Internacionales
Motín carcelario deja un muerto y cuatro heridos en Ecuador
«Hasta este momento (…) la situación informada es precisamente ésta: cuatro heridos, un fallecido», dijo el viceministro de Seguridad, Lyonel Calderón, al canal Teleamazonas, sin precisar si entre las víctimas hay efectivos estatales.
«Tenemos que esperar que concluya la revisión completa de todo el centro penitenciario», agregó, lo cual incluye «un control de armas, municiones y explosivos» y un balance de los resultados del operativo.
Calderón insistió en que «la situación está completamente controlada» en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste), de la cual escapó Adolfo ‘Fito’ Macías, líder de la organización Los Choneros, una de las principales del país.
Su fuga detectada a inicios de enero desató una guerra entre narcotraficantes y el Estado que dejó una veintena de muertos y llevó al gobierno a decretar el estado de excepción, extendido hasta abril, además de militarizar las cárceles y las calles.
«Hemos retomado el control del Centro de Rehabilitación Social 4», había indicado el presidente Daniel Noboa en la red X la noche del miércoles, destacando que se evitó «una posible escalada».
«Intentos desestabilizadores»
Periodistas de la AFP constataron disparos y fuego al interior de la Regional, una de las cuatro prisiones que conforman un gran complejo penitenciario de Guayaquil que ha sido escenario de matanzas entre reos de grupos rivales.
Los cruentos enfrentamientos, que han llegado a durar varios días, dejan más de 460 muertos desde 2021 en masacres que ya son las peores de Latinoamérica.
Las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones y campo de batalla de bandas narcotraficantes vinculadas a carteles de Colombia y México. Aunque las revueltas de presos son comunes, esta es la primera que enfrenta Noboa desde que asumió el poder, en noviembre.
Por iniciativa del mandatario, los ecuatorianos acudirán a las urnas el 21 de abril para resolver en referendo y consulta popular medidas para afrontar la situación: si los militares deben apoyar a los policías para combatir la delincuencia sin un estado de excepción, autorizar la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y aumentar las penas para el terrorismo y narcotráfico.
Calderón sostuvo que los incidentes «son intentos desestabilizadores del estado de derecho, de la democracia porque estamos en vísperas de una consulta popular que quiere resolver los problemas de seguridad».
Tras la fuga de «Fito», quien desde 2011 cumplía una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, las bandas criminales protagonizaron en enero una violenta arremetida con saldo de una veintena de muertos, ataques a la prensa, explosiones y más de 200 secuestros temporales en cárceles y calles.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
