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2024 marca récord histórico en decomiso de drogas bajo la administración de Bukele
Las 15.5 toneladas de diferentes tipos de drogas incautadas entre el 1.° de enero y el 24 de noviembre perfilan a 2024 como el año en el que más narcóticos ha incautado el Gobierno del presidente Nayib Bukele desde su primera administración, iniciada en junio de 2019.
El valor de lo decomisado en lo que va de este año, en el mercado de los estupefacientes, asciende a $391.8 millones, de acuerdo con los datos oficiales.
Las confiscaciones de drogas han ido en aumento desde junio de 2019 como resultado de la implementación del Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad con la que la actual administración combate a las estructuras terroristas y a los grupos de narcotráfico que pretenden utilizar el territorio marítimo para transportar los diversos estupefacientes.
Los datos del Gabinete de Seguridad dan cuenta de que en el Gobierno del presidente Bukele se han decomisado 47.7 toneladas de diferentes tipos de drogas valuadas en $1,093 millones. Para el caso: en 2019 se incautaron 785 kg de diferentes drogas; en 2020 fueron 2,939 kg (2.9 toneladas); en 2021, 11,827 kg (11.8 toneladas); en 2022 fueron 13,000 kg (13 toneladas).
«Este es el mejor año, el año más eficiente que hemos tenido. Y lo bueno es que hay resultados positivos, y esa es la razón por la cual llama la atención a escala internacional lo que nosotros hacemos», destacó recientemente el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy.
El titular de la Defensa manifestó que, en estos últimos cinco años, El Salvador ha demostrado que está dispuesto a evitar que se usen los mares para esos fines ilícitos.
«Porque estas son amenazas transnacionales, otros las llaman amenazas emergentes, afectan a toda la comunidad internacional, por eso se llama así, transnacionales, y El Salvador es un actor muy importante en ese contexto», dijo Merino Monroy.
El vicealmirante agregó que los golpes al narcotráfico reafirman la eficiencia de las políticas de seguridad del presidente Bukele, ya que no solamente se evidencian en la reducción de los homicidios, sino también de otros delitos que en este caso también afectan a la comunidad internacional.
«No nos van a detener. Por más inquietos que se pongan en el océano Pacífico, sepan que nuestra Marina Nacional, bajo el mando del ministro de la Defensa, está muchísimo más inquieta para someterlos y destruirles ese veneno con el que matan sociedades», reiteró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Incautaciones, en aumento
Las cifras del Gabinete de Seguridad detallan que en 2019 se decomisaron 766.55 kg de marihuana, 12,33 de cocaína, 5.98 de crac y 0.1 de metanfetamina. En 2020, el total de marihuana incautada fue de 1,063.69 kg; 1,868. 42 de cocaína; de crac fueron 7.2; de éxtasis, 1.71, y 4 de metanfetaminas.
En 2021, las autoridades reportaron la confiscación de 921.85 kg de marihuana; 10,900.76 de cocaína; 3.2 de crac; 0.03 de heroína; 0.45 de éxtasis, y 1.19 de metanfetamina. En 2022, el total de marihuana decomisada fue de 982,84 kg; cocaína, 12,016.63; crac, 7.02, y metanfetaminas, 7.12. Mientras que en 2023 las incautaciones de marihuana ascendieron a los 466.68 kg; 3,183.10 fueron de cocaína; 2.63 de crac; 0.11 de éxtasis; de metanfetaminas, 1.42, y 998 miligramos de fentanilo.
El año pasado fue la primera vez, según los registros, que se incautó fentanilo, desde 2019 hasta la fecha.
Grandes incautaciones
Uno de los últimos decomisos ocurrió el 24 de noviembre. La Marina Nacional interceptó una embarcación con tres tripulantes colombianos que transportaban dos toneladas de cocaína valuadas en $50 millones. Horas antes, los efectivos militares habían confiscado 762 kg de cocaína valorados en $19 millones.
El procedimiento se efectuó a 770 millas náuticas (1,426 km) al suroeste de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque.
Mientras que el 17 de octubre el presidente Bukele informó que la Fuerza de Tarea Naval Tridente localizó una embarcación ecuatoriana con 1,551 kg de cocaína valuada en $28 millones. La incautación se efectuó a 1,704 kilómetros al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en Jaltepeque. El Salvador tiene 200 millas náuticas, equivalentes a 370.4 kilómetros, en adelante son aguas internacionales, y es donde se han hecho las mayores confiscaciones de cocaína y armas.
El pasado 16 de agosto, el jefe de Estado también reveló una incautación de 1,200 kg de cocaína localizada en dos embarcaciones provenientes de Ecuador. Días antes, el 4 de agosto, también fueron localizados ocho extranjeros —dos ecuatorianos y seis mexicanos— que se disponían a hacer una transacción de 1,550 kg cocaína en el océano Pacífico, a 450 millas náuticas al suroeste de las costas salvadoreñas.
Mientras que el 9 de julio fueron interceptados tres ecuatorianos con 760 kg de droga valuada en al menos $19 millones, a 610 millas náuticas de las costas salvadoreñas. Los tres detenidos fueron William Antonio Castro, de 57 años; Darío Romero, de 36 años, y Ángel Jorge Castro, de 30 años.
En tanto, el 24 de junio, los Tridentes detectaron a un colombiano y dos ecuatorianos que transportaban dos toneladas de cocaína valuada en $50 millones. Los extranjeros iban en un semisumergible que fue detectado a 630 millas náuticas de las costas salvadoreñas, específicamente al suroeste de la bocana El Cordoncillo, del estero Jaltepeque.
El pasado 4 de junio, Bukele informó sobre la incautación de una tonelada de cocaína con un valor de $25 millones a 805 millas náuticas de la bocana El Cordoncillo, con tres ecuatorianos a bordo. Además, el 24 de mayo, la Marina Nacional incautó 1.4 toneladas de cocaína valorada en $35 millones con dos ecuatorianos a bordo, a 882 millas náuticas.
Mientras que el pasado 19 de mayo capturaron a tres extranjeros con 1.3 toneladas de cocaína valuada en $32.5 millones, a 880 millas náuticas.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
