Política
Diputados iniciarán estudio del articulado de nueva Ley del Transporte, que busca garantizar la seguridad de los usuarios
El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Salvador Chacón, anunció este miércoles que en la próxima reunión comenzarán a estudiar el articulado de la nueva Ley de Transporte, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial.
El diputado recordó que para analizar este tema se ha escuchado a diferentes sectores como la Policía Nacional Civil (PNC), al Viceministerio de Transporte, al gremio de taxistas, del transporte público y de pick ups, así como a las asociaciones que velan por los derechos de las personas de la tercera edad y con discapacitad.
Los diputados también han recibido sugerencias, quejas y denuncias de la ciudadanía a través del correo electrónico que ha habilitado la comisión, de donde han salido valiosos aportes para la ley.
“Hemos tenido buenos resultados en cuanto al consenso sobre las instituciones y sectores involucrados, sobre la población, porque todos pudieron dar sus aportes para la creación del cuerpo normativo”, expresó el diputado.
El diputado Chacón aseguró que el problema del transporte es una deuda que por décadas no se ha solventado a los salvadoreños porque han sido un sector olvidado. Por ello, criticó que prácticas de las antiguas legislaciones referentes al tema del transporte sirvieron para beneficiar a grupos empresariales.
Los diputados de la bancada cyan que integran esta comisión se han comprometido a legislar de forma transparente, sin tratos bajo la mesa que benefecien a pequeños grupos.
Asimismo, el funcionario destacó que la nueva Ley de Transporte será la piedra angular para la modernización de este sector. Al cierre de la comisión,el diputado solicitó a los equipos técnicos que recolecten los insumos obtenidos para la discusión del cuerpo normativo, una ley que tanto ha esperado el pueblo salvadoreño.
Algunos insumos de la población y otros sectores
Para la creación de esta ley, los diputados han tenido que estudiar los diferentes panoramas si se decide cambiar el envejecido parque de unidades del transporte colectivo, siempre con la mente puesta en que la seguridad vial de la población es la prioridad.
Ellos coincidieron en que este es un punto importante porque muchas de las unidades que circulan “son chatarras” y siguen funcionando gracias a que los gobiernos anteriores no se interesaron por la seguridad de los salvadoreños y únicamente favorecieron a los empresarios.
También se escuchó a los alcaldes para conocer las problemáticas que afrontan en el tema de señalización vial y ordenamiento territorial del transporte público de pasajeros en las modalidades de autobús, microbús, pick ups, transporte y mototaxis.
En esa oportunidad, los ediles se quejaron de que no hay regulación para estos tipos de transporte porque no pagan impuestos ni tienen permiso de circulación, aparte del congestionamiento diario que ocasionan e incluso algunos colaboran con el hampa. Recalcaron que los centros históricos deben ser protegidos y la seguridad del peatón debe ser primero.
Cuando se escuchó a algunas asociaciones, pidieron tomar en cuenta las necesidades de discapacitados y de los adultos mayores, sugiriendo que se quiten las barreras para que la tercera edad y discapacitados puedan movilizarse libremente, calles amigables y niveladas, habilitar pasos de silla de ruedas, rampas con pasamanos, cruces peatonales, paradas de buses adecuadas y una mejor iluminación.
También solicitaron a los diputados legislar para que las rutas del transporte colectivo garanticen que los adultos mayores lleguen desde sus viviendas y a los lugares clave que más visitan, como bancos, hospitales y unidades de salud; que haya unidades y taxis adecuados para discapacitados y de la tercera edad; tarifas y asientos preferenciales, y que los buses no sobrepasen su capacidad máxima.
Vía correo electrónico, la población ha solicitado que se tomen en cuenta las fotos y vídeos como prueba para deducir responsabilidades en accidentes de tránsito, que también pueden servir para que los conductores involucrados en percances automovilísticos retiren sus vehículos sin tener que esperar a la PNC y no obstaculicen el tráfico.
Otra de las quejas que conocieron los legisladores es la falta de control de la emisión de gases que dañan el medio ambiente y la salud de la población; además, piden que los vehículos varados o en depósitos sean subastados o vendidos como hierro porque causan obstáculos y contaminación visual.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
