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Eruditos internacionales preocupados por «intento de destruir un nuevo movimiento religioso» en Corea del Sur
El 20 de julio, un seminario web titulado «COVID-19 y Libertad Religiosa: Shincheonji, el Chivo expiatorio en Corea del Sur«, abordó los problemas recientes de ataques agresivos por parte de iglesias protestantes conservadoras y fundamentalistas políticamente poderosas en el país contra un grupo cristiano recién establecido y de rápido crecimiento llamado ‘Shincheonji (Nuevo Cielo y Nueva Tierra) Iglesia de Jesús’ fundado en 1984.
El nuevo movimiento cristiano de Shincheonji se ha convertido en el objetivo porque «los protestantes conservadores y fundamentalistas ven a Shincheonji como competencia, por lo cual quieren destruirlo», dijo Massimo Introvigne, un sociólogo italiano de la religión que estudió a Shincheonji antes y después de la pandemia del COVID-19 y publicó el primer relato del grupo religioso en inglés.
Alessandro Amicarelli, presidente de la Federación Europea para la Libertad de Creencias, señaló que las autoridades surcoreanas culparon a Shincheonji de ser el causante de la crisis de COVID-19 para cerrar la iglesia.
Ciaran Burke, profesor asociado de la Universidad de Derby, expresó su preocupación por «la recopilación de información personal de 300,000 miembros nacionales e internacionales de Shincheonji por parte del gobierno, lo cual es una posible violación del acuerdo internacional, especialmente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que Corea del Sur ratificó en 1990.»
La fiscalía inició la investigación de los líderes de Shincheonji, incluido el fundador Man Hee Lee, por su supuesto papel en la propagación del COVID-19. El 8 de julio, tres representantes de Shincheonji fueron arrestados, acusados de desempeñar un papel en el brote a gran escala en su fase inicial al «(presentar) una lista inexacta de los miembros».
Una declaración reciente emitida por «familiares de los fallecidos y víctimas de COVID-19» señaló que «los miles de daños y muertes de coreanos reflejan el fracaso de la respuesta inicial para contener el virus por parte del gobierno». Agregó que la Ministra de Justicia, Choo Mi-ae, «permitió que los pacientes con COVID-19 provenientes de China ingresaran a Corea, lo que provocó un brote generalizado del virus en todo el país, resultando en la muerte de ciudadanos coreanos». También declaró que la Ministra de Justicia estaba tratando de evitar su responsabilidad por los daños, «dando órdenes directas a los fiscales para una redada y arrestos contra la Iglesia Shincheonji».
La cadena de televisión de Corea del Sur, MBC, informó que una reciente investigación realizada en Daegu apunta al fracaso de la respuesta inicial del gobierno para contener el virus. El informe concluyó que al menos 180,000 de los 2.4 millones de personas en Daegu estaban infectados con el COVID-19, 27 veces más de los 6,800 casos oficiales confirmados. Del total de las 180,000 infecciones, solo 5,000 casos fueron derivados de la Iglesia Shincheonji; por lo cual, el informe elude la realidad; la iglesia de Shincheonji ha sido el blanco durante la pandemia del COVID-19 desde el pasado mes de febrero. Los panelistas concluyeron el seminario web solicitando más investigación a las autoridades para eximir a Shincheonji de las acusaciones estadísticamente inexactas que ha recibido.
Vía: Agencias Internacionales
Miles de personas se manifestaron el sábado en Séul, la capital surcoreana, para apoyar al destituido presidente Yoon Suk Yeol, apartado de su cargo la víspera por imponer brevemente en diciembre una ley marcial que sumió al país en una crisis.
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur validó el viernes la destitución de Yoon por haber tratado de interrumpir el orden civil el 3 de diciembre.
La sentencia implica la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días.
Los seguidores del destituido mandatario desafiaron la lluvia y salieron a las calles.
«¡El proceso de destitución no es válido!», «¡Anulen las elecciones anticipadas!», corearon.
Uno de los manifestantes, Yang Joo-young, de 26 años, dijo que la decisión de la corte ha «destruido la democracia libre» del país.
«Hablando como alguien de entre 20 y 30 años, estoy profundamente preocupado por el futuro», añadió.
Al declarar la ley marcial en diciembre, Yoon justificó la medida en la amenaza que representa Corea del Norte, su beligerante vecino con armamento nuclear, y en la presencia de elementos antiestatales en la Asamblea Nacional.
El tribunal, sin embargo, dictaminó que las acciones de Yoon supusieron una «grave amenaza» para la estabilidad del país.
El destituido mandatario encontró respaldo entre figuras religiosas extremistas y ‘youtubers’ de derechas que, según expertos, usaron la desinformación para conseguir apoyos.
El líder de la oposición, Lee Jae-myung, se perfila ahora como favorito para las próximas elecciones y su partido ha adoptado una postura más conciliadora hacia Corea del Norte.
«Creo sinceramente que Corea del Sur está acabada», opinó otra seguidora de Yoon, Park Jong-hwan, de 59 años.
«Da la sensación de que ya hemos hecho la transición a un Estado socialista y comunista», agregó.
El Gobierno de Perú declaró este viernes el estado de emergencia en 57 distritos de 14 regiones del país debido a los graves daños causados por las intensas lluvias que han azotado la nación en los últimos días.
En un decreto publicado en el diario oficial «El Peruano», el Gobierno explicó que la medida estará en vigencia por 60 días calendario en localidades de los departamentos de Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Loreto, Puno, San Martín y Ucayali.
Esto, añadió, permitirá la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan, las cuales deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades.
Asimismo, precisó que se ha aprobado una ley para la recepción de material médico, medicamentos, bloqueadores solares, vacunas, equipos médicos y/o afines, repelentes de insectos, alimentos, bebidas, prendas de vestir, textiles para abrigo, calzado, toallas y colchones de espuma gruesa, entre otros.
También para que se presten gratuitamente servicios de catering, médicos, de transporte, servicios logísticos de despacho, traslado y almacenaje, servicios de operadores y cualquier otro servicio que sea necesario para atender los requerimientos de la población afectada.
El presente decreto explica que se ha tomado la decisión sobre un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil, que da parte de que tras las fuertes lluvias se han producido desbordes de ríos, derrumbes, deslizamientos y huaicos, entre otros.
Esas situaciones, añadió, vienen ocasionando daños a la población, en su salud y medios de vida, así como a sus viviendas, vías de comunicación, infraestructura de riego, red de agua potable, infraestructura pública de salud y educación.
Internacionales
Detienen en Japón a 111 personas en campaña contra explotación sexual infantil por internet
La Agencia Nacional de Policía (ANP) de Japón informó que una campaña nacional reciente contra la explotación sexual infantil por internet dio como resultado el arresto de 111 personas de edades comprendidas entre los 14 y los 68 años.
La operación policial centrada en delitos relacionados con la pornografía infantil y los abusos sexuales en línea marcó la primera participación de Japón en una investigación internacional coordinada con cinco socios, como Singapur y la República de Corea.
Entre los 111 detenidos hay maestros de secundaria, profesores de escuelas preparatorias y empleados de empresas y estudiantes adolescentes, cuyos presuntos delitos incluyen la exhibición pública y la posesión de pornografía infantil.
La ANP señaló que algunas de las detenciones en Japón se realizaron gracias a información compartida mediante la cooperación internacional, lo que pone de relieve la eficacia de la colaboración transfronteriza en la lucha contra la explotación infantil en línea.
La investigación internacional, llevada a cabo entre el 24 de febrero y el 28 de marzo, condujo a la detención de 544 personas de edades comprendidas entre los 13 y los 68 años en Japón y otros países y regiones, indicó la ANP.
