Misión Océano no es un proyecto aislado. Es una visión de país», concluyó el ministro, al asegurar que el Gobierno de El Salvador continuará demostrando que «cuando actuamos con decisión, la conservación es posible».

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