Política
Asamblea aprueba ley para construir centros penitenciarios
Con 64 votos, los diputados aprobaron la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, la cual tiene por objeto establecer un marco regulatorio especial para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de las cárceles que sean necesarias, debido al incremento de la población privada de libertad.
La iniciativa fue propuesta por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
“Ningún gobierno ni ningún presidente había tenido el valor de enfrentar a las pandillas, y ninguna asamblea había acompañado al presidente con la gobernabilidad necesaria”, sostuvo el funcionario.
La cantidad de presos ha aumentado desde la implementación del régimen de excepción, el cual ha brindado facultades a las instituciones de seguridad para perseguir con más eficacia a los delincuentes.
“Desde hace 24 días reivindicamos que aquí y ahora hacemos una lucha frontal contra los terroristas que antes, avalados por grupos políticos, hacían lo que querían en nuestro país”, manifestó el diputado de Nuevas Ideas, Carlos Bruch.
De acuerdo a los datos publicados por el Presidente de la República, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter, en los últimos 24 días, el régimen de excepción ha permitirdo detener a 13,573 miembros de estructuras terroristas responsables de perpetrar homicidios en el país.
La normativa aprobada permitirá que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) efectúe los estudios pertinentes para la identificación de inmuebles que puedan ser utilizados para la construcción de centros penales.
“Nosotros, los que estamos del lado de los buenos salvadoreños, sabemos que la gente quiere a los pandilleros en las cárceles y que no vuelvan a ver la luz del sol”, aseveró el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Su compañero de bancada, José Urbina, aseguró que es preferible construir más centros penales que más tumbas para enterrar a los salvadoreños honrados que pierden sus vidas a manos de los terroristas.
Las nuevas cárceles serán administradas por la Dirección General de Centros Penales (DGCP), que efectuará la distribución de reos en los diferentes penales.
Tanto el MOP como las compañías involucradas en la planificación, diseño y construcción de los centros penitenciarios contarán con exención del Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Transferencia de Bienes y la Prestación de Servicios.
Asimismo, gozarán de la exención, durante el tiempo en que realicen sus operaciones, de impuestos que graven la importación de maquinarias, equipos, herramientas, materiales, repuestos y accesorios, utensilios y demás necesarios para la planificación, diseño y construcción de los centros penales.
Además, tendrán la exención total del impuesto sobre la transferencia de bienes raíces, por la adquisición de aquellos a ser utilizados para el cumplimiento del objeto de la ley.
En la normativa queda establecido que la exención de impuestos no será extensiva a bienes para el consumo o de uso personal de directivos, socios o personal de las empresas, familiares o empresas relacionadas y bienes del activo corriente (recursos necesarios para llevar a cabo las actividades diarias de la empresa).
Para garantizar la transparencia en el uso de los fondos, la Corte de Cuentas de la República (CCR) efectuará auditorías respecto a las acciones derivadas de la planificación, diseño y construcción de las obras.
“Venimos de un sistema carcelario en el que penales como el de Ciudad Barrios eran hospedajes, las mujeres de los terroristas se quedaban desde los miércoles y salían hasta el domingo sin ninguna restricción […] Se evidenció la introducción de ilícitos como celulares, plasmas y otras comodidades que le pagaba la población a los asesinos de sus familiares”, señaló el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.
El diputado explicó que antes del régimen de excepción había 13,762 internos en los centros penitenciarios; actualmente esta población ha crecido el doble, lo que refleja la necesidad de construir más cárceles para su custodia y para protección de la población.
“Nos respalda la certeza de que afuera se están salvando vidas, y las extorsiones y otros delitos disminuyen”, destacó Navarro.
A solicitud del Presidente de la República Nayib Bukele, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la Ley Especial para Promover Competitividad y Facilitar Acceso a Productos de la Canasta Básica Ampliada, herramienta con la que se eliminan los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) a 120 productos, para asegurar el abastecimiento de los mismos a la población salvadoreña.
La exoneración de aranceles tendrá una vigencia de 10 años y también se aplicarán a insumos agrícolas y materias primas que garanticen la producción agrícola y la seguridad alimentaria.
Algunos productos que estarán libres del DAI son la carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, carne de pavo, leche fluida, huevos de mesa, papas, tomates, cebollas, repollo, frijoles, naranjas, maíz, arroz y azúcar. También a alimentos de animales, fertilizantes, insecticidas y herbicidas.
La normativa también establece que la Defensoría del Consumidor deberá monitorear y vigilar el mercado para constatar que las reducciones arancelarias se vean reflejadas en los precios al consumidor final.
Asimismo, se faculta a los Ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura y Ganadería, para que cada uno, dentro de sus respectivas competencias y responsabilidades, puedan emitir los acuerdos, instructivos, circulares, resoluciones y cualquier otra actuación administrativa, orientada a garantizar una correcta y efectiva aplicación de la ley.
La diputada Suecy Callejas expresó que la normativa aliviará la economía de los salvadoreños, en especial en este periodo de lluvias en el que los cultivos de granos u hortalizas se han visto afectados. Ella recordó que, en la legislatura pasada, se aprobó una Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios de Productos Básicos, la cual fue prorrogada hasta 2026.
“Con esta propuesta se ampliará a 10 años más y se agregan todos los productos de la canasta básica ampliada que son 120. Además de la exoneración del DAI se excluye del pago de cuotas de salvaguardas”, señaló.
Callejas explicó que el decreto permitirá que la exoneración del arancel se aplique incluso a aquellos países con los que El Salvador no tiene tratados de libre comercio.
Por su parte, la diputada Norma Lobo destacó la importancia de que los salvadoreños tengan comida en su mesa y que se garantice la sostenibilidad de la misma.
“Este plan va a estar vigente por 10 años, porque de esa manera todos los empresarios y los mismos productores van a poder hacer sus planes de negocio con base a 10 años con la confianza de que hay estabilidad jurídica”, aseguró Lobo.
La parlamentaria sostuvo que la ley respalda la medida del Ejecutivo relacionada a la creación de los agromercados y la creación de centrales de abasto para cambiar la modalidad de comercialización de los productos de canasta básica.
“Vamos a tener varios centros de abasto para que la población sea la mayor beneficiada y garantizar a los productores que van a poder producir y comercializar sus productos a precios que los salvadoreños no golpeen sus bolsillos”, agregó la parlamentaria.
Mientras que la legisladora Sandra Interiano señaló que la aprobación de la normativa es una muestra del trabajo articulado entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa, y que este es un primer impulso para el plan económico anunciado por el Presidente Nayib Bukele.
“Ningún Gobierno en la historia nacional de este país había dado muestras de ser cercanos a la gente, de escucharle y de resolver sus necesidades más sentidas como el tema de la alimentación sostenible. Recordemos que las administraciones anteriores desmantelaron la producción agrícola nacional en función de intereses particulares. Hoy se empieza dar respuesta a 200 años de descuido y abandono”, apuntó Interiano.
Medida anunciada por el Presidente de la República
El pasado 16 de julio, a través de su cuenta de X, el Presidente Nayib Bukele anunció que la propuesta, que busca favorecer la economía de los salvadoreños, sería enviada a la Asamblea Legislativa.
“Hoy, enviaré una propuesta para suspender todos los aranceles a todos los productos de la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios, por un período de 10 años”, escribió.
Además, la mañana de este miércoles 17 de julio, el mandatario agregó que también se eliminarán los aranceles para productos agrícolas.
“Hemos decidido eliminar también los aranceles por 10 años a fertilizantes, abonos, alimentos para animales (incluyendo aves y peces) y demás insumos que utilizan los agricultores y productores nacionales. Así ellos también serán más competitivos y no únicamente los importadores”, sostuvo Bukele.
Política
Buscan implementar programa de becas con reducción del presupuesto de la Asamblea Legislativa
Con el propósito de continuar aplicando la eficiencia del gasto público, la Asamblea Legislativa tuvo una disminución significativa del presupuesto para cada uno de los diputados, así como del costo del personal a su cargo.
Por ello, los parlamentarios de la Comisión de Hacienda aprobaron un dictamen a favor de destinar $5 millones, durante lo que resta del periodo legislativo 2024-2027, para desarrollar un programa de becas.
De acuerdo al documento avalado en la mesa de trabajo, el presupuesto vigente de este año para ese fin, desde julio hasta diciembre, será de $792,000.
Estos recursos se asignarán a programas, planes y proyectos destinados a beneficio de la niñez y la juventud salvadoreña, con el fin de generar acciones positivas que posibiliten el desarrollo integral de este sector.
“Estos son los frutos de una política de austeridad que se ha venido siguiendo en esta Asamblea Legislativa y que vino de una sugerencia hecha por el Presidente de la República, Nayib Bukele, y que nosotros estamos dispuestos a apoyar con todo gusto, porque va a ser de beneficio para la juventud salvadoreña”, expresó el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara.
Para 2025 y 2026, la cantidad que se destinará será de $1,584,000 por cada año; mientras que para el 2027, será de $1,040,000 desde enero a abril.
El nombre de este programa será «Becas Legislativas Dagoberto Gutiérrez», como lo dio a conocer en sus redes sociales, días atrás, el presidente de este órgano de Estado, Ernesto Castro, tras haberse hecho público el fallecimiento del analista político, líder social y exguerrillero salvadoreño.
La Asamblea Legislativa está comprometida con el uso adecuado de los recursos públicos, es por eso que, siguiendo la línea del Gobierno, los parlamentarios avalaron en junio de 2023 –como primera medida- la reducción de 84 a 60 diputados.
La Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente dictaminó a favor de declarar el 27 de julio de cada año se conmemore el Día Nacional del Inspector Técnico de Salud Ambiental, con el objetivo de dignificar a este personal del sistema de salud.
Durante la discusión de la iniciativa, los parlamentarios resaltaron la labor que los inspectores técnicos de salud ambiental realizan en el país, como por ejemplo, ejecutar soluciones técnicas sobre el medio ambiente a través de la programación de actividades, para evitar así el mayor deterioro de la salud y del ambiente biofísico salvadoreño.
Además, se encargan de verificar la aplicación, cumplimento de las normas y reglamentos ambientales, medidas de bioseguridad en establecimientos públicos formales e informales y realizan labores constantes de desinfección y sanitización. También, vigilan el manejo de desechos bioinfecciosos, el cumplimiento de protocolos ante casos sospechosos, confirmados y defunciones por COVID-19, con el compromiso de mantener la salud de las personas, la familia y toda la comunidad.
El diputado Ricardo Rivas explicó que este sector no había sido tomado en cuenta para ser dignificado a través de un día especial; y sostuvo que el trabajo que ejecutan los técnicos en salud ambiental ayudan a cumplir la visión del Presidente Nayib Bukele en materia de salud.
Son más de 700 técnicos a nivel nacional y a pesar de que no tenían su día ellos lo celebran. Dignificarlos los motivará para que puedan hacer un mejor trabajo y que nuestro país siga avanzando y cumpliendo con la visión del presidente”, expresó Rivas.
Según el proyecto de decreto, con el apoyo de los técnicos la Dirección Ambiental ha hecho campañas de vacunación felina y antirrábica canina, cuya efectividad ha hecho que El Salvador no registre ningún caso de rabia humana desde hace 13 años.
El diputado Saúl Mancía resaltó la labor del personal, especialmente durante la emergencia actual por dengue. Él aseguró que son los inspectores técnicos quienes día y noche han realizado jornadas de fumigación y de concientización.
“Quiero agradecerles a estas 700 personas que, día con día, están tratando en estas comunidades para tener un país con más condiciones saludables. Desde el primer nivel de atención comienza la calidad de vida no podemos permitir que un caso que se puede prevenir se complique”, apuntó Mancía.
