Política
TSE hace convocatoria oficial para elecciones generales de 2024
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio esta noche el banderillazo de salida para el desarrollo de las elecciones generales de febrero y marzo de 2024, con un mensaje en cadena nacional de radio y televisión, llamando a todos los salvadoreños y partidos políticos legalmente inscritos a participar en la próxima fiesta democrática que se llevará a cabo dentro de cuatro meses.
«Este día es de gran trascendencia para El Salvador y la democracia porque damos el banderillazo de salida a todos los que participamos de manera directa o indirecta en el proceso electoral… convocamos al cuerpo electoral a elecciones de presidente, vicepresidente, diputaciones a la Asamblea Legislativa, concejos municipales y diputadas y diputados al Parlamento Centroamericano», manifestó la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez.
La presidenta del TSE informó que se ha creado el registro electoral para el voto en el extranjero, que el voto remoto por internet estará disponible en todo el mundo, y el voto electrónico presencial estará en 29 países, en 81 centros de votación.
Martínez explicó que para las elecciones de 2024 serán electos 622 cargos entre la presidencia de la república, diputaciones, parlamentarios y concejos municipales. Además, detalló que hasta el 19 de agosto pasado se contabilizan 5,517,754 electores a escala nacional inscritos en el registro electoral y 685,026 votantes que viven en el extranjero.
En agosto del año pasado, las autoridades del tribunal anunciaron que las elecciones se realizarán en dos fechas, para balancear la carga laboral del equipo por ser comicios generales: el 4 de febrero se elegirá al presidente y vicepresidente de la república para el periodo 2024-2029, así como a 60 diputados de la Asamblea Legislativa que ocuparán sus cargos desde 2024 hasta 2027.
Mientras que el 3 de marzo serán los comicios para elegir a los 44 concejos municipales que gobernarán las alcaldías en los próximos tres años, y a 20 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) que iniciarán sus funciones hasta 2026, por un periodo de cinco años.
«El país y la comunidad internacional han sido testigos de la evolución democrática de El Salvador. Los salvadoreños deben estar seguros de que nuestro trabajo garantizará la soberana voluntad del pueblo», destacó Martínez.
De acuerdo con datos brindados por los magistrados del TSE, el año entrante serán electos un total de 3,206 funcionarios públicos, dos más en comparación de las elecciones de 2021, cuando eligieron a 3,204 personas y participaron cerca de 18,000 candidatos.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
