Política
Erick Zelaya, candidato a magistrado a la CSJ denuncia daño a su honor por una publicación en un medio impreso del país
Erick Zelaya, candidato a magistrado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha denunciado daño a su honor, tas una publicación hecha en un medio impreso de circulación nacional.
Para el aspirante a la Sala de lo Constitucional todo se debe a intereses por potenciar a otros candidatos y sacarlo a él de la contienda por llegar a ser magistrado en la elección que deberán hacer los diputados de la Asamblea Legislativa en los próximos días.
La publicación asegura que Erick Zelaya habría presentado falsa documentación de sus estudios ante los parlamentarios con el fin de hacerse valer y optar una magistratura en la sala.
Zelaya asegura que dicho reportaje le ha afectado en su honor y su en vida laboral. “Sí me afectó porque jugaron con mi nombre, mi honor, y de hecho, creo que me ha afectado en mi trabajo profesional. Ellos cuestionaban que había presentado documentación falsa, lo cual yo ya aclaré en la Asamblea Legislativa ese día”, dijo el jurista a Diario Digital Cronio en su entrevista de El Salvador Today.
Zelaya afirmó haber enviado pruebas de sus estudios profesionales al medio de comunicación con el fin de que se retracte de la publicación en su contra.
“Les envié al medio unos discos en los que manifestaba que estaba en un proceso de graduación. Pienso que es bastante irresponsable al hacer la investigación periodística porque no se documentó, ni se investigó al hacer este reportaje bastante irresponsable”.
“En la nota que les mandé les pedía una disculpa pública y que se retractarán de la nota que habían sacado al decir que yo había presentado documentación falsa sobre mis estudios. Ellos lo que pretenden prácticamente es descalificarme”, manifestó Zelaya quien por el momento está en el proceso de presentar su tesis doctoral de maestría en España la cual lleva por nombre: “Estudio sobre la Evolución de los Derechos Fundamentales de las Personas”, enfocado en la gente con cierta dependencia física.
Según el aspirante a magistrado a la CSJ la publicación del medio tiene un interés detrás de dicho reportaje.
“Es tratar de potenciar a otros candidatos y porque yo siempre he atacado que en este proceso debe haber un principio de especialización porque son pocos los que tenemos especialización para la Sala de lo Constitucional. Creería hay dos o tres ahí, los demás son penalistas o civilistas”.
Del por qué deberían de elegirlo a él como próximo magistrados a la Sala de lo Constitucional, Erick Zelaya argumentó “tener las credenciales académicas para poder optar a la sala. No solo eso, tengo también la solvencia moral sin ninguna afiliación partidaria y creo que puedo resolver de manera imparcial y objetiva basada en la ley y valores. Además puedo estar listo para llegar a acuerdos con los demás magistrados de la sala”.
Para el aspirante a magistrado la sala tendría que hacer un plan anual que le permita dejar un lado la mora en cuanto a la resolución de casos o fallos.
“Con el plan anual se le daría agilidad a los casos nuevos y luego darse metas para sacar los casos atrasados. En la medida que un magistrado está preparado para llegar a la sala, así va a resolverlos los casos”, sentenció Zelaya.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
