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Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN
Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992.
Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.
Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época.
«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.
En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal.
El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador.
«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva.
La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder.
En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado.
Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia.
La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.
La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.
Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.
Por: Diario El Salvador
Un hombre fue encontrado sin vida en las inmediaciones de funerales El Perdón, en el distrito de Mejicanos, según reportes difundidos en redes sociales durante las últimas horas.
De acuerdo con los comentarios de usuarios, el hallazgo ocurrió abajo de la gasolinera Uno, cerca de la fábrica Melher.
En el lugar se habría alertado a las autoridades para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni las causas de la muerte.
Un menor de un año de edad, identificado como Eleazar Matías Rodríguez, falleció la mañana de este día luego de un incidente ocurrido en el cantón El Achiotal, municipio de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz.
De acuerdo con información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 11:00 de la mañana, en el patio de la vivienda donde residía el menor, ubicada cerca del sector conocido como La Bomba. El niño fue localizado en una fosa de desagüe del inmueble.
Autoridades y cuerpos correspondientes atendieron el reporte y realizaron las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del suceso, el cual ha causado consternación entre familiares y habitantes de la zona.
De manera preliminar, se informó que el deceso estaría relacionado con asfixia por inmersión en un resumidero artesanal. El menor fue trasladado de emergencia por su padre, ingresando ya sin signos vitales.
Según información inicial, el caso estaría relacionado con un accidente doméstico; no obstante, las autoridades continúan con el proceso de investigación.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar medidas de seguridad en los hogares, especialmente en espacios donde residan niños, con el fin de prevenir este tipo de tragedias.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Carlos Andrés Martínez Medrano, de 27 años, acusado del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el informe judicial, la captura se registró frente al Reloj de Flores, sobre la avenida Peralta, cuando el imputado mostró una actitud nerviosa ante la presencia de agentes policiales, lo que motivó su intervención.
Durante la requisa, las autoridades localizaron 15 porciones de marihuana ocultas dentro de una cajetilla de cigarrillos, con un peso total de 10.5 gramos, cantidad equivalente a más de 20 cigarrillos, según el reporte oficial.
Tras la audiencia inicial, el juzgado resolvió remitir el caso al Juzgado de Instrucción correspondiente, donde continuará el proceso judicial conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir el tráfico y comercialización de drogas, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana en la capital.
