Política
Comisión de Economía escucha a titulares de CEL y la SIGET sobre creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas
Los diputados de la Comisión de Economía continúan estudiando la propuesta presentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, para que se emita una normativa que permita crear la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Dicha entidad se encargará de regular, autorizar y supervisar el funcionamiento de quienes participen en las actividades propias de este sector.
La iniciativa también plantea que dicho organismo podrá aplicar y exigir el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y leyes vigentes que hay sobre la materia. Además, velará por la protección del medio ambiente y sus recursos naturales para garantizar el derecho a una vida libre de contaminación hídrica y medioambiental.
La mesa legislativa convocó, este jueves, al presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, y al titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Manuel Aguilar, para escuchar sus opiniones y para que les ampliaran la información sobre la solicitud realizada.
Ambos funcionarios coincidieron en que los gobiernos anteriores crearon un desorden en el sector energético que ha provocado que El Salvador sea una de las naciones en donde el precio de la energía eléctrica es más cara, debido al tipo de regulación con vacíos que se tiene.
Además, señalaron que actualmente el sector energético y eléctrico del país se encuentra disperso; hay instituciones que por su tipo de creación no son eficientes, ya que unas dependen de CEL, de la SIGET o del Ministerio de Economía. Esto genera que no haya claridad para promover la inversión ni para la predictibilidad de los precios de la energía.
“Es de vital importancia crear un ente que sea el rector de la política energética. Si bien es cierto que hay un regulador, estaba a disposición de la empresa privada, pero en este Gobierno esto cambió y ya se está empezando a ver en favor del pueblo, como debió haber sido siempre”, señaló Álvarez.
La creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, según el presidente de CEL, le dará al Ejecutivo herramientas para establecer cuáles son los recursos energéticos de los que se dispone, cómo serán explotados a corto, mediano y largo plazo.
El superintendente Aguilar expuso la necesidad de que haya un organismo que dicte una política energética ordenada y que dicte cuáles son los proyectos que el país necesita para abaratar los precios de la energía, un tema que es importante para la población.
La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, se mostró a favor de crear la Dirección General, ya que eso permitirá tener una política energética que dirigirá las inversiones energéticas que necesita hacer el país. Lamentó que actualmente no se hagan inversiones que nos coloquen como referentes en la región, pese a que se tiene mucho potencial.
Al respecto, el legislador William Soriano sostuvo que El Salvador tiene un gran potencial para desarrollar nuevas fuentes de energía, pero criticó que las normativas creadas en la administración del FMLN “se quedaron muy cortas” porque “carecían de una visión futurista” que pusiera al país a la vanguardia.
“Este esfuerzo (la propuesta del Ejecutivo) va encaminado a dotar de competitividad completa al país para que consigamos el fin único: aumentar inversiones que abaraten el precio de la energía. Se necesita la independencia completa de la generación de energía”, manifestó el integrada de la bancada cyan.
Para la sesión de trabajo de la próxima semana, los diputados de la Comisión acordaron citar a la titular de Economía, María Luisa Hayem, y a representantes del sindicato de empleados de dicha institución para escuchar sus aportes sobre el mismo tema.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
