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Ataque suicida en mezquita de Pakistán deja más de 30 muertos y más de 100 heridos
Un atentado suicida este lunes en una mezquita dentro de un recinto policial en el noroeste de Pakistán dejó al menos 32 agentes muertos y otras 147 personas heridas, en su mayoría miembros también de las fuerzas de seguridad, en uno de los peores ataques contra este cuerpo en la historia del país asiático.
“El número de muertos ha alcanzado 32 y todos son policías. Más de 147 personas resultaron heridas y también son en su mayoría policías“, afirmó a EFE Asim Khan, un portavoz del hospital Lady Reading de la ciudad de Peshawar, donde ocurrió el atentado.
El centro médico se ha visto obligado a hacer un llamamiento a donar sangre para tratar a las decenas de víctimas del ataque.
El atentado ocurrió hacia el mediodía en una mezquita en Police Lines, un centro residencial y de entrenamiento para policías, lo que explica el alto número de víctimas dentro de este cuerpo, detalló a EFE el comisionado de Peshawar, Riaz Mehsud.
“A la gente de fuera no se le permite entrar en el centro”, remarcó Mehsud.
Al menos 32 muertos y más de 150 heridos tras atentado suicida en una mezquita en Peshawar, Pakistán. #Video @Natsecjeff pic.twitter.com/z5hkZ24teP
— Javier Contreras 🎙 (@jcontrerasa) January 30, 2023
Los equipos de rescate siguen localizando a personas heridas de debajo de los escombros causados por la fuerte explosión, que tuvo lugar cuando la mezquita se encontraba especialmente concurrida durante uno de los rezos.
“Había más de trescientos fieles en la mezquita, y (el atentado suicida) tuvo lugar durante el rezo”, aseguró a los medios el oficial de Policía Muhammad Ijaz Khan en la entrada del templo atacado.
El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, reveló que el atacante suicida se encontraba en primera fila durante los rezos, y reivindicó que el Estado debe actuar contra los terroristas.
“Es hora de que volvamos a combatir la guerra contra el terrorismo“, dijo Asif en una entrevista con la televisión paquistaní Geo TV.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, condenó por su parte el “brutal asesinato de musulmanes cuando rezaban ante Alá”, al tiempo que se desplazaba a la zona de la tragedia, donde visitará a las víctimas y conocerá más detalles sobre el atentado.
Por el momento ninguna formación insurgente ha reivindicado la autoría del ataque.
Así han salido de entre los escombros algunos de los supervivientes del atentado suicida contra una mezquita ubicada en la zona roja de Peshawar (Pakistán) pic.twitter.com/8Yp2d7BkMD
— Enrique Rodríguez (@rodriguezcoello) January 30, 2023
El último atentado contra un centro religioso en Pakistán tuvo lugar en la misma ciudad de Peshawar en marzo de 2022, cuando un atacante suicida detonó sus explosivos en una mezquita de la minoría chií dejando 56 muertos y casi 200 heridos.
Los atentados terroristas y los ataques insurgentes han aumentado en los últimos meses en Pakistán tras varios años de relativa calma, en buena parte debido al resurgimiento del principal grupo talibán paquistaní, Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP).
La formación, un paraguas de grupos armados tribales creado en 2007 y aliado de los talibanes afganos, ha incrementado sus ataques tras poner fin el pasado noviembre a un alto el fuego con el Gobierno. El TTP afirmó además haber unido fuerzas con grupos separatistas de la provincia sureña de Baluchistán.
Desde su formación, el grupo ha llevado a cabo una brutal campaña de ataques terroristas en todo el país y matado a miles de personas, muchos de ellos miembros de las fuerzas de seguridad. También intentó asesinar en 2012 a la futura premio Nobel Malala Yousafzai.
El grupo yihadista Estado Islámico (EI) también ha llevado a cabo atentados en el pasado en Pakistán, uno de los peores en 2018 contra un mitin en Baluchistán, que dejó 128 muertos y 122 heridos.
Los atentados comenzaron a disminuir en 2014 tras una ofensiva de las autoridades paquistaníes, pero las señales de su resurgimiento son cada vez más claras mientras empeoran las relaciones entre Pakistán y un Afganistán bajo el Gobierno interino de los talibanes, que se hicieron con el poder en agosto de 2021.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
