Internacionales
Un muerto y dos heridos deja nuevo enfrentamiento en la cárcel más violenta de Ecuador
Un nuevo enfrentamiento dentro de la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, dejó un preso muerto y dos heridos, según la información oficial. Este es un nuevo hecho violento que sucede a dos semanas de los últimos motines que dejaron 21 presos muertos y 66 heridos en dos cárceles distintas.
La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más violenta del país y, cada vez que existe alguna alarma dentro del centro, se convierte en el punto de encuentro de decenas de familiares que esperan recibir noticias sobre el estado de sus parientes. La desesperación que viven las familias, agolpadas contra las vallas de seguridad afuera de la prisión, es una escena desgarradora y repetitiva desde que inició la crisis carcelaria, en febrero de 2021.
La tarde y noche del último lunes, los reos de los pabellones 7, a cargo de alias JR, uno de los cabecillas de la banda Los Choneros; y 9, controlado por Los Lobos, según la versión oficial.
Distribución de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral, según alias Fito. (La Posta)
Sin embargo, SOS Cárceles, una plataforma ciudadana que busca la garantía de los Derechos Humanos y entornos de paz en las cárceles del Ecuador, informó que Los Lobos reaccionaron ante los asesinatos de algunos de sus miembros y atacaron desde el pabellón 9, al pabellón 10 de los Chone Killers, aliados a los Fatales. Desde el asesinato del capo Leandro Norero, la alianza entre Los Lobos y los Chone Killers se habría disuelto. Según la organización ciudadana, los pabellones 1 y 7 “neutralizaron el ataque del 9 hasta que llegó la Policía”.
Los Chone Killers estuvieron involucrados en la anterior masacre en la Penitenciaría del Litoral en contra de Los Lobos.
Los Choneros, una de las pandillas más antiguas del Ecuador y que actúa desde los 90, tienen 12.000 miembros. En número de integrantes, Los Lobos son la segunda megabanda más grande del Ecuador. Se estima que 8.000 prisioneros se adhieren a la pandilla.
El drama de las familias
Las madres, hermanas, esposas y los padres, son los familiares que principalmente esperan por horas a las afueras de las prisiones para saber qué sucede con sus seres queridos. Ha sido reiterativo en las masacres carcelarias que la información oficial llega tarde y el silencio de las autoridades junto con los estallidos de las armas solo causan desesperación y miedo a las familias.
Este 24 de octubre, hubo familiares que esperaban poder ejecutar las boletas de excarcelación de sus parientes cuando inició el enfrentamiento. Un hombre declaró a El Universo: “Quiero que se cumpla de una vez. Mire cómo se dan estas cosas y mi familiar sigue allí”.
Sin embargo, las autoridades del Servicio de Atención Integral (SNAI), entidad encargada de las prisiones, dijeron a las familias que las boletas no se ejecutarán sino hasta este 25 de octubre. Los funcionarios del SNAI aseguraron a los familiares de los reos que estos han sido trasladados a otra sección de la cárcel y que están seguros.
Ya ha sucedido en otras masacres que algunos de los asesinados tenían boletas de excarcelación que no fueron ejecutadas diligentemente.
La boleta de excarcelación de Erick Ortiz estaba lista para ser ejecutada, pero los funcionarios no la procesaron y Ortiz fue asesinado en la masacre de noviembre de 2021. (El Comercio)
Por ejemplo, en noviembre de 2021, Erick Ortiz Segura, que estuvo detenido alrededor de un año en la Prisión Litoral fue asesinado en una de las masacres más sangrientas registradas en la Penitenciaría del Litoral. Una semana antes de la masacre, su madre inició con los preparativos para su liberación. Las autoridades firmaron su boleta de excarcelación un viernes, pero las autoridades no la procesaron. Ese día, Erick fue ejecutado.
La tarde del lunes, el SNAI informó que tres presos serían trasladados a un hospital para ser atendidos. Todos presentaban heridas por armas de fuego. Varias ambulancias ingresaron a la prisión y dos salieron con los tres heridos. Sin embargo, uno de ellos, identificado como Bryan N. que tenía una herida de bala en el tórax, murió de camino al hospital.
Hasta el momento la crisis carcelaria ha dejado alrededor de 400 reos asesinados en brutales masacres. El gobierno de Guillermo Lasso no ha logrado contener la violencia en las prisiones que también se refleja en las calles.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
