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Hasta 34 años de cárcel para cinco responsables del asesinato de presidenciable en Ecuador
La justicia de Ecuador condenó a penas de hasta 34 años de cárcel contra cinco implicados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, incluido quien dio la orden de disparar, informó este viernes el tribunal del caso.
A Carlos Angulo, miembro de una de las principales bandas criminales del país, «se le impone la pena de 34 años 8 meses de privación de libertad», dijo Milton Maroto, juez ponente del caso.
Angulo, de 31 años y conocido como el «Invisible», fue quien dio la orden de disparar contra Villavicencio el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin en el norte de Quito.
El autor material del magnicidio fue abatido por los guardaespaldas del candidato. La policía detuvo después a seis colombianos presuntamente vinculados al ataque, pero todos fueron asesinados en la cárcel.
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Otra acusada, Laura Castillo, recibió la misma pena por proveer armas, dinero, vehículos y motos a los sicarios que participaron en el crimen.
Además, Erick Ramírez, Víctor Flores y Alexandra Chimbo, en calidad de cómplices, recibieron penas de 12 años de cárcel cada uno. Esta es una sentencia en primera instancia que puede ser apelada por los acusados.
De acuerdo con la justicia ecuatoriana, Flores fue el encargado de dar seguridad a la moto en la que se transportaba al sicario que disparó contra Villavicencio, en tanto que Chimbo se ocupó de alertar a los pistoleros sobre la salida del candidato. Ramírez hizo el trabajo de logística en el lugar del crimen.
Otras 13 personas resultaron heridas durante el ataque, incluidos policías, militares y simpatizantes de Villavicencio.
«Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir», escribió en la red social X Amanda Villavicencio, hija del presidenciable asesinado.
«No crean que nos vamos a conformar con estos 5 delincuentes. Narcoasambleístas, por este asesinato, presos deben ir», agregó.
En las afueras del Complejo Judicial Norte, familiares y simpatizantes levantaban carteles con la leyenda «cárcel para cobardes asesinos» y fotos del candidato presidencial, conocido por destapar casos graves casos de corrupción.
Villavicencio fue un periodista cuyas investigaciones salpicaron a altos funcionarios, entre ellos aliados del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).
Entre las versiones presentadas a lo largo del juicio que empezó el 25 de junio, un testigo protegido afirmó que la «cabeza» del candidato «valía 200.000» dólares y que en el caso estaban implicados miembros del gobierno de Correa.
El exmandatario, que vive en Bélgica y es prófugo de la justicia ecuatoriana tras ser condenado a ocho años de cárcel por corrupción, niega cualquier vínculo con el magnicidio.
«Queremos que se siga haciendo justicia por la sangre, por la vida que dio Fernando», dijo al final de la audiencia Alexandra Villavicencio, hermana del candidato.
«Así como están siendo juzgados cada uno de los asesinos materiales de Fernando Villavicencio sean juzgados todos los autores intelectuales», pidió.
El juicio se extendió por ocho días. Las audiencias se dieron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Policías armados, algunos de ellos encapuchados, resguardaron la sala.
Cerca de las 08H00 locales (11H00 GMT), el conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó la barrera de contención.
«Tenemos tres personas fallecidas, 10 heridos, de distinta consideración, algunas graves», dijo a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien agregó que se investiga las causas del accidente.
La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital.
El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó «a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector».
Los bomberos combaten el incendio.
En 2025 Francia recibió dos millones más de visitantes internacionales que el año anterior, lo que le permitió obtener unos ingresos «récord» de 77.500 millones de euros (más de 90.000 millones de dólares), anunció el jueves el Ministerio de Turismo francés.
España declaró haber recibido 97 millones de turistas extranjeros e ingresos de 135.000 millones de euros (159.200 millones de dólares al cambio actual).
Atout France, la agencia que promociona el turismo francés en el extranjero, cuestiona los cálculos españoles y considera que los beneficios procedentes estrictamente de los extranjeros en el país ascienden a unos 105.000 millones de euros.
Si se suman las clientelas francesa e internacional, el consumo turístico interno alcanzó los 222.000 millones de euros el año pasado (unos 261.000 millones de dólares), impulsado por los alemanes, por delante de los italianos, los españoles, los belgas y los neerlandeses.
«España es un país de destino la mayoría de las veces, nosotros somos un país de tránsito», afirmó el ministro de Turismo francés Serge Papin, en rueda de prensa.
Debemos «hacer que la gente permanezca más tiempo en nuestro país», añadió, y recordó el objetivo de 100.000 millones de euros en ingresos para 2030.
En promedio, un turista extranjero permanece cerca de siete días en España, según las autoridades locales, frente a cinco en Francia, según el director general de Atout France, Adam Oubuih.
España «concentra un turismo más a inicios de año (…) con volúmenes de ofertas muy importantes en Andalucía, Canarias, Baleares», lo que hace bajar los precios, explicó Christian Mantei, presidente de Atout France.
Francia celebra que el gasto medio de un turista internacional en el país progresó 7% en 2025, hasta 760 euros.
Para reducir la brecha, Papin apuesta por la «diversificación», con el desarrollo del agroturismo, donde España e Italia son referentes, y el enoturismo.
También recordó la necesidad de mano de obra en el sector, con 61.000 empleos no cubiertos actualmente, sobre todo por la falta de alojamiento para los trabajadores temporales.
Y la demanda aumentará, con «una proyección de necesidad de 350.000 empleos» en los próximos tres a cinco años.
Entre el turismo proveniente de otros continentes, los hoteles registraron una afluencia mucho mayor de turistas estadounidenses (+17%), mientras que la clientela asiática, aunque en aumento, sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia de Covid-19, especialmente la china.
Aunque Francia sigue siendo el principal destino de los franceses, el atractivo del país se ha atenuado ligeramente (-5% de estadías) en beneficio de los viajes al extranjero (+4%), en particular hacia otros países del Mediterráneo.
El comienzo de 2026 dibuja «perspectivas alentadoras», con reservas aéreas «en fuerte aumento» en el primer trimestre con respecto a 2025, señala el ministerio, que cita entre los orígenes más dinámicos México (+19%), China (+17%) y Canadá (+7%).
En Europa también son más numerosos los españoles que optan por Francia en este inicio de año, con un aumento del 8% de las reservas en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En las estaciones de deportes de invierno, la temporada 2025/2026 se perfila con «buenos resultados», según el Gobierno francés, con reservas que dejan entrever un ligero aumento de los índices de ocupación.
Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk-yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a fines de 2024.
«La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello», aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.
«Lo sentenciamos a prisión perpetua», expresó.
Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar «fuerzas antiestatales».
El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.
El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos.
«La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable», indicó el juez.
Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.
Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.
Miles de simpatizantes se congregaron frente al tribunal capitalino con pancartas que decían «Yoon, grande de nuevo» o «Retiren los cargos contra el presidente Yoon».
Policías vestidos con chaquetas color neón se desplegaron frente al tribunal para impedir cualquier disturbio por el veredicto.
La noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon apareció en televisión para anunciar la medida, citando amenazas poco claras de influencia norcoreana y peligrosas «fuerzas antiestatales».
Declaró entonces la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.
La ley marcial fue levantada seis horas después, cuando los diputados, ayudados por manifestantes, consiguieron romper el cerco de las fuerzas de seguridad y votar con carácter de urgencia para revertir la medida de Yoon.
Corea del Sur ha sido un faro de democracia y estabilidad en Asia, pero el fallido intento de Yoon revivió los recuerdos de golpes militares que sacudieron al país entre 1960 y 1980.
Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían «salvaguardar la libertad» y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una «dictadura legislativa» encabezada por la oposición».
La fiscalía lo acusó de dirigir una «insurrección» impulsado por un «deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo».
Bajo la ley surcoreana solo caben dos castigos por insurrección: prisión perpetua o muerte.
Yoon había sido condenado previamente a cinco años de prisión por delitos menores, mientras una serie de altos cargos fueron sentenciados por su papel en la ley marcial.
