Política
Comisión de Economía escucha a titulares de CEL y la SIGET sobre creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas
Los diputados de la Comisión de Economía continúan estudiando la propuesta presentada por el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, para que se emita una normativa que permita crear la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Dicha entidad se encargará de regular, autorizar y supervisar el funcionamiento de quienes participen en las actividades propias de este sector.
La iniciativa también plantea que dicho organismo podrá aplicar y exigir el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y leyes vigentes que hay sobre la materia. Además, velará por la protección del medio ambiente y sus recursos naturales para garantizar el derecho a una vida libre de contaminación hídrica y medioambiental.
La mesa legislativa convocó, este jueves, al presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, y al titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Manuel Aguilar, para escuchar sus opiniones y para que les ampliaran la información sobre la solicitud realizada.
Ambos funcionarios coincidieron en que los gobiernos anteriores crearon un desorden en el sector energético que ha provocado que El Salvador sea una de las naciones en donde el precio de la energía eléctrica es más cara, debido al tipo de regulación con vacíos que se tiene.
Además, señalaron que actualmente el sector energético y eléctrico del país se encuentra disperso; hay instituciones que por su tipo de creación no son eficientes, ya que unas dependen de CEL, de la SIGET o del Ministerio de Economía. Esto genera que no haya claridad para promover la inversión ni para la predictibilidad de los precios de la energía.
“Es de vital importancia crear un ente que sea el rector de la política energética. Si bien es cierto que hay un regulador, estaba a disposición de la empresa privada, pero en este Gobierno esto cambió y ya se está empezando a ver en favor del pueblo, como debió haber sido siempre”, señaló Álvarez.
La creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, según el presidente de CEL, le dará al Ejecutivo herramientas para establecer cuáles son los recursos energéticos de los que se dispone, cómo serán explotados a corto, mediano y largo plazo.
El superintendente Aguilar expuso la necesidad de que haya un organismo que dicte una política energética ordenada y que dicte cuáles son los proyectos que el país necesita para abaratar los precios de la energía, un tema que es importante para la población.
La diputada de Nuevas Ideas, Elisa Rosales, se mostró a favor de crear la Dirección General, ya que eso permitirá tener una política energética que dirigirá las inversiones energéticas que necesita hacer el país. Lamentó que actualmente no se hagan inversiones que nos coloquen como referentes en la región, pese a que se tiene mucho potencial.
Al respecto, el legislador William Soriano sostuvo que El Salvador tiene un gran potencial para desarrollar nuevas fuentes de energía, pero criticó que las normativas creadas en la administración del FMLN “se quedaron muy cortas” porque “carecían de una visión futurista” que pusiera al país a la vanguardia.
“Este esfuerzo (la propuesta del Ejecutivo) va encaminado a dotar de competitividad completa al país para que consigamos el fin único: aumentar inversiones que abaraten el precio de la energía. Se necesita la independencia completa de la generación de energía”, manifestó el integrada de la bancada cyan.
Para la sesión de trabajo de la próxima semana, los diputados de la Comisión acordaron citar a la titular de Economía, María Luisa Hayem, y a representantes del sindicato de empleados de dicha institución para escuchar sus aportes sobre el mismo tema.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
