Internacionales
COVID | “Preferí perder mi trabajo antes que vacunarme”
Danielle Thornton estaba en la fila afuera del colegio esperando a sus hijos cuando supo que se enfrentaría a una decisión que le alteraría la vida: o ponerse la vacuna del Covid-19 o perder su trabajo de casi 9 años en el Citigroup.
Ella y su esposo vieron durante meses cómo jefes alrededor de Estados Unidos implementaban mandatos de vacunas, sabiendo que su familia podría enfrentar este momento. Entonces, la noticia le llegó a través de un correo electrónico a su teléfono.
“Tuvimos muchas conversaciones sobre el tema”, dice. “Pero al final decidimos que nuestra libertad era más importante que una nómina“.
Danielle es una de las miles de personas alrededor de EE.UU. que han optado por perder su trabajo en vez de recibir las vacunas contra el Covid.
Representan una pequeña minoría. Muchos de los empleadores que han introducido tales reglas -aproximadamente un tercio de las compañías más grandes del país y 15% de pequeños negocios- dicen que la gran mayoría de sus empleados han cumplido.
En Citi, empresa que permite excepciones médicas y religiosas, más del 99% de los empleados ha cumplido con los requerimientos que aplican para la plantilla de más de 65,000 trabajadores que tiene el banco en EE.UU.
Los expertos aseguran que las vacunas son seguras y que son la mejor manera para prevenir una infección grave. Pero los mandatos -vistos como factor clave a la hora de impulsar al 25% de los estadounidenses que aún no se han vacunado para que se inoculen- enfrentan una fuerte resistencia alrededor del país, donde las personas los ven como una afrenta a amados ideales nacionales como la libertad personal y la privacidad.
Este mes, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una orden del presidente Joe Biden que hubiera requerido que los estadounidenses en sitios de trabajo con al menos 100 personas se vacunaran o que usaran máscara y se hicieran exámenes semanales, todo pago por ellos.
Los jueces en la máxima corte del país se refirieron a la regulación como una “invasión significativa” en las vidas de millones de trabajadores, y eliminaron las posibilidades de implementar reglas nacionales como aquellas planeadas por países como Alemania.
Aunque las cortes estadounidenses han estado más abiertas a aceptar que los estados y los negocios introduzcan requerimientos propios, el rechazo popular se mantiene alto.
Aproximadamente el 55% de los trabajadores apoya la implementación de mandatos de vacunación por parte de los empleadores, pero más de un tercio aún los rechaza, según sugiere una encuesta Gallup de diciembre.
El pasado otoño boreal, miles marcharon en contra de los requerimientos estatales de vacunación para trabajadores de la salud, profesores y empleados del gobierno en la ciudad de Nueva York.
Al final, la ciudad, que desde entonces ha expandido la regla a los empleadores privados, suspendió a 9,000 trabajadores cuando entró en vigor el mandato, mientras que varios hospitales en el estado también perdieron empleados.
“No creo que le corresponda al gobierno dictar cosas que son entre un ser humano y su creador”, dice Donna Schmidt, quien vive en Long Island y trabajó como enfermera neonatal durante 30 años antes de parar debido a los requerimientos de vacunas.
La mujer de 52 años dice que amaba su trabajo, pero rechaza la vacuna por razones religiosas y de preferencia personal. Está ahora reinventándose como activista, organizando el grupo New Yorkers Against Medical Mandates (neoyorquinos en contra de los mandatos médicos).
“No lo pensamos 2 veces. Lo que ha habido aquí es duelo”, dice. “Realmente me importan mis pacientes, así que ser vetada por una entidad del gobierno que dice ‘ya no tienes lugar aquí’, es difícil”.
Libertad personal
Danielle, quien trabajó de manera remota para Citigroup desde Misuri como administradora de riesgos operacionales, dice que ella no es política o “alguien que esté en contra de las vacunas”.
Pero la madre de 33 años, que tiene cuatro hijos, ha rehusado ponerse una vacuna que, según ella, “no pareciera estar parando este virus”.
Su último día fue el 14 de enero. Dice que tiene suerte de estar en una posición financiera que le permite renunciar a su trabajo sin tener planes, por ahora, de conseguir otro.
No se molestó en buscar una excepción médica o religiosa.
“Yo debería tener el derecho de escoger”, dice. “Pero claro, hay muchas emociones… es un gran cambio para nuestra familia”.
Las compañías con mandatos de vacunas dicen que esas medidas lograron convencer a gran parte de su fuerza de trabajo para vacunarse.
En la fábrica de alimentos Tyson Foods, unas 60,000 personas -o más del 40% de su fuerza laboral en EE.UU.- se apuntaron a la vacuna luego de que la compañía instituyera el requerimiento en agosto, llamándolo la “cosa más efectiva que podemos hacer para proteger a los miembros de nuestro equipo”.
En United Airlenes el jefe ejecutivo Scott Kirby dijo que la política de su compañía redujo el número de empleados en el hospital, notando que, antes del mandato, moría al menos un empleado a la semana en promedio.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
