Internacionales
Chile aprueba el matrimonio igualitario
La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes con 82 votos a favor, 20 en contra y dos abstenciones el matrimonio igualitario después de un largo y complejo proceso parlamentario que, de manera sorpresiva, fue impulsado por el presidente conservador Sebastián Piñera en la recta final de su mandato.
De esta forma, Chile se suma a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay, los países latinoamericanos que ya reconocen este derecho. En México, ya se aprobó en 24 de los 32 estados, pero no se ha podido avanzar en una legislación a nivel nacional.
En una agitada e histórica jornada parlamentaria, el Senado aprobó al mediodía la iniciativa y la remitió de inmediato a Diputados, en donde fue ratificada poco después.
El pasado 1 de junio, al presentar su último informe de Gobierno, que en Chile es conocido como «cuenta pública», Piñera anunció que era el momento de aprobar el matrimonio igualitario, un tema que hasta ese momento no formaba parte del debate público, ya que una iniciativa presentada por la expresidenta Michelle Bachelet en 2017 se mantenía paralizada en el Congreso.
La noticia desconcertó a la sociedad chilena, ya que nadie esperaba que el político de derecha respaldara y considerara urgente una reforma largamente impulsada por el progresismo, y que contraviene a sus posturas ideológicas.
Además de que siempre se manifestó en contra del matrimonio igualitario, Piñera provocó extrañeza porque introdujo una nueva discusión, en un año particularmente complejo en el que recién acababan de ser electos los 155 convencionales que redactarán la nueva Constitución y estaban por comenzar las campañas presidenciales.
En ese mensaje, Piñera convocó a profundizar el valor de la libertad, incluyendo la de amar y formar familia con el ser amado.«Y también el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y de afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país», dijo el mandatario entre aplausos y una generalizada reacción de sorpresa.
El proceso
Desde junio pasado, la iniciativa se debatió en diversas ocasiones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero como sufría cambios retornaba a una u otra cámara para una nueva revisión.
El proyecto entró en su recta final la semana pasada, ya que se esperaba que el Senado la aprobara, pero a último momento la Comisión de Constitución consideró que las dudas sobre la redacción de la nueva ley debían ser saldadas por una Comisión Mixta de ambas cámaras que finalmente sesionó el lunes, lo que permitió que este martes se debatiera y aprobara en ambas cámaras en forma exprés.
Diputados y senadores reconocieron que la discusión estaba empañada por las campañas presidenciales rumbo a la segunda vuelta electoral que el próximo 19 de diciembre protagonizarán el izquierdista Gabriel Boric, quien apoya el matrimonio igualitario, y el ultraderechista José Antonio Kast, quien lo rechaza.
De hecho, la polarización impactó en el otro gran debate sobre derechos que dio el Congreso chileno en los últimos meses y que culminó con el rechazo al aborto sin restricciones hasta la semana 14 de gestación.
La ley
Además de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y de reconocer su derecho a la adopción, la nueva norma garantiza los derechos de filiación a toda persona que se someta a técnicas de reproducción humana asistida, sea cual sea su sexo, orientación sexual o identidad de género.
También respalda la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, entre otras categorías, para efectos del régimen y ejercicio del cuidado personal de hijos/as; y elimina el divorcio automático para las personas trans que cambian su nombre y sexo legal.
Por otra parte, abre la posibilidad de que los derechos de filiación de los/as hijos/as pueden determinarse respecto de más de dos personas y establece los derechos laborales de pre y post natal sin discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género.
Al menos seis personas fueron asesinadas y varias están gravemente heridas tras un ataque el jueves en una zona rural del suroeste de Colombia, sometida a la presión de grupos armados que se nutren del narcotráfico, informaron autoridades.
En medio de su peor crisis de violencia en la última década, Colombia sufre embates de guerrillas y otras organizaciones que aterrorizan a la población civil, especialmente en zonas remotas del país.
Hombres con armas de corto y largo alcance llegaron en dos camionetas a una hacienda cercana a la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, y abrieron fuego contra varias personas, dijo en una declaración a medios el secretario de gobierno de la ciudad, Felipe Acosta.
Los agresores ultiman a una persona que estaba fuera y a cinco más que estaban dentro de la finca, agregó.
En el departamento operan disidencias de la extinta guerrilla FARC y otras organizaciones ilegales.
Las autoridades aún no tienen pistas sobre los autores de la masacre, a la espera de que la policía pueda ingresar a la zona con el apoyo del ejército.
El ataque dejó además un número indeterminado de personas gravemente heridas, dijo en la red social X el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz.
Con esta son 36 las masacres registradas en el país en el transcurso del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una cifra récord desde la firma del histórico acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en 2016.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, llegó al poder en 2022 con el objetivo de firmar acuerdos de paz con todos los grupos armados.
Pero a cuatro meses de dejar el poder, ningún proceso ha tenido avances significativos.
Internacionales
Intento de suprimir feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda en Francia
Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.
La legislación laboral establece que «el 1º de mayo es día festivo y no laborable», aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1,500 euros ($1,750).
Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma «voluntaria». Recibirían el doble de salario.
«No queremos tocar la conquista del 1º de mayo», sino «dar seguridad al marco existente», aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.
Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran además que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.
«El voluntariado no existe», criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. «Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores», abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.
La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.
Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.
«Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras», denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la «cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás». «Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15», agregó.
Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.
El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600 %. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
«Anuncio que el 1.° de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.
«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.
Este jueves más de 2,000 trabajadores y jubilados marcharon hacia el Palacio de Miraflores (sede presidencial) como rechazo a la promesa de aumento salarial hecha por Rodríguez.
Agentes policiales antimotines dispuestos en varios puntos de la ruta frenaban con escudos y reprimían con gases lacrimógenos a la multitud que avanzaba al grito de consignas.
«Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito», dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.
