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EE. UU. envía a altos cargos militar y antinarcóticos a Ecuador para abordar lucha contra crimen
Estados Unidos enviará a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para examinar con el gobierno del presidente Daniel Noboa cómo combatir el crimen organizado, informó este jueves el Departamento de Estado.
Ecuador sufre «niveles atroces de violencia y terrorismo a manos de elementos narcocriminales que tienen como objetivo a civiles inocentes», señala el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado, en el que recuerda que «más de 100 guardias penitenciarios están retenidos como rehenes».
«Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una estrecha colaboración con Ecuador, incluido en la lucha contra las organizaciones criminales», añade.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden lleva días condenando el terror que han sembrado en el país más de una veintena de bandas de narcotráfico y se ha mostrado dispuesto a cooperar, pero de forma muy evasiva, sin entrar en detalles.
El comunicado del Departamento de Estado sobre «violencia narcocriminal en Ecuador» es más preciso.
«Trabajaremos con el presidente Noboa para profundizar nuestra cooperación en materia de aplicación de la ley a través de programas de asistencia en seguridad», señala.
Para agilizar la cooperación Washington da un paso al frente y enviará a altos cargos «en las próximas semanas».
Su objetivo: «explorar con sus homólogos ecuatorianos formas en que podemos trabajar juntos de manera más eficaz para enfrentar la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales».
Entre los funcionarios destacan la general Laura Richardson, el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson y Kevin Sullivan, un alto cargo de la oficina del Departamento de Estado para América Latina.
Además, viajarán policías estadounidenses «para ayudar a Ecuador en investigaciones criminales», añade el comunicado.
Estados Unidos aumentará asimismo «el intercambio de inteligencia, la cooperación para combatir la actividad cibernética maliciosa y la ayuda con la implementación de reformas penitenciarias».
Prevé además emplear «otras herramientas disponibles para responsabilizar a aquellos individuos y organizaciones que participan en actividades criminales y socavan el estado de derecho». No dice cuáles.
La Embajada de China en México lanzó una advertencia, a través de su cuenta oficial en X, de la llegada al territorio mexicano de «Shen Yun Performing Arts“, una compañía de danza china, con eventos a comienzo de mayo.
Sin embargo, en su mensaje de alerta, pidió que los mexicanos se alejen de estas presentaciones e informó sobre el vínculo con el movimiento espiritual “Falun Gong”, calificado por la propia embajada como “secta destructiva.
“En mayo del presente año, la Shen Yun Performing Arts, organización afiliada a la secta destructiva Falun Gong, se presentará en Ciudad de México y Guadalajara”, así comienza el mensaje de la institución diplomática sobre la llegada del espectáculo musical.
Desde el comienzo, la Embajada puntualiza sobre la relación directa con el movimiento espiritual Falun Gong, fundado en 1992 por el líder religioso Li Hongzhi. A pesar de que el grupo promueve valores como “Verdad, Benevolencia y Tolerancia”, fue prohibido por el gobierno chino en 1999.
«Falun Gong” es una secta herética antihumana, anticientífica y antisocial, por lo que fue proscrita por el Gobierno chino en 1999 de acuerdo con la ley. El llamado “Shen Yun” no es una actuación teatral en absoluto, sino una herramienta política utilizada por “Falun Gong” para difundir su culto y propagandas contra China» explica la institución.
Además, añadió que, en diversas ocasiones, el New York Times de Estados Unidos ha realizado diversos informes sobre la supuesta “secta herética”, debibo a los presuntos abusos contra los artistas que participan en el espectáculo.
«Deseamos que los amigos mexicanos que aprecian la excelente cultura tradicional china distingan la autenticidad de la falsedad“, recomendaron las autoridades diplomáticas, tras señalar que las actuaciones de Shen Yun Performing Arts promueven una distorsionada imagen de la cultura china.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
