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2024 marca récord histórico en decomiso de drogas bajo la administración de Bukele
Las 15.5 toneladas de diferentes tipos de drogas incautadas entre el 1.° de enero y el 24 de noviembre perfilan a 2024 como el año en el que más narcóticos ha incautado el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde su primera administración, iniciada en junio de 2019.
El valor de lo decomisado en lo que va de este año, en el mercado de los estupefacientes, asciende a $391.8 millones, de acuerdo con los datos oficiales.
Las confiscaciones de drogas han ido en aumento desde junio de 2019 como resultado de la implementación del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad con la que la actual administración combate a las estructuras terroristas y a los grupos de narcotráfico que pretenden utilizar el territorio marítimo para transportar los diversos estupefacientes.
Los datos del Gabinete de Seguridad dan cuenta de que en el Gobierno del presidente Bukele se han decomisado 47.7 toneladas de diferentes tipos de drogas valuadas en $1,093 millones. Para el caso: en 2019 se incautaron 785 kg de diferentes drogas; en 2020 fueron 2,939 kg (2.9 toneladas); en 2021, 11,827 kg (11.8 toneladas); en 2022 fueron 13,000 kg (13 toneladas).
«Este es el mejor año, el año más eficiente que hemos tenido. Y lo bueno es que hay resultados positivos, y esa es la razón por la cual llama la atención a escala internacional lo que nosotros hacemos», destacó recientemente el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy.
El titular de la Defensa manifestó que, en estos últimos cinco años, El Salvador ha demostrado que está dispuesto a evitar que se usen los mares para esos fines ilícitos.
«Porque estas son amenazas transnacionales, otros las llaman amenazas emergentes, afectan a toda la comunidad internacional, por eso se llama así, transnacionales, y El Salvador es un actor muy importante en ese contexto», dijo Merino Monroy.
El vicealmirante agregó que los golpes al narcotráfico reafirman la eficiencia de las políticas de seguridad del presidente Bukele, ya que no solamente se evidencian en la reducción de los homicidios, sino también de otros delitos que en este caso también afectan a la comunidad internacional.
«No nos van a detener. Por más inquietos que se pongan en el océano Pacífico, sepan que nuestra Marina Nacional, bajo el mando del ministro de la Defensa, está muchísimo más inquieta para someterlos y destruirles ese veneno con el que matan sociedades», reiteró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Incautaciones, en aumento
Las cifras del Gabinete de Seguridad detallan que en 2019 se decomisaron 766.55 kg de marihuana, 12,33 de cocaína, 5.98 de crac y 0.1 de metanfetamina. En 2020, el total de marihuana incautada fue de 1,063.69 kg; 1,868. 42 de cocaína; de crac fueron 7.2; de éxtasis, 1.71, y 4 de metanfetaminas.
En 2021, las autoridades reportaron la confiscación de 921.85 kg de marihuana; 10,900.76 de cocaína; 3.2 de crac; 0.03 de heroína; 0.45 de éxtasis, y 1.19 de metanfetamina. En 2022, el total de marihuana decomisada fue de 982,84 kg; cocaína, 12,016.63; crac, 7.02, y metanfetaminas, 7.12. Mientras que en 2023 las incautaciones de marihuana ascendieron a los 466.68 kg; 3,183.10 fueron de cocaína; 2.63 de crac; 0.11 de éxtasis; de metanfetaminas, 1.42, y 998 miligramos de fentanilo.
El año pasado fue la primera vez, según los registros, que se incautó fentanilo, desde 2019 hasta la fecha.
Grandes incautaciones
Uno de los últimos decomisos ocurrió el 24 de noviembre. La Marina Nacional interceptó una embarcación con tres tripulantes colombianos que transportaban dos toneladas de cocaína valuadas en $50 millones. Horas antes, los efectivos militares habían confiscado 762 kg de cocaína valorados en $19 millones.
El procedimiento se efectuó a 770 millas náuticas (1,426 km) al suroeste de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque.
Mientras que el 17 de octubre el presidente Bukele informó que la Fuerza de Tarea Naval Tridente localizó una embarcación ecuatoriana con 1,551 kg de cocaína valuada en $28 millones. La incautación se efectuó a 1,704 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en Jaltepeque. El Salvador tiene 200 millas náuticas, equivalentes a 370.4 kilómetros, en adelante son aguas internacionales, y es donde se han hecho las mayores confiscaciones de cocaína y armas.
El pasado 16 de agosto, el jefe de Estado también reveló una incautación de 1,200 kg de cocaína localizada en dos embarcaciones provenientes de Ecuador. Días antes, el 4 de agosto, también fueron localizados ocho extranjeros —dos ecuatorianos y seis mexicanos— que se disponían a hacer una transacción de 1,550 kg cocaína en el océano Pacífico, a 450 millas náuticas al suroeste de las costas salvadoreñas.
Mientras que el 9 de julio fueron interceptados tres ecuatorianos con 760 kg de droga valuada en al menos $19 millones, a 610 millas náuticas de las costas salvadoreñas. Los tres detenidos fueron William Antonio Castro, de 57 años; Darío Romero, de 36 años, y Ángel Jorge Castro, de 30 años.
En tanto, el 24 de junio, los Tridentes detectaron a un colombiano y dos ecuatorianos que transportaban dos toneladas de cocaína valuada en $50 millones. Los extranjeros iban en un semisumergible que fue detectado a 630 millas náuticas de las costas salvadoreñas, específicamente al suroeste de la bocana El Cordoncillo, del estero Jaltepeque.
El pasado 4 de junio, Bukele informó sobre la incautación de una tonelada de cocaína con un valor de $25 millones a 805 millas náuticas de la bocana El Cordoncillo, con tres ecuatorianos a bordo. Además, el 24 de mayo, la Marina Nacional incautó 1.4 toneladas de cocaína valorada en $35 millones con dos ecuatorianos a bordo, a 882 millas náuticas.
Mientras que el pasado 19 de mayo capturaron a tres extranjeros con 1.3 toneladas de cocaína valuada en $32.5 millones, a 880 millas náuticas.
Con una inversión de 3 millones de dólares, 82 familias que habitaban en zonas de alto riesgo recibieron las llaves de su nuevo hogar gracias al Programa de Reasentamiento que lidera el Ministerio de Vivienda.
«Este proyecto ha costado $3 millones, los fondos incluyen urbanización, materiales para viviendas y todo para que la comunidad tenga condiciones dignas y seguras», dijo la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
Las casas forman parte del Proyecto Habitacional 10 de Mayo, ubicado en la comunidad 10 de Mayo, en el cantón Llano de La Laguna, distrito de Ahuachapán, Ahuachapán Centro.
El proyecto incluye obras de urbanización, así como los servicios básicos. Las viviendas cuentan con dos dormitorios, comedor, cocina, sala y baño.
«Este proyecto es parte del Programa de Reasentamiento, con el que buscamos proteger a miles de salvadoreños que, históricamente, han vivido en zonas de alto riesgo. Con esta iniciativa, a escala nacional, se han invertido y ejecutado $56 millones», añadió Sol.
Las familias beneficiadas formaron parte del proceso de construcción bajo la modalidad de ayuda mutua.
«Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por recibir nuestras llaves. Son muchos sentimientos encontrados porque es el patrimonio de nuestros hijos. Fuimos trabajando todos de la mano; soy madre soltera, estoy muy feliz y agradecida con el presidente Nayib Bukele», expresó Ruth Serrano, beneficiada con el proyecto habitacional.
Recientemente, el Gobierno de El Salvador, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, realizó el acto de certificación de electricistas de 4. ° categoría de 25 salvadoreños retornados.
El evento fue presidido por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, quien remarcó que con este tipo de apuestas generan oportunidades de fortalecimiento de capacidades e inclusión, enfocadas en la reintegración económica y social de las personas migrantes retornadas.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Nathaly Godínez, entrega su certificado a uno de los salvadoreños retornados beneficiados con dicho programa. Foto: Cancillería de El Salvador
Este tipo de proyecto se encuentra enmarcado en el Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas, que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele, informó Cancillería en su sitio web.
«Desde el “Proyecto para la protección a población en movilidad”, impulsado por la Cancillería, se cuenta con una visión centrada en los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible. Por ello, la reintegración económica de las personas retornadas requiere trabajo articulado entre instituciones públicas, cooperación internacional, academia y gobiernos locales», aseguró Godínez.
Parte de los capacitados en electricidad. Foto: Cancillería de El Salvador
Asimismo, subrayó que, además de las competencias técnicas, se fortalecieron habilidades blandas en cada uno de los participantes (como el desarrollo integral, la confianza y la resiliencia).
En tanto, la jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros, recordó que la reintegración no ocurre de manera inmediata ni depende de una sola institución, sino que requiere articulación interinstitucional, acompañamiento continuo y oportunidades que permitan a las personas fortalecer sus capacidades y construir nuevas perspectivas para su desarrollo laboral.
La jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en El Salvador, Ana Medeiros. Foto: Cancillería de El Salvador
A su vez, Medeiros, señaló que los participantes fueron beneficiados con jornadas de atención psicosocial, con las que se pretende reforzar capacidades profesionales, sociales y personales.
La Universidad Don Bosco estuvo a cargo de capacitar y certificar a los participantes, aseguró la cancillería.
América Latina y el Caribe encadenaron en 2025 desastres climáticos y olas de calor sofocaron a sus poblaciones, pero la región es incapaz de contabilizar las muertes causadas por esas temperaturas extremas, alertó un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El documento «El estado del clima en América Latina y el Caribe 2025», presentado este lunes en Brasilia, registra un año de récords en casi todos los frentes.
Lluvias torrenciales, con inundaciones y deslizamientos de tierra, golpearon varios países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.
El huracán Melissa devastó Jamaica, con pérdidas de más del 40 % de su PIB.
El 85 % del territorio mexicano fue golpeado por una sequía, mientras los glaciares andinos, de cuya agua dependen unas 90 millones de personas, aceleraron su deshielo.
El informe destaca las recurrentes e intensas olas de calor que asolaron gran parte de América del Norte, Central y del Sur, con temperaturas por encima de los 45 ºC en varios puntos.
El documento apunta que el calor extremo implica «una carga creciente para la salud pública».
Pero la mayoría de los países no publica de forma sistemática datos sobre los fallecimientos por calor, y los impactos suelen deducirse a partir del análisis del exceso de mortalidad.
El organismo calcula que en América Latina mueren alrededor de 13,000 personas al año por causas atribuibles al calor, según un promedio de 17 países entre 2012 y 2021. Pero advierte que esa cifra es, casi con certeza, una subestimación.
«A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable solo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud», alerta la OMM.
Existe «una necesidad imperiosa de integrar las alertas meteorológicas tempranas con los sistemas de activación de la salud pública», señala la OMM en un comunicado.
Brasil ilustra tanto la magnitud del problema como sus límites. El Instituto Nacional de Meteorología del país registró siete olas de calor a lo largo de 2025.
En febrero, Rio de Janeiro alcanzó 44 ºC y Sao Paulo batió en diciembre su récord histórico con 37.2 ºC en 64 años de mediciones.
Las escuelas retrasaron su regreso a clases, hubo gente que buscó alivio en playas y en los «refugios climáticos» habilitados por las autoridades municipales.
Pero las muertes directamente atribuidas al calor en ese período siguen siendo, en gran parte, invisibles en las estadísticas oficiales.
La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, dijo que el informe «es un llamado a la acción».
«Nos insta a fortalecer las observaciones, invertir en servicios, subsanar las deficiencias en los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a quienes más la necesitan», afirmó la funcionaria en un comunicado.
El Plan de Acción en Salud de Belém, aprobado en la COP30 de la ONU en noviembre, establece una hoja de ruta para adaptar los sistemas de salud a la crisis climática, recuerda la OMM, que llama en su informe a aplicarla.
