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IMPACTANTE: Conozca las 18 fotografías que que exhiben el terror de la violencia pandilleril que empuja a las caravanas de migrantes hacia EE.UU
Para algunos hondureños que fracasan en su búsqueda del «sueño americano», la deportación puede significar una condena de por vida
Iván, un ex policía hondureño, dice que se cambió tantas veces de casa para escapar de las pandillas callejeras que aterrorizan a su país que ya perdió la cuenta. Temeroso de que sus hijos tuvieran que unirse a estas bandas o morir, acabó sumándose a los miles de compatriotas que huyen hacia Estados Unidos.
El hombre, de 45 años, que pidió ser identificado solo por su nombre, está cruzando México en una caravana compuesta por varios miles de migrantes, en su mayoría compatriotas, que escapan de la violencia y de la pobreza en busca de una vida mejor en los Estados Unidos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a las caravanas como una «invasión», y envió unos 5.800 soldados para «endurecer» la frontera, incluso con alambre de púas.
Iván tiene miedo de contar su historia y está atento a los tatuajes pandilleros o a la jerga de su acompañantes, que podrían delatar que algunas de las personas que viajan con él están asociadas con sus perseguidores en casa.
El ex policía dijo que la gota que colmó el vaso en Honduras fue cuando los pandilleros apuntaron un arma contra la cabeza de su hijo de 15 años, Yostin.
Querían que Yostin y su hermano menor, Julio, de 13, se unieran a ellos, amenazándoles de muerte si se negaban, dijo Iván durante una pausa en el viaje hacia el norte de la caravana en un campamento temporal en un estadio de la Ciudad de México.
Por eso, cuando una caravana partió el 13 de octubre desde San Pedro Sula, una ciudad hondureña asolada por el crimen y en la que la familia se escondía con amigos, no tuvo dudas.
Sin embargo, sus motivos son similares a los de otros de los que viajan en la caravana y son un recordatorio de la influencia de las «maras» en El Salvador, Honduras y Guatemala, a pesar de los casi 20 años de esfuerzos por acabar con ellas.
La tasa de homicidios ha disminuido en Honduras desde 2016, como consecuencia de iniciativas que incluyen la reforma penitenciaria, la creación de una fuerza de seguridad especializada contra las pandillas y el aumento de recursos para la aplicación de la ley.
En 2017 hubo 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes en Honduras, en comparación con los 57 por 100.000 del año anterior, según estadísticas del Gobierno y del Banco Mundial.
Aun así, la tasa de homicidios en Honduras sigue siendo una de las más altas del mundo. Algunas organizaciones humanitarias internacionales, como el Consejo Noruego para los Refugiados, operan en el país con las mismas precauciones que en zonas de guerra y dicen que los habitantes enfrentan los mismos peligros.
En la frontera de los Estados Unidos, los soldados desplegados por Trump colocaron alambre de púas para impedir que los migrantes que viajan en la caravana crucen de manera ilegal. Las nuevas reglas que restringen las solicitudes de asilo también aumentan la posibilidad de que sean deportados.
Un regreso a casa aterroriza a muchos, incluyendo a Iván. Apartado de su trabajo tras 27 años en una purga policial hace dos años, asegura que teme la muerte en Honduras.
La purga eliminó a más de 4.000 oficiales, o cerca de un tercio de lo que actualmente es una fuerza de 14.000, según el comisionado Jair Meza, portavoz del Ministerio de Seguridad de Honduras.
Iván dice que la purga eliminó tanto a policías buenos como malos, al tiempo que dejó a los ex oficiales expuestos a los ataques por venganza de las pandillas que una vez persiguieron. «Nos conocen y por eso nos cazan», dijo.
Violencia al azar
En Honduras, la violencia puede golpear en cualquier momento. Situado en el corredor de tránsito de la cocaína hacia el cercano puerto de Puerto Cortés, San Pedro Sula ha sido durante años una de las ciudades más peligrosas del mundo. Su depósito de cadáveres estaba tan lleno de cuerpos que los lugareños dijeron que su olor impregnaba las calles.
En una noche de fines de julio, una familia se sentó a un lado de una carretera en San Pedro Sula, a pocos metros de la escena de un crimen.
Francisca Sislavas esperó seria entre su hijo, Rony, de 2 años, y su hija, Brittany, de 4. El tobillo de la niña estaba salpicado con la sangre de su padre.
Minutos antes, Sislavas estaba sentada junto con su pareja y sus hijos en un taxi. No fue fácil para ella explicar su muerte. «No lo sé. ¿Por qué? ¿Cómo? Simplemente no lo sé», dijo.
«Atrapado en los problemas»
Para algunos hondureños que fracasan en su búsqueda del «sueño americano», la deportación puede significar una entrada a la vida pandillera.
Henry Fernando, un miembro activo de la Mara Salvatrucha o MS-13, dijo que caminó unos 5.000 kilómetros y casi murió en el cruce del desierto desde México para encontrar a su madre, que se había ido a Virginia.
Rápidamente deportado, el MS-13 fue el único hogar que encontró, dijo, recordando a las novias o «jainas» que le ofrecían los líderes en concepto de pago por la marihuana y el crack que vendía.
El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos dijo que no pudo rastrear la deportación de Fernando basándose en la información que Reuters pudo proporcionar.
Nueve años después -tiene 28 ahora-, tiene un hijo pequeño y sueña con abandonar la pandilla. Su casa, visitada por Reuters, es una habitación alquilada apenas más ancha que su colchón, subiendo una escalera destartalada en medio de una pocilga. Ha ascendido en las filas del MS-13, pero sigue sumido en la pobreza.
Quince personas entrevistadas por Reuters, aún activas en las maras o en fase de reforma, describieron solo dos formas de salirse: unirse a una iglesia evangélica o morir.
Todos ellos afirmaron que se unieron a las pandillas como niños, procedentes de hogares rotos en barrios rotos.
Ramón Bladimir Funes, de 35 años y miembro de Barrio 18, ha pasado casi tres años en la cárcel de Puerto Cortés por robo. El abarrotado complejo se encuentra cerca del puerto, situado en el norte de Honduras.
Funes, que es uno de los reclusos mayores del penal, se unió a Barrio 18 con nueve años, luego de que su madre lo abandonó para irse a los Estados Unidos, dijo. Solo conoció a su padre a los 17 años.
Sus años de pandillero están reflejados en los tatuajes que adornan sus brazos y su pecho. Debajo del puente de su nariz hay tres lágrimas, el código usado por las bandas para los seres queridos perdidos. Tres de los hijos de Funes fueron asesinados por el archirrival de Barrio 18: el MS-13.
«Aspiras a ideas más elevadas y a una mentalidad superior, pero estás atrapado en los problemas de la calle», dijo Funes, quien lamentó haberse unido a Barrio 18. «Y las armas, de todos tipos, son muy fáciles de encontrar».
Internacionales
Terremoto en el este de Afganistán deja más de 2.200 muertos y miles de viviendas destruidas
Un terremoto de magnitud 6 sacudió el domingo por la noche el este de Afganistán, dejando un saldo de más de 2.200 personas fallecidas y casi 4.000 heridas, según informó este jueves el Gobierno talibán. El sismo, el más mortífero en la historia reciente del país, destruyó alrededor de 7.000 viviendas en las provincias de Kunar, Laghman y Nangarhar.
Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto del Gobierno, detalló que la mayoría de las víctimas se concentran en Kunar, cerca de la frontera con Pakistán, y que las operaciones de rescate continúan, aunque se enfrentan a dificultades por desprendimientos y deslizamientos de tierra en las zonas montañosas.
Cuatro días después del sismo, los habitantes de las aldeas afectadas esperan ayuda urgente. “Necesitamos carpas, agua, comida y medicinas de forma urgente”, declaró Zahir Jan Safi, un agricultor de 48 años desde el pueblo de Mazar Dara, uno de los más devastados.
El balance de víctimas podría aumentar, ya que aún se hallan cuerpos en casas derrumbadas. Las organizaciones humanitarias y la ONU advierten que la situación se agrava debido a los recortes en la asistencia internacional, justo cuando la ayuda resulta más necesaria.
El Senado de Texas, de mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley que prohíbe prácticamente todas las interrupciones de embarazo, incluso en casos de incesto o violación, salvo cuando exista riesgo de muerte o discapacidad grave para la madre. La medida, que debe ser promulgada por el gobernador Greg Abbott para entrar en vigor, permite que cualquier ciudadano demande a quienes faciliten la entrega de la píldora abortiva, con indemnizaciones mínimas de 100.000 dólares.
La legislación, aprobada por 17 votos a favor y 9 en contra, no penaliza a las mujeres que intenten obtener las píldoras, pero sí prohíbe su prescripción, fabricación o envío dentro del estado.
El senador republicano Bryan Hughes justificó la norma asegurando que busca “proteger al bebé que crece en el vientre de su madre” y evitar que las farmacéuticas “envíen pastillas tóxicas a Texas para inflar sus ganancias”. En contraste, la senadora demócrata Carol Alvarado calificó la ley de “convertir a los texanos en cazarrecompensas”.
La medida se enmarca en la tendencia de los estados conservadores de limitar el aborto tras la decisión de la Corte Suprema de 2022 de revocar el fallo Roe contra Wade, que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal. Desde entonces, una veintena de estados han restringido o prohibido el acceso al procedimiento.
Casos recientes reflejan la aplicación estricta de estas normas: un médico de Nueva York fue multado con 100.000 dólares en Texas y enfrenta cargos en Luisiana por recetar pastillas abortivas a distancia, mientras que un hombre demandó a un médico de California por enviar píldoras a su novia residente en Texas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México “está gobernado por los carteles de droga” y aseguró que ofreció enviar tropas estadounidenses al país, propuesta que la presidenta Claudia Sheinbaum habría rechazado por “miedo”. Las declaraciones fueron publicadas el 2 de septiembre por el medio Daily Caller.
Trump elogió a Sheinbaum calificándola como “una mujer estupenda, elegante y hermosa”, pero insistió en que, pese a sus cualidades, México estaría controlado por organizaciones criminales. “Me he ofrecido a enviar al ejército, y ella no quiere que hagamos eso. Tiene miedo. Está muy asustada”, indicó.
Estas afirmaciones se producen tras declaraciones del asesor de seguridad interior de la Casa Blanca, Stephen Miller, quien comparó la violencia en algunas ciudades estadounidenses con la de Ciudad de México, a la que también describió como dirigida por carteles criminales.
Por su parte, Sheinbaum rechazó las declaraciones y aseguró en conferencia matutina que no son ciertas, subrayando que prefiere mantener una buena relación con Estados Unidos. “Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos y al presidente Trump, y no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación”, señaló.
México ha mantenido cooperación con la administración de Trump, especialmente en temas migratorios, reforzando la vigilancia en zonas fronterizas en los últimos años. Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, estas acciones buscan “desmantelar carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal y promover la prosperidad económica”.
