Política
Diputados aprueban nueva ley de FODES para dar mayor liquidez a las alcaldías
Con 62 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron dar mayor liquidez a las alcaldías y optimizar el uso de los recursos de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) para beneficio de la población salvadoreña.
Con este nuevo cuerpo legal de 12 artículos, integrales y eficientes -que responde a las necesidades de los municipios-, las alcaldías tendrán a disposición más presupuesto monetario.
De acuerdo a lo admitido en la sesión plenaria número 28, el ministerio de Hacienda asumirá el pago de créditos de las alcaldías con instituciones financieras, en donde esté comprometido dinero del FODES, que suma en total $629 millones.
Es por ello que las municipalidades no asumirán el pago de la deuda, debido a que no será cargado al porcentaje del FODES que se les otorgará, sino que será la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda la que hará el pago de todo el déficit hasta finalizar su liquidación.
En el pasado, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) era el encargado de liquidar las deudas de las alcaldías respecto al FODES. Sin embargo, cobraba una comisión por brindar ese servicio a las alcaldías del país, misma que ya no se recolectará.
Ante esto, el espíritu de robustecer la ley que vela por el desarrollo de los municipios es el de acabar con la mafia en las alcaldías, debido a que las pasadas administraciones de las comunas no utilizaban el dinero para ejecutar obras.
El ISDEM debe trasladar al ministerio toda la base de datos, historial y deuda de cada municipio para cancelar directamente a las entidades crediticias del sistema financiero nacional los montos correspondientes.
“Anteriormente, la ley del FODES perdió completamente el espíritu de su creación, porque servía para pagar campañas electorales o se redestinaba el dinero a las cuentas personales de los alcaldes corruptos”, dijo la legisladora Evelyn Merlos, quien indicó que la exalcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, no manejó de una manera correcta los fondos de la comuna.
La organización de ejecución 25-75 se mantiene
Ante esto, un 25% son fondos con libre disponibilidad y servirán para gastos generales de las comunas y un 75% para obras de desarrollo. Según la nueva normativa, el primer porcentaje se entregará a las municipalidades; mientras que el restante (75%) será administrado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para la ejecución de proyectos de infraestructura.
Esta aprobación de liquidez se debe a que la ley vigente tiene más de 30 años (1988) y ha experimentado más de 37 prórrogas y disposiciones transitorias.
“Era necesario actualizar esta ley para poder hacer proyectos con gran impacto social y económico. El progreso y el desarrollo sí van a llegar a los diferentes municipios del país”, comentó el diputado Jonathan Hernández, quien representa al departamento de Cuscatlán.
Todos estos recursos y la administración de estos deben estar sujetos a procesos de fiscalización formales, a través de entidades establecidas por la ley y de la misma población; se espera que los municipios usen bien los recursos en beneficio de su administración municipal y de los ciudadanos.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
