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Gabriel Boric, presidente: el Chile que recibe el nuevo mandatario y 5 retos que enfrentará en sus primeros meses de gobierno
Con 36 años, el ex líder estudiantil llega a La Moneda de la mano de una nueva generación que destrona a los dos grandes bloques de centro-izquierda y centro-derecha que gobernaron el país desde el retorno de la democracia, en 1990.
Y su gobierno genera altas expectativas.
El nuevo mandatario, que obtuvo un triunfo histórico en diciembre, asume con una ambiciosa agenda de cambios —con reformas al sistema de pensiones, al tributario y salud, entre otras—, que responde en parte a algunas de las demandas representadas en el estallido social que comenzó en octubre de 2019.
Pero su asunción ocurre en un momento en que el país atraviesa por un escenario político, económico y social complejo, con dos estados de emergencia en vigor (uno en el sur, en La Araucanía; y otro en el norte, en el centro de la crisis migratoria), una inflación histórica (que llegó a su nivel más alto en al menos 10 años) y la pandemia que le sigue golpeando fuerte.
A lo anterior se suma que deberá gobernar sin mayoría en el Congreso y con un proceso constituyente en marcha que busca proponer una nueva Carta Magna para la nación sudamericana.
Así, Boric tendrá que sortear una serie de retos que pondrán a prueba su capital político desde el comienzo de su gobierno.
1. Convención constituyente
Tres semanas después de que comenzaran las masivas protestas de octubre de 2019 en Chile, Gabriel Boric —junto a otros políticos de distintas tendencias— firmó un acuerdo para cambiar la Constitución que actualmente rige en el país y que es herencia del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Su participación no estuvo exenta de polémicas pues lo hizo a título personal y sin el apoyo de su propio partido, Convergencia Social.
Desde entonces, el ahora presidente es visto como un importante promotor de un proceso que fue considerado como una «salida institucional» a la crisis.
Por eso, de acuerdo con diversos analistas consultados por BBC Mundo, su éxito es crucial para el nuevo mandatario.
«Mucho del capital político del nuevo mandatario está jugado en este proceso», le dice a BBC Mundo Cristóbal Bellolio, doctor en filosofía política y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.
La asamblea que está escribiendo la nueva Carta Magna deberá presentar una propuesta en julio de este año, la cual debe ser ratificada en un plebiscito de salida donde participará todo el país.
«Si todo esto termina siendo exitoso, Boric se gana la estatua. Y ¿qué significa que sea exitoso? Que la aprobación en el plebiscito de salida sea lo más abrumadora posible para que no haya un sector completo de la sociedad excluido», añade.
La redacción de una nueva Constitución se aprobó abrumadoramente en un plebiscito realizado en octubre de 2020. Y la Convención encargada de escribirla, conformada principalmente por independientes, inició sus sesiones en julio de 2021.
Su trabajo no ha estado exento de polémicas, sobre todo desde sectores de la derecha que acusan que priman las «posiciones extremas» bajo un «afán refundacional», y de convencionales derechistas que aseguran que están siendo «excluidos» de la discusión.
Desde el otro lado de la vereda hay quienes afirman que existe una campaña de desprestigio contra la Convención y han llamado a la calma respecto a las normas que están siendo discutidas.
En medio de este inevitable y encendido debate, muchos esperan que la coalición política que apoya a Boric juegue algún papel en liderar conversaciones tendientes a reunir el mayor apoyo posible para el proceso.
Tarea que no es fácil, pues desde la propia asamblea se ha pedido que el gobierno se mantenga neutro y distante.
Y Boric ha dado señales en esa línea.
«No voy a tratar de pautear a la Convención con lo que tiene que hacer, sino respetar e implementar lo que acá deliberativamente se decida», dijo en diciembre pasado.
2. Conflicto en la «macrozona sur»
Gabril Boric asume la presidencia de Chile en un momento delicado del centenario conflicto mapuche.
En los últimos años, ha habido una escalada de violencia en la llamada «macrozona sur», con ataques incendiarios, quema de viviendas y la muerte tanto de mapuches como de agricultores y policías.
Y varias provincias de esta zona están bajo el control de las Fuerzas Armadas desde mediados de octubre, cuando el presidente saliente Sebastián Piñera decidió decretar Estado de Emergencia.
«La relación entre el Estado y el pueblo mapuche ha sido tensa y violenta hace décadas. Y aunque el proceso constituyente, que cuenta con representantes de los pueblos originarios, fue un primer paso para una relación distinta, la tensión sigue», le explica a BBC Mundo Pamela Figueroa, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Chile.
«Boric va a tener un rol clave en enfrentar el tema de la violencia. Muchos estarán observando lo que un gobierno de izquierda puede hacer en esta materia», agrega.
Hasta el momento, las señales que ha dado Boric y su equipo ministerial van en la línea de establecer puentes de conversación con el pueblo mapuche —incluido el grupo radical llamado Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— y el resto de los actores involucrados.
La entrante ministra del Interior, Iskia Siches, ha adelantado que no renovarán el Estado de Emergencia.
Esto representa un cambio de estrategia respecto a la administración anterior que invirtió fuertemente en control policial y militar en la zona, creando incluso grupos especiales (como el «Comando Jungla») para hacer frente a la violencia.
Piñera, además, señaló públicamente, y en varias ocasiones, que en La Araucanía «hay terrorismo», algo que Boric siempre ha evitado mencionar.
«Lo que tenemos absolutamente claro es que no podemos seguir con las mismas recetas que han causado más violencia y más división», ha dicho el nuevo mandatario.
Para Cristóbal Bellolio, «Boric y su entorno nunca han querido enfrentar este problema como un asunto terrorista».
«Pero ¿qué va a pasar si siguen los atentados? Ahí van a tener un tremendo desafío: demostrar que por las buenas sí se consiguen resultados», señala.
3. Crisis migratoria en el norte
En la última década, Chile ha vivido un dramático aumento en el número de migrantes.
En solo una década, pasó de acoger a 305 mil migrantes (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena en 2010) a casi 1.500.000 de personas en 2020 (7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que lleva más de 20 años estudiando el fenómeno migratorio en Chile.
Además, la masiva llegada de desplazados desde Venezuela y Haití ha incrementado fuertemente los ingresos por pasos clandestinos, sumando más extranjeros irregulares y provocando un complejo círculo de informalidad.
La problemática llegó a su punto más álgido solo un par de semanas antes de que Boric asumiera la presidencia.
Camioneros de varias regiones del norte del país —que son las más afectadas por el ingreso de migrantes irregulares— lideraron protestas y bloqueos de ciudades enteras demandando mayor seguridad y medidas ante esta crisis.
Piñera decretó Estado de Emergencia en las provincias más afectadas, instalando más de 600 militares en las fronteras.
El gobierno de Boric ha prometido resolver en seis meses la situación de las personas en albergues, cerrar los pasos no habilitados, realizar un empadronamiento de los migrantes irregulares y combatir las redes de tráfico.
Una meta ambiciosa y que puede encontrarse con algunas dificultades.
«Es un tema urgente, aquí no se puede pensar a largo plazo», dice Pamela Figueroa.
«Boric tendrá que pensar en las dos perspectivas de este problema: la agenda de seguridad, de un lado, y los derechos humanos de los migrantes, de otro. El nuevo presidente tendrá que encontrar un equilibrio entre ambas», agrega la académica.
Para Javier Sajuria, académico de la Universidad Queen Mary de Londres, «si este gobierno de izquierda es capaz de lidiar con la inmigración, sería un golazo que muy pocos han logrado».
El doctor en Ciencias Políticas añade que a Boric también le corresponderá jugar un rol regional dentro de América Latina con el fin de intentar llegar a una solución integral con el resto de los países afectados.
«Este no es un problema solo de Chile, sino regional. Y en la medida que no haya un trabajo coordinado, no va a lograr nada», afirma.
El propio encargado de la crisis migratoria del gobierno entrante, Luis Thayer, ha señalado que el tema solo se resolverá mediante un diálogo con países como Bolivia, Perú, Argentina y Brasil.
4. Crisis económica
Actualmente, la economía global se enfrenta a una desaceleración generalizada y a una alta inflación.
La pandemia de covid-19 agudizó la pobreza y la desigualdad en el mundo y la recuperación económica prevista para este año ha mostrado signos de estancamiento, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Esta ralentización se debe en parte al fin de los paquetes de estímulo económico y fiscal, y a importantes interrupciones en las cadenas de suministros.
El panorama se ve aún más sombrío luego de la invasión de Rusia a Ucrania, lo que se cree que podría tener un efecto catastrófico sobre la producción global de alimentos.
Además, el conflicto bélico ha elevado el precio del petróleo a sus niveles más altos desde 2008, lo que podría golpear fuertemente a países que no producen crudo, como Chile.
En este país, la actividad en lo que va del año registró una menor expansión a lo que esperaba el mercado, lo que, según analistas, es un síntoma de un frenazo económico que podría golpear a los chilenos en los próximos meses.
Así, con un presupuesto fiscal ajustado, el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra para satisfacer las demandas sociales.
Será un importante desafío el saber administrar las arcas fiscales y, en eso, el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, será clave.
«El mundo de Boric nunca ha tenido la idea de crecimiento como faro o norte, no ha estado en el centro de sus preocupaciones. Pero si quiere financiar los derechos sociales, no basta con subir la tasa impositiva; necesitas crecer. Y eso será un enorme desafío», explica Bellolio.
Según los analistas, aquí será crucial la relación que el mandatario establezca con el empresariado.
«Deberá generar confianzas, puentes de diálogo, para recuperar la inversión y reactivar la economía», dice Sajuria.
Hasta el momento, Boric les ha enviado un mensaje claro de que todos los cambios y transformaciones tendrán como eje la «gradualidad y responsabilidad fiscal».
«Mis palabras de gradualidad y responsabilidad fiscal no eran un discurso de campaña, sino que una convicción profunda que tengo para hacer las transformaciones que sean necesarias», dijo en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), realizado en enero.
Por otra parte, hay que tener en consideración que, al igual que en gran parte del mundo, las ayudas económicas por la pandemia tienen fecha de término.
Dentro de este cuadro, están los retiros anticipados de fondos de pensiones, los cuales ayudaron a muchos chilenos a sortear la crisis. Pero esa política ya perdió popularidad y es difícil imaginar que el presidente la apoyará de nuevo.
«El sector político de Boric le exigió al gobierno de Piñera gastar mucho en tiempos de pandemia. Y ahora van a tener que sufrir las consecuencias de esta resaca», dice Bellolio.
5. Pandemia
La pandemia de coronavirus no ha terminado. Y Gabriel Boric asume en un momento en que no solo han aumentado fuertemente los casos en Chile, sino también las muertes.
De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno, en los últimos días se han registrado más de 18 mil casos diarios, con más de mil pacientes que ocupan actualmente camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Además, en las últimas 24 horas, se han registrado más de 200 muertes.
De esta manera, manejar la crisis sanitaria será un reto importante de la nueva administración que, entre sus ministros, cuenta con un importante rostro de la lucha contra la covid-19: Izkia Siches.
La titular del Interior se desempeñó como presidenta de la organización gremial Colegio Médico de Chile entre 2017 y 2021. Desde allí, ejerció presión sobre el gobierno de Sebastián Piñera, cuestionando duramente varias de las medidas tomadas y proponiendo otras.
Pero ahora le tocará a ella ser parte de las decisiones para hacer frente a la pandemia, con todas las complejidades que eso significa.
Entre las dificultades que le tocará sortear al nuevo gobierno en el corto plazo está el retorno a las clases presenciales en las escuelas.
Si bien el propio Boric ha adelantado que priorizará la asistencia presencial, se puede encontrar con una resistencia importante de parte de sus aliados, entre ellos, el Colegio de Profesores y figuras políticas como el comunista y ex candidato presidencial, Daniel Jadue, que se han manifestado en contra de esta opción.
«Nadie puede obligar o imponer a padres, profesores, ni estudiantes, a que asistan a un colegio si no están todas las medidas de seguridad», dijo Jadue a mediados de febrero.
«Ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición», remató.
Por otra parte, Boric deberá ser capaz de sostener la política de vacunación liderada por Piñera, que ha sido ampliamente elogiada en el mundo.
«Será una tensión importante. Va a tener que conjugar la reactivación económica, que ya se hace insostenible, con medidas de restricción de movilidad. Va a tener que buscar el equilibrio», dice Pamela Figueroa.
Cristóbal Bellolio indica que «el sector de Boric promovió las restricciones en el gobierno de Piñera pero ahora sería impopular si instalaran políticas demasiado restrictivas; vamos a ver cuánto de eso se banca la gente».
«Ahora, les tocará a ellos enfrentar la decisión de la economía versus vidas», concluye.
Por. BBC News.
Francia empieza este lunes a vacunar a millones de patos contra la gripe aviar con la esperanza de evitar un nuevo «tsunami» de esta enfermedad viral que condujo a sacrificar a decenas de millones de aves en los últimos años.
«La presión del virus sigue siendo elevada, pero la vacunación debería permitir tratar los casos aislados y evitar un tsunami» en las explotaciones, aseguró Jocelyn Marguerie, de la asociación de veterinarios SNGTV.
Ante las reiteradas crisis de influenza aviar, Francia decidió volver obligatoria la vacunación preventiva en las explotaciones de más de 250 patos (excluidos los reproductores) a partir del 1 de octubre.
Su costo es de casi 100 millones de euros (unos $105 millones) para la temporada 2023-2024, lejos de los 650 millones de euros ($687 millones) que costó la crisis de 2021-2022 para indemnizar a los avicultores.
La vacunación se centra en los patos, criados para la producción de ‘foie-gras’ o carne, porque son muy sensibles al virus y lo excretan en el medio ambiente antes de presentar síntomas, favoreciendo su propagación.
La gripe aviar, presente en América, Europa, Asia y África, golpeó Francia de 2015 a 2017 y, de nuevo, desde finales de 2020. Sin embargo, desde julio, no se detectó en ninguna explotación francesa.
Cuando aparece un caso, se sacrifican las aves de forma preventiva en la granja afectada y en las explotaciones cercanas, lo que afecta de forma durable a la producción y hace que se acumulen las pérdidas económicas.
Con las vacunas, el gobierno espera poner fin a este ciclo. El sector estima que deben vacunarse unos 60 millones de patos para el verano de 2024 (dos dosis por individuo).
La primera dosis se inoculará a los anadones de 10 días. Los primeros vacunados estarán plenamente inmunizados en diciembre, aunque para muchos avicultores es tarde porque el virus podría aparecer antes.
El sector vigila también la reacción de los mercados de exportación. Un responsable del ministerio japonés de Agricultura dijo a la AFP que Japón suspendería las importaciones de Francia cuando empiece la vacunación.
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Presidente de la Cámara Baja de EE. UU., Kevin McCarthy, destituido por su partido Republicano
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, fue destituido el martes por legisladores de su partido Republicano furiosos por haber ayudado a los demócratas.
El 55º presidente de la Cámara fue despojado del cargo en una votación provocada por rebeldes de su propio partido, que pasaron enfurecidos los nueve meses transcurridos desde que McCarthy sofocó por poco los intentos de cortarle el paso y consiguió hacerse con el cargo más poderoso del Congreso.
Por primera vez en sus 234 años de historia, la Cámara resolvió «dejar vacante el cargo de presidente» por 216 votos a favor y 210 en contra y preparó así el terreno para una inédita contienda para sustituir a McCarthy un año antes de las elecciones.
El presidente de la Cámara Baja es el segundo en la línea de sucesión del presidente.
McCarthy desató la furia en el ala ultraconservadora republicana cuando aprobó el sábado una medida bipartidista de financiación provisional respaldada por la Casa Blanca que evitó in extremis un cierre del gobierno.
Como muchos congresistas, había reprendido a Trump tras los disturbios de 2021 en el Capitolio y luego percibió que los vientos cambiaban por lo que rápidamente dio marcha atrás, haciendo un viaje a Florida para hacer las paces con Trump asegurándose así un apoyo crucial para sus ambiciones como presidente de la Cámara.
Cuando McCarthy, de 58 años, consiguió lo que quería, se enfrentó a una realidad incómoda: su control del poder quedó a merced de los partidarios de la línea dura de su partido.
En mayo entró tuvo un tenso pulso con el presidente demócrata Joe Biden sobre la ampliación del límite de la deuda nacional.
Logró un acuerdo de última hora para evitar un catastrófico impago de la deuda estadounidense, y aunque lo consideró como una victoria de los conservadores, debió enfrentar a partidarios de la línea dura republicana que le reprocharon haber hecho demasiadas concesiones en materia de gasto público.
Su limitado compromiso con los demócratas volvió a ser objeto de la ira de la extrema derecha la semana pasada, cuando utilizó los votos del partido rival para evitar el cierre del gobierno.
La medida enfureció a republicanos – incluido Trump-, que abogaban por forzar recortes masivos del gasto y reducir la carga de la deuda del país, que supera los 31 billones de dólares.
A la cabeza de las críticas quedó el congresista Matt Gaetz, un viejo antagonista de McCarthy que el lunes mocionó «dejar vacante la presidencia».
Causa perdida
En una muestra de las desavenencias que desgarran a los republicanos, los representantes conservadores se turnaron en el hemiciclo para abogar a favor y en contra de McCarthy.
Esta muestra pública de luchas internas provocó la reacción de Trump.
«¿Por qué los republicanos pasan todo su tiempo discutiendo entre ellos, por qué no luchan contra los demócratas radicales de izquierda que están destruyendo nuestro país?», escribió en su plataforma Truth Social.
La pugna se produce dos días después de que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran una medida para evitar un costoso cierre del Gobierno -ambos con amplias mayorías bipartidistas- prorrogando la financiación federal hasta mediados de noviembre, aunque con algunas restricciones, entre ellas nuevos fondos para Ucrania,
Los conservadores estaban molestos por lo que vieron como un revés de McCarthy, quien había prometido poner fin de la apresurada legislación provisional acordada con el apoyo del partido opuesto, y un retorno al presupuesto a través del proceso de la comisión.
El ala derecha del Partido Republicano se opone con vehemencia a liberar fondos adicionales para Kiev, argumentando que el dinero debería destinarse en su lugar a atajar la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó ayer (martes) en Washington que su país vive una transición «incierta» que «parece un golpe de Estado a cámara lenta».
Cuando ganó las elecciones presidenciales el 20 de agosto, el dirigente socialdemócrata «sabía que no sería fácil y esperaba resistencia de algunos actores poderosos», pero ignoraba de qué tipo, explicó en el Wilson Center, un foro no partidista.
Desde la primera vuelta electoral de junio Arévalo y su partido Semilla han sido blanco de acciones legales de la fiscalía, que pide suspender el movimiento por supuestas anomalías en su inscripción en 2017.
En su última embestida la fiscalía allanó la sede del tribunal electoral y decomisó cajas que contenían actas de los resultados de las elecciones.
«Lo que veo ahora parece un golpe de Estado a cámara lenta», afirmó Arévalo en inglés.
«Eso es indignante y es inaceptable. Representa una grave alteración del orden constitucional» y debe ser examinado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ya ha llevado a cabo misiones de buenos oficios en el país centroamericano.
Según Arévalo, las iniciativas judiciales ponen en duda «el compromiso» del gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Giammattei para un traspaso de poderes fluido en enero.
Este hijo de Juan José Arévalo, primer presidente demócratico de Guatemala (1945-1951), era un desconocido pese a ser diputado hasta hace unos meses.
Él atribuye su éxito a que se ha comprometido a «poner fin a la influencia que las redes corruptas».
«El miedo de estos actores corruptos a que tengamos éxito es precisamente lo que ha desencadenado la persecución judicial y esa campaña de intimidación» contra Semilla y sus seguidores en las redes sociales, añadió.
«La intención es clara: quieren retrasar o impedir mi investidura como presidente», estima Arévalo, que sin embargo garantizó al público que no tiene «ninguna duda» de que asumirá el cargo aunque sea «un camino lleno de baches».
El político de 64 años desconoce si la Primavera que promete tendrá éxito.
«No sé si lo lograremos y seremos nosotros los que consigamos romper el ciclo» de corrupción «y si esta va a ser la primavera definitiva, permitiendo que el país prospere», reconoció.
«Tal vez fracasemos y haya otro intento» de golpe de Estado «si fallamos, pero creo que lo que no podemos hacer es no intentarlo», recalcó.
Lo dijo un día después de mantener un encuentro virtual con el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken, quien advirtió que Estados Unidos «seguirá utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia» en Guatemala.
Ayer (martes) Arévalo se reunió con congresistas, que le expresaron su preocupación por la situación que atraviesa el país.
