Política
Diputados aprueban nueva ley de FODES para dar mayor liquidez a las alcaldías
Con 62 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron dar mayor liquidez a las alcaldías y optimizar el uso de los recursos de la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) para beneficio de la población salvadoreña.
Con este nuevo cuerpo legal de 12 artículos, integrales y eficientes -que responde a las necesidades de los municipios-, las alcaldías tendrán a disposición más presupuesto monetario.
De acuerdo a lo admitido en la sesión plenaria número 28, el ministerio de Hacienda asumirá el pago de créditos de las alcaldías con instituciones financieras, en donde esté comprometido dinero del FODES, que suma en total $629 millones.
Es por ello que las municipalidades no asumirán el pago de la deuda, debido a que no será cargado al porcentaje del FODES que se les otorgará, sino que será la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda la que hará el pago de todo el déficit hasta finalizar su liquidación.
En el pasado, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) era el encargado de liquidar las deudas de las alcaldías respecto al FODES. Sin embargo, cobraba una comisión por brindar ese servicio a las alcaldías del país, misma que ya no se recolectará.
Ante esto, el espíritu de robustecer la ley que vela por el desarrollo de los municipios es el de acabar con la mafia en las alcaldías, debido a que las pasadas administraciones de las comunas no utilizaban el dinero para ejecutar obras.
El ISDEM debe trasladar al ministerio toda la base de datos, historial y deuda de cada municipio para cancelar directamente a las entidades crediticias del sistema financiero nacional los montos correspondientes.
“Anteriormente, la ley del FODES perdió completamente el espíritu de su creación, porque servía para pagar campañas electorales o se redestinaba el dinero a las cuentas personales de los alcaldes corruptos”, dijo la legisladora Evelyn Merlos, quien indicó que la exalcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, no manejó de una manera correcta los fondos de la comuna.
La organización de ejecución 25-75 se mantiene
Ante esto, un 25% son fondos con libre disponibilidad y servirán para gastos generales de las comunas y un 75% para obras de desarrollo. Según la nueva normativa, el primer porcentaje se entregará a las municipalidades; mientras que el restante (75%) será administrado por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para la ejecución de proyectos de infraestructura.
Esta aprobación de liquidez se debe a que la ley vigente tiene más de 30 años (1988) y ha experimentado más de 37 prórrogas y disposiciones transitorias.
“Era necesario actualizar esta ley para poder hacer proyectos con gran impacto social y económico. El progreso y el desarrollo sí van a llegar a los diferentes municipios del país”, comentó el diputado Jonathan Hernández, quien representa al departamento de Cuscatlán.
Todos estos recursos y la administración de estos deben estar sujetos a procesos de fiscalización formales, a través de entidades establecidas por la ley y de la misma población; se espera que los municipios usen bien los recursos en beneficio de su administración municipal y de los ciudadanos.
Como parte del balance del primer año de gestión, el presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Wálter Sosa, informó que concluyeron las auditorías de todos los ministerios del Gobierno central, y están al día los procesos en cada institución.
El funcionario señaló que es la primera vez en el ente contralor estatal que se alcanza dicho resultado. Destacó que se ha procurado fortalecer la eficiencia de las acciones para transparentar el uso de los fondos públicos.
«Quiero resaltar que, por primera vez, la Corte de Cuentas de la República realizó auditorías financieras a la totalidad de los ministerios del Gobierno central, dejándolos auditados hasta el año 2024. Para lograrlo, nuestros equipos de auditoría ejecutaron más de 100 acciones de control», explicó Sosa en entrevista con «Diario El Salvador».
Agregó que, desde el 7 de febrero de 2025, el trabajo institucional se ha enfocado en tres líneas estratégicas: garantizar la independencia de las auditorías y juicios de cuentas, modernizar los procesos de fiscalización y fortalecer las alianzas para la prevención de la corrupción.
«Este esfuerzo marca un antes y un después en la fiscalización del país, ya que la CCR tendrá una presencia concurrente en estas entidades para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos», dijo el presidente de la CCR.
También manifestó que consolidan los datos para presentar la estadística recabada en la próxima entrega del informe de labores.
Recordó que durante su primer año al frente de la institución concluyeron el Plan Masivo de Fiscalización Municipal, y confirmó que están 100 % auditadas hasta 2024.
Por otra parte, dijo que otro de los logros de la actual gestión contralora es que, de manera transversal, se fortaleció la gestión administrativa con la creación de la Dirección Anticorrupción y el trabajo articulado con instituciones como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría, entre otras entidades.
Enfatizó que continuarán el trabajo para reforzar la independencia y asegurar el cumplimiento legal y técnico en todos los procesos de auditorías financieras y de gestión, exámenes especiales y juicios de cuentas.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó ayer su Memoria de Labores 2024–2025, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y reflexión sobre el trabajo durante el período electoral. La actividad estuvo encabezada por la presidenta del TSE, Roxana Soriano.
Entre los avances destacados por la titular están la modernización tecnológica de los procesos institucionales, la creación del Ciclo Electoral Salvadoreño y la implementación de la Política Antisoborno y del Sistema de Gestión Antisoborno.
Asimismo, Soriano informó sobre los avances en la planificación del proceso electoral 2027, incluyendo la aprobación del Calendario Electoral, el Plan General de Elecciones, el Presupuesto Extraordinario y el fortalecimiento de la planificación del voto en el extranjero.
«En cada proceso ejecutado con rigor, en cada decisión responsable y en cada garantía brindada al ejercicio democrático se construye confianza pública y se fortalece el futuro de El Salvador», consideró la presidenta del organismo electoral.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
