Internacionales
Fiscalía allana presidencia de Costa Rica por presunta violación de privacidad de ciudadanos
La fiscalía de Costa Rica allanó este viernes la Casa Presidencial y un ministerio como parte de una investigación sobre una unidad gubernamental de análisis de datos, ante sospechas de que el órgano violó la privacidad de las personas.
La Fiscalía General de la República realizó 10 allanamientos en la presidencia, el Ministerio de Planificación y cuatro residencias particulares, indicó la dependencia en un comunicado.
Señaló que se investigan a ocho personas en el caso, incluido el presidente Carlos Alvarado -quien no se encontraba en Casa Presidencial al momento del allanamiento-, el ministro de la Presidencia Victor Morales, y los tres integrantes de la UPAD.
La investigación busca pruebas de posibles delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
«Nos encontramos de puertas abiertas a todos los requerimientos judiciales por parte de la fiscalía», dijo la ministra de Comunicación, Nancy Marín, en un video distribuido por la presidencia.
Agregó que el ministro Morales se puso a disposición de las autoridades judiciales para entregar la información y el equipo requeridos.
El caso estalló el 21 de febrero con la publicación del decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que despertó fuertes críticas por la posibilidad de que accediera a información considerada confidencial.
El mismo día en que fue publicado en la Gaceta Oficial, Alvarado derogó el decreto, y dos días después ordenó suspender su actividad.
El gobierno argumentó que la unidad fue creada para recopilar información que permitiera orientar políticas públicas.
«Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto», señaló la fiscalía.
La revelación de la existencia de la UPAD desató un revuelo político en Costa Rica, que llevó a la Asamblea Legislativa (parlamento) a abrir una investigación, al igual que la Defensoría de los Habitantes.
Alvarado admitió que «se cometieron errores» con la creación de la UPAD y dijo que colaboraría con las investigaciones para probar que no hubo vulneración de la privacidad.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
