Más de 700.000 personas, la mitad de ellas niños, son actualmente desplazados internos en Haití, obligados a huir debido a la desastrosa situación humanitaria y a la violencia de las pandillas, indicó el miércoles la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

«El fuerte aumento de los desplazamientos subraya la necesidad urgente de una respuesta humanitaria continuada», declaró Gregoire Goodstein, responsable de la OIM en Haití. «Instamos a la comunidad internacional a que refuerce su apoyo a las poblaciones desplazadas de Haití y a las comunidades de acogida que siguen demostrando una extraordinaria resiliencia ante estos desafíos».

La mayoría de personas desplazadas en Haití, alrededor del 75 %, se alojan en las provincias del país, explicó la agencia.

La capital, Puerto Príncipe, «donde la situación permanece precaria e imprevisible, acoge a una cuarta parte de los desplazados del país, que residen generalmente en lugares sobrepoblados, con poco o ningún acceso a los servicios básicos».

Las comunidades de acogida «siguen pagando el precio de esta crisis», indicó la OIM, recordando que son familias las que acogen al 83% de los desplazados, muchas de ellas señalando «dificultades importantes como escasez de alimentos, instalaciones de salud sobrecargadas y falta de suministros esenciales en los mercados locales».

Según la agencia, las infraestructuras y los servicios locales, especialmente en las provincias, también están sometidos a una gran presión, y entre las necesidades más acuciantes se encuentran la seguridad alimentaria, una vivienda adecuada y el acceso a la sanidad y la educación.

La situación de seguridad en Haití sigue siendo crítica, pese a la llegada de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) dirigida por Kenia.

Las carreteras nacionales permanecen ocupadas por las pandillas, que controlan la gran mayoría de la capital.

Haití, que ya era el país más pobre de la región, sufre desde hace tiempo la violencia de las bandas criminales, pero en los últimos meses se recrudeció, agravando una crisis humanitaria casi permanente.

Estas pandillas están acusadas de asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros para pedir rescate.

Tropas israelíes cruzaron hoy miércoles la frontera libanesa, avanzando hacia los pueblos de Adaisseh y Maroun al-Ras en el sur del Líbano, informó a Xinhua una fuente libanesa de seguridad.

«El Ejército israelí abrió una puerta de acero colocada en el muro de hormigón levantado sobre la línea fronteriza que separa el Líbano e Israel y avanzó unos 200 metros hacia la entrada oriental de Adaisseh», indicó esta misma fuente.

La fuente añadió que «una fuerza de infantería israelí de unos 15 efectivos cruzó la puerta, seguidos de tres tanques Merkava, mientras que varios drones israelíes estaban sobrevolando el espacio aéreo».

Los tanques israelíes estaban estacionados en la carretera que conecta los pueblos de Kafr Kila y Adaisseh, mientras que la fuerza de infantería israelí estaba patrullando a unos 300 metros del límite oriental de Adaisseh, según la fuente.

La fuente apuntó que la fuerza israelí se retiró tras permanecer alrededor de una hora. Adicionalmente, la fuente reportó que estallaron enfrentamientos entre combatientes de Hizbulá y las tropas israelíes que lograron introducirse en Maroun al-Ras.

Hizbulá anunció mediante un comunicado hoy miércoles al mediodía que sus milicianos estaban combatiendo a los soldados israelíes que habían entrado en Maroun al-Ras desde la zona este, provocando numerosas bajas entre las tropas de Israel.

Durante su último día de vida, John Castillo, fue a buscar agua helada 23 veces. Lo hallaron inconsciente y murió después en la unidad médica con una temperatura corporal sobre los 41ºC, similar a la que registró Patrick luego de ser hallado semidesnudo en su celda sin que pudiera ser reanimado. John era epiléptico y Patrick estaba medicado por depresión.

En el caso de Elizabeth Hagerty, de 37 años, días antes de su fallecimiento advirtió del riesgo del calor en su salud debido a su obesidad y diabetes y pidió atención médica por un sarpullido que le invadió el cuerpo. Los tres casos son de 2023.

Cada año, entre junio y octubre, con las altas temperaturas en el sur de Estados Unidos, se reaviva la preocupación de los familiares de los presos en Texas: ¿Sobrevivirán? Activistas han acudido a la justicia para pedir que se respete los límites legales de entre 18ºC y 29ºC dentro de las celdas.

Ello implica instalar aire acondicionado que la mayoría de prisiones que administra el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ) no tiene o posee parcialmente. En todas sus prisiones hay un total de 45.689 camas climatizadas para una población de 134.000.

Al menos tres muertes

Amite Dominick, presidenta de la organización Defensores Comunitarios en las Prisiones de Texas (TPCA) dice que una decisión judicial favorable sentaría un precedente para otros estados que también atraviesan este problema. «Vemos que ahora, con el cambio climático, esto está impactando a prisiones en todo el país», detalla.

Las muertes de Elizabeth, Patrick y John forman parte de la demanda contra el TDCJ.

En la audiencia judicial de principios de agosto, el director de la institución, Bryan Collier, admitió, tras ser cuestionado por una abogada de los demandantes, que en estas tres muertes el calor pudo haber influido, adicionalmente a las enfermedades que ya padecían los afectados.

Recordó que le corresponde al Parlamento de Texas aprobar el presupuesto para el aire acondicionado. Mientras tanto hay ventiladores, agua helada, baños fríos, hidratación y traslados momentáneos a zonas comunes climatizadas -como la biblioteca o el centro médico- para aliviar el calor.

¿Un privilegio?

No es suficiente. «En Texas, cada verano, tenemos altas temperaturas, alta humedad y perdemos vidas, porque la gente se está cocinando dentro de este horno de ladrillos», dice Dominick desde los exteriores de la prisión Wynne, en Huntsville, que alberga a 2.600 presos sin aire acondicionado.

«Durante mi encierro descargaba varias veces el agua del retrete, que salía más fresca que el agua de la llave, para mojarme el cuerpo», cuenta Marci Marie Simmons, de 45 años, quien estuvo 10 años recluida en la unidad Murray, por delitos contables.

«Algunas mujeres hacían colapsar el retrete para que el agua cayera al piso, mojara el concreto y tuvieran una superficie fresca para descansar (…) Vi incluso trabajadoras de la prisión enfermarse por las altas temperaturas», agrega Simmons, portavoz de la Alianza de Mujeres Impactadas por la Justicia.

Desde su casa en Weatherford, Texas, Simmons utiliza las redes sociales para hablar de su vida en prisión. «Encerrar a personas en estas altas temperaturas es un castigo cruel (…) No estamos pidiendo un privilegio sino algo humano», considera.

Dominick explica que durante el verano las peleas en prisión son más comunes porque el calor irrita los ánimos. «Es una cuestión de sobrevivencia cada verano. 95% de estos presos debe volver a casa (…) No puede haber una rehabilitación cuando se lidia con estas temperaturas». Algunos ni siquiera son culpables, precisa.

Avances

Dominick asegura que año a año intentan que el Parlamento de Texas aborde el tema.

«Son agresores sexuales, violadores, asesinos. ¿Y vamos a pagar por su aire acondicionado cuando yo no puedo proporcionar aire acondicionado a ciudadanos que trabajan duro y pagan impuestos?», cuestionó en 2012 el entonces senador estatal a cargo del tema y hoy alcalde de Houston, John Whitmire, citado por The New York Times.

Collier del TDCJ dijo en la audiencia que las posiciones han cambiado. Desde 2017 su institución pide al parlamento estatal el presupuesto y finalmente el año pasado recibieron parte del dinero solicitado, con el que actualmente construyen 1.760 camas climatizadas adicionales.

Mientras, sigue el padecimiento. «Fue horrible. En algunos momentos sentía que me desmayaba», cuenta Samuel Urbina, de 59 años, minutos después de salir de una prisión en Hunstville, donde estuvo recluido por delitos de drogas. «No volveré», dijo, antes de abrazarse con su hija que lo fue a recoger.