Política
Diputados iniciarán estudio del articulado de nueva Ley del Transporte, que busca garantizar la seguridad de los usuarios
El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Salvador Chacón, anunció este miércoles que en la próxima reunión comenzarán a estudiar el articulado de la nueva Ley de Transporte, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial.
El diputado recordó que para analizar este tema se ha escuchado a diferentes sectores como la Policía Nacional Civil (PNC), al Viceministerio de Transporte, al gremio de taxistas, del transporte público y de pick ups, así como a las asociaciones que velan por los derechos de las personas de la tercera edad y con discapacitad.
Los diputados también han recibido sugerencias, quejas y denuncias de la ciudadanía a través del correo electrónico que ha habilitado la comisión, de donde han salido valiosos aportes para la ley.
“Hemos tenido buenos resultados en cuanto al consenso sobre las instituciones y sectores involucrados, sobre la población, porque todos pudieron dar sus aportes para la creación del cuerpo normativo”, expresó el diputado.
El diputado Chacón aseguró que el problema del transporte es una deuda que por décadas no se ha solventado a los salvadoreños porque han sido un sector olvidado. Por ello, criticó que prácticas de las antiguas legislaciones referentes al tema del transporte sirvieron para beneficiar a grupos empresariales.
Los diputados de la bancada cyan que integran esta comisión se han comprometido a legislar de forma transparente, sin tratos bajo la mesa que benefecien a pequeños grupos.
Asimismo, el funcionario destacó que la nueva Ley de Transporte será la piedra angular para la modernización de este sector. Al cierre de la comisión,el diputado solicitó a los equipos técnicos que recolecten los insumos obtenidos para la discusión del cuerpo normativo, una ley que tanto ha esperado el pueblo salvadoreño.
Algunos insumos de la población y otros sectores
Para la creación de esta ley, los diputados han tenido que estudiar los diferentes panoramas si se decide cambiar el envejecido parque de unidades del transporte colectivo, siempre con la mente puesta en que la seguridad vial de la población es la prioridad.
Ellos coincidieron en que este es un punto importante porque muchas de las unidades que circulan “son chatarras” y siguen funcionando gracias a que los gobiernos anteriores no se interesaron por la seguridad de los salvadoreños y únicamente favorecieron a los empresarios.
También se escuchó a los alcaldes para conocer las problemáticas que afrontan en el tema de señalización vial y ordenamiento territorial del transporte público de pasajeros en las modalidades de autobús, microbús, pick ups, transporte y mototaxis.
En esa oportunidad, los ediles se quejaron de que no hay regulación para estos tipos de transporte porque no pagan impuestos ni tienen permiso de circulación, aparte del congestionamiento diario que ocasionan e incluso algunos colaboran con el hampa. Recalcaron que los centros históricos deben ser protegidos y la seguridad del peatón debe ser primero.
Cuando se escuchó a algunas asociaciones, pidieron tomar en cuenta las necesidades de discapacitados y de los adultos mayores, sugiriendo que se quiten las barreras para que la tercera edad y discapacitados puedan movilizarse libremente, calles amigables y niveladas, habilitar pasos de silla de ruedas, rampas con pasamanos, cruces peatonales, paradas de buses adecuadas y una mejor iluminación.
También solicitaron a los diputados legislar para que las rutas del transporte colectivo garanticen que los adultos mayores lleguen desde sus viviendas y a los lugares clave que más visitan, como bancos, hospitales y unidades de salud; que haya unidades y taxis adecuados para discapacitados y de la tercera edad; tarifas y asientos preferenciales, y que los buses no sobrepasen su capacidad máxima.
Vía correo electrónico, la población ha solicitado que se tomen en cuenta las fotos y vídeos como prueba para deducir responsabilidades en accidentes de tránsito, que también pueden servir para que los conductores involucrados en percances automovilísticos retiren sus vehículos sin tener que esperar a la PNC y no obstaculicen el tráfico.
Otra de las quejas que conocieron los legisladores es la falta de control de la emisión de gases que dañan el medio ambiente y la salud de la población; además, piden que los vehículos varados o en depósitos sean subastados o vendidos como hierro porque causan obstáculos y contaminación visual.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
