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IMPACTANTE: Conozca las 18 fotografías que que exhiben el terror de la violencia pandilleril que empuja a las caravanas de migrantes hacia EE.UU
Para algunos hondureños que fracasan en su búsqueda del «sueño americano», la deportación puede significar una condena de por vida
Iván, un ex policía hondureño, dice que se cambió tantas veces de casa para escapar de las pandillas callejeras que aterrorizan a su país que ya perdió la cuenta. Temeroso de que sus hijos tuvieran que unirse a estas bandas o morir, acabó sumándose a los miles de compatriotas que huyen hacia Estados Unidos.
El hombre, de 45 años, que pidió ser identificado solo por su nombre, está cruzando México en una caravana compuesta por varios miles de migrantes, en su mayoría compatriotas, que escapan de la violencia y de la pobreza en busca de una vida mejor en los Estados Unidos.
El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a las caravanas como una «invasión», y envió unos 5.800 soldados para «endurecer» la frontera, incluso con alambre de púas.
Iván tiene miedo de contar su historia y está atento a los tatuajes pandilleros o a la jerga de su acompañantes, que podrían delatar que algunas de las personas que viajan con él están asociadas con sus perseguidores en casa.
El ex policía dijo que la gota que colmó el vaso en Honduras fue cuando los pandilleros apuntaron un arma contra la cabeza de su hijo de 15 años, Yostin.
Querían que Yostin y su hermano menor, Julio, de 13, se unieran a ellos, amenazándoles de muerte si se negaban, dijo Iván durante una pausa en el viaje hacia el norte de la caravana en un campamento temporal en un estadio de la Ciudad de México.
Por eso, cuando una caravana partió el 13 de octubre desde San Pedro Sula, una ciudad hondureña asolada por el crimen y en la que la familia se escondía con amigos, no tuvo dudas.
Sin embargo, sus motivos son similares a los de otros de los que viajan en la caravana y son un recordatorio de la influencia de las «maras» en El Salvador, Honduras y Guatemala, a pesar de los casi 20 años de esfuerzos por acabar con ellas.
La tasa de homicidios ha disminuido en Honduras desde 2016, como consecuencia de iniciativas que incluyen la reforma penitenciaria, la creación de una fuerza de seguridad especializada contra las pandillas y el aumento de recursos para la aplicación de la ley.
En 2017 hubo 42 asesinatos por cada 100.000 habitantes en Honduras, en comparación con los 57 por 100.000 del año anterior, según estadísticas del Gobierno y del Banco Mundial.
Aun así, la tasa de homicidios en Honduras sigue siendo una de las más altas del mundo. Algunas organizaciones humanitarias internacionales, como el Consejo Noruego para los Refugiados, operan en el país con las mismas precauciones que en zonas de guerra y dicen que los habitantes enfrentan los mismos peligros.
En la frontera de los Estados Unidos, los soldados desplegados por Trump colocaron alambre de púas para impedir que los migrantes que viajan en la caravana crucen de manera ilegal. Las nuevas reglas que restringen las solicitudes de asilo también aumentan la posibilidad de que sean deportados.
Un regreso a casa aterroriza a muchos, incluyendo a Iván. Apartado de su trabajo tras 27 años en una purga policial hace dos años, asegura que teme la muerte en Honduras.
La purga eliminó a más de 4.000 oficiales, o cerca de un tercio de lo que actualmente es una fuerza de 14.000, según el comisionado Jair Meza, portavoz del Ministerio de Seguridad de Honduras.
Iván dice que la purga eliminó tanto a policías buenos como malos, al tiempo que dejó a los ex oficiales expuestos a los ataques por venganza de las pandillas que una vez persiguieron. «Nos conocen y por eso nos cazan», dijo.
Violencia al azar
En Honduras, la violencia puede golpear en cualquier momento. Situado en el corredor de tránsito de la cocaína hacia el cercano puerto de Puerto Cortés, San Pedro Sula ha sido durante años una de las ciudades más peligrosas del mundo. Su depósito de cadáveres estaba tan lleno de cuerpos que los lugareños dijeron que su olor impregnaba las calles.
En una noche de fines de julio, una familia se sentó a un lado de una carretera en San Pedro Sula, a pocos metros de la escena de un crimen.
Francisca Sislavas esperó seria entre su hijo, Rony, de 2 años, y su hija, Brittany, de 4. El tobillo de la niña estaba salpicado con la sangre de su padre.
Minutos antes, Sislavas estaba sentada junto con su pareja y sus hijos en un taxi. No fue fácil para ella explicar su muerte. «No lo sé. ¿Por qué? ¿Cómo? Simplemente no lo sé», dijo.
«Atrapado en los problemas»
Para algunos hondureños que fracasan en su búsqueda del «sueño americano», la deportación puede significar una entrada a la vida pandillera.
Henry Fernando, un miembro activo de la Mara Salvatrucha o MS-13, dijo que caminó unos 5.000 kilómetros y casi murió en el cruce del desierto desde México para encontrar a su madre, que se había ido a Virginia.
Rápidamente deportado, el MS-13 fue el único hogar que encontró, dijo, recordando a las novias o «jainas» que le ofrecían los líderes en concepto de pago por la marihuana y el crack que vendía.
El Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos dijo que no pudo rastrear la deportación de Fernando basándose en la información que Reuters pudo proporcionar.
Nueve años después -tiene 28 ahora-, tiene un hijo pequeño y sueña con abandonar la pandilla. Su casa, visitada por Reuters, es una habitación alquilada apenas más ancha que su colchón, subiendo una escalera destartalada en medio de una pocilga. Ha ascendido en las filas del MS-13, pero sigue sumido en la pobreza.
Quince personas entrevistadas por Reuters, aún activas en las maras o en fase de reforma, describieron solo dos formas de salirse: unirse a una iglesia evangélica o morir.
Todos ellos afirmaron que se unieron a las pandillas como niños, procedentes de hogares rotos en barrios rotos.
Ramón Bladimir Funes, de 35 años y miembro de Barrio 18, ha pasado casi tres años en la cárcel de Puerto Cortés por robo. El abarrotado complejo se encuentra cerca del puerto, situado en el norte de Honduras.
Funes, que es uno de los reclusos mayores del penal, se unió a Barrio 18 con nueve años, luego de que su madre lo abandonó para irse a los Estados Unidos, dijo. Solo conoció a su padre a los 17 años.
Sus años de pandillero están reflejados en los tatuajes que adornan sus brazos y su pecho. Debajo del puente de su nariz hay tres lágrimas, el código usado por las bandas para los seres queridos perdidos. Tres de los hijos de Funes fueron asesinados por el archirrival de Barrio 18: el MS-13.
«Aspiras a ideas más elevadas y a una mentalidad superior, pero estás atrapado en los problemas de la calle», dijo Funes, quien lamentó haberse unido a Barrio 18. «Y las armas, de todos tipos, son muy fáciles de encontrar».
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Capturan a mujer que fingía embarazo con prótesis para traficar más de 5.600 dosis de cocaína
Una mujer de 27 años fue detenida en el sur de Cali, Colombia, tras ser descubierta utilizando una faja de látex que simulaba un embarazo para ocultar más de 5.600 dosis de cocaína.
El hecho se registró en el barrio Ciudad 2000, donde unidades de investigación criminal interceptaron a la sospechosa en el marco de un operativo de seguimiento. La mujer, que se movilizaba en taxi, planeaba continuar su viaje hasta Bogotá en transporte público, aparentando estar embarazada.
Sin embargo, su estrategia fue desmantelada cuando los agentes notaron irregularidades en su vientre y descubrieron que se trataba de una elaborada prótesis tipo “narcobarriga”, confeccionada con materiales similares a los utilizados en disfraces y efectos especiales.
Según las autoridades, este tipo de implementos puede costar hasta tres millones de pesos colombianos (aproximadamente 730 dólares) y se están convirtiendo en una nueva modalidad empleada por redes de narcotráfico para el transporte de estupefacientes sin levantar sospechas.
La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de tráfico de drogas. La investigación continúa para establecer si forma parte de una estructura criminal más amplia.
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¿Quién era María Fernanda Benítez, la joven embarazada hallada calcinada frente a la casa de su pareja?
María Fernanda Benítez, una adolescente paraguaya de 17 años y con seis meses de embarazo, fue hallada calcinada el pasado 1 de junio en un terreno baldío, cinco días después de haber sido reportada como desaparecida. El cuerpo fue localizado frente a la vivienda de su pareja, principal sospechoso del crimen.
El informe preliminar del médico forense Pablo Lemir, citado por medios locales, indica que el cadáver presentaba quemaduras en el 70 % de su superficie, además de signos de descomposición avanzada, lo que ha dificultado establecer la causa exacta de muerte. Sin embargo, se encontraron indicios de intoxicación por monóxido de carbono, lo que sugiere que la víctima pudo haber estado viva, aunque inconsciente, al momento de ser quemada.
También se detectaron golpes en la cabeza y fracturas en el brazo derecho, aunque no se ha determinado si ocurrieron antes o después del fallecimiento.
El Ministerio Público ha calificado el caso como feminicidio. Los principales sospechosos son su pareja, identificado como Bernardo, y una amiga cercana de la víctima, Mikhaela. La Fiscalía reveló mensajes entre ambos que evidencian una posible planificación del crimen. En uno de los textos, Bernardo expresa angustia por el avance del embarazo y plantea asesinar a María Fernanda. Mikhaela habría respondido con una sugerencia explícita sobre cómo hacerlo.
Las autoridades continúan investigando el caso, que ha generado conmoción en Paraguay. La familia de la víctima exige justicia y el máximo castigo para los responsables.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la prohibición de ingreso al país para la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, en respuesta a las órdenes de captura emitidas contra la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Se prohíbe su entrada por denostar gente honesta colombiana y por burlarse de la dignidad colombiana”, expresó Petro durante un consejo de ministros televisado, en el que instruyó a la canciller Laura Sarabia a emitir el acto administrativo correspondiente.
Las capturas fueron ordenadas por el fiscal Rafael Curruchiche, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, bajo acusaciones de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión, vinculadas al caso Odebrecht.
El fiscal guatemalteco acusa a Camargo y Velásquez, excomisionado de la CICIG —entidad respaldada por la ONU— de integrar una estructura criminal que habría favorecido a Odebrecht, ocasionando pérdidas al Estado guatemalteco por más de $400 millones.
En respuesta, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que ambos funcionarios gozan de inmunidad judicial por sus funciones en la CICIG, una protección que sigue vigente incluso después de finalizado su mandato.
La medida del gobierno colombiano profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países en torno al legado de la lucha contra la corrupción en Centroamérica.
