Internacionales
Continúan las protestas en Guatemala: cientos de personas se movilizaron por los altos costos de vida y la corrupción
Cientos de personas lideradas por autoridades indígenas se movilizaron este lunes en la capital guatemalteca para protestar por los altos costos de vida, el mal estado de las carreteras y la corrupción. Además, exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
Los manifestantes también reclamaron la dimisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a quien señalan de no investigar la corrupción y aliarse a la criminalización de los defensores de derechos humanos, periodistas y opositores al gobierno.
“Con suma preocupación y repudio hemos visto que en los últimos días se han disparado los precios de la canasta básica, los pasajes y todos los insumos para la producción agrícola, mientras el salario mínimo e ingresos económicos de la población continúan siendo los mismos. Esta situación generará una mayor crisis alimentaria y de pobreza”, indicaron los líderes indígenas en un comunicado de prensa.
La comunidad internacional advirtió sobre el deterioro del Estado de derecho en el país así como la persecución a los funcionarios judiciales. En su informe de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, colocó a Guatemala junto a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua como países violadores de los derechos humanos.
Cientos de guatemaltecos se movilizaron en la capital del país (REUTERS/Sandra Sebastian)
Sólo en el gobierno de Giammattei más de 20 funcionarios judiciales se exiliaron denunciando persecución por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
El gobierno estadounidense también sancionó en 2021 a la fiscal general Porras retirándole la visa de entrada a ese país por socavar la democracia en Guatemala.
Juan Muñoz, autoridad del Parlamento Xinca, uno de los 24 pueblos indígenas del país, dijo a la agencia AP que cada día es más difícil sobrevivir en las comunidades por el alto costo de vida.
“No hay voluntad del gobierno de solucionar la necesidad de los pueblos, urge resolver la canasta básica. En las comunidades nos afecta mucho más, no hay trabajo en los pueblos indígenas para que puedan subsanar sus necesidades y no se puede subsistir de esa manera. Se sobrevive con lo poco que se tiene o se migra por la falta de empleos”, comentó Muñoz.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Alejandro Gaimmattei y de la fiscal general Consuelo Porras (REUTERS/Sandra Sebastian)
Los manifestantes sumaron a sus quejas el mal estado de las carreteras en todo el país y que desde la llegada del actual gobierno se cooptaron instituciones como la Corte de Constitucionalidad -el máximo órgano de justicia-, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando a la población indefensa.
Defensores de derechos humanos han denunciado que se busca criminalizar la protesta. En los primeros meses de 2022 la fiscalía dirigida por Porras llevó ante la justicia a tres personas que se manifestaron contra el gobierno en 2020 tras acusarlas de daños al patrimonio. Fueron liberadas posteriormente ante la falta de evidencia en su contra.
Diversos gobiernos y entidades -entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch- han manifestado su alarma por el debilitamiento del estado de derecho en Guatemala, especialmente por el exilio al que se han visto forzados funcionarios de justicia perseguidos por su labor en la lucha contra la corrupción.
Internacionales
Fiscalía de Guatemala allana sede de Save the Children por investigación de abusos contra niños
La Fiscalía guatemalteca allanó el jueves las oficinas de la organización no gubernamental Save the Children como parte de la investigación transnacional de abusos contra la niñez de este país centroamericano.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, explicó, a través de un video en las redes sociales de la institución, que se llevó a cabo «la inspección, registro y secuestro de evidencias en seguimiento» a la pesquisa, luego de una denuncia de «carácter transnacional que abarcan acciones que podrían estar relacionadas con vulneraciones y abusos en contra de la niñez guatemalteca».
«También se ha solicitado apoyo a la Fiscalía de Texas, Estado Unidos… Y unir esfuerzos para abordar de manera integral para la investigación», detalló.
La organización rectificó en un comunicado de prensa que durante casi 50 años ha trabajado en Guatemala en diferentes programas de salud y nutrición para la niñez, adolescencia y sus familias durante emergencias, y se desvinculó de los señalamientos del traslado de menores de edad fuera del país.
«Hemos protegido a la niñez de cualquier abuso de sus derechos. No facilitamos -y nunca lo hemos hecho- el traslado de niños, niñas o adolescentes fuera de Guatemala», señala en el escrito.
«Nos ha impactado y desconcertado el registro sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público de Guatemala (fiscalía). No se nos dio a conocer ninguna acusación específica, y no hay evidencias que respalden ninguna acusación de conducta indebida», indica.
La organización, con sede en el Reino Unido, asegura que trabaja apegada «a las normas más estrictas en materia de protección de la niñez y administración financiera. También rendimos cuentas ante la Comisión de Organizaciones Benéficas del Reino Unido y nuestros libros son auditados anualmente por múltiples donantes».
La cifra de muertos a causa de las fuertes lluvias e inundaciones repentinas en Kenia aumentó a 70, informó hoy viernes un funcionario del Gobierno.
El impacto humanitario de las fuertes lluvias, que han afectado a por lo menos 23 de los 47 condados, sigue aumentando. Las fuertes lluvias, desbordamientos e inundaciones repentinas han afectado a la mayor parte de Kenia, dijo el portavoz del Gobierno, Isaac Mwaura.
En el condado de Makueni, en el sur del país, se teme que otras 10 personas se hayan ahogado hoy al intentar cruzar un río desbordado.
El vicepresidente Rigathi Gachagua anunció el jueves que el Gobierno estableció un equipo nacional de emergencia de múltiples agencias para hacer frente a las inundaciones y un centro de respuesta para ayudar a gestionar las inundaciones.
Al menos 10 personas murieron y 9 resultaron heridas en un incendio que se desató la madrugada del viernes en una posada que funcionaba como albergue de personas sin hogar en Porto Alegre, en el sur de Brasil, informaron autoridades.
«Se confirmaron 10 víctimas y el lugar operaba de manera irregular»,señaló en un comunicado el cuerpo de bomberos del estado de Rio Grande do Sul.
Los forenses trabajan en el lugar para identificar a los fallecidos, agregó.
El gobernador del estado, Eduardo Leite, dijo en la plataforma X estar «profundamente consternado» por la tragedia y señaló que las autoridades trabajan en averiguar las causas del fuego.
Nueve personas rescatadas fueron trasladadas a dos hospitales de la zona, dijo la coordinadora de Defensa Civil de Porto Alegre, Bárbara Barbieri.
«Fue muy rápido, gritaron ‘Fuego’ y el fuego ya estaba a dos cuartos al lado del mío y salí corriendo porque ya había mucho humo», contó al portal G1 un residente del albergue, que no se identificó.
«Con tristeza y preocupación me enteré de la muerte de al menos 10 personas en un incendio en una casa de huéspedes en Porto Alegre», escribió en X el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que se solidarizó con los allegados de las víctimas.
Irregularidades
El director de Defensa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira, dijo que un equipo evalúa los daños en las estructuras del inmueble, que pertenece a una red de posadas de bajo costo en Porto Alegre.
Las autoridades municipales autorizaron a las otras personas que residían en el edificio para retirar algunas pertenencias y ser llevadas a otros albergues.
Según los bomberos, la posada no contaba con permiso de funcionamiento ni plan de prevención de incendios.
El diputado de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul Matheus Gomes denunció que el establecimiento recibe recursos de la alcaldía pese a que existen denuncias de «irregularidades» desde hace «años».
«Es necesario investigar no sólo el incendio, sino toda la trama de una tragedia anunciada», señaló en X.
En 2013, la ciudad de Santa Marta, también en Rio Grande do Sul, fue escenario de un incendio en una discoteca que dejó 242 muertos.
La mayoría de las víctimas perecieron asfixiadas por la nube tóxica despedida por el material inflamable del techo del local, que carecía de extintores que funcionaran y con solo dos puertas frontales para evacuar a una multitud, según la investigación.
