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COVID | “Preferí perder mi trabajo antes que vacunarme”
Danielle Thornton estaba en la fila afuera del colegio esperando a sus hijos cuando supo que se enfrentaría a una decisión que le alteraría la vida: o ponerse la vacuna del Covid-19 o perder su trabajo de casi 9 años en el Citigroup.
Ella y su esposo vieron durante meses cómo jefes alrededor de Estados Unidos implementaban mandatos de vacunas, sabiendo que su familia podría enfrentar este momento. Entonces, la noticia le llegó a través de un correo electrónico a su teléfono.
“Tuvimos muchas conversaciones sobre el tema”, dice. “Pero al final decidimos que nuestra libertad era más importante que una nómina“.
Danielle es una de las miles de personas alrededor de EE.UU. que han optado por perder su trabajo en vez de recibir las vacunas contra el Covid.
Representan una pequeña minoría. Muchos de los empleadores que han introducido tales reglas -aproximadamente un tercio de las compañías más grandes del país y 15% de pequeños negocios- dicen que la gran mayoría de sus empleados han cumplido.
En Citi, empresa que permite excepciones médicas y religiosas, más del 99% de los empleados ha cumplido con los requerimientos que aplican para la plantilla de más de 65,000 trabajadores que tiene el banco en EE.UU.
Los expertos aseguran que las vacunas son seguras y que son la mejor manera para prevenir una infección grave. Pero los mandatos -vistos como factor clave a la hora de impulsar al 25% de los estadounidenses que aún no se han vacunado para que se inoculen- enfrentan una fuerte resistencia alrededor del país, donde las personas los ven como una afrenta a amados ideales nacionales como la libertad personal y la privacidad.
Este mes, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una orden del presidente Joe Biden que hubiera requerido que los estadounidenses en sitios de trabajo con al menos 100 personas se vacunaran o que usaran máscara y se hicieran exámenes semanales, todo pago por ellos.
Los jueces en la máxima corte del país se refirieron a la regulación como una “invasión significativa” en las vidas de millones de trabajadores, y eliminaron las posibilidades de implementar reglas nacionales como aquellas planeadas por países como Alemania.
Aunque las cortes estadounidenses han estado más abiertas a aceptar que los estados y los negocios introduzcan requerimientos propios, el rechazo popular se mantiene alto.
Aproximadamente el 55% de los trabajadores apoya la implementación de mandatos de vacunación por parte de los empleadores, pero más de un tercio aún los rechaza, según sugiere una encuesta Gallup de diciembre.
El pasado otoño boreal, miles marcharon en contra de los requerimientos estatales de vacunación para trabajadores de la salud, profesores y empleados del gobierno en la ciudad de Nueva York.
Al final, la ciudad, que desde entonces ha expandido la regla a los empleadores privados, suspendió a 9,000 trabajadores cuando entró en vigor el mandato, mientras que varios hospitales en el estado también perdieron empleados.
“No creo que le corresponda al gobierno dictar cosas que son entre un ser humano y su creador”, dice Donna Schmidt, quien vive en Long Island y trabajó como enfermera neonatal durante 30 años antes de parar debido a los requerimientos de vacunas.
La mujer de 52 años dice que amaba su trabajo, pero rechaza la vacuna por razones religiosas y de preferencia personal. Está ahora reinventándose como activista, organizando el grupo New Yorkers Against Medical Mandates (neoyorquinos en contra de los mandatos médicos).
“No lo pensamos 2 veces. Lo que ha habido aquí es duelo”, dice. “Realmente me importan mis pacientes, así que ser vetada por una entidad del gobierno que dice ‘ya no tienes lugar aquí’, es difícil”.
Libertad personal
Danielle, quien trabajó de manera remota para Citigroup desde Misuri como administradora de riesgos operacionales, dice que ella no es política o “alguien que esté en contra de las vacunas”.
Pero la madre de 33 años, que tiene cuatro hijos, ha rehusado ponerse una vacuna que, según ella, “no pareciera estar parando este virus”.
Su último día fue el 14 de enero. Dice que tiene suerte de estar en una posición financiera que le permite renunciar a su trabajo sin tener planes, por ahora, de conseguir otro.
No se molestó en buscar una excepción médica o religiosa.
“Yo debería tener el derecho de escoger”, dice. “Pero claro, hay muchas emociones… es un gran cambio para nuestra familia”.
Las compañías con mandatos de vacunas dicen que esas medidas lograron convencer a gran parte de su fuerza de trabajo para vacunarse.
En la fábrica de alimentos Tyson Foods, unas 60,000 personas -o más del 40% de su fuerza laboral en EE.UU.- se apuntaron a la vacuna luego de que la compañía instituyera el requerimiento en agosto, llamándolo la “cosa más efectiva que podemos hacer para proteger a los miembros de nuestro equipo”.
En United Airlenes el jefe ejecutivo Scott Kirby dijo que la política de su compañía redujo el número de empleados en el hospital, notando que, antes del mandato, moría al menos un empleado a la semana en promedio.
El accidente ocurrió en el complejo comercial Real Plaza de Trujillo, la tercera ciudad del país ubicada unos 500 km al norte de la capital Lima.
Según medios locales, en el momento del accidente había decenas de familias en el patio de comidas del recinto, donde todavía pueden quedar personas atrapadas bajo los escombros.
«Hasta el momento tenemos tres fallecidos, dos caballeros y una dama», dijo el comandante Gelqui Gómez, inspector departamental del Cuerpo de Bomberos en declaraciones al canal América TV desde el lugar.
El ministerio del Interior también señaló a través de un mensaje en la red X que «hay tres fallecidos».
La cifra de heridos se incrementó a 74, según el Aníbal Morillo, gerente de Salud del gobierno regional de La Libertad, cuya capital es Trujillo.
«Son 74 heridos que hemos evacuados a las hospitales y clínicas, dentro de los cuales 10 son niños. Hay 11 heridos graves», dijo a la radio RPP Morillo.
En un primer reporte el Ministerio de Salud había cifrado en 20 los heridos.
Más de un centenar de bomberos y policías se encuentran en el centro comercial removiendo escombros en busca de supervivientes, según imágenes difundidas por las televisoras.
Varias ambulancias llegaron al lugar y salieron hacia los centros hospitalarios con los lesionados.
«¡Solo estoy aquí, ayuda!», gritaba una persona atrapada según imágenes en Facebook.
«Hay un niño que está atrapado» bajo las estructuras metálicas del techo, agregó Morillo citado por el canal de televisión Panamericana.
Según el Centro de Operaciones de Emergencia regional, la caída del techo ocurrió aproximadamente a las 20H41 (01H41 GMT del sábado), pero fue reportada solo hasta media hora después.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez,estimó que el área del techo colapsada era de «entre 700 a 800 metros cuadrados».
«Necesitamos grúas hidráulicas para poder levantar parte del techo que aún no se ha podido retirar por lo pesado que es y poder continuar con las labores de rescate de las personas que estarían atrapadas», declaró el ministro al canal N de televisión
Mientras tanto, la Fiscalía de Trujillo inició diligencias contra los que resulten responsables del presunto delito contra la vida.
«El papa Francisco descansó bien», afirmó la Santa Sede en un escueto comunicado el sábado por la mañana. Aún así, no está «fuera de peligro» y permanecerá ingresado «al menos toda la próxima semana», indicaron sus médicos el viernes.
El pontífice no pronunciará la tradicional oración del Ángelus el domingo, pero si enviará un texto que será publicado, al igual que la semana pasada, declaró el sábado Matteo Bruni, portavoz del Vaticano.
Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma por una bronquitis el 14 de febrero y este martes la Santa Sede anunció que padecía una neumonía bilateral, una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal.
La hospitalización del jefe de la Iglesia católica ha atizado las conjeturas sobre su futuro, aunque los médicos aseguraron el viernes que se ha podido parar y no está conectado a ninguna máquina.
En los últimos días el papa ha recibido en el hospital a sus colaboradores más cercanos, lee, firma documentos y hace llamadas telefónicas.
A inicios de semana recibió la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien afirmó que lo vio «alerta», «receptivo» y que incluso «bromearon».
Los cardenales se mostraron positivos asegurando que iba «por el buen camino».
«Noticias alentadoras»
Esta hospitalización, la cuarta desde 2021, reavivó la preocupación por la salud del líder de la Iglesia católica, ya debilitado por una serie de problemas en los últimos años, desde operaciones de colon y del abdomen hasta dificultades para andar.
La inquietud sobre la salud del papa fue en aumento tras la difusión de falsas informaciones en las redes sociales, sobre todo en X, que reportaban la muerte del papa en varios idiomas.
«Sé que algunos por ahí dicen que ha llegado mi hora, ¡siempre me traen mala suerte!», le dijo Francisco, según la prensa italiana, a Giorgia Meloni durante su visita.
La hospitalización de Jorge Bergoglio, líder espiritual de 1.300 millones de católicos y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, avivó las especulaciones sobre su capacidad para continuar en el cargo, pese a que el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de problema grave que alterase su lucidez.
También reavivan las especulaciones sobre una posible renuncia del papa, alimentadas por los opositores a Francisco, sobre todo en los círculos conservadores.
«Tengo la impresión de que se trata de especulaciones inútiles», comentó el sábado el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos del Vaticano, en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.
«Gracias a Dios, las noticias que llegan de Gemelli son alentadoras, se está recuperando», añadió.
A pesar de los reiterados problemas de salud de los últimos años, el papa Francisco, conocido por su fuerza de carácter, ha mantenido una cargada agenda, aunque sus médicos insisten en que tendría que frenar un poco sus actividades.
Ortega elogió la «lealtad» del general Avilés, en un acto militar en Managua también presidido por su poderosa esposa Rosario Murillo, y al que asistieron delegados de países aliados como Cuba, Venezuela, Rusia y Honduras.
Investigaciones de medios de comunicación nicaragüenses como Confidencial, que trabajan desde el exilio en Costa Rica, señalan que Ortega ha aumentado los millonarios negocios de los militares para «comprar su fidelidad».
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
El fallecido hermano del presidente, el general Humberto Ortega, exjefe del Ejército, había asegurado en una entrevista con el portal de noticias argentino Infobae que los militares serán fundamentales en una transición o sucesión cuando muera Daniel Ortega.
El presidente rompió con Avilés, un exguerrillero de 68 años, el tradicional relevo militar de cada cinco años, y a fines de noviembre pasado el Congreso, controlado por el gobierno, amplió a seis años el mandato del jefe del Ejército y la Policía Nacional, también fiel.
Esa modificación se dio como parte de una vasta reforma constitucional que según la oposición prepara el camino para la sucesión del poder de Ortega a Murillo o a alguno de sus hijos.
La nueva Constitución creó el cargo de «copresidenta» para Murillo y dio a ella y a Ortega un poder absoluto con el control de todos los órganos del Estado, amplió el mandato de gobierno de cinco a seis años y estableció la vigilancia de la prensa y la Iglesia.
También creó la «Policía Voluntaria», integrada por civiles encapuchados en apoyo a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a los paramilitares de rostro oculto que reprimieron las protestas contra Ortega de 2018, con saldo de unos 300 muertos según la ONU.
Avilés, quien realizó estudios militares en Cuba, fue sancionado en 2020 por Washington señalado de corrupción, y es acusado por organismos de derechos humanos de tolerar y ayudar, de forma encubierta, a policías y paramilitares a atacar a los manifestantes en 2018.
