Política
Aprueban reformas para beneficiar a población que paga altos intereses
La Asamblea Legislativa aprobó ayer un paquete de reformas con las que se busca evitar los abusos que las instituciones financieras cometen contra sus clientes al otorgarles un producto. Las enmiendas fueron dictaminadas favorables previamente por la comisión financiera del congreso, que escuchó opiniones técnicas de diferentes instituciones.
Fueron tres cuerpos de ley los reformados por los diputados: Ley contra la Usura, Código Civil y Código de Comercio. Las enmiendas a la primera evitan el cobro de intereses sobre intereses e intereses sobre comisiones, por lo que ahora el interés solo será aplicable al capital que el cliente recibe en concepto de crédito.
También se aprobó que los usuarios de crédito puedan cancelar su mensualidad en cualquier fecha previa a la establecida en el contrato, sin que incurra en penalidad de multa en el siguiente mes de pago. Otra modificación a la normativa es que se establecen segmentos para fijar la tasa máxima de interés, bajo la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
La Asamblea determinó con las enmiendas categorías de créditos; entre estas, créditos de consumo para personas naturales, préstamos vía tarjetas de crédito, créditos para viviendas y créditos para empresas.
La segmentación de estos tipos de financiamiento permitirá establecer los techos de interés que estarán sujetos al riesgo que supone cada segmento crediticio.
Además, se aclaran los roles de la SSF y de la Defensoría del Consumidor (CD) en relación con los acreedores de los créditos y las sanciones que se les aplicarán por el incumplimiento de la normativa.
En cuanto al Código Civil y al Código de Comercio, las reformas están relacionadas con juicios jurídicos derivados de cobros de intereses y el control que tendrán la SSF y la DC para que el pago de estos sea justo y legal.
Pero el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, no solo restó importancia a las modificaciones, sino que las llamó «un chiste», a pesar de que beneficiarán a miles de salvadoreños que son usuarios del sistema financiero.
Caleb Navarro, subjefe de la bancada de Nuevas Ideas, censuró el calificativo de Guevara, de quien dijo que solo ha presentado tres iniciativas que no son de impacto para la población. «Eso sí es vergonzoso y es un chiste», agregó.
Las reformas fueron impulsadas por los diputados de Nuevas Ideas en el marco de lo que han llamado «justicia financiera» en favor de los clientes. La bancada cian, como parte de esa justicia financiera, ya logró la aprobación de reformas a la ley del historial crediticio, con lo que se evitan los abusos a clientes por parte de los burós de créditos.
Asimismo, avaló un pliego de reformas a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito que prohíbe el cobro de membresía a tarjetas con límite de hasta $2,000, el cobro por sobregiro y de comisiones, entre otros beneficios para el tarjetahabiente.
«Chiste es haber tenido la oportunidad durante 10 años y no haber hecho nada. Nunca quisieron reformar este marco normativo, porque estaban enriqueciendo a sus financistas. Su única intención era lucrarse», afirmó Aronette Mencía, diputada de Nuevas Ideas.
«Estas reformas a la Ley contra la Usura ayudarán a aliviar situaciones difíciles que pasan muchos salvadoreños para pagar sus créditos. Estamos ayudando al pueblo salvadoreño», comentó Héctor Sales, legislador cian.
Por: DES.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
