El extesorero de casa presidencial, Jorge Herrera, confesó este día ante la comisión especial que investiga sobresueldos en gobiernos de Arena y Fmln, que el exfiscal general y algunos subalternos realizaron todo tipo de movimientos para “no investigar destinatarios de los sobresueldos” y de recursos financieros provenientes de fondos reservados de la presidencia de la república.

Los diputados insistieron que diera nombres de los jueces y fiscales involucrados en la trama de corrupción, a lo que Herrera respondió bajo juramento que todo era dirigido por el fiscal general en turno y subalternos.

El extesorero mencionó que los fiscales lo obligaron, lo coaccionaron, para firmar un documento que liberaba a los destinatarios de los sobresueldos, el último día del juicio de sentencia. Directamente señaló a Jorge Cortez

José Luis Giamattei, María del Pilar de Archila y Alejandro Guevara fueron los jueces que formaron parte de la trama. Los fiscales Jorge Cortez, Mario Hueso, Ricardo Menjívar, entre otros.

El caso contra el expresidente Antonio Saca fue montado por el exfiscal general Douglas Meléndez, con quien se negoción un abreviado para aceptar la condena. Los anteriores fiscales fueron los auxiliares de confianza de Meléndez.

En entrevista televisiva, la encargada de negocios de Estados Unidos confirmó que anteriormente trabajaban de la mano con “fiscales independientes”, uno de ellos, Meléndez; y ahora se confirma la corrupción con la que han manejado el ministerio público.

En los cuestionamientos a Herrera, la diputada Rebeca Santos le dijo a Herrera que el mismo expresidente Saca confesó que “el fiscal Douglas Meléndez le dijo que no involucrara declaraciones de sobresueldos…”.

Los diputados de la Bancada Cyan estudiarán si es conveniente la creación de una ley que permita regular la gestión de créditos y con ello frenar el acoso y asedio que sufren las personas que tienen deudas con el sistema financiero, agentes económicos, casas de empeño o compañías telefónicas.

Entre las denuncias que más han recibido en redes sociales se encuentra el acoso que reciben los usuarios por atrasarse en algunas cuotas de sus compromisos financieros, llamadas constantes a altas horas de la noche, al lugar de trabajo, amenazas de embargo y llamadas a familiares del cliente acosándolos con cárcel, son algunas de las principales denuncias.

La Comisión Financiera está evaluando, además, realizar reformas a la Ley Contra la Usura y a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, con el objetivo de fortalecer la legislación del país con el fin de proteger a los consumidores de una manera justa.

“Hemos recibido diferentes opiniones y denuncias desde las redes sociales por parte del pueblo salvadoreño, nuestro trabajo siempre estará enfocado en beneficiar al pueblo sin afectar a la empresa privada”, dijo la diputada de Nuevas Ideas Dania González.

La próxima semana la Comisión Financiera continuará con la discusión sobre estas reformas, en las que se han recibido los aportes de la Asociación Bancaria (Abansa), compañías telefónicas, agentes económicos, casas de empeño y cooperativas de ahorro y crédito.

Los diputados de la Comisión Especial que investiga la entrega de Sobresueldos en gobiernos anteriores informaron que recibieron una supuesta carta enviada por Rolando Alvarenga, quien fue secretario jurídico en el gobierno del expresidente Francisco Flores, excusándose por no asistir hoy a su comparecencia.

El presidente de la comisión, Jorge Castro, dijo que la supuesta carta no está autenticada por ningún abogado, por lo que resultaba dudosa. Agregó que se solicitará el movimiento migratorio de Alvarenga, ya que en la nota se afirma que está fuera del país y está fechada el 23 de septiembre en San Salvador. La cita fue reprogramada para el próximo viernes.

El diputado William Soriano dijo que esta es una práctica común de exfuncionarios del partido Arena, que prefieren huir en lugar de hacer frente al pueblo salvadoreño, por lo que solicitó se haga una investigación y se cite por apremio a Rolando Alvarenga.

Alvarenga fue diputado del año 2003 al 2006 y posteriormente gozó de una plaza de asesor en la Asamblea Legislativa cobrando alrededor de $3,000; sin embargo, para entonces su colega Juan Valiente denunció que no llegaba a trabajar.

Asimismo, desempeñó el cargo de vicepresidente de Ideología en ARENA, pero el primer cargo que fungió fue el de secretario de Asuntos Jurídicos en la presidencia del fallecido Francisco Guillermo Flores, con quien ya sostenía una amistad.

Según la Comisión, los gobiernos de Arena y Fmln beneficiaron entre 600 a 700 personas, naturales y jurídicas, con pagos irregulares. Entre los beneficiados hay exfuncionarios, líderes de opinión, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, jueces, magistrados, entre otros.