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Extorsiones en Ecuador: Familias obligadas a pagar para salvar sus hogares
Saca electrodomésticos, sillas y hasta una mesa de billar que no le pertenece. La familia pone en orden su casa en el suroeste de Ecuador recién rescatada de los narcos, que imponen una cruel extorsión: pagar para conservar la vivienda.
El ambiente es tenso en la violenta localidad costera de Durán, cercana a Guayaquil, custodiada por soldados y policías. Bajo el ardiente techo de zinc de la modesta casa, un par de jóvenes cubiertos con mascarillas derriba a patadas improvisadas paredes de madera. Otros tiran a la calle montañas de enseres que sirvieron a los delincuentes.
«Querían que les pagara 2.000 dólares» a cambio de supuestamente «cuidar» la residencia que estaba en construcción, cuenta a la AFP la propietaria, que pidió omitir su nombre por miedo a represalias.
La fuerza pública recuperó la casa de esta familia, como la de muchas otras víctimas de una nueva modalidad de extorsión en Ecuador, bajo la cual organizaciones ilegales se adueñan de barrios estratégicos para el narcotráfico y el crimen.
«No se quede mucho tiempo», advierte un policía a la manicurista, quien teme regresar definitivamente.
La mujer dice haber pagado 300 dólares a los criminales, insuficiente para frenar las amenazas contra su esposo y familia.
«Tuve que salir de aquí por miedo (…) Matan a quien sea», dice en medio de la operación oficial. Los uniformados rompen candados y tumban puertas para recuperar la vivienda tomada por criminales en el barrio Fincas Delia, en las periferias de Durán.
La pequeña ciudad, ubicada a orillas del río Guayas, es cotizada para el narcotráfico por sus esteros convertidos en rutas fluviales para llegar a puertos desde donde sale la droga.
Antes de su huida, la mujer había dejado construidos los cimientos y unas pocas paredes. Ocho meses después, a su regreso junto a uniformados, se encontró con una casa terminada y adecuada por los delincuentes para sus fechorías.
«Daño irreparable»
Durán, zona industrial con unos 300.000 habitantes, es un «lugar con una larga historia de abandono y sometida a un poder mafioso desde hace muchos años», indica a la AFP Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en el vecino puerto comercial de Guayaquil.
La ocupación por la fuerza de viviendas permite a las mafias locales un mayor control sobre el territorio, según el experto. Los llamados «vacunadores» llegan a hogares previamente identificados y con potencial para convertirse en «casas de seguridad» del crimen, explica.
También usan las residencias para «mantener personas secuestradas», convertirlas en «bodega de acopio» de drogas y armas o para alquilarlas, explica a la AFP César Peña, fiscal de la provincia de Guayas (capital Guayaquil).
En Durán, en cuyas periferias aún hay calles de tierra y escasos servicios públicos, los niños son presa fácil de los narcos.
Los obligan a fungir como vigilantes, traficantes o sicarios, lo cual genera un «daño irreparable al tejido social» de la ciudad, precisa el defensor.
«Estos chicos, estas chicas, extorsionan dentro de su comunidad. Extorsionan a quienes los vieron nacer. Eso no ocurría antes», añade.
En 2023, Durán fue la segunda ciudad con más homicidios en Ecuador al registrar 450 muertes, detrás de Guayaquil (2.320).
Desplazamiento interno
Peña reconoce que las extorsiones se dispararon en el país a raíz de la pandemia de covid-19, en que aumentó la delincuencia a causa del desempleo. En Guayas, las autoridades reciben unas 4.000 denuncias al mes por ese delito, según el fiscal.
Los delincuentes no solo apuntan a hogares, negocios o comercios. Las «vacunas» han llegado hasta escuelas y activistas de derechos humanos.
«Si el propietario no paga una determinada cuota, lo obligan a salir de ese domicilio, le disparan, matan a algún miembro de su familia o le ponen algún artefacto explosivo para darle temor», señala el fiscal, de 47 años.
El CDH registró tiempo atrás la amenaza a una defensora que colocó cámaras de seguridad en un centro comunitario en Guayaquil. Las agrupaciones la tildaron de «delatora» y la obligaron a irse.
«El desplazamiento interno por motivos de violencia es una realidad actual en Ecuador y particularmente en el litoral», lamenta Navarrete.
En una demostración de músculo, el gobierno del presidente Daniel Noboa desplegó unos 1.100 policías y militares en Durán, advirtiendo a las mafias que tenían las «horas contadas».
Al menos cien casas fueron recuperadas en esa localidad en operaciones realizadas en julio. Un mes antes, 170 viviendas regresaron a manos de sus dueños en Guayaquil.
El paso de una motocicleta alerta al policía que acompaña a la familia en la recuperación de su casa. Esta «gente anda en motos viendo todo para decirles a esos terroristas», susurra el uniformado.
Tras el desalojo, colchones, platos, una bicicleta, un televisor, camas y otros muebles de los antiguos ocupas arden en una hoguera sobre la polvorienta calle.
Las extorsiones en Guatemala aumentaron un 36.2 % en el primer bimestre del año respecto a los primeros dos meses de 2024. Las familias viven agobiadas por las cuotas mensuales que deben entregar a los pandilleros. La situación es complicada en el país, cuando los funcionarios de los centros penales facilitan favores a los internos y hay reportes de que estos operan extorsiones desde el interior de las prisiones.
Las estadísticas del informe sobre extorsiones del Observatorio de Violencia de la organización Diálogos indican que este año hubo 4,871 extorsiones, mientras que el año pasado, al cierre de los dos meses, hubo 3,576.
Los departamentos con mayores denuncias de extorsiones son Guatemala, Escuintla, San Marcos, Chimaltenango, Jutiapa y Alta Verapaz.
Pese a los operativos, allanamientos y detenciones de líderes de pandillas, las extorsiones incrementan cada año. Las denuncias de los primeros dos meses de 2025 se acercan al cierre de hace una década. El 2015 cerró con 5,151 extorsiones, pero el año pasado hubo un total de 25,151, la cifra más elevada de los últimos 10 años. El 2023 finalizó con 18,096 extorsiones, siendo la segunda más alta.
Cansados de esta situación, pobladores de la Ciudad Peronia, zona 8 del municipio de Villa Nueva, Guatemala, salieron el jueves pasado a las calles para marchar por la paz. Un día antes, la Fiscalía había revisado la documentación de los conductores para prevenir actividades delictivas.
«El objetivo principal de esta acción es fortalecer la seguridad de los pasajeros y con[1]ductores y prevenir delitos como la extorsión», afirmó la Fiscalía.
La semana pasada, la Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala presentó una denuncia ante el ministerio público (Fiscalía) contra Mario Rolando Tax Charuc, director del Centro de Detención Preventiva para Hombres Restauración Constitucional, conocido popularmente como Pavoncito, por los delitos de extorsión e incumplimiento de deberes.
De acuerdo con la institución, existe evidencia de que el director otorgaba beneficios a los integrantes de la pandilla MS-13 dentro de la prisión a cambio de dinero. También lo responsabiliza de los ilícitos que ocurren dentro de las instalaciones, como la construcción de casas y apartamentos de lujo, revelaron medios de comunicación local.
Algunas viviendas incluso están equipadas con electrodomésticos.
El viernes, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión llevó a cabo una requisa en la cárcel y localizó un radio transmisor, cable de fibra óptica, dispositivos de almacenamiento, boletas de depósitos bancarios, números de cuentas bancarias, listados con números telefónicos y la identificación del grupo criminal White Fence.
«El radiotransmisor era utilizado por los privados de libertad para recibir información desde las afueras del centro carcelario cuando se aproximaban las autoridades, ya sea del ministerio público o de la Policía Nacional Civil», compartió la Fiscalía.
Guatemala se encuentra en una situación crítica con los homicidios y extorsiones que lideran las pandillas.
Las autoridades actualizaron su anterior estimación, realizada en 2014, sobre las posibles consecuencias en el caso de que se produzca un terremoto a lo largo de la fosa de Nankai, al sur del país.
Esta fosa submarina de 800 kilómetros se extiende desde Shizuoka, al oeste de Tokio, hasta el extremo sur de la isla de Kyushu.
Es el lugar donde la placa tectónica oceánica del mar de Filipinas se desliza lentamente por debajo de la placa continental sobre la que se asienta Japón, en un proceso de subducción.
Las placas se atascan a medida que se mueven y amacenan grandes cantidades de energía que se libera cuando se sueltan, causando terremotos que pueden llegar a ser muy violentos.
El grupo de trabajo de gestión de desastres estima que hasta 215.000 personas morirían por un tsunami, 73.000 por el colapso de edificios y 9.000 por incendios.
Sin embargo, el número total de víctimas previsto (298.000) es inferior a la estimación de 2014, según la cual morirían hasta 323.000 personas.
En los últimos 1.400 años, se han producido megaterremotos en la fosa Nankai cada 100 o 200 años. El último se produjo en 1946.
Los científicos afirman que es extremadamente difícil predecir los sismos. Pero en enero, un grupo de expertos del gobierno afirmó que la probabilidad de que se produzca un megaterremoto de este tipo en los próximos 30 años aumentó ligeramente, con probabilidades de entre 75 a 82% de que ocurra.
Internacionales
Se diluye la esperanza de hallar sobrevivientes tres días después del sismo en Birmania
Las esperanzas de encontrar sobrevivientes entre los escombros se desvanecen este lunes tras el potente terremoto que mató a por lo menos 1.700 personas en Birmania y la vecina Tailandia.
En Mandalay, la segunda ciudad de Birmania, situada cerca del epicentro, algunos habitantes pasaron una tercera noche bajo a la intemperie. Muchos durmieron en medio de las carreteras, lo más lejos posible de los edificios.
Los esfuerzos de rescate bajaron de intensidad en esa ciudad central de Birmania con más de 1,7 millones de habitantes, en medio de condiciones difíciles y con temperaturas cercanas a los 40 ºC.
El fuerte calor acelera la descomposición de cuerpos, lo cual podría complicar su identificación.
La junta birmana declaró una semana de luto nacional y anunció que las banderas birmanas ondearán a media asta «en señal de compasión por la pérdida de vidas y los daños causados por el violentísimo terremoto».
Una escena de desesperación se vivió en un edificio de apartamentos colapsado la noche del domingo en Mandalay, cuando los rescatistas creyeron haber rescatado con vida a una mujer embarazada que pasó más de 55 horas entre los escombros.
Le amputaron una pierna para liberarla, pero tras sacarla fue declarada muerta.
«Intentamos hacer todo lo posible para salvarla», comentó un rescatista, añadiendo que había perdido demasiada sangre por la amputación.
Los fieles musulmanes se congregaron el lunes cerca de una mezquita destruida en la ciudad para la primera oración del Aíd al-Fitr, la festividad que se celebra después del mes de ayuno musulmán del Ramadán.
Este lunes se esperan cientos de funerales de víctimas.
El sismo inicial de magnitud 7,7 se registró la tarde del viernes cerca de Mandalay, seguido de una réplica, minutos después, de magnitud 6,7.
Los temblores colapsaron edificios, derribaron puentes y bloquearon carreteras en el centro de Birmania.
Pánico por réplicas
A lo largo del fin de semana se sintieron réplicas en Mandalay, donde los vecinos salían a las calles en pánico.
La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) lanzó este domingo un llamado de emergencia por más de 100 millones de dólares para ayudar a las víctimas.
Según la IFRC, las necesidades crecen cada hora, al tiempo que el calor y la cercanía de la temporada de lluvias aumentan el riesgo de «crisis secundarias».
El país del sudeste asiático de más de 50 millones de habitantes ya enfrentaba enormes desafíos desde antes del terremoto.
Birmania se ha visto arrasada por cuatro años de guerra civil tras el golpe militar de 2021.
Incluso después del sismo se han reportado combates esporádicos. Un grupo rebelde dijo el domingo a AFP que siete de sus combatientes murieron en un bombardeo poco antes de que se sintieran los temblores.
La guerra civil provocó el desplazamiento de unas 3,5 millones de personas, muchas de las cuales están al borde de la hambruna.
Colapso en Bangkok
En la capital tailandesa, Bangkok, a unos 1.000 km de Mandalay, siguen las operaciones por hallar sobrevivientes en el lugar donde colapsó un edificio en construcción de 30 pisos por el terremoto del viernes.
Al menos 18 personas murieron en la megalópolis tailandesa. Se registran además 33 heridos y 78 desaparecidos, según las autoridades de la ciudad.
La mayoría de los fallecidos en la torre colapsada eran trabajadores y gran parte de los desaparecidos habrían quedado atrapados bajo el cúmulo de escombros.
Los rescatistas trabajaron contra reloj el fin de semana en busca de sobrevivientes, utilizando excavadoras mecánicas para remover los escombros mientras las familias esperaban noticias de sus seres queridos.
Perros rastreadores y drones con imágenes térmicas buscaban señales de vida en el edificio colapsado, ubicado cerca del mercado Chatuchak, un sitio muy visitado por turistas.
