Internacionales
Hasta 34 años de cárcel para cinco responsables del asesinato de presidenciable en Ecuador
La justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel contra cinco implicados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, incluido quien dio la orden de disparar, informó este viernes el tribunal del caso.
A Carlos Angulo, miembro de una de las principales bandas criminales del país, «se le impone la pena de 34 años 8 meses de privación de libertad», dijo Milton Maroto, juez ponente del caso.
Angulo, de 31 años y conocido como el «Invisible», fue quien dio la orden de disparar contra Villavicencio el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin en el norte de Quito.
El autor material del magnicidio fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
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Otra acusada, Laura Castillo, recibió la misma pena por proveer armas, dinero, vehículos y motos a los sicarios que participaron en el crimen.
Además, Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo, en calidad de cómplices, recibieron penas de 12 años de cárcel cada uno. Esta es una sentencia en primera instancia que puede ser apelada por los acusados.
De acuerdo con la justicia ecuatoriana, Flores fue el encargado de dar seguridad a la moto en la que se transportaba al sicario que disparó contra Villavicencio, en tanto que Chimbo se ocupó de alertar a los pistoleros sobre la salida del candidato. Ramírez hizo el trabajo de logística en el lugar del crimen.
Otras 13 personas resultaron heridas durante el ataque, incluidos policías, militares y simpatizantes de Villavicencio.
«Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir», escribió en la red social X Amanda Villavicencio, hija del presidenciable asesinado.
«No crean que nos vamos a conformar con estos 5 delincuentes. Narcoasambleístas, por este asesinato, presos deben ir», agregó.
En las afueras del Complejo Judicial Norte, familiares y simpatizantes levantaban carteles con la leyenda «cárcel para cobardes asesinos» y fotos del candidato presidencial, conocido por destapar casos graves casos de corrupción.
Villavicencio fue un periodista cuyas investigaciones salpicaron a altos funcionarios, entre ellos aliados del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).
Entre las versiones presentadas a lo largo del juicio que empezó el 25 de junio, un testigo protegido afirmó que la «cabeza» del candidato «valía 200.000» dólares y que en el caso estaban implicados miembros del gobierno de Correa.
El exmandatario, que vive en Bélgica y es prófugo de la justicia ecuatoriana tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción, niega cualquier vínculo con el magnicidio.
«Queremos que se siga haciendo justicia por la sangre, por la vida que dio Fernando», dijo al final de la audiencia Alexandra Villavicencio, hermana del candidato.
«Así como están siendo juzgados cada uno de los asesinos materiales de Fernando Villavicencio sean juzgados todos los autores intelectuales», pidió.
El juicio se extendió por ocho días. Las audiencias se dieron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Policías armados, algunos de ellos encapuchados, resguardaron la sala.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las críticas de sectores opositores que señalan que el reglamento de la ley de medios representa un intento de censura y aseguró que la normativa no contempla sanciones por el contenido publicado por los medios de comunicación.
La ley, que no afecta a medios escritos ni a publicaciones en internet y redes sociales, fue aprobada en julio de 2025. La semana pasada, la comisión de telecomunicaciones emitió un primer borrador del reglamento para someterlo a consulta pública.
El documento incluye la publicación de códigos de ética y la designación de un defensor de las audiencias como parte de las medidas para evitar multas. Asimismo, establece que los espacios publicitarios deberán distinguirse de los contenidos informativos, noticiosos y de opinión, además de abrir espacios para el ejercicio del derecho de réplica.
Tras la presentación del borrador, opositores al gobierno denunciaron que la normativa constituye un intento de censura.
Durante su conferencia de prensa diaria, y acompañada por su consejera jurídica, la mandataria respondió a los cuestionamientos.
«¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No», afirmó Sheinbaum.
«No hemos censurado nunca a nadie ni lo vamos a censurar», enfatizó la presidenta.
El gobierno de izquierda encabezado por Sheinbaum, al igual que el de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), mantiene una relación confrontativa con los principales medios de comunicación de México, a los que acusa con frecuencia de difundir información falsa.
Como parte de esa estrategia, el gobierno también difunde espacios como el denominado «Detector de mentiras», con el objetivo de desmentir publicaciones que considera falsas sobre su administración.
López Obrador instauró la tradición de ofrecer una conferencia de prensa diaria denominada «La mañanera», práctica que Sheinbaum ha mantenido y que continúa marcando la agenda informativa oficial.
El proceso de consulta ciudadana sobre el reglamento de la ley de medios incluye la participación de especialistas y de los propios concesionarios. La consulta permanecerá abierta hasta el 21 de agosto y, posteriormente, la versión final del reglamento será publicada en la gaceta oficial.
Internacionales
Empujan a un adulto mayor cuando estaba por cruzar la meta de una carrera y el hecho genera indignación
Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en polémica luego de que un adulto mayor fuera empujado por un integrante de la organización de la Carrera de Colores, celebrada en Huamantla, México, cuando estaba por cruzar la meta, lo que provocó que cayera al suelo.
De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, un miembro del staff vigilaba que personas no inscritas en la Carrera de Colores no cruzaran la línea de meta. Al percatarse de que el corredor de edad avanzada no portaba su identificación de participante, le estiró el brazo para impedir su paso, ocasionando su caída.
Las imágenes del incidente generaron indignación entre los usuarios en redes sociales. Posteriormente, el Gobierno Municipal de Huamantla emitió un comunicado en el que se deslindó de lo ocurrido y aseguró que la empresa privada Zona T fue la encargada de organizar el evento.
Por su parte, el alcalde Salvador Santos lamentó lo sucedido y afirmó que no se protegerá a ninguna persona involucrada. «Si existió una agresión, una falta o un delito, deberá investigarse y quien resulte responsable tendrá que responder conforme a la ley», expresó.
#SUCESOS Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en polémica luego de que un adulto mayor fuera empujado por un integrante de la organización de la Carrera de Colores, celebrada en Huamantla, México, cuando estaba por cruzar la meta, lo que provocó que cayera al suelo. pic.twitter.com/kNIeLZCm80
— Diario Digital Cronio (@croniosv) August 3, 2026
Internacionales
Al menos 52 personas, incluidos niños, fueron secuestradas tras ataque armado en un pueblo de Nigeria
Al menos 52 personas, entre ellas varios niños, fueron secuestradas durante un ataque perpetrado este fin de semana por hombres armados en el pueblo de Kasuwar Daji, en el estado de Zamfara, al noroeste de Nigeria, informaron este lunes fuentes locales a la AFP.
De acuerdo con la información, hombres armados que se desplazaban en motocicletas irrumpieron el sábado por la noche en la comunidad. Antes de ingresar al pueblo, atacaron una base militar ubicada en las afueras de la localidad.
Según testimonios de habitantes, los atacantes se apoderaron de varios rifles e incendiaron un vehículo de patrulla. Posteriormente, ingresaron al pueblo y secuestraron a decenas de personas.
Shehu Abullahi, uno de los residentes, aseguró que inicialmente los atacantes secuestraron a más de 100 personas, pero posteriormente liberaron a algunas, quedándose finalmente con 52 rehenes. Entre ellos se encuentra su hija de 12 años.
Otro habitante, Ahmad Usman, relató que los hombres armados recorrieron el pueblo casa por casa para secuestrar a los pobladores. Además, afirmó que entre las víctimas se encuentran las esposas de dos de sus hijos y dos adolescentes de su familia.
Por su parte, el portavoz del Ejército, Olaniyi Osoba, informó que las tropas repelieron con éxito el ataque contra la base militar. Sin embargo, confirmó que un soldado y un agente de la Policía murieron durante la incursión y que los atacantes lograron secuestrar a un número indeterminado de habitantes.
En un comunicado, el portavoz atribuyó el ataque a «terroristas», término utilizado por las autoridades nigerianas para referirse a distintos grupos armados.
Los secuestros se han convertido en una fuente de ingresos para los grupos armados que operan en Nigeria, tanto para organizaciones yihadistas presentes principalmente en el noreste del país como para las bandas criminales conocidas como «bandidos», que actúan en el noroeste y el centro del territorio.
Estas pandillas son señaladas de cobrar «impuestos» a agricultores, robar ganado, atacar aldeas y participar en actividades mineras ilegales en zonas rurales.
