Política
Diputados iniciarán estudio del articulado de nueva Ley del Transporte, que busca garantizar la seguridad de los usuarios
El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Salvador Chacón, anunció este miércoles que en la próxima reunión comenzarán a estudiar el articulado de la nueva Ley de Transporte, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial.
El diputado recordó que para analizar este tema se ha escuchado a diferentes sectores como la Policía Nacional Civil (PNC), al Viceministerio de Transporte, al gremio de taxistas, del transporte público y de pick ups, así como a las asociaciones que velan por los derechos de las personas de la tercera edad y con discapacitad.
Los diputados también han recibido sugerencias, quejas y denuncias de la ciudadanía a través del correo electrónico que ha habilitado la comisión, de donde han salido valiosos aportes para la ley.
“Hemos tenido buenos resultados en cuanto al consenso sobre las instituciones y sectores involucrados, sobre la población, porque todos pudieron dar sus aportes para la creación del cuerpo normativo”, expresó el diputado.
El diputado Chacón aseguró que el problema del transporte es una deuda que por décadas no se ha solventado a los salvadoreños porque han sido un sector olvidado. Por ello, criticó que prácticas de las antiguas legislaciones referentes al tema del transporte sirvieron para beneficiar a grupos empresariales.
Los diputados de la bancada cyan que integran esta comisión se han comprometido a legislar de forma transparente, sin tratos bajo la mesa que benefecien a pequeños grupos.
Asimismo, el funcionario destacó que la nueva Ley de Transporte será la piedra angular para la modernización de este sector. Al cierre de la comisión,el diputado solicitó a los equipos técnicos que recolecten los insumos obtenidos para la discusión del cuerpo normativo, una ley que tanto ha esperado el pueblo salvadoreño.
Algunos insumos de la población y otros sectores
Para la creación de esta ley, los diputados han tenido que estudiar los diferentes panoramas si se decide cambiar el envejecido parque de unidades del transporte colectivo, siempre con la mente puesta en que la seguridad vial de la población es la prioridad.
Ellos coincidieron en que este es un punto importante porque muchas de las unidades que circulan “son chatarras” y siguen funcionando gracias a que los gobiernos anteriores no se interesaron por la seguridad de los salvadoreños y únicamente favorecieron a los empresarios.
También se escuchó a los alcaldes para conocer las problemáticas que afrontan en el tema de señalización vial y ordenamiento territorial del transporte público de pasajeros en las modalidades de autobús, microbús, pick ups, transporte y mototaxis.
En esa oportunidad, los ediles se quejaron de que no hay regulación para estos tipos de transporte porque no pagan impuestos ni tienen permiso de circulación, aparte del congestionamiento diario que ocasionan e incluso algunos colaboran con el hampa. Recalcaron que los centros históricos deben ser protegidos y la seguridad del peatón debe ser primero.
Cuando se escuchó a algunas asociaciones, pidieron tomar en cuenta las necesidades de discapacitados y de los adultos mayores, sugiriendo que se quiten las barreras para que la tercera edad y discapacitados puedan movilizarse libremente, calles amigables y niveladas, habilitar pasos de silla de ruedas, rampas con pasamanos, cruces peatonales, paradas de buses adecuadas y una mejor iluminación.
También solicitaron a los diputados legislar para que las rutas del transporte colectivo garanticen que los adultos mayores lleguen desde sus viviendas y a los lugares clave que más visitan, como bancos, hospitales y unidades de salud; que haya unidades y taxis adecuados para discapacitados y de la tercera edad; tarifas y asientos preferenciales, y que los buses no sobrepasen su capacidad máxima.
Vía correo electrónico, la población ha solicitado que se tomen en cuenta las fotos y vídeos como prueba para deducir responsabilidades en accidentes de tránsito, que también pueden servir para que los conductores involucrados en percances automovilísticos retiren sus vehículos sin tener que esperar a la PNC y no obstaculicen el tráfico.
Otra de las quejas que conocieron los legisladores es la falta de control de la emisión de gases que dañan el medio ambiente y la salud de la población; además, piden que los vehículos varados o en depósitos sean subastados o vendidos como hierro porque causan obstáculos y contaminación visual.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
