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Florida aprueba una dura ley contra la inmigración irregular
El estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, aprobó el miércoles una ley con duras medidas contra la migración irregular, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, cuya postulación a la Casa Blanca en 2024 parece inminente.
DeSantis firmó el texto durante un evento en Jacksonville, en el noreste del estado, bajo el lema « »La crisis fronteriza de (Joe) Biden», el presidente demócrata al que acusa de no atender la inmigración ilegal.
«Los cárteles de la droga mexicanos tienen más que decir sobre lo que ocurre en la frontera sur que nuestro propio gobierno estadounidense», dijo el gobernador, justificando la necesidad de la nueva ley floridana.
El texto entrará en vigor el 1 de julio. Entre sus medidas más destacadas, exigirá a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
La ley obligará además a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes, y convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
Las autoridades dejarán por otra parte de reconocer las licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes que ingresaron al país de forma ilegal, además de prohibir la financiación de programas locales para otorgarles documentos de identidad.
«Florida está contraatacando»
Unos 660.000 extranjeros residían en Florida en situación irregular en 2018, según la última estimación publicada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos en 2021.
DeSantis, de 44 años, figura ascendente de la derecha estadounidense, ha promovido en los últimos meses una agenda muy conservadora en asuntos relacionados con la enseñanza, la inmigración o el derecho al aborto.
El gobernador defendió este miércoles la ley migratoria como una medida necesaria para reducir la delincuencia provocada, según él, por la «enorme negligencia» de la administración Biden.
Antes de firmar el texto, puso como ejemplo varios delitos violentos cometidos en Florida por «extranjeros ilegales» y las muertes provocadas por el tráfico de fentanilo –un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína– desde México.
Esta situación «ha afectado mucho a nuestro país y Florida está contraatacando», declaró.
La mayoría republicana en ambas cámaras estatales le ha brindado a DeSantis su apoyo completo para aprobar leyes que le han garantizado una gran atención mediática.
El año pasado, el gobernador hizo enviar dos grupos de venezolanos indocumentados desde la frontera en Texas hasta bastiones demócratas del noreste de Estados Unidos a bordo de dos aviones privados.
Ese programa de traslado de migrantes recibirá 12 millones de dólares en el año fiscal 2013/2014 tras la entrada en vigor de la ley aprobada este miércoles.
Las iniciativas de DeSantis han sido cuestionadas por defensores de los derechos humanos.
«Florida penaliza a los inmigrantes por haber tenido la mala suerte de nacer en países convulsos y haber tenido el valor de buscar aquí la paz y la prosperidad», declaró Tessa Petit, directora ejecutiva de la organización Florida Inmigration Coalition, en un comunicado enviado este miércoles.
Las críticas de los detractores se centran sobre todo en las consecuencias del uso de E-Verify y la obligación para los hospitales de recopilar datos de sus pacientes.
Según la oenegé Florida Policy Institute, la imposición de utilizar E-Verify podría costarle 12.600 millones de dólares en un año a la economía de Florida, donde trabajan numerosos extranjeros en situación migratoria irregular en sectores como la construcción, la agricultura, la restauración y el ocio.
Respecto a la norma sobre hospitales, «hará que muchas personas renuncien a la atención médica o la retrasen, creando un clima de miedo si creen que acudir al hospital puede acarrear la deportación o la separación familiar», denunció en un comunicado Aurelie Colon Larrauri, defensora de política en Florida en la oenegé Latina Institute for Reproductive Justice.
Una mujer resultó gravemente herida luego de que su vehículo cayera varios metros dentro de esta plaza comercial, ubicada en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.
Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, y personal de Bomberos, coordinaron maniobras de rescate del vehículo que cayó al interior de la Plaza Lilas.
Paramédicos diagnosticaron a la mujer de 61 años de edad con traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención médica definitiva, en tanto la zona fue acordonada.
En el sitio, los Bomberos y el equipo de Protección Civil realizaron las labores para extraer el automóvil y verificar los daños en el sitio para así evitar nuevos accidentes.
El Observatorio de Monitoreo de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que vigilan un sistema de baja presión, que podría convertirse en el primer ciclón tropical de la temporada de huracanes del Océano Pacífico.
“Un área de baja presión podría formar un ciclón tropical durante la próxima semana”, publicó la cartera medioambiental en su perfil oficial de X.
En la actualidad, el referido sistema de baja presión se ubica en la costa pacífica mexicana.
El sistema “presenta un potencial de desarrollo ciclónico de 80 % para los próximos 7 días”, se agrega en la publicación del MARN.
“El Observatorio de Amenazas estará monitoreando la evolución de este sistema, aunque no se espera influencia sobre nuestro país”, aclaró el MARN.
Cuatro personas con «experiencia operativa» están involucradas en el doble asesinato de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El ataque fue planificado, aseguraron las autoridades.
La investigación apunta a que el tirador, captado en las cámaras de videovigilancia, esperó a que los servidores públicos Ximena Guzmán y José Muñoz estuvieran juntos para cometer el delito el 20 de mayo sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.
Una vez que las víctimas abordaron el vehículo con el que se disponían a realizar su jornada laboral, el agresor se colocó de frente y disparó con un arma de fuego contra ellas. Las heridas de bala en sus cráneos y tórax les causaron la muerte de inmediato.
Ocho casquillos calibre 9 mm fueron encontrados en la zona del ataque, y de acuerdo con la Fiscalía, el arma no está vinculada a otros delitos. Con apoyo de otras tres personas, el pistolero logró darse a la fuga en una motocicleta.
Además, los involucrados cambiaron de vehículo en dos ocasiones para abandonar el perímetro de la ciudad. Los números de serie fueron alterados y tienen reporte de robo, detalló la Fiscalía. «Los indicios confirman que el ataque fue directo, ejecutado con un alto grado de planeación y experiencia operativa», destacaron.
Sin embargo, las autoridades todavía no tienen una «hipótesis concluyente sobre el móvil del crimen ni sobre posibles autores intelectuales». Por ello, se mantienen abiertas «todas las líneas de investigación», explicaron.
«Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y las líneas de investigación para que estos hechos […] no queden impunes», detalló la fiscal general, Bertha Alcalde Luján. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada si incrementará sus medidas de seguridad en actos públicos ante estos crímenes.
«No, no tenemos pensado», respondió en su conferencia matutina de ayer. La mandataria también negó que haya recibido denuncias de amenazas de algún funcionario.
De enero a abril, en la Ciudad de México hubo 316 víctimas de homicidio doloso, detalla el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
