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Extorsiones en Ecuador: Familias obligadas a pagar para salvar sus hogares
Saca electrodomésticos, sillas y hasta una mesa de billar que no le pertenece. La familia pone en orden su casa en el suroeste de Ecuador recién rescatada de los narcos, que imponen una cruel extorsión: pagar para conservar la vivienda.
El ambiente es tenso en la violenta localidad costera de Durán, cercana a Guayaquil, custodiada por soldados y policías. Bajo el ardiente techo de zinc de la modesta casa, un par de jóvenes cubiertos con mascarillas derriba a patadas improvisadas paredes de madera. Otros tiran a la calle montañas de enseres que sirvieron a los delincuentes.
«Querían que les pagara 2.000 dólares» a cambio de supuestamente «cuidar» la residencia que estaba en construcción, cuenta a la AFP la propietaria, que pidió omitir su nombre por miedo a represalias.
La fuerza pública recuperó la casa de esta familia, como la de muchas otras víctimas de una nueva modalidad de extorsión en Ecuador, bajo la cual organizaciones ilegales se adueñan de barrios estratégicos para el narcotráfico y el crimen.
«No se quede mucho tiempo», advierte un policía a la manicurista, quien teme regresar definitivamente.
La mujer dice haber pagado 300 dólares a los criminales, insuficiente para frenar las amenazas contra su esposo y familia.
«Tuve que salir de aquí por miedo (…) Matan a quien sea», dice en medio de la operación oficial. Los uniformados rompen candados y tumban puertas para recuperar la vivienda tomada por criminales en el barrio Fincas Delia, en las periferias de Durán.
La pequeña ciudad, ubicada a orillas del río Guayas, es cotizada para el narcotráfico por sus esteros convertidos en rutas fluviales para llegar a puertos desde donde sale la droga.
Antes de su huida, la mujer había dejado construidos los cimientos y unas pocas paredes. Ocho meses después, a su regreso junto a uniformados, se encontró con una casa terminada y adecuada por los delincuentes para sus fechorías.
«Daño irreparable»
Durán, zona industrial con unos 300.000 habitantes, es un «lugar con una larga historia de abandono y sometida a un poder mafioso desde hace muchos años», indica a la AFP Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en el vecino puerto comercial de Guayaquil.
La ocupación por la fuerza de viviendas permite a las mafias locales un mayor control sobre el territorio, según el experto. Los llamados «vacunadores» llegan a hogares previamente identificados y con potencial para convertirse en «casas de seguridad» del crimen, explica.
También usan las residencias para «mantener personas secuestradas», convertirlas en «bodega de acopio» de drogas y armas o para alquilarlas, explica a la AFP César Peña, fiscal de la provincia de Guayas (capital Guayaquil).
En Durán, en cuyas periferias aún hay calles de tierra y escasos servicios públicos, los niños son presa fácil de los narcos.
Los obligan a fungir como vigilantes, traficantes o sicarios, lo cual genera un «daño irreparable al tejido social» de la ciudad, precisa el defensor.
«Estos chicos, estas chicas, extorsionan dentro de su comunidad. Extorsionan a quienes los vieron nacer. Eso no ocurría antes», añade.
En 2023, Durán fue la segunda ciudad con más homicidios en Ecuador al registrar 450 muertes, detrás de Guayaquil (2.320).
Desplazamiento interno
Peña reconoce que las extorsiones se dispararon en el país a raíz de la pandemia de covid-19, en que aumentó la delincuencia a causa del desempleo. En Guayas, las autoridades reciben unas 4.000 denuncias al mes por ese delito, según el fiscal.
Los delincuentes no solo apuntan a hogares, negocios o comercios. Las «vacunas» han llegado hasta escuelas y activistas de derechos humanos.
«Si el propietario no paga una determinada cuota, lo obligan a salir de ese domicilio, le disparan, matan a algún miembro de su familia o le ponen algún artefacto explosivo para darle temor», señala el fiscal, de 47 años.
El CDH registró tiempo atrás la amenaza a una defensora que colocó cámaras de seguridad en un centro comunitario en Guayaquil. Las agrupaciones la tildaron de «delatora» y la obligaron a irse.
«El desplazamiento interno por motivos de violencia es una realidad actual en Ecuador y particularmente en el litoral», lamenta Navarrete.
En una demostración de músculo, el gobierno del presidente Daniel Noboa desplegó unos 1.100 policías y militares en Durán, advirtiendo a las mafias que tenían las «horas contadas».
Al menos cien casas fueron recuperadas en esa localidad en operaciones realizadas en julio. Un mes antes, 170 viviendas regresaron a manos de sus dueños en Guayaquil.
El paso de una motocicleta alerta al policía que acompaña a la familia en la recuperación de su casa. Esta «gente anda en motos viendo todo para decirles a esos terroristas», susurra el uniformado.
Tras el desalojo, colchones, platos, una bicicleta, un televisor, camas y otros muebles de los antiguos ocupas arden en una hoguera sobre la polvorienta calle.
El percance registrado en el complejo Dos Bocas, uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno de izquierda, fue provocado por fuertes lluvias en el estado de Tabasco, que ocasionaron el desbordamiento de aceite de la instalación que luego se incendió, detalló Pemex en un comunicado.
«Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellas, una trabajadora de Pemex», agregó la petrolera estatal.
Otras personas resultaron lesionadas y recibieron atención médica, añadió.
El incendio se registró al amanecer alrededor de la barda perimetral de un sector donde se almacenan hidrocarburos, informó horas antes la petrolera.
El siniestro fue sofocado dos horas después de que comenzó y «no representa riesgo para la población ni para las y los trabajadores», aseguró la firma.
En redes sociales circularon videos donde se observa las instalaciones petroleras, ubicadas justo en la costa del Golfo de México, devoradas por el fuego en medio de una intensa lluvia.
Según medios locales, entre los fallecidos se encontraría un guardia de seguridad.
La construcción de la refinería Dos Bocas se inició durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). La obra se vio marcada por numerosos retrasos y elevados costos de edificación, además de demoras para su entrada en operación.
Varios accidentes se han registrado en los últimos años en instalaciones de Pemex, en algunos casos con víctimas fatales.
Dos personas murieron tiroteadas la madrugada del martes en un restaurante en Raunheim, cerca del aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, informó la policía local.
Según los hallazgos iniciales, un individuo armado entró en el establecimiento alrededor de las 03:45 hora local (02:45 GMT) y abrió fuego contra las víctimas, que murieron en el lugar a causa de sus heridas.
El sospechoso huyó y permanece prófugo, mientras que el motivo del tiroteo sigue sin estar claro, informaron medios alemanes. La policía ha lanzado una operación de búsqueda a gran escala.
«Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby estadounidense», escribió Kent en una publicación en X.
En su carta dirigida al presidente Donald Trump, Kent afirmó que, al comienzo de esta administración, altos funcionarios israelíes y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses «desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma Estados Unidos Primero y sembró sentimientos a favor de la guerra para incitar a un conflicto con Irán».
Kent señaló que no puede apoyar el envío de la próxima generación a «luchar y morir en una guerra que no reporta ningún beneficio al pueblo estadounidense ni justifica el costo en vidas estadounidenses».
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, al menos 13 soldados estadounidenses han muerto. Otros diez han resultado gravemente heridos y unos 200 han sufrido heridas leves, de acuerdo con un informe publicado el viernes por The Wall Street Journal.
