Nacionales
Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN
Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992.
Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.
Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época.
«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.
En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal.
El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador.
«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva.
La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder.
En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado.
Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia.
La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.
La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.
Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.
Por: Diario El Salvador
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Gobierno entrega escrituras y hace justicia a familias afectadas por estafas en lotificaciones
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El Salvador fortalece sector agrícola y mantiene estable la canasta básica
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Oscar Domínguez, destacó que El Salvador ha experimentado avances firmes en el sector agrícola, reflejados en los resultados del Programa de Aumento a la Producción. Según detalló, durante todo el año 2025 no se registró ningún día de desabastecimiento de frutas, verduras y hortalizas, aun cuando las fronteras con Guatemala y Honduras se cerraron en más de 10 ocasiones.
Domínguez subrayó que, por segundo diciembre consecutivo, los precios de productos como tomate, chile, papa, cebolla y lechuga se mantuvieron estables y por debajo de los registrados en 2023 y años anteriores. Este comportamiento, explicó, responde al incremento en la producción nacional, donde cultivos como la papa, tomate, repollo, chile y pepino lideran el crecimiento, acompañados de otros cinco cultivos estratégicos que siguen la misma tendencia.
El funcionario añadió que hoy existen extensiones productivas de hasta 200 manzanas, así como pequeños productores organizados en áreas de al menos 15 manzanas, gracias a la seguridad brindada por la estrategia del Gabinete de Seguridad del Presidente Nayib Bukele. Finalmente, señaló que la combinación de tecnología, nuevas semillas, experiencia agrícola y trabajo articulado entre el Gobierno y los productores ha permitido posicionar a El Salvador entre los países con menor inflación y la canasta básica más barata de la región, con la meta de alcanzar la excelencia productiva en 2026.
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Más de 1,200 personas de Sesori serán beneficiadas con nuevo sistema de agua potable impulsado por la DOM
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que más de 1,200 habitantes del cantón Las Mesas y comunidades aledañas del distrito de Sesori, en San Miguel Norte, verán transformada su calidad de vida con la construcción de un moderno y funcional sistema de agua potable.
El proyecto busca garantizar que el agua llegue de forma segura, constante y eficiente a cada hogar de la zona. Para ello, se contempla la construcción de tanques de almacenamiento y la instalación de un sistema de bombeo que permitirá captar, impulsar y distribuir el recurso hídrico a las familias beneficiadas.
Como parte de las obras, se instalarán 1.8 kilómetros de tubería galvanizada para bombeo y rebombeo, así como 16.2 kilómetros de red de distribución por gravedad. Esta infraestructura permitirá llevar agua potable a más de 241 hogares, los cuales contarán con su respectivo medidor, fortaleciendo así un servicio ordenado y confiable.
La DOM detalló que el proyecto beneficiará directamente a las familias del cantón Las Mesas y de los caseríos Mundo Nuevo, La Majada, Cerro Blanco, La Chácara, La Calera y Los Castellones, todos ubicados en el distrito de Sesori.
Con esta intervención, la institución reafirma su compromiso de seguir trabajando para mejorar el acceso al agua potable en las comunidades, contribuyendo al bienestar, la salud y el desarrollo integral de las familias de San Miguel Norte.


