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Extorsiones en Ecuador: Familias obligadas a pagar para salvar sus hogares
Saca electrodomésticos, sillas y hasta una mesa de billar que no le pertenece. La familia pone en orden su casa en el suroeste de Ecuador recién rescatada de los narcos, que imponen una cruel extorsión: pagar para conservar la vivienda.
El ambiente es tenso en la violenta localidad costera de Durán, cercana a Guayaquil, custodiada por soldados y policías. Bajo el ardiente techo de zinc de la modesta casa, un par de jóvenes cubiertos con mascarillas derriba a patadas improvisadas paredes de madera. Otros tiran a la calle montañas de enseres que sirvieron a los delincuentes.
«Querían que les pagara 2.000 dólares» a cambio de supuestamente «cuidar» la residencia que estaba en construcción, cuenta a la AFP la propietaria, que pidió omitir su nombre por miedo a represalias.
La fuerza pública recuperó la casa de esta familia, como la de muchas otras víctimas de una nueva modalidad de extorsión en Ecuador, bajo la cual organizaciones ilegales se adueñan de barrios estratégicos para el narcotráfico y el crimen.
«No se quede mucho tiempo», advierte un policía a la manicurista, quien teme regresar definitivamente.
La mujer dice haber pagado 300 dólares a los criminales, insuficiente para frenar las amenazas contra su esposo y familia.
«Tuve que salir de aquí por miedo (…) Matan a quien sea», dice en medio de la operación oficial. Los uniformados rompen candados y tumban puertas para recuperar la vivienda tomada por criminales en el barrio Fincas Delia, en las periferias de Durán.
La pequeña ciudad, ubicada a orillas del río Guayas, es cotizada para el narcotráfico por sus esteros convertidos en rutas fluviales para llegar a puertos desde donde sale la droga.
Antes de su huida, la mujer había dejado construidos los cimientos y unas pocas paredes. Ocho meses después, a su regreso junto a uniformados, se encontró con una casa terminada y adecuada por los delincuentes para sus fechorías.
«Daño irreparable»
Durán, zona industrial con unos 300.000 habitantes, es un «lugar con una larga historia de abandono y sometida a un poder mafioso desde hace muchos años», indica a la AFP Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en el vecino puerto comercial de Guayaquil.
La ocupación por la fuerza de viviendas permite a las mafias locales un mayor control sobre el territorio, según el experto. Los llamados «vacunadores» llegan a hogares previamente identificados y con potencial para convertirse en «casas de seguridad» del crimen, explica.
También usan las residencias para «mantener personas secuestradas», convertirlas en «bodega de acopio» de drogas y armas o para alquilarlas, explica a la AFP César Peña, fiscal de la provincia de Guayas (capital Guayaquil).
En Durán, en cuyas periferias aún hay calles de tierra y escasos servicios públicos, los niños son presa fácil de los narcos.
Los obligan a fungir como vigilantes, traficantes o sicarios, lo cual genera un «daño irreparable al tejido social» de la ciudad, precisa el defensor.
«Estos chicos, estas chicas, extorsionan dentro de su comunidad. Extorsionan a quienes los vieron nacer. Eso no ocurría antes», añade.
En 2023, Durán fue la segunda ciudad con más homicidios en Ecuador al registrar 450 muertes, detrás de Guayaquil (2.320).
Desplazamiento interno
Peña reconoce que las extorsiones se dispararon en el país a raíz de la pandemia de covid-19, en que aumentó la delincuencia a causa del desempleo. En Guayas, las autoridades reciben unas 4.000 denuncias al mes por ese delito, según el fiscal.
Los delincuentes no solo apuntan a hogares, negocios o comercios. Las «vacunas» han llegado hasta escuelas y activistas de derechos humanos.
«Si el propietario no paga una determinada cuota, lo obligan a salir de ese domicilio, le disparan, matan a algún miembro de su familia o le ponen algún artefacto explosivo para darle temor», señala el fiscal, de 47 años.
El CDH registró tiempo atrás la amenaza a una defensora que colocó cámaras de seguridad en un centro comunitario en Guayaquil. Las agrupaciones la tildaron de «delatora» y la obligaron a irse.
«El desplazamiento interno por motivos de violencia es una realidad actual en Ecuador y particularmente en el litoral», lamenta Navarrete.
En una demostración de músculo, el gobierno del presidente Daniel Noboa desplegó unos 1.100 policías y militares en Durán, advirtiendo a las mafias que tenían las «horas contadas».
Al menos cien casas fueron recuperadas en esa localidad en operaciones realizadas en julio. Un mes antes, 170 viviendas regresaron a manos de sus dueños en Guayaquil.
El paso de una motocicleta alerta al policía que acompaña a la familia en la recuperación de su casa. Esta «gente anda en motos viendo todo para decirles a esos terroristas», susurra el uniformado.
Tras el desalojo, colchones, platos, una bicicleta, un televisor, camas y otros muebles de los antiguos ocupas arden en una hoguera sobre la polvorienta calle.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
