Internacionales
Dani Alves, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual
El futbolista brasileño Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por la agresión sexual que cometió en la discoteca Sutton en la noche del 30 de diciembre de 2022. La jueza ha considerado probados los hechos y le ha impuesto además 5 años de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación de la víctima durante 9 años y 6 meses, así como indemnización de 150.000 euros y pago de las costas del juicio.
Desde el tribunal consideran probado que “el acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse, la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir. Con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal”, añaden.
La acusación particular, “satisfecha”
Una vez han salido de la Audiencia de Barcelona las diferentes partes, desde la acusación particular, un representante de la denunciante (Ester García se encuentra junto a la víctima), ha señalado que están “satisfechos” porque “se ha reconocido la verdad de la víctima, que hubo una agresión sexual”.
Durante la mañana del miércoles se conoció que Alves había sido citado por el tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, aunque no se especificó la razón exacta. Podía tratarse de una resolución sobre la petición de libertad provisional hasta conocer la sentencia o, por el contrario, deberse a que el veredicto sobre el caso estaba ya decidido. Finalmente, ha sido esta última la razón, coincidiendo con los plazos que adelantaban muchos expertos en materia judicial.
Inés Guardiola: “Vamos a recurrir”
Inés Guardiola, la abogada de Alves, en su salida de la Audiencia de Barcelona, ha asegurado que “vamos a recurrir a la sentencia. Sigo creyendo en la inocencia de Daniel Alves. Vamos a recurrir en apelación. Ahora hay que estudiar la sentencia”. Además, ha señalado que “el señor Alves está entero. Ya sabe el resultado”.
Así fue el juicio
Entre el 5 y el 7 de febrero, cuando Alves ya llevaba más de un año en la cárcel de Brians 2, se celebró el juicio en el que comparecía como acusado. En la primera de las tres sesiones declararon la denunciante y cinco testigos: dos de ellos las acompañantes de la víctima y tres trabajadores de la discoteca Sutton. La declaración de la joven agredida fue a puerta cerrada y en todo momento hubo un biombo que le separó de Alves.
La comparecencia más esperada de la segunda fecha fue la de Joana Sanz, la mujer del futbolista. La expectación estaba en todo lo alto, pues su actitud para con Alves había cambiado a lo largo del tiempo e incluso se había llegado a deslizar la posibilidad de que testificase en su contra. No obstante, finalmente no fue así y se sumó a la versión de la defensa indicando que su marido llegó a casa muy borracho.
En la última jornada se mostraron las imágenes conseguidas por las cámaras del lugar, además de las pruebas periciales del caso. El último en dar su versión fue un Alves que impidió que su familia presenciase el juicio desde la tribuna de invitados. Alegó que las relaciones sexuales fueron consentidas y que estuvieron “disfrutando y ya está, nada más”.
Cuatro peticiones de libertad provisional
Antes de que el juicio quedara visto para sentencia, la abogada de Alves, Inés Guardiola, elevó una nueva petición para que se le concediera a su cliente la libertad provisional a expensas del juicio. En esta ocasión, debido a la premura con la que se ha hecho oficial la sentencia, no ha hecho falta contestación.
Era la cuarta vez que Alves solicitaba esta medida liberatoria pese a que había recibido tres ‘noes’ como respuesta. El argumentario tanto de la Fiscalía como de la magistrada era el evidente riesgo de fuga provocado por el músculo económico del futbolista y por la inexistencia de un tratado de extradición con Brasil. De hecho, hace unos días un preso compañero de celda confesó que si le hubieran dado la provisional “coge y se va para Brasil”.
Lo que pedían las partes
El juicio contra Dani Alves es uno de los más mediáticos por violencia sexual desde la aprobación de la conocida ley del ‘Solo sí es sí’. En aplicación de la nueva legislación, el segundo futbolista más laureado de la historia se enfrentaba a una pena máxima de 12 años de prisión, además de a una importante indemnización. Ese mismo castigo era el solicitado por la acusación.
Por su parte, la Fiscalía rechazó la petición de la pena máxima y optó por una intermedia consistente en nueve años de cárcel. Alejados de ambas opciones, la defensa ejercida por Inés Guardiola solicitó una absolución previa búsqueda de una rebaja de pena justificada por el consumo elevado de alcohol de Alves en la noche de los hechos.
Durante los últimos meses previos al juicio, las tres partes implicadas en el caso trabajaron en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que evitara ver a Alves sentado en el banquillo de los acusados. Todas las opciones de que ese pacto fructificase pasaban porque el futbolista admitiese su culpabilidad, algo que nunca se ha producido. Ester García, la abogada de la víctima, contó al finalizar la primera sesión del juicio que las negociaciones no llegaron a término porque hubo discrepancias con los años de cárcel.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
