Política
Erick Zelaya, candidato a magistrado a la CSJ denuncia daño a su honor por una publicación en un medio impreso del país
Erick Zelaya, candidato a magistrado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha denunciado daño a su honor, tas una publicación hecha en un medio impreso de circulación nacional.
Para el aspirante a la Sala de lo Constitucional todo se debe a intereses por potenciar a otros candidatos y sacarlo a él de la contienda por llegar a ser magistrado en la elección que deberán hacer los diputados de la Asamblea Legislativa en los próximos días.
La publicación asegura que Erick Zelaya habría presentado falsa documentación de sus estudios ante los parlamentarios con el fin de hacerse valer y optar una magistratura en la sala.
Zelaya asegura que dicho reportaje le ha afectado en su honor y su en vida laboral. “Sí me afectó porque jugaron con mi nombre, mi honor, y de hecho, creo que me ha afectado en mi trabajo profesional. Ellos cuestionaban que había presentado documentación falsa, lo cual yo ya aclaré en la Asamblea Legislativa ese día”, dijo el jurista a Diario Digital Cronio en su entrevista de El Salvador Today.
Zelaya afirmó haber enviado pruebas de sus estudios profesionales al medio de comunicación con el fin de que se retracte de la publicación en su contra.
“Les envié al medio unos discos en los que manifestaba que estaba en un proceso de graduación. Pienso que es bastante irresponsable al hacer la investigación periodística porque no se documentó, ni se investigó al hacer este reportaje bastante irresponsable”.
“En la nota que les mandé les pedía una disculpa pública y que se retractarán de la nota que habían sacado al decir que yo había presentado documentación falsa sobre mis estudios. Ellos lo que pretenden prácticamente es descalificarme”, manifestó Zelaya quien por el momento está en el proceso de presentar su tesis doctoral de maestría en España la cual lleva por nombre: “Estudio sobre la Evolución de los Derechos Fundamentales de las Personas”, enfocado en la gente con cierta dependencia física.
Según el aspirante a magistrado a la CSJ la publicación del medio tiene un interés detrás de dicho reportaje.
“Es tratar de potenciar a otros candidatos y porque yo siempre he atacado que en este proceso debe haber un principio de especialización porque son pocos los que tenemos especialización para la Sala de lo Constitucional. Creería hay dos o tres ahí, los demás son penalistas o civilistas”.
Del por qué deberían de elegirlo a él como próximo magistrados a la Sala de lo Constitucional, Erick Zelaya argumentó “tener las credenciales académicas para poder optar a la sala. No solo eso, tengo también la solvencia moral sin ninguna afiliación partidaria y creo que puedo resolver de manera imparcial y objetiva basada en la ley y valores. Además puedo estar listo para llegar a acuerdos con los demás magistrados de la sala”.
Para el aspirante a magistrado la sala tendría que hacer un plan anual que le permita dejar un lado la mora en cuanto a la resolución de casos o fallos.
“Con el plan anual se le daría agilidad a los casos nuevos y luego darse metas para sacar los casos atrasados. En la medida que un magistrado está preparado para llegar a la sala, así va a resolverlos los casos”, sentenció Zelaya.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
