Internacionales
Hasta 34 años de cárcel para cinco responsables del asesinato de presidenciable en Ecuador
La justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel contra cinco implicados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, incluido quien dio la orden de disparar, informó este viernes el tribunal del caso.
A Carlos Angulo, miembro de una de las principales bandas criminales del país, «se le impone la pena de 34 años 8 meses de privación de libertad», dijo Milton Maroto, juez ponente del caso.
Angulo, de 31 años y conocido como el «Invisible», fue quien dio la orden de disparar contra Villavicencio el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin en el norte de Quito.
El autor material del magnicidio fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
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Otra acusada, Laura Castillo, recibió la misma pena por proveer armas, dinero, vehículos y motos a los sicarios que participaron en el crimen.
Además, Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo, en calidad de cómplices, recibieron penas de 12 años de cárcel cada uno. Esta es una sentencia en primera instancia que puede ser apelada por los acusados.
De acuerdo con la justicia ecuatoriana, Flores fue el encargado de dar seguridad a la moto en la que se transportaba al sicario que disparó contra Villavicencio, en tanto que Chimbo se ocupó de alertar a los pistoleros sobre la salida del candidato. Ramírez hizo el trabajo de logística en el lugar del crimen.
Otras 13 personas resultaron heridas durante el ataque, incluidos policías, militares y simpatizantes de Villavicencio.
«Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir», escribió en la red social X Amanda Villavicencio, hija del presidenciable asesinado.
«No crean que nos vamos a conformar con estos 5 delincuentes. Narcoasambleístas, por este asesinato, presos deben ir», agregó.
En las afueras del Complejo Judicial Norte, familiares y simpatizantes levantaban carteles con la leyenda «cárcel para cobardes asesinos» y fotos del candidato presidencial, conocido por destapar casos graves casos de corrupción.
Villavicencio fue un periodista cuyas investigaciones salpicaron a altos funcionarios, entre ellos aliados del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).
Entre las versiones presentadas a lo largo del juicio que empezó el 25 de junio, un testigo protegido afirmó que la «cabeza» del candidato «valía 200.000» dólares y que en el caso estaban implicados miembros del gobierno de Correa.
El exmandatario, que vive en Bélgica y es prófugo de la justicia ecuatoriana tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción, niega cualquier vínculo con el magnicidio.
«Queremos que se siga haciendo justicia por la sangre, por la vida que dio Fernando», dijo al final de la audiencia Alexandra Villavicencio, hermana del candidato.
«Así como están siendo juzgados cada uno de los asesinos materiales de Fernando Villavicencio sean juzgados todos los autores intelectuales», pidió.
El juicio se extendió por ocho días. Las audiencias se dieron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Policías armados, algunos de ellos encapuchados, resguardaron la sala.
Una persona murió y otra se encuentra en estado crítico luego de que ocurrió un tiroteo hoy lunes dentro de un centro de rehabilitación en la localidad de Egg Harbor, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, informaron medios locales.
El tiroteo fue reportado por primera vez alrededor de las 06:30 hora local, informó CBS News.
Al parecer, el tiroteo fue un incidente aislado que involucró a individuos que se conocían, indicó la oficina del fiscal del condado de Atlantic citada en el informe.
Una tregua entre Rusia y Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa expiró oficialmente el lunes, después de que ambas partes se acusaran mutuamente de miles de violaciones, pese a una disminución de los bombardeos aéreos rusos.
La tregua duró 32 horas, desde las 16H00 (13H00 GMT) del sábado hasta el final del domingo.
Ambas partes habían acordado respetar el alto el fuego, que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el jueves y que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, había propuesto más de una semana antes.
Pero, como ocurrió con un acuerdo similar el año pasado, solo reinó una calma relativa a lo largo de los 1.200 kilómetros de la línea del frente.
Hasta las 22H00 locales (19H00 GMT) del domingo, «se han registrado 7.696 violaciones por parte del enemigo», señaló el ejército ucraniano en Facebook.
Rusia había respetado el alto el fuego en cierta medida, pero continuó «las operaciones de combate en determinados sectores, incluido el uso de drones FPV y drones kamikaze», añadió.
El Ministerio de Defensa ruso acusó a Kiev de casi 2.000 incumplimientos de la tregua, indicó el Ministerio en la plataforma de mensajería MAX, impulsada por el Estado.
Kiev disparó 258 veces con artillería o tanques, llevando a cabo 1.329 ataques con drones FPV y arrojando «distintos tipos de municiones» en 375 ocasiones, principalmente mediante drones, afirmó Rusia.
Moscú también acusó a las fuerzas ucranianas de lanzar «tres ataques nocturnos» contra posiciones rusas y «cuatro intentos de avance» a lo largo de la línea del frente, agregando que todos habían sido frustrados.
Zelenski pidió un alto el fuego más prolongado en su discurso nocturno del sábado, afirmando que Ucrania había presentado la propuesta a Rusia.
Pero en declaraciones difundidas el domingo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, rechazó cualquier prórroga a menos que el líder ucraniano aceptara las condiciones «bien conocidas» de Rusia.
«Mientras Zelenski no tenga el valor de asumir esta responsabilidad, la operación militar especial continuará después de la expiración del alto al fuego», añadió Peskov.
Rusia exige a Ucrania concesiones políticas y territoriales, en particular una retirada total de la región de Donetsk, controlada en parte por Moscú. Kiev rechaza estas exigencias que considera una capitulación.
Los representantes políticos ratificaron la tesis de «ausencia absoluta» del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución. Exigen a la presidenta encargada Delcy Rodríguez restablecer las garantías constitucionales y convocar elecciones.
Maduro fue capturado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense y se encuentra a la espera de juicio en Estados Unidos por narcotráfico.
La Plataforma Unitaria Democrática que agrupa a ocho partidos de oposición presentó «una hoja de ruta» para alcanzar una «transición democrática» en Venezuela.
La convocatoria nacional de este domingo que contó con la participación de unos 40 mil activistas de forma presencial y virtual, es la primera que realiza esta alianza política tras la cuestionada elección de Maduro en 2024. Desde entonces la fuerte represión oficial y la detención de dirigentes, obligó a muchos a exiliarse y pasar a la clandestinidad.
«Esta hoja de ruta obedece al sentimiento del país, pero también corresponde a la estrategia que se inició en enero en Venezuela», dijo Roberto Enríquez, vocero de la coalición.
Los dirigentes piden que se levanten las inhabilitaciones políticas, devolver las tarjetas electorales y símbolos a sus legítimos representantes.
Por su parte, la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció en un mensaje transmitido en línea, que hay acuerdos y consensos para alcanzar la transición.
El partido que lidera, Vente, exigió el viernes la convocatoria de elecciones ante la falta del presidente.
«Los venezolanos tenemos cultura democrática. No estamos divididos, díganme qué otro país del mundo el 90% de la población quiere lo mismo. Estamos organizados y listos para hacer lo que toca», dijo Machado.
Afirmó que «muy pronto» estará de regreso en Venezuela. «Vamos a recorrer todo el país (…) vamos a abrazar a la gente, vamos a construir esta fuerza en un gran acuerdo por la democracia y la libertad».
La plataforma unitaria también pidió la liberación de todos los presos políticos, el cese de la persecución y desmontaje «del aparato represivo» y retorno seguro de los exiliados.
