Política
Diputados iniciarán estudio del articulado de nueva Ley del Transporte, que busca garantizar la seguridad de los usuarios
El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Salvador Chacón, anunció este miércoles que en la próxima reunión comenzarán a estudiar el articulado de la nueva Ley de Transporte, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial.
El diputado recordó que para analizar este tema se ha escuchado a diferentes sectores como la Policía Nacional Civil (PNC), al Viceministerio de Transporte, al gremio de taxistas, del transporte público y de pick ups, así como a las asociaciones que velan por los derechos de las personas de la tercera edad y con discapacitad.
Los diputados también han recibido sugerencias, quejas y denuncias de la ciudadanía a través del correo electrónico que ha habilitado la comisión, de donde han salido valiosos aportes para la ley.
“Hemos tenido buenos resultados en cuanto al consenso sobre las instituciones y sectores involucrados, sobre la población, porque todos pudieron dar sus aportes para la creación del cuerpo normativo”, expresó el diputado.
El diputado Chacón aseguró que el problema del transporte es una deuda que por décadas no se ha solventado a los salvadoreños porque han sido un sector olvidado. Por ello, criticó que prácticas de las antiguas legislaciones referentes al tema del transporte sirvieron para beneficiar a grupos empresariales.
Los diputados de la bancada cyan que integran esta comisión se han comprometido a legislar de forma transparente, sin tratos bajo la mesa que benefecien a pequeños grupos.
Asimismo, el funcionario destacó que la nueva Ley de Transporte será la piedra angular para la modernización de este sector. Al cierre de la comisión,el diputado solicitó a los equipos técnicos que recolecten los insumos obtenidos para la discusión del cuerpo normativo, una ley que tanto ha esperado el pueblo salvadoreño.
Algunos insumos de la población y otros sectores
Para la creación de esta ley, los diputados han tenido que estudiar los diferentes panoramas si se decide cambiar el envejecido parque de unidades del transporte colectivo, siempre con la mente puesta en que la seguridad vial de la población es la prioridad.
Ellos coincidieron en que este es un punto importante porque muchas de las unidades que circulan “son chatarras” y siguen funcionando gracias a que los gobiernos anteriores no se interesaron por la seguridad de los salvadoreños y únicamente favorecieron a los empresarios.
También se escuchó a los alcaldes para conocer las problemáticas que afrontan en el tema de señalización vial y ordenamiento territorial del transporte público de pasajeros en las modalidades de autobús, microbús, pick ups, transporte y mototaxis.
En esa oportunidad, los ediles se quejaron de que no hay regulación para estos tipos de transporte porque no pagan impuestos ni tienen permiso de circulación, aparte del congestionamiento diario que ocasionan e incluso algunos colaboran con el hampa. Recalcaron que los centros históricos deben ser protegidos y la seguridad del peatón debe ser primero.
Cuando se escuchó a algunas asociaciones, pidieron tomar en cuenta las necesidades de discapacitados y de los adultos mayores, sugiriendo que se quiten las barreras para que la tercera edad y discapacitados puedan movilizarse libremente, calles amigables y niveladas, habilitar pasos de silla de ruedas, rampas con pasamanos, cruces peatonales, paradas de buses adecuadas y una mejor iluminación.
También solicitaron a los diputados legislar para que las rutas del transporte colectivo garanticen que los adultos mayores lleguen desde sus viviendas y a los lugares clave que más visitan, como bancos, hospitales y unidades de salud; que haya unidades y taxis adecuados para discapacitados y de la tercera edad; tarifas y asientos preferenciales, y que los buses no sobrepasen su capacidad máxima.
Vía correo electrónico, la población ha solicitado que se tomen en cuenta las fotos y vídeos como prueba para deducir responsabilidades en accidentes de tránsito, que también pueden servir para que los conductores involucrados en percances automovilísticos retiren sus vehículos sin tener que esperar a la PNC y no obstaculicen el tráfico.
Otra de las quejas que conocieron los legisladores es la falta de control de la emisión de gases que dañan el medio ambiente y la salud de la población; además, piden que los vehículos varados o en depósitos sean subastados o vendidos como hierro porque causan obstáculos y contaminación visual.
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.
