Política
ARENA ha contratado de mayo a la fecha a 148 nuevos empleados que cuestan un total de $1.8 millones anuales
El partido ARENA contrató en la Asamblea Legislativa, desde el 1º de mayo hasta el 28 de agosto de 2018, a 148 nuevos empleados que le cuestan al Estado $1.8 millones anuales; ya que son 37 los parlamentarios de ese de esa fracción, cada uno tiene, en promedio, cuatro trabajadores.
El Salvador Times tuvo acceso al listado de contrataciones que realizaron las diferentes fracciones legislativas, mediante solicitud de acceso a la información, desde que se instaló la legislatura 2018-2021; es decir, desde el 1º de mayo y ahí se detallan cada una de las contrataciones, salarios y cargos de los empleados.
De los 148 empleados, la mayoría de estos tienen el cargo de «asistente», sin determinar cuáles son las funciones que desempeñan o el horario por el que están contratados. Una persona con este cargo recibe un salario mensual que oscila entre los $500 y $650, en promedio. Aunque en algunos casos hay algunos que reciben un pago superior a los $1,000. Sola una persona, de los 148, recibe un monto inferior a los $500 y es un «asistente administrativo» que recibe $315 mensuales.
Los demás cargos son, de acuerdo al listado en poder de este medio: asistentes técnicos, colaboradores administrativos, asistente de fracción, asesor, ordenanza, asistente de comunicaciones, motoristas, asesores jurídicos, asistente de prensa, fotógrafo, colaborador técnico, encargado de prensa.
Entre los mejores pagados hay un asesor que recibe un salario de $2,500; un colaborador técnico con $2,450 y el podio lo completa un asistente de fracción con $2,300. Un total de 54, de los 148, reciben más de mil dólares mensuales.
En términos de cifras, todos los contratados por el partido cuestan $128,885 al mes, una simple multiplicación permite conocer lo que los empleados cuestan anualmente. La cifra anterior se debe multiplicar por 14 (12 meses en el año y dos bonos que reciben los trabajadores en los meses de junio y diciembre) lo que da un total de $1,804,390.
Dentro de los empleados de la fracción destaca el caso del exdiputado de ese partido y actual asistente de fracción, Arístides Corpeño, quien que buscó un curul en las pasadas elecciones, pero no quedó entre los electos por el departamento de La Paz.
Los 148 empleados reciben lo mismo que casi 6,000 personas con salario mínimo.
Esos $1.8 millones anuales que reciben los nuevos empleados legislativos tricolores equivalen lo que ganan al año 5,932 personas con el salario mínimo, que de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social es de $304.17 en el sector comercio y servicio.
Cuando asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa el diputado tricolor, Norman Quijano, habló de políticas de austeridad y de reducciones en el presupuesto legislativo, para lo que promovió la supresión de plazas, por ejemplo dentro de las departamentales de la institución, sin embargo, el presupuesto de 2019 será el mismo.
Cuando se realizaron las supresiones, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea denunció «despidos masivos» y que a la vez se estaban contratando nuevos empleados y se estaban dejando a las «plazas fantasmas».
Espere mañana el detalle de los contratados por el grupo parlamentario del FMLN en la institución que tiene contratados como asesores a varios exdiputados oficialistas que no lograron un escaño en las pasadas elecciones.
Por: El Salvador Times.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
