Internacionales
Hasta 34 años de cárcel para cinco responsables del asesinato de presidenciable en Ecuador
La justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel contra cinco implicados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, incluido quien dio la orden de disparar, informó este viernes el tribunal del caso.
A Carlos Angulo, miembro de una de las principales bandas criminales del país, «se le impone la pena de 34 años 8 meses de privación de libertad», dijo Milton Maroto, juez ponente del caso.
Angulo, de 31 años y conocido como el «Invisible», fue quien dio la orden de disparar contra Villavicencio el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin en el norte de Quito.
El autor material del magnicidio fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
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Otra acusada, Laura Castillo, recibió la misma pena por proveer armas, dinero, vehículos y motos a los sicarios que participaron en el crimen.
Además, Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo, en calidad de cómplices, recibieron penas de 12 años de cárcel cada uno. Esta es una sentencia en primera instancia que puede ser apelada por los acusados.
De acuerdo con la justicia ecuatoriana, Flores fue el encargado de dar seguridad a la moto en la que se transportaba al sicario que disparó contra Villavicencio, en tanto que Chimbo se ocupó de alertar a los pistoleros sobre la salida del candidato. Ramírez hizo el trabajo de logística en el lugar del crimen.
Otras 13 personas resultaron heridas durante el ataque, incluidos policías, militares y simpatizantes de Villavicencio.
«Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir», escribió en la red social X Amanda Villavicencio, hija del presidenciable asesinado.
«No crean que nos vamos a conformar con estos 5 delincuentes. Narcoasambleístas, por este asesinato, presos deben ir», agregó.
En las afueras del Complejo Judicial Norte, familiares y simpatizantes levantaban carteles con la leyenda «cárcel para cobardes asesinos» y fotos del candidato presidencial, conocido por destapar casos graves casos de corrupción.
Villavicencio fue un periodista cuyas investigaciones salpicaron a altos funcionarios, entre ellos aliados del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).
Entre las versiones presentadas a lo largo del juicio que empezó el 25 de junio, un testigo protegido afirmó que la «cabeza» del candidato «valía 200.000» dólares y que en el caso estaban implicados miembros del gobierno de Correa.
El exmandatario, que vive en Bélgica y es prófugo de la justicia ecuatoriana tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción, niega cualquier vínculo con el magnicidio.
«Queremos que se siga haciendo justicia por la sangre, por la vida que dio Fernando», dijo al final de la audiencia Alexandra Villavicencio, hermana del candidato.
«Así como están siendo juzgados cada uno de los asesinos materiales de Fernando Villavicencio sean juzgados todos los autores intelectuales», pidió.
El juicio se extendió por ocho días. Las audiencias se dieron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Policías armados, algunos de ellos encapuchados, resguardaron la sala.
Internacionales
Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala
Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.
El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.
Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.
En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.
Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.
«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.
La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».
Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.
El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.
Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.
Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.
Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026, luego de un nuevo aumento de los ahorcamientos registrado en los últimos días, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener estas ejecuciones, informó el jueves la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
De acuerdo con IHR, al menos 511 personas han sido ejecutadas en Irán durante 2026, entre ellas al menos 29 relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.
La organización señaló que entre las personas ejecutadas figuran al menos 16 mujeres y 13 «presos políticos» vinculados a grupos de oposición prohibidos.
Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena capital como un mecanismo para intimidar a la población después de las protestas y de la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.
«Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas», declaró a la AFP el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien agregó que existe preocupación por que esta tendencia pueda empeorar durante los próximos meses.
Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que comenzaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, quien había sido detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.
El martes, Trump escribió en su red Truth Social que Irán «asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca».
«Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA», agregó el mandatario estadounidense.
Amiry-Moghaddam sostuvo que, durante la guerra, la comunidad internacional concentró su atención en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, lo que, según afirmó, dio «a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte».
El director de IHR valoró los comentarios de Trump y afirmó que «una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica».
La organización también aseguró que cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían conllevar la pena capital.
Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2.159 personas durante 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando actualmente las ejecuciones de manifestantes y de otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.
Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y afirmaron que el país está ejecutando a manifestantes para «silenciar la disidencia».
