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Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN
Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992.
Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.
Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época.
«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.
En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal.
El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador.
«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva.
La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder.
En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado.
Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia.
La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.
La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.
Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.
Por: Diario El Salvador
El presidente Nayib Bukele anunció el miércoles que, tras sostener una reunión con Ilan Goldfajn, presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se realizará una inversión de $1,300 millones en cuatro importantes áreas sociales, para el seguimiento del programa Crece.
A través de X, el mandatario indicó: «$1,300 millones más para vivienda, turismo, salud y educación», y acompañó el mensaje con fotos del encuentro con el representante del Grupo BID en Casa Presidencial.
Por su parte, Goldfajn calificó de «muy buena» la reunión con el mandatario salvadoreño, la cual tuvo el objetivo de continuar fortaleciendo las alianzas con el Grupo BID.
«Conversamos sobre los avances de El Salvador Crece, un programa de apoyo al crecimiento de El Salvador a través de @el_BID y @BIDInvest, en sectores como vivienda, turismo, entre otros, y el apoyo del Grupo BID de $1,300 millones al país en 2026», detalló Goldfajn.
El BID ya apoya al país en diferentes proyectos, como el «Programa para la continuidad educativa postsecundaria de los jóvenes estudiantes salvadoreños en situación de vulnerabilidad», que se encuentra en preparación. Este tiene como propósito «mejorar la continuidad educativa postsecundaria (vocacional, técnica y universitaria) de los jóvenes estudiantes salvadoreños en situación de vulnerabilidad, para facilitar su posterior inserción en el mercado laboral formal», explica el banco regional en su sitio web.
También está en etapa de preparación el «Programa de integración académica y comunitaria para jóvenes en El Salvador», cuyo objetivo es «fortalecer las trayectorias de los jóvenes en El Salvador, mejorando la continuidad educativa postsecundaria y facilitando su inserción exitosa y pertinente en el mercado laboral».
Además, el Programa de Apoyo al Sistema de Movilidad Urbana del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) – Segunda Operación. En noviembre de 2025, el BID aprobó un crédito de $195 millones para financiar la modernización del Aeropuerto Internacional de El Salvador (AIES).
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, por unanimidad, la Ley de Creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de especializar a los profesionales de la institución y brindar una mejor atención a la población.
Durante la sesión plenaria ordinaria 97, el diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, dijo que el decreto respectivo «evidencia el compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho al apostar por una Fiscalía más preparada, más técnica y por supuesto más especializada», detalló Navarro.
Agregó que la lucha contra el crimen también depende de las capacidades permanentes y sostenibles de las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
«Antes era frecuente que se cayeran los casos en los juzgados, porque no tenían la fuerza técnica ni la robustez para sustentar la acción penal, y eso se traducía en una falta de ética y compromiso con la justicia», aseveró Navarro.
La nueva ley contempla el desarrollo de una carrera fiscal al especializar al personal en ciencias jurídicas, criminalísticas, forenses, entre otras relacionadas.
Alexia Rivas, diputada de Nuevas Ideas, consideró que al fortalecer la carrera fiscal «se va a permitir el ingreso, el ascenso y la permanencia del personal que ahí labora, porque ahora se tomarán en cuenta méritos, evaluaciones objetivas, así como una capacitación continua».
Durante el estudio de la iniciativa por la comisión de seguridad nacional y justicia, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, explicó que ya existen convenios con instituciones nacionales e internacionales en materia de formación.
Además, proyectan la creación de la primera Maestría en Investigación Criminal de la región centroamericana y del Caribe. El instituto se adscribirá a la FGR y contará con patrimonio propio, que deberá presentarse en el proyecto de presupuesto institucional anual; este año funcionará con fondos destinados al centro de formación, que existe en la Fiscalía, explicó Delgado.
Un nuevo período de vientos nortes mantendrá el descenso de temperaturas hasta el fin de semana, con énfasis noches y madrugadas, así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, más notables en zonas altas de todo el país, especialmente en la zona occidental, e incluso mayores en lugares donde el terreno favorezca un aceleramiento adicional del viento.
Las temperaturas previstas oscilarán entre 5 y 14 °C en zonas altas, de 15 a 19 °C en valles interiores, y de 20 a 23 °C en la costa.
Las tardes serán más frescas, especialmente en zonas altas y con sombra. Debido al vento, el frío se sentirá más intenso.
Por lo que, el MARN recomienda a la población abrigarse bien, cuidar a niños y adultos mayores. Además, mantenerse informado por las fuentes oficiales del ministerio.
En ese sentido, la meteoróloga Sandra Martínez recomendó a la población adoptar las medidas preventivas correspondientes ante la presencia de vientos nortes, debido a la alta probabilidad de creación incendios.
De acuerdo con Martínez, a inicios de la última semana de febrero podría desarrollarse otro vórtice polar, que mantendrá el ambiente fresco.
«A inicios de la cuarta semana de febrero podría desarrollarse otro vórtice polar, manteniendo el ambiente fresco. Las estadísticas indican que en marzo e incluso abril se han registrado frentes fríos. Luego, en la segunda quincena de abril, inicia la transición hacia un período más cálido», dijo en entrevista de Noticiero El Salvador de canal 10.
Estas condiciones mantendrán las mañanas y noches frescas, con días cálidos. El panorama continuará, mientras persista la combinación de altas presiones, vientos nortes y flujo del este, junto al ingreso de brisa marina que favorece el calor diurno.
«Las bajas temperaturas se mantendrán hasta la próxima semana en todo el territorio», enfatizó.
