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Valencia: la tragedia del corrimiento del Estado

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«El Estado no es una máquina, es un organismo vivo que debe adaptarse a las necesidades de sus ciudadanos»

Otto von Bismarck

Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre el subtexto de la catástrofe ocurrida en Valencia, la cual ha desencadenado una profunda reflexión sobre la naturaleza del contrato social y la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos. Más allá de la devastación material y el dolor humano, este evento ha puesto de manifiesto una sensación palpable de abandono, que resuena con algunas preocupaciones expresadas por filósofos políticos desde tiempos inmemoriales.

Recordemos a Thomas Hobbes, quien en su obra “El Leviatán” (1651) ya nos advertía sobre la necesidad de contar con un poder soberano capaz de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en un estado de naturaleza caracterizado por el conflicto. Pues bien, la catástrofe de Valencia nos interpela a preguntarnos si el Estado ha cumplido satisfactoriamente con su papel de protector y proveedor, tal como se concebía en aquel contrato social originario en el cual los ciudadanos otorgan al monstruo total potestad para actuar- e impuestos, muchos impuestos- a cambio de cierta protección.

Por su parte, John Rawls (1971), en su obra titulada “Teoría de la Justicia”, propugnaba la idea de que una sociedad más justa es aquella que se organiza de tal manera que las desigualdades tiendan a beneficiar a los más desfavorecidos. En este contexto, ¿cómo podemos evaluar la justicia de una sociedad a la luz de un evento que ha exacerbado las desigualdades preexistentes y  ha dejado a los más vulnerables en una situación de extremo abandono y vulnerabilidad?

Es evidente que la sensación de abandono experimentada por los afectados por la catástrofe nos remite a pensar la noción de ciudadanía y los derechos y garantías que esta conlleva. Al respecto, Hannah Arendt, en “La condición humana” (1958), destacó la importancia de la acción política como medio para construir un modelo común y garantizar el cuidado de la dignidad humana. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí y ahora es: ¿qué implica ser ciudadanos en un contexto en el que los derechos fundamentales parecen estar en juego?

La catástrofe de Valencia ha dejado a relucir la fragilidad de las infraestructuras del poder y la necesidad de replantear las políticas vigentes de urbanización. Muchos han señalado que la construcción indiscriminada en zonas de riesgo, sumada a la falta de inversión en sistemas de drenaje y protección costera, ha agravado los efectos de la DANA. Incluso han circulado estudios recientes que revelan que parte del territorio afectado se encontraba en zonas catalogadas como de alto riesgo hídrico, sumado a la ocupación del suelo agrícola y la impermeabilización del suelo urbano como contribución colateral para aumentar el caudal de los ríos y reducir así su capacidad de infiltración.

Sin embargo, lo que más ha causado molestias, tanto en España como en el resto del mundo, es la revelación mediante redes sociales de cientos de rescatistas de una falta de respuesta coordinada y oportuna por parte de las autoridades nacionales, lo cual agravó severamente la situación. A través de numerosos testimonios, se ha denunciado una demora y retención vulgar en la llegada de los equipos de rescate, como también la escasez de recursos básicos en las zonas más complicadas. Esta situación puntual nos lleva a reflexionar y a cuestionar la efectividad del Estado de bienestar y a pensar sobre el concepto del “corrimiento del Estado”, es decir, la tendencia de las instituciones a desvincularse de sus obligaciones constitucionales y sociales para así priorizar intereses partidistas por encima del bien común: la rivalidad política y la falta de coordinación entre todos los estratos del gobierno impidieron una acción efectiva y oportuna.

Como bien sabemos, el modelo de Estado de bienestar, concebido como un sistema de protección social que garantiza a todos los ciudadanos unos niveles mínimos de dignidad común, viene sufriendo una transformación y una correspondiente devaluación en las últimas décadas. La crisis económica de 2008 aceleró un proceso de desmantelamiento gradual de los servicios públicos, caracterizado por permanentes recortes presupuestarios, privatizaciones y precarizaciones en el seno del empleo público, sobre todo en salud y educación. Esta situación no ha hecho otra cosa que debilitar la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de emergencia y ha dejado a amplios sectores de la población en un estado de desprotección nunca antes visto desde el regreso de la democracia.

En el caso puntual de Valencia, la crisis del precitado Estado de bienestar se ha manifestado de manera especialmente aguda. La falta de inversión en prevención de riesgos, la reducción de personal en los servicios de emergencia y la precarización constante de las condiciones laborales de los trabajadores públicos han contribuido a agravar los efectos de la catástrofe. Además, la desigualdad social existente, silenciosamente creciente a ritmo sostenido durante la última década, ha hecho que los sectores más vulnerables de la población sean los más afectados por la crisis.

Lo acontecido recientemente en Valencia nos interpela a reflexionar sobre el futuro del Estado de bienestar, puesto que es necesario replantear el modelo actual, superando la lógica mezquina y mentirosa de una austeridad selectiva para proceder a apostar por una mayor inversión en servicios públicos de calidad. Asimismo, es fundamental pensar en el fortalecimiento de la gobernanza inter y multi nivel, promoviendo redes de colaboración entre las diferentes administraciones y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en momentos drásticos.

Los eventos precitados han manifestado la urgencia de superar las estrechas divisiones partidistas que caracterizan la tan vapuleada política española. Al respecto, John Stuart Mill sostuvo que es esencial que haya un amplio acuerdo sobre los principios fundamentales de la política, a fin de que la sociedad pueda funcionar de manera más eficaz y profunda. Aún así, la polarización política ha puesto palos en la rueda para alcanzar dicho consenso, obstaculizando la implementación de políticas públicas efectivas y generando una creciente desconfianza en las instituciones. Cuando suceden este tipo de tragedias, como ya vimos en el contexto del COVID-19, las disputas partidistas pueden poner en riesgo el bienestar de la ciudadanía y socavar la cohesión social. Justamente por ello, es necesario y urgente que se pueda trascender la ambición individualista de las ideologías partidistas y construir un proyecto nacional común, basado en los valores de la solidaridad, la justicia y la protección de la dignidad de todos los ciudadanos.

Si bien la reacción tardía por parte del gobierno nacional ante la crisis de Valencia ha sido repudiada en redes sociales, la respuesta inmediata se ha traducido en paquetes especiales de ayudas económicas que, por supuesto, siempre serán una buena noticia, sobre todo si se utilizan esos fondos con honestidad, seriedad y criterio. Ahora bien, la tendencia a solucionar los problemas regionales mediante la transferencia de fondos desde el centro, aunque es necesario en situaciones de emergencia, puede generar una peligrosa relación de dependencia mientras que socava la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar sus asuntos sin el peso del “compromiso” que los paquetes conllevan tras de sí. Como advirtió oportunamente Alexis de Tocqueville en “La democracia en América”, la centralización excesiva del poder puede llevar a la pasividad de los ciudadanos y a la atrófica de las instituciones locales. Al respecto, es fundamental que se logre encontrar un equilibrio entre la solidaridad nacional y la autonomía regional, promoviendo la subsidiariedad y fortaleciendo las capacidades propias de cada comunidad para hacer frente a los desafíos que enfrentan.

No obstante lo anterior, es crucial aclarar que la defensa de la autonomía regional no implica en absoluto desentenderse de las responsabilidades y obligaciones del Estado central. La construcción del precitado equilibrio requiere de un compromiso a largo plazo por parte de ambas instancias: el Estado nacional debe garantizar la cohesión territorial, proporcionando los recursos y las herramientas necesarias para que las comunidades autónomas puedan desarrollar sus potencialidades, mientras que las comunidades deben asumir sus responsabilidades en la gestión de sus servicios públicos y la promoción del desarrollo local, respetando los principios básicos de solidaridad y equidad. En vistas de ello, se torna necesario establecer un marco de colaboración que defina claramente las competencias de cada nivel de gobierno y que permita una coordinación efectiva en la gestión de las políticas públicas.

El evento catastrófico en Valencia dejó al descubierto una serie de gallos en la gestión de la emergencia que, según indican algunos especialistas, pudieron haberse evitado. La tardanza en la activación de los protocolos de alerta, la insuficiencia de los medios de rescate y la descoordinación entre las diferentes administraciones provocaron una situación de caos y desamparo que, no quedan dudas, agravó las consecuencias del desastre. La imagen de personas atrapadas en sus vehículos y en sus viviendas durante horas y días, sin recibir ayuda inmediata, es una muestra de la fragilidad de un sistema que reveló no estar preparado para afrontar un acontecimiento de esta magnitud. Estos hechos trágicos pusieron de manifiesto la urgencia de reformar en profundidad el sistema de protección civil y de garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier tipo de infortunio, ya sea natural o no.

Aún así, y a pesar de la ineficiencia de algunos burócratas a cargo de instituciones públicas, la catástrofe de Valencia también nos mostró la cara de la fuerza transformadora de la solidaridad ciudadana. Miles de voluntarios, provenientes de todo el país, se movilizaron espontáneamente para brindar ayuda a los afectados. Bomberos, equipos de rescate, personal sanitario y ciudadanos de a pie están trabajando incansablemente en labores de limpieza, búsqueda, rescate y asistencia. Este tipo de respuesta, desinteresada y coordinada a través de organizaciones no gubernamentales mediante redes sociales y plataformas digitales, pone de manifiesto el poder de la acción colectiva y la importancia de los vínculos comunitarios. Como afirma Arendt, la acción humana, entendida como la capacidad de los seres humanos para iniciar procesos nuevos y transformar el mundo, se manifiesta con especial intensidad en los momentos más difíciles. El amor que están poniendo los voluntarios valencianos es un claro ejemplo de cómo la acción política, en su sentido más amplio, puede surgir desde la sociedad civil, y no desde un escritorio en Madrid, para transformar positivamente la realidad.

La DANA en Valencia es un crudo recordatorio de las fragilidades de nuestro sistema democrático a nivel mundial, y de la urgencia de replantear nuestras prioridades. La desazón que produce el desastre ha puesto de manifiesto todas las limitaciones de una gestión basada en la improvisación y la falta de coordinación, así como las consecuencias de una visión cortoplacista que siempre prioriza los intereses particulares de una pequeña casta política por sobre el bien común. Es necesario, pues, realizar una profunda reflexión sobre nuestro modelo de desarrollo y sobre la relación entre el ser humano y el ambiente en el que habita. Las palabras de Edmund Burke resultan especialmente pertinentes en este contexto, cuando señala que la sociedad es una asociación entre los vivos, los muertos y los que aún no han nacido. Pues bien, amigos míos, la gestión del territorio nacional y la protección del mismo no pueden limitarse a una perspectiva mezquina y coyuntural, sino que se deben tener en cuenta las implicaciones para las generaciones futuras.

A pesar de la gravedad de la situación, la crisis valenciana también ha revelado algo maravilloso: la capacidad de resiliencia y solidaridad de la sociedad española. La respuesta espontánea y gratuita de miles de voluntarios demuestra que, ante la adversidad, los seres humanos somos capaces de superar nuestras diferencias y unirnos en torno a un objetivo común. Esta experiencia es, sin duda, un punto de partida para construir un futuro más justo y sostenible, basado en los principios de solidaridad, cooperación y respeto por la dignidad humana. Por ello, es crucial aprovechar este momento, para fortalecer las instituciones, mejorar los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias y fomentar una cultura de la responsabilidad y la participación ciudadana antes, durante y después de que se limpie el barro. Aunque el camino sea largo y tortuoso, debemos conservar la esperanza y trabajar juntos para que, cuando la tierra lo decida, estemos mejor parados y preparados.

Lisandro Prieto Femenía
Docente – Escritor – Filósofo
San Juan – Argentina

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Cuentos de camino real de la oposición política

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Por: Mauricio Rodríguez

Hablar de cuentos de camino real, para quienes pasamos de los 50 o 60 años, nos evoca a una época de infancia, en la que nuestros abuelos nos entretenían por las noches con narrativas inventadas, muchas veces de forma espontánea. Eran los llamados «cuentos de camino real», que de realidad solo tenían el nombre, más bien eran formas de hacernos creer en un mundo que solo existía en sus mentes.

En nuestro país hay un grupo de personas que —por ponerle nombre, llamaré «oposición política», en alusión a una sociedad democrática donde debe existir— difiere con la forma de pensar de quien gobierna. No son propositivas e inteligentes, lo cual se nota hasta en sus discursos públicos. Esos conceptos están muy, pero muy lejos de que lo que ahora existe en nuestro país. Más bien son grupos dispersos de opositores políticos que evocan a un pasado que a la mayoría de la población salvadoreña duele recordar, pues es un período histórico agudizado por los gobiernos de ARENA y FMLN que se escribió con sangre, luto y dolor de quienes fueron víctimas de estos partidos que se desarrollaron pactando con pandillas, cuyos miembros utilizaron los polígonos de tiros de las fuerzas del orden para entrenar y luego asesinar a nuestra gente, quienes violaron a nuestras niñas, jóvenes y adolescentes, extorsionaron, cortaron cabezas, rentearon y humillaron a nuestra gente.

Esos no son cuentos de camino real; es tan verídico como la paz que ahora experimentamos en nuestro país, lo cual es innegable, pues ya se cuenta con más de 900 días sin homicidios, y eso de verdad les cala profundo a los opositores salvadoreños, pues solo se han quedado a publicar cuentos de camino real, cosas que existen en su imaginario, que les hace creer que pueden volver a acceder al poder político. Imaginan que la gente les cree. Solo el hecho de recordar que tanto ARENA como el FMLN junto con las pandillas generaron caos y terror, hasta llegar a ser reconocidos como el país más violento del mundo.

En pocos años, el presidente Bukele nos convierte en el país más seguro del hemisferio occidental, eso les duele, y en actos desesperados recurren a publicar cuentos de camino real; y detallo algunos: presos en Cecot del Tren de Aragua, minería, bitcóin, derechos humanos, salario mínimo, cierre de escuelas, declaraciones de un sociópata (el Charly), la construcción en Los Chorros, etcétera, y podría seguir presentando la larga lista de cuentos de camino real que solo existe en el mundo y en las mentes de quienes fanáticamente siguen creyendo que pueden detentar el poder político por medio del chantaje, la mentira, la difamación y la injuria.

Se puede uno encontrar con una jauría de personajes que en el pasado no dejaron un buen legado para el país; sin embargo, ahora los vemos rasgarse las vestiduras y llenándose la boca de buenas intenciones; más bien, dándose baños de pureza, sobre la base de la difamación. Es importante dejar claro que existen medios digitales con este tipo de agendas, que no son ocultas, más bien pretenden provocar a un gobierno que se mantiene incólume ante los embates de sus cuentos de camino real y pretendiendo victimizarse de ser perseguidos políticos. Nada más ridículo que eso es imposible.

Los sueños húmedos de la oposición política solo llegan a eso, y estos grupúsculos los narran como cuentos de camino real, esperando que alguien les crea, pero este pueblo, nuestra gente, las víctimas de las pandillas, saben que no podemos volver al pasado, pues pasaría lo de la estatua de sal. Estamos frente a una bestia herida que respira por esa herida.

Opinión | Mauricio Rodríguez
Sociólogo y analista

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«El proyecto Sitramss del FMLN fue emblemático, pero en materia de corrupción»: sociólogo Mauricio Rodríguez

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Hace 10 años, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, el segundo del FMLN, anunciaba el inicio de operaciones del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), un proyecto que para los sociólogos Mauricio Rodríguez y René Martínez y el politólogo Óscar Peñate no modernizó el transporte masivo de pasajeros, sino que, por el contrario, representó «corrupción, mala administración pública y botar» sobre el pavimento $45 millones adquiridos mediante un crédito internacional.

El Sitramss inició operaciones con pasajeros formalmente el 12 de mayo de 2015, con una tarifa de $0.33 por un recorrido de casi seis kilómetros en carriles segregados construidos sobre el bulevar del Ejército y la alameda Juan Pablo II, que partían desde la terminal en Soyapango y llegaban hasta el hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en San Salvador.

Mauricio Rodríguez, sociólogo que fungió como diputado en la Asamblea Legislativa cuando se debatía el proyecto, recuerda que previo a aprobarse el préstamo de $45 millones para el Sitramss hubo una oferta en México hacia el Gobierno de El Salvador para impulsar otro modelo de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), que fue rechazada por el Gobierno de Mauricio Funes.

«Casualmente yo tuve acceso, en un viaje que se hizo a Cancún, de un proyecto que fue ofrecido en México a El Salvador. Se llamaba Convenio de Yucatán», afirma Rodríguez, quien siendo legislador integró la comisión de obras públicas, transporte y vivienda de la Asamblea, mesa que siguió antes, durante y después el proyecto de transporte insigne de los gobiernos farabundistas.

El exdiputado recuerda que por medio del convenio se ofreció un préstamo por $40 millones, que al suscribirse se condonaba el 50 %, es decir, que «solo se pagarían $20 millones del monto con la única condición de que la flota de autobuses se comprara en México y se les diera a los transportistas».

El convenio, financiado por medio del Fondo de Yucatán, nació para mejorar la conectividad, el comercio y la competitividad de la región; sin embargo, Rodríguez asegura que «el FMLN ya tenía en su haber el negocio con Brasil […] y lo que hicieron fue endeudar al país con $45 millones y ofrecer muchas cosas. El negocio ya lo tenían hecho. No quisieron escuchar otras voces. Ya tenían los votos».

Fue en noviembre de 2011 cuando el congreso salvadoreño autorizó al Gobierno de Funes suscribir con el Banco Internacional de Desarrollo (BID) un contrato de préstamo por los $45 millones para financiar el Programa de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, crédito que fue ratificado en enero de 2012.

«Ese sistema fracasó aparatosamente porque, desde el principio, fue visto por la dirigencia del FMLN como otra forma de corrupción y favoritismo político con sus allegados, dentro de los cuales estaban los empresarios más voraces del transporte público», recuerda, por su parte, el sociólogo René Martínez.

El proyecto inició su construcción durante la administración Funes, y previo a su operación oficial tuvo dos etapas: sin pasajeros, del 11 al 20 de enero de 2015, y con usuarios y pasaje gratis del 21 de enero al 21 de febrero de 2015. Más tarde el Sitramss amplió su recorrido hasta la Plaza Salvador del Mundo, al poniente de San Salvador, usando la red vial ya existente.

Según lo planteado en el programa del proyecto de movilidad masiva, se buscaba «mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general en el Área Metropolitana de San Salvador».

Para Martínez, aquello que se pudo considerar como «buena idea» para mejorar la movilidad «terminó siendo un botín de $45 millones para los corruptos, razón por la que el proyecto del FMLN terminó siendo emblemático, pero en materia de corrupción».

Los gobiernos farabundistas buscaban con el Sitramss «estructurar una ciudad competitiva, eficiente y equitativa, que ofreciera oportunidades de movilidad sostenible a la población de menores recursos y facilitar el transporte hacia las oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social», según la teoría sobre el proyecto.

El politólogo Óscar Peñate recuerda que al «proyecto Sipago-Sitramss se le considera, después de la represa El Chaparral, el segundo gran monumento a la corrupción cometida por altos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y del Viceministerio de Transporte de los gobiernos de FMLN».

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió fallos sobre el Sitramss, que iban desde abrir el carril segregado a vehículos particulares, declarar inconstitucional el uso del carril segregado y dar un plazo de un año a la Asamblea Legislativa para que regulara la licitación y explotación de la obra, lo que no se cumplió.

Hoy, luego de 10 años del primer recorrido, el Sitramss tiene con juicios a varios exfuncionarios y empresarios relacionados con el proyecto, así como a su flota de autobuses articulados y «padrones», y sus estaciones de servicio (paradas) en completo abandono y deterioro por el correr del tiempo.

Opinión | Mauricio Rodríguez, Sociólogo y analista
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.

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Expertos destacan impacto internacional del modelo de seguridad de Nayib Bukele

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Analistas nacionales coinciden en que la política de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele no solo ha logrado una histórica reducción de homicidios y extorsiones en El Salvador, sino que también se ha convertido en un referente internacional para otros gobiernos que enfrentan altos niveles de criminalidad.

El analista Francisco Góchez aseguró que la estrategia salvadoreña, encabezada por el Plan Control Territorial (PCT), ha captado la atención mundial por su efectividad. “Ha logrado desarticular a las pandillas que, durante décadas, causaron sufrimiento a la población”, señaló. Góchez destacó que la baja sostenida en delitos como homicidios y extorsiones es “un logro objetivo e innegable” que podría ser adaptado por otras naciones.

Como parte del interés internacional, recientemente una delegación de funcionarios de Ecuador visitó El Salvador para conocer de cerca el modelo de seguridad salvadoreño. Además, países como Honduras, Chile y el mismo Ecuador han optado por implementar estados de excepción como medida para enfrentar el crimen organizado, inspirados en parte en la experiencia salvadoreña.

Desde marzo de 2022, el Gobierno salvadoreño ha mantenido vigente el régimen de excepción como complemento al PCT, con el respaldo mayoritario de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC en la Asamblea Legislativa. Según cifras oficiales, la medida ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros. Sin embargo, diputadas y diputados de ARENA y VAMOS han votado sistemáticamente en contra de su aprobación y prórrogas.

Para el sociólogo René Martínez, el modelo de seguridad de Bukele es ya un punto obligado en cualquier debate global sobre seguridad pública. “No se puede obviar el impacto de esta estrategia en foros internacionales”, expresó. Martínez también afirmó que Bukele es visto por muchos como un modelo de liderazgo político efectivo. “Es el tipo de mandatario que otros pueblos quisieran tener para resolver los problemas que los aquejan”, opinó.

Ambos expertos coinciden en que el enfoque del Gobierno salvadoreño prioriza los derechos de las víctimas por encima de los de los victimarios, un enfoque que ha marcado una diferencia sustancial respecto a políticas de seguridad anteriores en la región.

Retomado de Diario El Salvador

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