Política
Diputados iniciarán estudio del articulado de nueva Ley del Transporte, que busca garantizar la seguridad de los usuarios
El presidente de la Comisión de Obras Públicas, Salvador Chacón, anunció este miércoles que en la próxima reunión comenzarán a estudiar el articulado de la nueva Ley de Transporte, Tránsito Terrestre y Seguridad Vial.
El diputado recordó que para analizar este tema se ha escuchado a diferentes sectores como la Policía Nacional Civil (PNC), al Viceministerio de Transporte, al gremio de taxistas, del transporte público y de pick ups, así como a las asociaciones que velan por los derechos de las personas de la tercera edad y con discapacitad.
Los diputados también han recibido sugerencias, quejas y denuncias de la ciudadanía a través del correo electrónico que ha habilitado la comisión, de donde han salido valiosos aportes para la ley.
“Hemos tenido buenos resultados en cuanto al consenso sobre las instituciones y sectores involucrados, sobre la población, porque todos pudieron dar sus aportes para la creación del cuerpo normativo”, expresó el diputado.
El diputado Chacón aseguró que el problema del transporte es una deuda que por décadas no se ha solventado a los salvadoreños porque han sido un sector olvidado. Por ello, criticó que prácticas de las antiguas legislaciones referentes al tema del transporte sirvieron para beneficiar a grupos empresariales.
Los diputados de la bancada cyan que integran esta comisión se han comprometido a legislar de forma transparente, sin tratos bajo la mesa que benefecien a pequeños grupos.
Asimismo, el funcionario destacó que la nueva Ley de Transporte será la piedra angular para la modernización de este sector. Al cierre de la comisión,el diputado solicitó a los equipos técnicos que recolecten los insumos obtenidos para la discusión del cuerpo normativo, una ley que tanto ha esperado el pueblo salvadoreño.
Algunos insumos de la población y otros sectores
Para la creación de esta ley, los diputados han tenido que estudiar los diferentes panoramas si se decide cambiar el envejecido parque de unidades del transporte colectivo, siempre con la mente puesta en que la seguridad vial de la población es la prioridad.
Ellos coincidieron en que este es un punto importante porque muchas de las unidades que circulan “son chatarras” y siguen funcionando gracias a que los gobiernos anteriores no se interesaron por la seguridad de los salvadoreños y únicamente favorecieron a los empresarios.
También se escuchó a los alcaldes para conocer las problemáticas que afrontan en el tema de señalización vial y ordenamiento territorial del transporte público de pasajeros en las modalidades de autobús, microbús, pick ups, transporte y mototaxis.
En esa oportunidad, los ediles se quejaron de que no hay regulación para estos tipos de transporte porque no pagan impuestos ni tienen permiso de circulación, aparte del congestionamiento diario que ocasionan e incluso algunos colaboran con el hampa. Recalcaron que los centros históricos deben ser protegidos y la seguridad del peatón debe ser primero.
Cuando se escuchó a algunas asociaciones, pidieron tomar en cuenta las necesidades de discapacitados y de los adultos mayores, sugiriendo que se quiten las barreras para que la tercera edad y discapacitados puedan movilizarse libremente, calles amigables y niveladas, habilitar pasos de silla de ruedas, rampas con pasamanos, cruces peatonales, paradas de buses adecuadas y una mejor iluminación.
También solicitaron a los diputados legislar para que las rutas del transporte colectivo garanticen que los adultos mayores lleguen desde sus viviendas y a los lugares clave que más visitan, como bancos, hospitales y unidades de salud; que haya unidades y taxis adecuados para discapacitados y de la tercera edad; tarifas y asientos preferenciales, y que los buses no sobrepasen su capacidad máxima.
Vía correo electrónico, la población ha solicitado que se tomen en cuenta las fotos y vídeos como prueba para deducir responsabilidades en accidentes de tránsito, que también pueden servir para que los conductores involucrados en percances automovilísticos retiren sus vehículos sin tener que esperar a la PNC y no obstaculicen el tráfico.
Otra de las quejas que conocieron los legisladores es la falta de control de la emisión de gases que dañan el medio ambiente y la salud de la población; además, piden que los vehículos varados o en depósitos sean subastados o vendidos como hierro porque causan obstáculos y contaminación visual.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que el Número de Identificación Tributaria (NIT) sea digital y completamente gratuito.
La normativa también contempla que el NIT pueda tramitarse en línea y sin documentos físicos tanto para los salvadoreños dentro y fuera del país.
El objetivo de esta reforma es modernizar el sistema tributario mediante el uso de nuevas tecnologías.
De igual manera, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1972 para adaptarla al avance tecnológico.
Una vez aprobada en el pleno legislativo entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial.
Política
Fuerte cruce verbal entre diputadas Claudia Ortiz y Marcela Villatoro por aprobación del Presupuesto 2026
Un intenso intercambio de acusaciones entre las diputadas opositoras Claudia Ortiz (partido VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) ha puesto en evidencia las fracturas recurrentes en la oposición salvadoreña, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 en la Asamblea Legislativa.
El desencadenante fue la conducta de la fracción de ARENA durante la votación.
Ortiz criticó duramente que los diputados areneros, pese a manifestarse en contra del presupuesto durante el debate, abandonaron el pleno legislativo justo antes de la votación, lo que calificó como una acción «contradictoria» e incoherente.
En respuesta, Villatoro rechazó las críticas y contraatacó acusando a Ortiz de ausentarse en discusiones clave, como las reformas constitucionales previas.
Además, la diputada de ARENA señaló que las posturas de Ortiz terminan «favoreciendo al oficialismo» y profundizando las divisiones dentro de la oposición.
El cruce se extendió a redes sociales, donde usuarios compartieron capturas y comentarios, calificándolo popularmente como una «pelea» entre las dos legisladoras.
Este no es el primer enfrentamiento público entre ambas
En marzo de 2025, durante una plenaria sobre minería metálica, surgió una fuerte polémica cuando Ortiz propuso una reforma constitucional para prohibir la actividad, apoyándose en firmas recolectadas por la Iglesia Católica.
Villatoro la acusó de politizar el tema y de intentar «deshacer» el esfuerzo eclesial, recordando que ARENA ya había presentado iniciativas similares meses antes.
El intercambio evidenció diferencias en estrategia y timing, con Villatoro criticando el enfoque «exprés» de Ortiz.Otros episodios incluyen críticas cruzadas sobre ausencias en debates clave, vínculos históricos de VAMOS con ARENA (expuestos por Villatoro en octubre de 2025) y percepciones de competencia política, donde Ortiz ha sido cuestionada por algunos sectores por sus posturas en seguridad y reformas.
Estas tensiones recurrentes resaltan las dificultades para un frente opositor unido en un Legislativo dominado por Nuevas Ideas.Analistas políticos señalan que estas divisiones debilitan la capacidad de la oposición para presentar alternativas coherentes frente al oficialismo.
