Política
Comisión de Economía escucha a titulares de CEL y la SIGET sobre creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas
Los diputados de la Comisión de Economía continúan estudiando la propuesta presentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, para que se emita una normativa que permita crear la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Dicha entidad se encargará de regular, autorizar y supervisar el funcionamiento de quienes participen en las actividades propias de este sector.
La iniciativa también plantea que dicho organismo podrá aplicar y exigir el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y leyes vigentes que hay sobre la materia. Además, velará por la protección del medio ambiente y sus recursos naturales para garantizar el derecho a una vida libre de contaminación hídrica y medioambiental.
La mesa legislativa convocó, este jueves, al presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, y al titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Manuel Aguilar, para escuchar sus opiniones y para que les ampliaran la información sobre la solicitud realizada.
Ambos funcionarios coincidieron en que los gobiernos anteriores crearon un desorden en el sector energético que ha provocado que El Salvador sea una de las naciones en donde el precio de la energía eléctrica es más cara, debido al tipo de regulación con vacíos que se tiene.
Además, señalaron que actualmente el sector energético y eléctrico del país se encuentra disperso; hay instituciones que por su tipo de creación no son eficientes, ya que unas dependen de CEL, de la SIGET o del Ministerio de Economía. Esto genera que no haya claridad para promover la inversión ni para la predictibilidad de los precios de la energía.
“Es de vital importancia crear un ente que sea el rector de la política energética. Si bien es cierto que hay un regulador, estaba a disposición de la empresa privada, pero en este Gobierno esto cambió y ya se está empezando a ver en favor del pueblo, como debió haber sido siempre”, señaló Álvarez.
La creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, según el presidente de CEL, le dará al Ejecutivo herramientas para establecer cuáles son los recursos energéticos de los que se dispone, cómo serán explotados a corto, mediano y largo plazo.
El superintendente Aguilar expuso la necesidad de que haya un organismo que dicte una política energética ordenada y que dicte cuáles son los proyectos que el país necesita para abaratar los precios de la energía, un tema que es importante para la población.
La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, se mostró a favor de crear la Dirección General, ya que eso permitirá tener una política energética que dirigirá las inversiones energéticas que necesita hacer el país. Lamentó que actualmente no se hagan inversiones que nos coloquen como referentes en la región, pese a que se tiene mucho potencial.
Al respecto, el legislador William Soriano sostuvo que El Salvador tiene un gran potencial para desarrollar nuevas fuentes de energía, pero criticó que las normativas creadas en la administración del FMLN “se quedaron muy cortas” porque “carecían de una visión futurista” que pusiera al país a la vanguardia.
“Este esfuerzo (la propuesta del Ejecutivo) va encaminado a dotar de competitividad completa al país para que consigamos el fin único: aumentar inversiones que abaraten el precio de la energía. Se necesita la independencia completa de la generación de energía”, manifestó el integrada de la bancada cyan.
Para la sesión de trabajo de la próxima semana, los diputados de la Comisión acordaron citar a la titular de Economía, María Luisa Hayem, y a representantes del sindicato de empleados de dicha institución para escuchar sus aportes sobre el mismo tema.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
