Nacionales
2024 marca récord histórico en decomiso de drogas bajo la administración de Bukele
Las 15.5 toneladas de diferentes tipos de drogas incautadas entre el 1.° de enero y el 24 de noviembre perfilan a 2024 como el año en el que más narcóticos ha incautado el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde su primera administración, iniciada en junio de 2019.
El valor de lo decomisado en lo que va de este año, en el mercado de los estupefacientes, asciende a $391.8 millones, de acuerdo con los datos oficiales.
Las confiscaciones de drogas han ido en aumento desde junio de 2019 como resultado de la implementación del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad con la que la actual administración combate a las estructuras terroristas y a los grupos de narcotráfico que pretenden utilizar el territorio marítimo para transportar los diversos estupefacientes.
Los datos del Gabinete de Seguridad dan cuenta de que en el Gobierno del presidente Bukele se han decomisado 47.7 toneladas de diferentes tipos de drogas valuadas en $1,093 millones. Para el caso: en 2019 se incautaron 785 kg de diferentes drogas; en 2020 fueron 2,939 kg (2.9 toneladas); en 2021, 11,827 kg (11.8 toneladas); en 2022 fueron 13,000 kg (13 toneladas).
«Este es el mejor año, el año más eficiente que hemos tenido. Y lo bueno es que hay resultados positivos, y esa es la razón por la cual llama la atención a escala internacional lo que nosotros hacemos», destacó recientemente el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy.
El titular de la Defensa manifestó que, en estos últimos cinco años, El Salvador ha demostrado que está dispuesto a evitar que se usen los mares para esos fines ilícitos.
«Porque estas son amenazas transnacionales, otros las llaman amenazas emergentes, afectan a toda la comunidad internacional, por eso se llama así, transnacionales, y El Salvador es un actor muy importante en ese contexto», dijo Merino Monroy.
El vicealmirante agregó que los golpes al narcotráfico reafirman la eficiencia de las políticas de seguridad del presidente Bukele, ya que no solamente se evidencian en la reducción de los homicidios, sino también de otros delitos que en este caso también afectan a la comunidad internacional.
«No nos van a detener. Por más inquietos que se pongan en el océano Pacífico, sepan que nuestra Marina Nacional, bajo el mando del ministro de la Defensa, está muchísimo más inquieta para someterlos y destruirles ese veneno con el que matan sociedades», reiteró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Incautaciones, en aumento
Las cifras del Gabinete de Seguridad detallan que en 2019 se decomisaron 766.55 kg de marihuana, 12,33 de cocaína, 5.98 de crac y 0.1 de metanfetamina. En 2020, el total de marihuana incautada fue de 1,063.69 kg; 1,868. 42 de cocaína; de crac fueron 7.2; de éxtasis, 1.71, y 4 de metanfetaminas.
En 2021, las autoridades reportaron la confiscación de 921.85 kg de marihuana; 10,900.76 de cocaína; 3.2 de crac; 0.03 de heroína; 0.45 de éxtasis, y 1.19 de metanfetamina. En 2022, el total de marihuana decomisada fue de 982,84 kg; cocaína, 12,016.63; crac, 7.02, y metanfetaminas, 7.12. Mientras que en 2023 las incautaciones de marihuana ascendieron a los 466.68 kg; 3,183.10 fueron de cocaína; 2.63 de crac; 0.11 de éxtasis; de metanfetaminas, 1.42, y 998 miligramos de fentanilo.
El año pasado fue la primera vez, según los registros, que se incautó fentanilo, desde 2019 hasta la fecha.
Grandes incautaciones
Uno de los últimos decomisos ocurrió el 24 de noviembre. La Marina Nacional interceptó una embarcación con tres tripulantes colombianos que transportaban dos toneladas de cocaína valuadas en $50 millones. Horas antes, los efectivos militares habían confiscado 762 kg de cocaína valorados en $19 millones.
El procedimiento se efectuó a 770 millas náuticas (1,426 km) al suroeste de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque.
Mientras que el 17 de octubre el presidente Bukele informó que la Fuerza de Tarea Naval Tridente localizó una embarcación ecuatoriana con 1,551 kg de cocaína valuada en $28 millones. La incautación se efectuó a 1,704 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en Jaltepeque. El Salvador tiene 200 millas náuticas, equivalentes a 370.4 kilómetros, en adelante son aguas internacionales, y es donde se han hecho las mayores confiscaciones de cocaína y armas.
El pasado 16 de agosto, el jefe de Estado también reveló una incautación de 1,200 kg de cocaína localizada en dos embarcaciones provenientes de Ecuador. Días antes, el 4 de agosto, también fueron localizados ocho extranjeros —dos ecuatorianos y seis mexicanos— que se disponían a hacer una transacción de 1,550 kg cocaína en el océano Pacífico, a 450 millas náuticas al suroeste de las costas salvadoreñas.
Mientras que el 9 de julio fueron interceptados tres ecuatorianos con 760 kg de droga valuada en al menos $19 millones, a 610 millas náuticas de las costas salvadoreñas. Los tres detenidos fueron William Antonio Castro, de 57 años; Darío Romero, de 36 años, y Ángel Jorge Castro, de 30 años.
En tanto, el 24 de junio, los Tridentes detectaron a un colombiano y dos ecuatorianos que transportaban dos toneladas de cocaína valuada en $50 millones. Los extranjeros iban en un semisumergible que fue detectado a 630 millas náuticas de las costas salvadoreñas, específicamente al suroeste de la bocana El Cordoncillo, del estero Jaltepeque.
El pasado 4 de junio, Bukele informó sobre la incautación de una tonelada de cocaína con un valor de $25 millones a 805 millas náuticas de la bocana El Cordoncillo, con tres ecuatorianos a bordo. Además, el 24 de mayo, la Marina Nacional incautó 1.4 toneladas de cocaína valorada en $35 millones con dos ecuatorianos a bordo, a 882 millas náuticas.
Mientras que el pasado 19 de mayo capturaron a tres extranjeros con 1.3 toneladas de cocaína valuada en $32.5 millones, a 880 millas náuticas.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
