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IMPACTANTE: Conozca las 18 fotografías que que exhiben el terror de la violencia pandilleril que empuja a las caravanas de migrantes hacia EE.UU
Para algunos hondureños que fracasan en su búsqueda del «sueño americano», la deportación puede significar una condena de por vida
Iván, un ex policía hondureño, dice que se cambió tantas veces de casa para escapar de las pandillas callejeras que aterrorizan a su país que ya perdió la cuenta. Temeroso de que sus hijos tuvieran que unirse a estas bandas o morir, acabó sumándose a los miles de compatriotas que huyen hacia Estados Unidos.
El hombre, de 45 años, que pidió ser identificado solo por su nombre, está cruzando México en una caravana compuesta por varios miles de migrantes, en su mayoría compatriotas, que escapan de la violencia y de la pobreza en busca de una vida mejor en los Estados Unidos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a las caravanas como una «invasión», y envió unos 5.800 soldados para «endurecer» la frontera, incluso con alambre de púas.
Iván tiene miedo de contar su historia y está atento a los tatuajes pandilleros o a la jerga de su acompañantes, que podrían delatar que algunas de las personas que viajan con él están asociadas con sus perseguidores en casa.
El ex policía dijo que la gota que colmó el vaso en Honduras fue cuando los pandilleros apuntaron un arma contra la cabeza de su hijo de 15 años, Yostin.
Querían que Yostin y su hermano menor, Julio, de 13, se unieran a ellos, amenazándoles de muerte si se negaban, dijo Iván durante una pausa en el viaje hacia el norte de la caravana en un campamento temporal en un estadio de la Ciudad de México.
Por eso, cuando una caravana partió el 13 de octubre desde San Pedro Sula, una ciudad hondureña asolada por el crimen y en la que la familia se escondía con amigos, no tuvo dudas.
Sin embargo, sus motivos son similares a los de otros de los que viajan en la caravana y son un recordatorio de la influencia de las «maras» en El Salvador, Honduras y Guatemala, a pesar de los casi 20 años de esfuerzos por acabar con ellas.
La tasa de homicidios ha disminuido en Honduras desde 2016, como consecuencia de iniciativas que incluyen la reforma penitenciaria, la creación de una fuerza de seguridad especializada contra las pandillas y el aumento de recursos para la aplicación de la ley.
En 2017 hubo 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes en Honduras, en comparación con los 57 por 100.000 del año anterior, según estadísticas del Gobierno y del Banco Mundial.
Aun así, la tasa de homicidios en Honduras sigue siendo una de las más altas del mundo. Algunas organizaciones humanitarias internacionales, como el Consejo Noruego para los Refugiados, operan en el país con las mismas precauciones que en zonas de guerra y dicen que los habitantes enfrentan los mismos peligros.
En la frontera de los Estados Unidos, los soldados desplegados por Trump colocaron alambre de púas para impedir que los migrantes que viajan en la caravana crucen de manera ilegal. Las nuevas reglas que restringen las solicitudes de asilo también aumentan la posibilidad de que sean deportados.
Un regreso a casa aterroriza a muchos, incluyendo a Iván. Apartado de su trabajo tras 27 años en una purga policial hace dos años, asegura que teme la muerte en Honduras.
La purga eliminó a más de 4.000 oficiales, o cerca de un tercio de lo que actualmente es una fuerza de 14.000, según el comisionado Jair Meza, portavoz del Ministerio de Seguridad de Honduras.
Iván dice que la purga eliminó tanto a policías buenos como malos, al tiempo que dejó a los ex oficiales expuestos a los ataques por venganza de las pandillas que una vez persiguieron. «Nos conocen y por eso nos cazan», dijo.
Violencia al azar
En Honduras, la violencia puede golpear en cualquier momento. Situado en el corredor de tránsito de la cocaína hacia el cercano puerto de Puerto Cortés, San Pedro Sula ha sido durante años una de las ciudades más peligrosas del mundo. Su depósito de cadáveres estaba tan lleno de cuerpos que los lugareños dijeron que su olor impregnaba las calles.
En una noche de fines de julio, una familia se sentó a un lado de una carretera en San Pedro Sula, a pocos metros de la escena de un crimen.
Francisca Sislavas esperó seria entre su hijo, Rony, de 2 años, y su hija, Brittany, de 4. El tobillo de la niña estaba salpicado con la sangre de su padre.
Minutos antes, Sislavas estaba sentada junto con su pareja y sus hijos en un taxi. No fue fácil para ella explicar su muerte. «No lo sé. ¿Por qué? ¿Cómo? Simplemente no lo sé», dijo.
«Atrapado en los problemas»
Para algunos hondureños que fracasan en su búsqueda del «sueño americano», la deportación puede significar una entrada a la vida pandillera.
Henry Fernando, un miembro activo de la Mara Salvatrucha o MS-13, dijo que caminó unos 5.000 kilómetros y casi murió en el cruce del desierto desde México para encontrar a su madre, que se había ido a Virginia.
Rápidamente deportado, el MS-13 fue el único hogar que encontró, dijo, recordando a las novias o «jainas» que le ofrecían los líderes en concepto de pago por la marihuana y el crack que vendía.
El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos dijo que no pudo rastrear la deportación de Fernando basándose en la información que Reuters pudo proporcionar.
Nueve años después -tiene 28 ahora-, tiene un hijo pequeño y sueña con abandonar la pandilla. Su casa, visitada por Reuters, es una habitación alquilada apenas más ancha que su colchón, subiendo una escalera destartalada en medio de una pocilga. Ha ascendido en las filas del MS-13, pero sigue sumido en la pobreza.
Quince personas entrevistadas por Reuters, aún activas en las maras o en fase de reforma, describieron solo dos formas de salirse: unirse a una iglesia evangélica o morir.
Todos ellos afirmaron que se unieron a las pandillas como niños, procedentes de hogares rotos en barrios rotos.
Ramón Bladimir Funes, de 35 años y miembro de Barrio 18, ha pasado casi tres años en la cárcel de Puerto Cortés por robo. El abarrotado complejo se encuentra cerca del puerto, situado en el norte de Honduras.
Funes, que es uno de los reclusos mayores del penal, se unió a Barrio 18 con nueve años, luego de que su madre lo abandonó para irse a los Estados Unidos, dijo. Solo conoció a su padre a los 17 años.
Sus años de pandillero están reflejados en los tatuajes que adornan sus brazos y su pecho. Debajo del puente de su nariz hay tres lágrimas, el código usado por las bandas para los seres queridos perdidos. Tres de los hijos de Funes fueron asesinados por el archirrival de Barrio 18: el MS-13.
«Aspiras a ideas más elevadas y a una mentalidad superior, pero estás atrapado en los problemas de la calle», dijo Funes, quien lamentó haberse unido a Barrio 18. «Y las armas, de todos tipos, son muy fáciles de encontrar».
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
