Política
Comisión de Economía escucha a titulares de CEL y la SIGET sobre creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas
Los diputados de la Comisión de Economía continúan estudiando la propuesta presentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, para que se emita una normativa que permita crear la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Dicha entidad se encargará de regular, autorizar y supervisar el funcionamiento de quienes participen en las actividades propias de este sector.
La iniciativa también plantea que dicho organismo podrá aplicar y exigir el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y leyes vigentes que hay sobre la materia. Además, velará por la protección del medio ambiente y sus recursos naturales para garantizar el derecho a una vida libre de contaminación hídrica y medioambiental.
La mesa legislativa convocó, este jueves, al presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, y al titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Manuel Aguilar, para escuchar sus opiniones y para que les ampliaran la información sobre la solicitud realizada.
Ambos funcionarios coincidieron en que los gobiernos anteriores crearon un desorden en el sector energético que ha provocado que El Salvador sea una de las naciones en donde el precio de la energía eléctrica es más cara, debido al tipo de regulación con vacíos que se tiene.
Además, señalaron que actualmente el sector energético y eléctrico del país se encuentra disperso; hay instituciones que por su tipo de creación no son eficientes, ya que unas dependen de CEL, de la SIGET o del Ministerio de Economía. Esto genera que no haya claridad para promover la inversión ni para la predictibilidad de los precios de la energía.
“Es de vital importancia crear un ente que sea el rector de la política energética. Si bien es cierto que hay un regulador, estaba a disposición de la empresa privada, pero en este Gobierno esto cambió y ya se está empezando a ver en favor del pueblo, como debió haber sido siempre”, señaló Álvarez.
La creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, según el presidente de CEL, le dará al Ejecutivo herramientas para establecer cuáles son los recursos energéticos de los que se dispone, cómo serán explotados a corto, mediano y largo plazo.
El superintendente Aguilar expuso la necesidad de que haya un organismo que dicte una política energética ordenada y que dicte cuáles son los proyectos que el país necesita para abaratar los precios de la energía, un tema que es importante para la población.
La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, se mostró a favor de crear la Dirección General, ya que eso permitirá tener una política energética que dirigirá las inversiones energéticas que necesita hacer el país. Lamentó que actualmente no se hagan inversiones que nos coloquen como referentes en la región, pese a que se tiene mucho potencial.
Al respecto, el legislador William Soriano sostuvo que El Salvador tiene un gran potencial para desarrollar nuevas fuentes de energía, pero criticó que las normativas creadas en la administración del FMLN “se quedaron muy cortas” porque “carecían de una visión futurista” que pusiera al país a la vanguardia.
“Este esfuerzo (la propuesta del Ejecutivo) va encaminado a dotar de competitividad completa al país para que consigamos el fin único: aumentar inversiones que abaraten el precio de la energía. Se necesita la independencia completa de la generación de energía”, manifestó el integrada de la bancada cyan.
Para la sesión de trabajo de la próxima semana, los diputados de la Comisión acordaron citar a la titular de Economía, María Luisa Hayem, y a representantes del sindicato de empleados de dicha institución para escuchar sus aportes sobre el mismo tema.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
En un comunicado, el FMLN rechazó el operativo militar estadounidense que terminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.
«El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) expresa su más firme y fraterna solidaridad con el pueblo venezolano y su Gobierno legítimo, ante los ataques militares perpetrados por Estados Unidos en la madrugada de este 3 de enero de 2026», se lee en el documento.
Las autoridades del partido de izquierda condenaron «enérgicamente esta nueva agresión imperialista, que atenta contra la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el derecho de Venezuela a decidir su propio destino sin injerencias externas».
El partido opositor reafirmó su «compromiso antiimperialista, internacionalista y solidario, y hacemos un llamado a los pueblos del mundo a alzar la voz y a no guardar silencio ante esta escalada de violencia».
El instituto político, que gobernó El Salvador desde 2009 hasta 2019, fue un aliado incondicional del régimen venezolano, que usó la iniciativa ALBA para finan ciar un enorme consorcio empresarial del partido, que en la actualidad está bajo una investigación de la Fiscalía por lavado de dinero.
El FMLN es uno de los partidos que re conocía el controversial mandato del dictador Maduro, el cual fue rechazado interna cionalmente por la falta de transparencia en el proceso electoral.
«Vino calladito. Él no quería que se supiera que estaba aquí. Traía muy buenas noticias a Bukele. La mejor noticia que te puedo decir, Bukele, es que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional es parte del movimiento mundial antifascista», aseguró Maduro ante sus seguido res en un video difundido en redes sociales en enero del año pasado, que se convirtió en un ataque verbal hacia el presidente Nayib Bukele.
Nicolás Maduro fue juramentado por tercera vez como mandatario de Venezuela luego de unas cuestionables elecciones en 2024, en las que el bloque opositor al gobernante venezolano, encabezado por Ma ría Corina Machado, con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, aseguró que ganó los comicios.
Pese a los cuestionamientos internos e internacionales, Maduro se negó a permitir auditorías internacionales y aseguró que el proceso lo declaró ganador. Además, las autoridades venezolanas arrestaron a varios opositores, razón por lo que González Urrutia salió del país tras las elecciones.
«Desde El Salvador expresamos nuestro respaldo al compañero presidente Nicolás Maduro Moros, a las instituciones legítimas del Estado venezolano y al camino de justicia social, autodeterminación y lucha antiimperialista», expresó el FMLN en esa ocasión.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
