Política
Comisión inicia estudio para creación de ley para reforestar la Ruta de Las Flores
La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático recibió a representantes de los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería para iniciar el estudio del proyecto de Ley Especial para la Reforestación, Forestación y Conservación de la Ruta Turística de Las Flores.
Dicha normativa contempla la plantación de 33 especies de árboles y flores en los 43.3 kilómetros en toda la ruta de Las Flores que abarca los municipios de Nahuizalco, Salcoatitán, Juayúa y Apaneca, en Sonsonate, así como la jurisdicción de Concepción de Ataco, en Ahuachapán.
Con este proyecto de reforestación, además, se pretende dinamizar la economía local porque eso le dará un impulso al turismo.
El gerente de Ecosistemas del Ministerio de Medio Ambiente, Miguel Gallardo, expresó la necesidad de trabajar en coordinación con varias instituciones para fortalecer la identidad y la imagen del país como destino turístico, así como contribuir al desarrollo económico.
La presidenta de la mesa de trabajo, Sandra Martínez, destacó la necesidad de recibir aportes de las entidades que trabajan con el tema medioambiental para que el proyecto sea sostenible en el tiempo.
Por su parte, la diputada Norma Lobo habló sobre la importancia de que las municipalidades se involucren en el proyecto y se comprometan a dar mantenimiento de los recursos naturales en la Ruta de Las Flores.
La mesa legislativa también escuchó la opinión del jefe de la División de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Aguilar, quien explicó que la institución participó en la elaboración de la propuesta. Como parte del trabajo realizado hicieron un recorrido por la zona a intervenir para identificar las especies que se adaptan mejor a las condiciones de los municipios.
Según el delegado, en esta área se plantarán especies florísticas que, incluso, ya comenzaron a producirse.
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Con 80 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa declararon Patrimonio Cultural Inmaterial de El Salvador la centenaria Procesión de los Cristos y El Santo Entierro de Izalco, en Sonsonate. Ambas actividades se realizan, cada año, el jueves y viernes, respectivamente, de la Semana Santa.
Estas celebraciones son reconocidas dentro y fuera del país y son parte de la identidad cultural del referido municipio. En la Procesión de los Cristos participan cientos de feligreses, entre ellos los que son parte de la comunidad indígena local.
Para El Santo Entierro la comunidad católica realiza un recorrido, que dura alrededor de 12 horas, en el que se carga la imagen de Jesús dentro de una urna, la cual tiene un peso aproximado de 12,300 libras, lo que la hace una de las más pesadas del país.
El diputado de Nuevas Ideas e impulsador de la iniciativa, Raúl Chamagua, afirmó que esta Asamblea Legislativa ya ha dejado un legado en materia de seguridad, educación, justicia democrática y el aspecto cultural no será la excepción.
“Hoy, tengo el honor y el privilegio de dejar un legado cultural, en coordinación con los diputados, para la preservación de estas procesiones que, sin lugar a dudas, ponen en alto el municipio de Izalco”, apuntó Chamagua.
Los parlamentarios expresaron que el objetivo de declarar las dos actividades como Patrimonio Cultural Inmaterial del país es resguardarlas, de manera legal, para que se mantengan en el tiempo y se convierta en un legado que se transmita de generación en generación. Además, mencionaron que esa declaratoria ayudará a potenciar el turismo interno y las visitas de extranjeros.
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La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa estudiará en las próximas semanas una iniciativa que contempla una serie de reformas de la ley del presupuesto general del estado 2023 para incorporar recursos por $5,869,239 a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), con el fin de que se continúe con la fase inicial de preconstrucción y el plan de reasentamiento del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele ideó la ejecución de este megaproyecto en Conchagua, La Unión, con el fin de garantizar la adecuada conectividad nacional e internacional del país y dinamizar el desarrollo económico, social y turístico de la zona oriental, atrayendo inversión extranjera.
En abril del año pasado, la Asamblea Legislativa avaló la Ley para la Construcción, Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, que facilita la construcción de los megaproyectos del tren y de la nueva terminal aérea.
De acuerdo con diputados de Nuevas Ideas, el aeropuerto oriental impulsará la economía de los salvadoreños, generando más de 4,700 empleos en el primer año de funcionamiento; además según CEPA, la terminal aérea tendrá la capacidad de recibir a más de 80,000 pasajeros.
En junio del año pasado, el Legislativo aprobó reformar la ley del presupuesto 2022 para otorgar al Ministerio de Obras Públicas (MOP) $12 millones, procedentes de la recaudación fiscal y del combate de la evasión fiscal, para la construcción de la etapa I del Aeropuerto Internacional del Pacífico.
Por otro lado, la comisión de hacienda también estudiará reformar la ley de presupuesto general del estado 2023 para destinar a CEPA $600,000 para la ejecución de dos proyectos de inversión: ampliación del patio de contenedores del puerto de Acajutla, etapa II, y la construcción y el equipamiento de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, San Salvador.
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Los diputados de la Comisión Agropecuaria iniciaron el estudio de una iniciativa que busca declarar como inmuebles con función social las zonas productivas agrícolas y ganaderas aledañas al periférico Claudia Lars, en La Libertad, y aquellas comprendidas dentro del Distrito de Riego y Avenamiento n.° 1, Zapotitán.
Esta disposición busca proteger 3,000 hectáreas de tierras agrícolas y ganaderas situadas en el kilómetro 30 de la carretera que de San Salvador conduce a Santa Ana, pertenecientes a los municipios de Colón, San Juan Opico y Ciudad Arce del departamento de La Libertad. También a las jurisdicciones de El Congo, en Santa Ana, y Armenia, en Sonsonate.
La diputada Norma Lobo expresó que, tras la construcción del periférico Claudia Lars, diversos empresarios han externado su interés de invertir en estas áreas, por lo que es necesario establecer una normativa que proteja las tierras agrícolas y ganaderas de la zona.
“Esta iniciativa permitirá que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente cuenten con las herramientas legales para velar por el buen uso de los suelos y la protección de los ríos”, sostuvo la parlamentaria.
Para el estudio del anteproyecto de ley, los legisladores recibieron los aportes de la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y de representantes del Ministerio Agricultura y Ganadería (MAG).
Durante su intervención, la titular de Vivienda explicó que estas propuestas son fundamentales para lograr un equilibrio entre la erradicación del déficit habitacional y el aseguramiento de tierras fértiles para la producción agrícola.
“Los esfuerzos de este Gobierno están enfocados en garantizar la soberanía alimentaria del país. Debemos establecer un equilibrio para poder erradicar el déficit de vivienda, pero también asegurar tierras para la producción agrícola”, indicó la funcionaria.
Por su parte, la directora legal del Ministerio de Agricultura, Claudia Díaz, señaló que la institución ha realizado estudios para identificar el asentamiento de comunidades, granjas e industrias que funcionan en la zona sin tener los permisos pertinentes.
El legislador Ricardo Rivas, presidente de la Comisión Agropecuaria, sostuvo que con esta iniciativa se busca generar una dinámica productiva autosostenible, en el marco de la implementación de proyectos agrícolas y ganaderos amigables con el medio ambiente y los recursos naturales.
“Debemos saldar este tema para tener seguridad alimentaria. Para los próximos años, queremos tener la certeza de que contaremos con alimentos en la mesa del pueblo», dijo el legislador de Nuevas Ideas.
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