Internacionales
Hasta 34 años de cárcel para cinco responsables del asesinato de presidenciable en Ecuador
La justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel contra cinco implicados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, incluido quien dio la orden de disparar, informó este viernes el tribunal del caso.
A Carlos Angulo, miembro de una de las principales bandas criminales del país, «se le impone la pena de 34 años 8 meses de privación de libertad», dijo Milton Maroto, juez ponente del caso.
Angulo, de 31 años y conocido como el «Invisible», fue quien dio la orden de disparar contra Villavicencio el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin en el norte de Quito.
El autor material del magnicidio fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
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Otra acusada, Laura Castillo, recibió la misma pena por proveer armas, dinero, vehículos y motos a los sicarios que participaron en el crimen.
Además, Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo, en calidad de cómplices, recibieron penas de 12 años de cárcel cada uno. Esta es una sentencia en primera instancia que puede ser apelada por los acusados.
De acuerdo con la justicia ecuatoriana, Flores fue el encargado de dar seguridad a la moto en la que se transportaba al sicario que disparó contra Villavicencio, en tanto que Chimbo se ocupó de alertar a los pistoleros sobre la salida del candidato. Ramírez hizo el trabajo de logística en el lugar del crimen.
Otras 13 personas resultaron heridas durante el ataque, incluidos policías, militares y simpatizantes de Villavicencio.
«Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir», escribió en la red social X Amanda Villavicencio, hija del presidenciable asesinado.
«No crean que nos vamos a conformar con estos 5 delincuentes. Narcoasambleístas, por este asesinato, presos deben ir», agregó.
En las afueras del Complejo Judicial Norte, familiares y simpatizantes levantaban carteles con la leyenda «cárcel para cobardes asesinos» y fotos del candidato presidencial, conocido por destapar casos graves casos de corrupción.
Villavicencio fue un periodista cuyas investigaciones salpicaron a altos funcionarios, entre ellos aliados del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).
Entre las versiones presentadas a lo largo del juicio que empezó el 25 de junio, un testigo protegido afirmó que la «cabeza» del candidato «valía 200.000» dólares y que en el caso estaban implicados miembros del gobierno de Correa.
El exmandatario, que vive en Bélgica y es prófugo de la justicia ecuatoriana tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción, niega cualquier vínculo con el magnicidio.
«Queremos que se siga haciendo justicia por la sangre, por la vida que dio Fernando», dijo al final de la audiencia Alexandra Villavicencio, hermana del candidato.
«Así como están siendo juzgados cada uno de los asesinos materiales de Fernando Villavicencio sean juzgados todos los autores intelectuales», pidió.
El juicio se extendió por ocho días. Las audiencias se dieron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Policías armados, algunos de ellos encapuchados, resguardaron la sala.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, encargada de examinar el texto, declaró a la televisión estatal que el ejército controlaría el estrecho para, entre otras cosas, prohibir el paso de «buques hostiles».
El proyecto prevé también que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.
El responsable de la agencia marítima de la ONU, Arsenio Domínguez, reafirmó el lunes que no existe «ninguna base legal» para reclamar un peaje por atravesar el estrecho de Ormuz, que Irán dice querer instaurar.
«No existe ningún fundamento jurídico para la introducción de ningún impuesto, de ningún arancel ni de ningún tipo de tasa sobre los estrechos utilizados para la navegación internacional», declaró Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), en rueda de prensa.
Irán considera que su ejército debería tener autoridad sobre el estrecho de Ormuz y está elaborando un proyecto de ley en este sentido, declaró este lunes un alto responsable.
Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que comenzó con ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, el gobierno de Teherán decidió bloquear el estrecho de Ormuz, vital para el suministro de hidrocarburos.
El sospechoso de irrumpir armado en una cena de gala a la que asistía Donald Trump comparecerá ante la justicia este lunes para responder por el ataque a tiros, el último episodio de violencia política en un Estados Unidos profundamente dividido.
Funcionarios de la administración dijeron que el sospechoso, un hombre de California, aparentemente tenía como objetivo matar a Trump y a altos funcionarios en el evento con la prensa el sábado por la noche en un hotel de Washington, en lo que habría sido el tercer intento de acabar con la vida del presidente en dos años.
El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.
Trump, que fue evacuado a toda prisa del lugar por agentes del Servicio Secreto, publicó imágenes de las cámaras de vigilancia que muestran al hombre armado tratando de correr a toda velocidad más allá de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.
Tras un breve intercambio de disparos con los agentes, fue detenido en el lugar. Trump publicó fotos del hombre esposado en la alfombra del hotel, sin camisa y tendido boca abajo.
Se espera que el sospechoso se presente ante la justicia federal de Washington hacia las 13H00 locales (17H00 GMT). La comparecencia será breve y se prevé que inicialmente lo acusen de agresión contra un agente federal y uso de un arma de fuego durante un delito de violencia, aunque la lista de cargos puede aumentar.
«Mundo loco»
En una entrevista en el programa «60 Minutes» de CBS, le preguntaron a Trump si temió que hubiera víctimas mientras se desarrollaba la caótica escena.
«No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco», dijo Trump.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró el domingo a CBS que según la investigación preliminar el sospechoso «apuntaba a miembros de la administración».
Blanche agregó que no se conoce ningún otro motivo del ataque, y confirmó que el hombre -que según las autoridades iba armado con una escopeta, una pistola y cuchillo- se hospedaba en el Washington Hilton donde se celebró la cena de gala de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
Sin aportar detalles, Trump indicó que el sospechoso había escrito un manifiesto «anticristiano».
«El tipo está enfermo», dijo Trump a Fox News. «Su hermana o su hermano, en realidad, se quejaban de ello. Incluso estuvieron presentando quejas ante las autoridades».
El New York Post informó que el sospechoso escribió en un mensaje que compartió con su familia poco antes del ataque, que sus objetivos serían «priorizados de mayor a menor rango».
En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados.
Trump dijo en una conferencia de prensa improvisada a última hora de la noche en la Casa Blanca que al principio pensó que el ruido era una bandeja que se caía, antes de darse cuenta de que se trataba de disparos.
«Parece que creen que actuó como un lobo solitario, y yo también lo siento así», dijo el presidente.
Un agente recibió un disparo a corta distancia en su chaleco antibalas y parecía no haber resultado gravemente herido.
Trump fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos con los que mató a un asistente e hirió levemente al presidente en la oreja.
Meses más tarde, arrestaron a otro hombre después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un rifle asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde estaba Trump.
