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Hasta 34 años de cárcel para cinco responsables del asesinato de presidenciable en Ecuador
La justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel contra cinco implicados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, incluido quien dio la orden de disparar, informó este viernes el tribunal del caso.
A Carlos Angulo, miembro de una de las principales bandas criminales del país, «se le impone la pena de 34 años 8 meses de privación de libertad», dijo Milton Maroto, juez ponente del caso.
Angulo, de 31 años y conocido como el «Invisible», fue quien dio la orden de disparar contra Villavicencio el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin en el norte de Quito.
El autor material del magnicidio fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
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Otra acusada, Laura Castillo, recibió la misma pena por proveer armas, dinero, vehículos y motos a los sicarios que participaron en el crimen.
Además, Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo, en calidad de cómplices, recibieron penas de 12 años de cárcel cada uno. Esta es una sentencia en primera instancia que puede ser apelada por los acusados.
De acuerdo con la justicia ecuatoriana, Flores fue el encargado de dar seguridad a la moto en la que se transportaba al sicario que disparó contra Villavicencio, en tanto que Chimbo se ocupó de alertar a los pistoleros sobre la salida del candidato. Ramírez hizo el trabajo de logística en el lugar del crimen.
Otras 13 personas resultaron heridas durante el ataque, incluidos policías, militares y simpatizantes de Villavicencio.
«Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir», escribió en la red social X Amanda Villavicencio, hija del presidenciable asesinado.
«No crean que nos vamos a conformar con estos 5 delincuentes. Narcoasambleístas, por este asesinato, presos deben ir», agregó.
En las afueras del Complejo Judicial Norte, familiares y simpatizantes levantaban carteles con la leyenda «cárcel para cobardes asesinos» y fotos del candidato presidencial, conocido por destapar casos graves casos de corrupción.
Villavicencio fue un periodista cuyas investigaciones salpicaron a altos funcionarios, entre ellos aliados del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).
Entre las versiones presentadas a lo largo del juicio que empezó el 25 de junio, un testigo protegido afirmó que la «cabeza» del candidato «valía 200.000» dólares y que en el caso estaban implicados miembros del gobierno de Correa.
El exmandatario, que vive en Bélgica y es prófugo de la justicia ecuatoriana tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción, niega cualquier vínculo con el magnicidio.
«Queremos que se siga haciendo justicia por la sangre, por la vida que dio Fernando», dijo al final de la audiencia Alexandra Villavicencio, hermana del candidato.
«Así como están siendo juzgados cada uno de los asesinos materiales de Fernando Villavicencio sean juzgados todos los autores intelectuales», pidió.
El juicio se extendió por ocho días. Las audiencias se dieron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Policías armados, algunos de ellos encapuchados, resguardaron la sala.
Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron la noche del sábado en un accidente de tráfico ocurrido durante una gira de estudiantes en la isla de Fogo, Cabo Verde, informaron las autoridades en un comunicado divulgado este domingo por la radio pública.
El autobús transportaba a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión cerca del volcán Pico do Fogo. Según funcionarios locales, el recorrido formaba parte de una actividad anual dirigida a los niños antes de su regreso a clases.
El accidente ocurrió en un archipiélago de África Occidental de aproximadamente 550,000 habitantes, ubicado en el océano Atlántico frente a las costas de Senegal. Las autoridades señalaron que los accidentes de gran magnitud son poco frecuentes en Cabo Verde y que, en general, el país cuenta con carreteras en buen estado.
Otras personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, informó José Canuto, representante de Protección Civil de la municipalidad de Sao Filipe.
De acuerdo con testigos, el accidente se produjo cuando uno de los neumáticos del autobús explotó. El vehículo derrapó y terminó cayendo en un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad, ubicado en un valle de difícil acceso.
El Ministerio de Defensa de Bolivia elevó a seis la cifra de personas fallecidas tras las dos explosiones registradas el viernes por la tarde en una unidad militar de la ciudad de Viacha, ubicada a 30 kilómetros al suroeste de La Paz y con una población superior a los 100,000 habitantes. La actualización se produjo luego de que los equipos de rescate localizaran tres nuevos cadáveres entre los escombros.
Según el Ministerio de Defensa, en el recinto militar se almacenaba material pirotécnico decomisado, granadas y explosivos con base de TNT. De las seis personas fallecidas, tres han sido identificadas y corresponden a soldados, mientras que las identidades de los otros tres cuerpos recuperados permanecen pendientes de confirmación.
“El número de personas fallecidas tras las explosiones registradas el viernes en instalaciones militares de Viacha se elevó a seis (…) Tres de las víctimas fueron identificadas (…) mientras que otras tres permanecen en proceso de identificación”, indicó el comunicado oficial.
La cartera de Defensa señaló que se mantiene la cifra de 11 personas desaparecidas mientras continúan las labores de búsqueda entre las estructuras destruidas. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que todavía existen sectores afectados, materiales que deben ser revisados por especialistas y estructuras comprometidas.
Familiares de los soldados permanecían en los alrededores del cuartel en busca de información sobre sus seres queridos. Mientras tanto, las causas de las explosiones continúan bajo investigación. La Fiscalía abrió una causa por “homicidio culposo” y otros delitos.
El expresidente Evo Morales, opositor del mandatario Rodrigo Paz, calificó lo ocurrido como un “crimen de guerra” y cuestionó la actuación del Gobierno. A través de la red social X, afirmó que lo sucedido debería motivar una demanda ante la Corte Penal Internacional y pidió que la Fiscalía actuara de oficio.
Morales también señaló que el incidente afectó a varias familias de soldados que cumplían con su deber de servir a Bolivia.
Las explosiones provocaron daños en decenas de viviendas de los alrededores. Entre las afectaciones se reportaron ventanas hechas añicos, techos removidos, piedras esparcidas y árboles derribados como consecuencia de las ondas expansivas. Además, las puertas de algunos establecimientos comerciales quedaron retorcidas por la fuerza de las detonaciones.
Las autoridades de Indonesia cerraron este domingo ocho aeropuertos, entre ellos el principal de Yakarta, luego de la erupción del volcán Anak Krakatoa, una situación que dejó varados a más de 150,000 pasajeros y afectó 467 vuelos, de los cuales 58 correspondían a rutas internacionales y 409 a vuelos nacionales, informó el Ministerio de Transportes.
La suspensión de operaciones en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, en Yakarta, comenzó a la 01:30 de la madrugada del domingo y fue prorrogada en varias ocasiones. Durante la noche, las autoridades extendieron nuevamente el cierre hasta las 23:59 horas locales (16:59 GMT).
De acuerdo con el Ministerio de Transportes, los análisis realizados durante la jornada detectaron dispersión de cenizas volcánicas en la zona del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, por lo que se ordenó el cierre de la terminal aérea.
El volcán Anak Krakatoa entró en erupción el sábado, expulsando lava y provocando explosiones que, según la agencia indonesia de vulcanología, pudieron escucharse hasta a 700 kilómetros de distancia. El organismo también informó que el domingo se registraron otras dos erupciones del volcán, ubicado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.
Las cenizas volcánicas, consideradas peligrosas para los motores de los aviones, se dispersaron por el espacio aéreo de varios aeropuertos y alcanzaron también la ciudad de Bandar Lampung, en el extremo sur de Sumatra, donde cubrieron vehículos estacionados y los bordes de las carreteras.
Ante esta situación, las escuelas de Yakarta permanecerán cerradas el lunes y las clases serán impartidas a distancia. La administración de la capital anunció la medida mediante un comunicado, aunque no precisó durante cuánto tiempo permanecerá vigente.
El Anak Krakatoa registra actividad intermitente desde su aparición a comienzos del siglo XX, dentro de la caldera formada tras la erupción del Krakatoa en 1883.
Aquella erupción fue una de las catástrofes más mortíferas y destructivas de la historia, con un saldo estimado de 35,000 personas fallecidas.
