Política
ARENA ha contratado de mayo a la fecha a 148 nuevos empleados que cuestan un total de $1.8 millones anuales
El partido ARENA contrató en la Asamblea Legislativa, desde el 1º de mayo hasta el 28 de agosto de 2018, a 148 nuevos empleados que le cuestan al Estado $1.8 millones anuales; ya que son 37 los parlamentarios de ese de esa fracción, cada uno tiene, en promedio, cuatro trabajadores.
El Salvador Times tuvo acceso al listado de contrataciones que realizaron las diferentes fracciones legislativas, mediante solicitud de acceso a la información, desde que se instaló la legislatura 2018-2021; es decir, desde el 1º de mayo y ahí se detallan cada una de las contrataciones, salarios y cargos de los empleados.
De los 148 empleados, la mayoría de estos tienen el cargo de «asistente», sin determinar cuáles son las funciones que desempeñan o el horario por el que están contratados. Una persona con este cargo recibe un salario mensual que oscila entre los $500 y $650, en promedio. Aunque en algunos casos hay algunos que reciben un pago superior a los $1,000. Sola una persona, de los 148, recibe un monto inferior a los $500 y es un «asistente administrativo» que recibe $315 mensuales.
Los demás cargos son, de acuerdo al listado en poder de este medio: asistentes técnicos, colaboradores administrativos, asistente de fracción, asesor, ordenanza, asistente de comunicaciones, motoristas, asesores jurídicos, asistente de prensa, fotógrafo, colaborador técnico, encargado de prensa.
Entre los mejores pagados hay un asesor que recibe un salario de $2,500; un colaborador técnico con $2,450 y el podio lo completa un asistente de fracción con $2,300. Un total de 54, de los 148, reciben más de mil dólares mensuales.
En términos de cifras, todos los contratados por el partido cuestan $128,885 al mes, una simple multiplicación permite conocer lo que los empleados cuestan anualmente. La cifra anterior se debe multiplicar por 14 (12 meses en el año y dos bonos que reciben los trabajadores en los meses de junio y diciembre) lo que da un total de $1,804,390.
Dentro de los empleados de la fracción destaca el caso del exdiputado de ese partido y actual asistente de fracción, Arístides Corpeño, quien que buscó un curul en las pasadas elecciones, pero no quedó entre los electos por el departamento de La Paz.
Los 148 empleados reciben lo mismo que casi 6,000 personas con salario mínimo.
Esos $1.8 millones anuales que reciben los nuevos empleados legislativos tricolores equivalen lo que ganan al año 5,932 personas con el salario mínimo, que de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es de $304.17 en el sector comercio y servicio.
Cuando asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa el diputado tricolor, Norman Quijano, habló de políticas de austeridad y de reducciones en el presupuesto legislativo, para lo que promovió la supresión de plazas, por ejemplo dentro de las departamentales de la institución, sin embargo, el presupuesto de 2019 será el mismo.
Cuando se realizaron las supresiones, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea denunció «despidos masivos» y que a la vez se estaban contratando nuevos empleados y se estaban dejando a las «plazas fantasmas».
Espere mañana el detalle de los contratados por el grupo parlamentario del FMLN en la institución que tiene contratados como asesores a varios exdiputados oficialistas que no lograron un escaño en las pasadas elecciones.
Por: El Salvador Times.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
Con 57 votos a favor, diputados de Nuevas Ideas y sus aliados respaldaron este jueves una solicitud de reforma constitucional para que El Salvador se retire del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La iniciativa fue presentada por el legislador Giovanny Zaldaña con dispensa de trámite, y busca modificar los artículos 80 y 133 de la Constitución de la República.
Zaldaña argumentó que la participación del país en el organismo regional “no está generando beneficios concretos para el pueblo salvadoreño” y aseguró que su propuesta responde a la “voluntad del pueblo” y de la mayoría legislativa. Los partidos ARENA y Vamos no firmaron la propuesta.
Desde el partido Vamos, la diputada Claudia Ortiz expresó su respaldo al debate sobre la continuidad de El Salvador en el PARLACEN, aunque criticó la forma en que se impulsa la reforma. “Estoy de acuerdo con que se inicie la discusión, pero no con que se haga por dispensa de trámite. La Constitución de la República no es cualquier ley”, subrayó.
Ortiz también señaló que el PARLACEN no ha mostrado avances en el proceso de integración regional ni mantiene una comunicación efectiva entre los parlamentarios y la ciudadanía. “No ha dado resultados y no es representativo de la gente”, declaró.
El Parlamento Centroamericano es el órgano político y democrático del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Sus diputados son electos por voto popular y representan a más de 50 partidos políticos de distintas ideologías, en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y El Salvador.
Entre sus principales funciones están la promoción de la integración regional, el fortalecimiento de la democracia, la paz y la protección de los derechos humanos en la región.
La propuesta de reforma constitucional deberá seguir su curso legislativo, lo que podría abrir un debate más amplio sobre el papel de El Salvador en los organismos de integración regional.
El jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, reiteró este martes que los diputados de su bancada en la Asamblea Legislativa continuarán respaldando con sus votos los proyectos destinados a modernizar el sistema público de salud en El Salvador.
“Nuestros votos para mejorar el sistema de salud para los salvadoreños. Lo justo, lo legal y lo correcto siempre”, expresó Guevara a través de su cuenta en la red social X.
Los legisladores oficialistas han respaldado diversas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la red hospitalaria nacional, incluyendo intervenciones en infraestructura, adquisición de medicamentos y equipos médicos, así como la construcción de nuevos centros de atención, entre ellos el nuevo hospital Rosales.
La fracción cian ha sido clave para la aprobación de financiamiento y reformas que permiten avanzar con la transformación del sistema de salud, como parte del plan de atención integral que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha promovido durante su gestión.
