Nacionales
Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN
Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992.
Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.
Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época.
«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.
En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal.
El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador.
«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva.
La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder.
En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado.
Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia.
La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.
La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.
Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.
Por: Diario El Salvador
Más de 900 colegios privados de todo el país dieron inicio ayer al año escolar 2026, con más de 160,000 estudiantes matriculados.
La Asociación de Colegios Privados de El Salvador (Acpes) inauguró el año escolar con un acto cívico que se llevó a cabo en el Instituto Técnico de Ex Alumnos Salesianos (ITEXSAL), en el que participaron estudiantes y docentes de diferentes centros educativos.
Por ejemplo, participó el pabellón del Colegio Militar «General Tomás Regalado» y el alumno del Colegio León Sigüenza, Isaías Ezequiel, quien estuvo a cargo de dirigir la Oración a la Bandera Salvadoreña.
«Es el inicio de una etapa de funcionamiento de la educación privada con estándares normales de funcionamiento, quiere decir que el 100 % de la educación privada salvadoreña este día ya se encuentra activada en la presencialidad de las clases», expresó el presidente de la Acpes, Javier Hernández.
Explicó que el 52 % de los colegios privados mantiene para este 2026 la misma cantidad de estudiantes de años anteriores y un 23 % registran un incremento en el número de alumnos matriculados para este año comparado con 2025.
Mientras que, el otro 25 % de colegios privados registra una menor cantidad de matrículas, en comparación con 2025, dijo Hernández.
Este año, el Fondo de Conservación Vial (Fovial) invertirá $6 millones para mejorar la señalización vial, la cual garantiza una movilidad segura a los conductores y peatones, así lo indicó el director Alexander Beltrán.
«En tema de prevención, vamos a invertir $6 millones, para mejorar la señalización vial, la pintura, y otras señales que ayudan a ver mejor y que intervienen en la prevención a la hora de conducir», dijo Beltrán.
La señalización vial incluye la colocación de señales reglamentarias como alto, ceda el paso y la velocidad. Así como de señales de prevención en curvas, cruces y pendientes.
Además, la instalación de materiales reflectivos para visibilidad nocturna y señales informativas como destinos, servicios y el kilometraje.
Los trabajos también incluyen la pintura de líneas centrales y laterales, pasos peatonales, flechas direccionales y zonas de no rebase.
Las señales en las carreteras advierten de peligros, regulan la velocidad y ordenan la circulación, lo cual ayuda a reducir los siniestros de tránsito, atropellos y otros incidentes en la vía.
Los equipos del Fovial mejoraron la señalización y la seguridad vial en el bulevar Orden de Malta, en Antiguo Cuscatlán. Mientras que, en la carretera que conduce hacia los Planes de Renderos pintaron pasos peatonales.
«Avanzamos con el proceso de señalización de los kilómetros ya renovados en carretera desde Ilobasco hacia San Isidro, Cabañas», agregó la institución.
El movimiento de carga marítima en el puerto de Acajutla, en Sonsonate, cerró 2025 con un crecimiento importante, demostrando que sigue siendo la principal terminal por donde más se movilizan mercancías en el país.
Las estadísticas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) indican que el crecimiento representó un 11.2 %, resultado de una operación más eficiente y del incremento sostenido en el volumen de carga movilizada tanto en importaciones como en exportaciones.
Además, este crecimiento se refleja en indicadores clave del desempeño operativo del puerto, entre ellos un incremento del 10.7 % en unidades movilizadas, un 12 % más en TEUs (capacidad de carga que tiene un contenedor estándar de 20 pies), así como un aumento del 4.91 % en toneladas métricas de carga contenerizada.
En el componente de importaciones destacó el aumento en el movimiento de insumos estratégicos para la industria y la construcción, como productos de acero, maíz, clinker, trigo y cemento, lo que refleja una dinámica económica activa y una mayor demanda del sector productivo nacional.
Mientras que, en las exportaciones, el puerto de Acajutla mantuvo su rol estratégico como plataforma para la salida de productos nacionales, sobresaliendo principalmente la exportación de azúcar, tanto a granel como en sacos, así como otros productos industriales que fortalecen la presencia de El Salvador en los mercados internacionales.
«Estos resultados son producto de la visión estratégica del Gobierno del presidente Nayib Bukele, orientada a la modernización de la infraestructura logística del país, el fortalecimiento de la eficiencia operativa y la consolidación de los puertos como plataformas clave para el desarrollo económico nacional», indicó CEPA.
Agregó que: «A través de la Unión Portuaria del Pacífico se continúa impulsando una gestión portuaria moderna, segura y competitiva, alineada a los estándares internacionales».
Por otra parte, en conjunto, los resultados de 2025 reflejan una evolución positiva del puerto de Acajutla, con procesos más eficientes, mayor volumen de carga movilizada y un desempeño que reafirma su papel como uno de los principales motores logísticos y comerciales del país, contribuyendo al desarrollo económico y a la competitividad nacional.
