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COVID | “Preferí perder mi trabajo antes que vacunarme”
Danielle Thornton estaba en la fila afuera del colegio esperando a sus hijos cuando supo que se enfrentaría a una decisión que le alteraría la vida: o ponerse la vacuna del Covid-19 o perder su trabajo de casi 9 años en el Citigroup.
Ella y su esposo vieron durante meses cómo jefes alrededor de Estados Unidos implementaban mandatos de vacunas, sabiendo que su familia podría enfrentar este momento. Entonces, la noticia le llegó a través de un correo electrónico a su teléfono.
“Tuvimos muchas conversaciones sobre el tema”, dice. “Pero al final decidimos que nuestra libertad era más importante que una nómina“.
Danielle es una de las miles de personas alrededor de EE.UU. que han optado por perder su trabajo en vez de recibir las vacunas contra el Covid.
Representan una pequeña minoría. Muchos de los empleadores que han introducido tales reglas -aproximadamente un tercio de las compañías más grandes del país y 15% de pequeños negocios- dicen que la gran mayoría de sus empleados han cumplido.
En Citi, empresa que permite excepciones médicas y religiosas, más del 99% de los empleados ha cumplido con los requerimientos que aplican para la plantilla de más de 65,000 trabajadores que tiene el banco en EE.UU.
Los expertos aseguran que las vacunas son seguras y que son la mejor manera para prevenir una infección grave. Pero los mandatos -vistos como factor clave a la hora de impulsar al 25% de los estadounidenses que aún no se han vacunado para que se inoculen- enfrentan una fuerte resistencia alrededor del país, donde las personas los ven como una afrenta a amados ideales nacionales como la libertad personal y la privacidad.
Este mes, la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una orden del presidente Joe Biden que hubiera requerido que los estadounidenses en sitios de trabajo con al menos 100 personas se vacunaran o que usaran máscara y se hicieran exámenes semanales, todo pago por ellos.
Los jueces en la máxima corte del país se refirieron a la regulación como una “invasión significativa” en las vidas de millones de trabajadores, y eliminaron las posibilidades de implementar reglas nacionales como aquellas planeadas por países como Alemania.
Aunque las cortes estadounidenses han estado más abiertas a aceptar que los estados y los negocios introduzcan requerimientos propios, el rechazo popular se mantiene alto.

Aproximadamente el 55% de los trabajadores apoya la implementación de mandatos de vacunación por parte de los empleadores, pero más de un tercio aún los rechaza, según sugiere una encuesta Gallup de diciembre.
El pasado otoño boreal, miles marcharon en contra de los requerimientos estatales de vacunación para trabajadores de la salud, profesores y empleados del gobierno en la ciudad de Nueva York.
Al final, la ciudad, que desde entonces ha expandido la regla a los empleadores privados, suspendió a 9,000 trabajadores cuando entró en vigor el mandato, mientras que varios hospitales en el estado también perdieron empleados.
“No creo que le corresponda al gobierno dictar cosas que son entre un ser humano y su creador”, dice Donna Schmidt, quien vive en Long Island y trabajó como enfermera neonatal durante 30 años antes de parar debido a los requerimientos de vacunas.
La mujer de 52 años dice que amaba su trabajo, pero rechaza la vacuna por razones religiosas y de preferencia personal. Está ahora reinventándose como activista, organizando el grupo New Yorkers Against Medical Mandates (neoyorquinos en contra de los mandatos médicos).

“No lo pensamos 2 veces. Lo que ha habido aquí es duelo”, dice. “Realmente me importan mis pacientes, así que ser vetada por una entidad del gobierno que dice ‘ya no tienes lugar aquí’, es difícil”.
Libertad personal
Danielle, quien trabajó de manera remota para Citigroup desde Misuri como administradora de riesgos operacionales, dice que ella no es política o “alguien que esté en contra de las vacunas”.
Pero la madre de 33 años, que tiene cuatro hijos, ha rehusado ponerse una vacuna que, según ella, “no pareciera estar parando este virus”.
Su último día fue el 14 de enero. Dice que tiene suerte de estar en una posición financiera que le permite renunciar a su trabajo sin tener planes, por ahora, de conseguir otro.
No se molestó en buscar una excepción médica o religiosa.
“Yo debería tener el derecho de escoger”, dice. “Pero claro, hay muchas emociones… es un gran cambio para nuestra familia”.
Las compañías con mandatos de vacunas dicen que esas medidas lograron convencer a gran parte de su fuerza de trabajo para vacunarse.
En la fábrica de alimentos Tyson Foods, unas 60,000 personas -o más del 40% de su fuerza laboral en EE.UU.- se apuntaron a la vacuna luego de que la compañía instituyera el requerimiento en agosto, llamándolo la “cosa más efectiva que podemos hacer para proteger a los miembros de nuestro equipo”.
En United Airlenes el jefe ejecutivo Scott Kirby dijo que la política de su compañía redujo el número de empleados en el hospital, notando que, antes del mandato, moría al menos un empleado a la semana en promedio.
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Mujer en Japón afirma haberse casado con un chatbot de inteligencia artificial
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Autoridades rescatan a bebé abandonado en un basurero
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
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Perú refuerza medidas contra el crimen organizado en Lima y Callao
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.







