Internacionales
Extorsiones en Ecuador: Familias obligadas a pagar para salvar sus hogares
Saca electrodomésticos, sillas y hasta una mesa de billar que no le pertenece. La familia pone en orden su casa en el suroeste de Ecuador recién rescatada de los narcos, que imponen una cruel extorsión: pagar para conservar la vivienda.
El ambiente es tenso en la violenta localidad costera de Durán, cercana a Guayaquil, custodiada por soldados y policías. Bajo el ardiente techo de zinc de la modesta casa, un par de jóvenes cubiertos con mascarillas derriba a patadas improvisadas paredes de madera. Otros tiran a la calle montañas de enseres que sirvieron a los delincuentes.
«Querían que les pagara 2.000 dólares» a cambio de supuestamente «cuidar» la residencia que estaba en construcción, cuenta a la AFP la propietaria, que pidió omitir su nombre por miedo a represalias.
La fuerza pública recuperó la casa de esta familia, como la de muchas otras víctimas de una nueva modalidad de extorsión en Ecuador, bajo la cual organizaciones ilegales se adueñan de barrios estratégicos para el narcotráfico y el crimen.
«No se quede mucho tiempo», advierte un policía a la manicurista, quien teme regresar definitivamente.
La mujer dice haber pagado 300 dólares a los criminales, insuficiente para frenar las amenazas contra su esposo y familia.
«Tuve que salir de aquí por miedo (…) Matan a quien sea», dice en medio de la operación oficial. Los uniformados rompen candados y tumban puertas para recuperar la vivienda tomada por criminales en el barrio Fincas Delia, en las periferias de Durán.
La pequeña ciudad, ubicada a orillas del río Guayas, es cotizada para el narcotráfico por sus esteros convertidos en rutas fluviales para llegar a puertos desde donde sale la droga.
Antes de su huida, la mujer había dejado construidos los cimientos y unas pocas paredes. Ocho meses después, a su regreso junto a uniformados, se encontró con una casa terminada y adecuada por los delincuentes para sus fechorías.
«Daño irreparable»
Durán, zona industrial con unos 300.000 habitantes, es un «lugar con una larga historia de abandono y sometida a un poder mafioso desde hace muchos años», indica a la AFP Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en el vecino puerto comercial de Guayaquil.
La ocupación por la fuerza de viviendas permite a las mafias locales un mayor control sobre el territorio, según el experto. Los llamados «vacunadores» llegan a hogares previamente identificados y con potencial para convertirse en «casas de seguridad» del crimen, explica.
También usan las residencias para «mantener personas secuestradas», convertirlas en «bodega de acopio» de drogas y armas o para alquilarlas, explica a la AFP César Peña, fiscal de la provincia de Guayas (capital Guayaquil).
En Durán, en cuyas periferias aún hay calles de tierra y escasos servicios públicos, los niños son presa fácil de los narcos.
Los obligan a fungir como vigilantes, traficantes o sicarios, lo cual genera un «daño irreparable al tejido social» de la ciudad, precisa el defensor.
«Estos chicos, estas chicas, extorsionan dentro de su comunidad. Extorsionan a quienes los vieron nacer. Eso no ocurría antes», añade.
En 2023, Durán fue la segunda ciudad con más homicidios en Ecuador al registrar 450 muertes, detrás de Guayaquil (2.320).
Desplazamiento interno
Peña reconoce que las extorsiones se dispararon en el país a raíz de la pandemia de covid-19, en que aumentó la delincuencia a causa del desempleo. En Guayas, las autoridades reciben unas 4.000 denuncias al mes por ese delito, según el fiscal.
Los delincuentes no solo apuntan a hogares, negocios o comercios. Las «vacunas» han llegado hasta escuelas y activistas de derechos humanos.
«Si el propietario no paga una determinada cuota, lo obligan a salir de ese domicilio, le disparan, matan a algún miembro de su familia o le ponen algún artefacto explosivo para darle temor», señala el fiscal, de 47 años.
El CDH registró tiempo atrás la amenaza a una defensora que colocó cámaras de seguridad en un centro comunitario en Guayaquil. Las agrupaciones la tildaron de «delatora» y la obligaron a irse.
«El desplazamiento interno por motivos de violencia es una realidad actual en Ecuador y particularmente en el litoral», lamenta Navarrete.
En una demostración de músculo, el gobierno del presidente Daniel Noboa desplegó unos 1.100 policías y militares en Durán, advirtiendo a las mafias que tenían las «horas contadas».
Al menos cien casas fueron recuperadas en esa localidad en operaciones realizadas en julio. Un mes antes, 170 viviendas regresaron a manos de sus dueños en Guayaquil.
El paso de una motocicleta alerta al policía que acompaña a la familia en la recuperación de su casa. Esta «gente anda en motos viendo todo para decirles a esos terroristas», susurra el uniformado.
Tras el desalojo, colchones, platos, una bicicleta, un televisor, camas y otros muebles de los antiguos ocupas arden en una hoguera sobre la polvorienta calle.
Un fuerte accidente se registró en el poblado El Pedregal, en la jurisdicción del municipio de Ocotlán, en Jalisco, México.
En este aparatoso incidente, una camioneta de color azul fue impactada por el tren que llevaba múltiples vagones.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando el conductor de una camioneta intentó cruzar las vías del ferrocarril sin respetar el paso de la máquina pesada.
Esta maniobra provocó que la unidad fuera alcanzada e impactada por el ferrocarril, ocasionando daños destruyendo casi por completo el vehículo y dejando a una persona gravemente herida.
Hasta el momento, se informó que el lesionado permanece bajo cuidados médicos, debido a la severidad de las lesiones provocadas por el impacto.
Internacionales
Las primeras órdenes ejecutivas del nuevo alcalde y el mensaje a los inquilinos de la ciudad
l alto precio de la vivienda es una de las razones por la que miles de familias e individuos abandonan la ciudad de Nueva York todos los años, y se mudan a otros estados.
Durante los cuatro años del saliente alcalde, por ejemplo, la renta aumentó un 12 % en total, para inquilinos que viven en edificios con renta estabilizada. Para aquellos que viven en apartamentos con renta de mercado, la carga es aún más pesada. Un apartamento de un cuarto, por ejemplo, empieza a $4,200, segun Zumper.com
Así que para proteger a los millones de inquilinos en la ciudad y cumpliendo con las promesas de su campaña, Zohran Mamdani firmó tres órdenes ejecutivas destinadas a atacar el problema de accesibilidad y la falta de viviendas, desde varios ángulos.
Con la primera orden, el nuevo alcalde anunció la reapertura de la oficina para la protección de inquilinos. Esta oficina que había sido desmantelada por el alcalde saliente, Eric Adams, jugará un papel importante en facilitar acceso a los recursos que la ciudad ofrece para la prevención de desalojos, incluyendo representación legal a las familias que necesiten.
Las segunda y tercera órdenes consisten en la formación de comisiones para identificar terrenos municipales donde se puedan construir más edificios de viviendas. LIFT, por sus siglas en Inglés así como la eliminación de aquellas regulaciones burocráticas que tiendan a limitar la rápida construcción. SPEED
El impacto de estas medidas pondría fin a la escasez de viviendas, que es el principal problema en la ciudad de Nueva York. Los miembros de la LIFT y SPEED reportan sus investigaciones al nuevo alcalde para el primero de Julio de este año.
La seriedad con la que esta administración está atacando el problema de la escasez de vivienda, envía un mensaje alentador para los millones de inquilinos en los cinco condados.
Autoridades locales suizas admitieron el martes que en los últimos cinco años no se efectuaron las inspecciones periódicas de seguridad en caso de fuego en el bar donde un incendio mató a 40 personas.
«No se efectuaron inspecciones periódicas entre 2020 y 2025. Lo lamentamos profundamente», declaró en conferencia de prensa Nicolas Feraud, alcalde del resort de esquí Crans-Montana, cinco días después de la tragedia en el bar Le Constellation.
En su primera declaración pública desde que el sábado se abrió la investigación penal contra ellos, los dueños del bar, Jacques y Jessica Moretti, de nacionalidad francesa, se dijeron este martes «devastados e invadidos por el dolor».
«Confiamos plenamente en los investigadores para que arrojen luz y disipen los interrogantes. Estén seguros, a este respecto, de nuestra total colaboración y de que no buscaremos, de ninguna manera, zafarnos», aseguró la pareja en un comunicado.
Ambos están investigados por «homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia».
En un comunicado, el Ayuntamiento de la ciudad indicó que había revisado todos los documentos sometidos a la oficina de la fiscalía del cantón de Valais después del incendio.
Aseguró que los documentos detallan los «procedimientos administrativos sobre el cumplimiento del establecimiento».
«Aunque solo en 2025 se efectuaron más de 1.400 inspecciones de incendio en el municipio, el concejo municipal lamenta profundamente descubrir que este establecimiento no se sometió a las inspecciones periódicas entre 2020 y 2025», agregó.
Dijo que decidió encargar a una agencia especializada externa la realización de inspecciones de todos los establecimientos públicos y prohibir el uso de aparatos pirotécnicos en interiores.
El municipio de Crans-Montana «continuará haciendo todo lo posible para asegurar que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir».
La policía de Valais dijo el lunes que había identificado a las 116 personas heridas en el incendio, de las cuales 83 continúan hospitalizadas.
La edad promedio de los fallecidos es de 19 años.
