Opinet
Valencia: la tragedia del corrimiento del Estado
«El Estado no es una máquina, es un organismo vivo que debe adaptarse a las necesidades de sus ciudadanos»
Otto von Bismarck
Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre el subtexto de la catástrofe ocurrida en Valencia, la cual ha desencadenado una profunda reflexión sobre la naturaleza del contrato social y la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos. Más allá de la devastación material y el dolor humano, este evento ha puesto de manifiesto una sensación palpable de abandono, que resuena con algunas preocupaciones expresadas por filósofos políticos desde tiempos inmemoriales.
Recordemos a Thomas Hobbes, quien en su obra “El Leviatán” (1651) ya nos advertía sobre la necesidad de contar con un poder soberano capaz de garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en un estado de naturaleza caracterizado por el conflicto. Pues bien, la catástrofe de Valencia nos interpela a preguntarnos si el Estado ha cumplido satisfactoriamente con su papel de protector y proveedor, tal como se concebía en aquel contrato social originario en el cual los ciudadanos otorgan al monstruo total potestad para actuar- e impuestos, muchos impuestos- a cambio de cierta protección.
Por su parte, John Rawls (1971), en su obra titulada “Teoría de la Justicia”, propugnaba la idea de que una sociedad más justa es aquella que se organiza de tal manera que las desigualdades tiendan a beneficiar a los más desfavorecidos. En este contexto, ¿cómo podemos evaluar la justicia de una sociedad a la luz de un evento que ha exacerbado las desigualdades preexistentes y ha dejado a los más vulnerables en una situación de extremo abandono y vulnerabilidad?
Es evidente que la sensación de abandono experimentada por los afectados por la catástrofe nos remite a pensar la noción de ciudadanía y los derechos y garantías que esta conlleva. Al respecto, Hannah Arendt, en “La condición humana” (1958), destacó la importancia de la acción política como medio para construir un modelo común y garantizar el cuidado de la dignidad humana. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí y ahora es: ¿qué implica ser ciudadanos en un contexto en el que los derechos fundamentales parecen estar en juego?
La catástrofe de Valencia ha dejado a relucir la fragilidad de las infraestructuras del poder y la necesidad de replantear las políticas vigentes de urbanización. Muchos han señalado que la construcción indiscriminada en zonas de riesgo, sumada a la falta de inversión en sistemas de drenaje y protección costera, ha agravado los efectos de la DANA. Incluso han circulado estudios recientes que revelan que parte del territorio afectado se encontraba en zonas catalogadas como de alto riesgo hídrico, sumado a la ocupación del suelo agrícola y la impermeabilización del suelo urbano como contribución colateral para aumentar el caudal de los ríos y reducir así su capacidad de infiltración.
Sin embargo, lo que más ha causado molestias, tanto en España como en el resto del mundo, es la revelación mediante redes sociales de cientos de rescatistas de una falta de respuesta coordinada y oportuna por parte de las autoridades nacionales, lo cual agravó severamente la situación. A través de numerosos testimonios, se ha denunciado una demora y retención vulgar en la llegada de los equipos de rescate, como también la escasez de recursos básicos en las zonas más complicadas. Esta situación puntual nos lleva a reflexionar y a cuestionar la efectividad del Estado de bienestar y a pensar sobre el concepto del “corrimiento del Estado”, es decir, la tendencia de las instituciones a desvincularse de sus obligaciones constitucionales y sociales para así priorizar intereses partidistas por encima del bien común: la rivalidad política y la falta de coordinación entre todos los estratos del gobierno impidieron una acción efectiva y oportuna.
Como bien sabemos, el modelo de Estado de bienestar, concebido como un sistema de protección social que garantiza a todos los ciudadanos unos niveles mínimos de dignidad común, viene sufriendo una transformación y una correspondiente devaluación en las últimas décadas. La crisis económica de 2008 aceleró un proceso de desmantelamiento gradual de los servicios públicos, caracterizado por permanentes recortes presupuestarios, privatizaciones y precarizaciones en el seno del empleo público, sobre todo en salud y educación. Esta situación no ha hecho otra cosa que debilitar la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de emergencia y ha dejado a amplios sectores de la población en un estado de desprotección nunca antes visto desde el regreso de la democracia.
En el caso puntual de Valencia, la crisis del precitado Estado de bienestar se ha manifestado de manera especialmente aguda. La falta de inversión en prevención de riesgos, la reducción de personal en los servicios de emergencia y la precarización constante de las condiciones laborales de los trabajadores públicos han contribuido a agravar los efectos de la catástrofe. Además, la desigualdad social existente, silenciosamente creciente a ritmo sostenido durante la última década, ha hecho que los sectores más vulnerables de la población sean los más afectados por la crisis.
Lo acontecido recientemente en Valencia nos interpela a reflexionar sobre el futuro del Estado de bienestar, puesto que es necesario replantear el modelo actual, superando la lógica mezquina y mentirosa de una austeridad selectiva para proceder a apostar por una mayor inversión en servicios públicos de calidad. Asimismo, es fundamental pensar en el fortalecimiento de la gobernanza inter y multi nivel, promoviendo redes de colaboración entre las diferentes administraciones y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones en momentos drásticos.
Los eventos precitados han manifestado la urgencia de superar las estrechas divisiones partidistas que caracterizan la tan vapuleada política española. Al respecto, John Stuart Mill sostuvo que es esencial que haya un amplio acuerdo sobre los principios fundamentales de la política, a fin de que la sociedad pueda funcionar de manera más eficaz y profunda. Aún así, la polarización política ha puesto palos en la rueda para alcanzar dicho consenso, obstaculizando la implementación de políticas públicas efectivas y generando una creciente desconfianza en las instituciones. Cuando suceden este tipo de tragedias, como ya vimos en el contexto del COVID-19, las disputas partidistas pueden poner en riesgo el bienestar de la ciudadanía y socavar la cohesión social. Justamente por ello, es necesario y urgente que se pueda trascender la ambición individualista de las ideologías partidistas y construir un proyecto nacional común, basado en los valores de la solidaridad, la justicia y la protección de la dignidad de todos los ciudadanos.
Si bien la reacción tardía por parte del gobierno nacional ante la crisis de Valencia ha sido repudiada en redes sociales, la respuesta inmediata se ha traducido en paquetes especiales de ayudas económicas que, por supuesto, siempre serán una buena noticia, sobre todo si se utilizan esos fondos con honestidad, seriedad y criterio. Ahora bien, la tendencia a solucionar los problemas regionales mediante la transferencia de fondos desde el centro, aunque es necesario en situaciones de emergencia, puede generar una peligrosa relación de dependencia mientras que socava la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar sus asuntos sin el peso del “compromiso” que los paquetes conllevan tras de sí. Como advirtió oportunamente Alexis de Tocqueville en “La democracia en América”, la centralización excesiva del poder puede llevar a la pasividad de los ciudadanos y a la atrófica de las instituciones locales. Al respecto, es fundamental que se logre encontrar un equilibrio entre la solidaridad nacional y la autonomía regional, promoviendo la subsidiariedad y fortaleciendo las capacidades propias de cada comunidad para hacer frente a los desafíos que enfrentan.
No obstante lo anterior, es crucial aclarar que la defensa de la autonomía regional no implica en absoluto desentenderse de las responsabilidades y obligaciones del Estado central. La construcción del precitado equilibrio requiere de un compromiso a largo plazo por parte de ambas instancias: el Estado nacional debe garantizar la cohesión territorial, proporcionando los recursos y las herramientas necesarias para que las comunidades autónomas puedan desarrollar sus potencialidades, mientras que las comunidades deben asumir sus responsabilidades en la gestión de sus servicios públicos y la promoción del desarrollo local, respetando los principios básicos de solidaridad y equidad. En vistas de ello, se torna necesario establecer un marco de colaboración que defina claramente las competencias de cada nivel de gobierno y que permita una coordinación efectiva en la gestión de las políticas públicas.
El evento catastrófico en Valencia dejó al descubierto una serie de gallos en la gestión de la emergencia que, según indican algunos especialistas, pudieron haberse evitado. La tardanza en la activación de los protocolos de alerta, la insuficiencia de los medios de rescate y la descoordinación entre las diferentes administraciones provocaron una situación de caos y desamparo que, no quedan dudas, agravó las consecuencias del desastre. La imagen de personas atrapadas en sus vehículos y en sus viviendas durante horas y días, sin recibir ayuda inmediata, es una muestra de la fragilidad de un sistema que reveló no estar preparado para afrontar un acontecimiento de esta magnitud. Estos hechos trágicos pusieron de manifiesto la urgencia de reformar en profundidad el sistema de protección civil y de garantizar una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier tipo de infortunio, ya sea natural o no.
Aún así, y a pesar de la ineficiencia de algunos burócratas a cargo de instituciones públicas, la catástrofe de Valencia también nos mostró la cara de la fuerza transformadora de la solidaridad ciudadana. Miles de voluntarios, provenientes de todo el país, se movilizaron espontáneamente para brindar ayuda a los afectados. Bomberos, equipos de rescate, personal sanitario y ciudadanos de a pie están trabajando incansablemente en labores de limpieza, búsqueda, rescate y asistencia. Este tipo de respuesta, desinteresada y coordinada a través de organizaciones no gubernamentales mediante redes sociales y plataformas digitales, pone de manifiesto el poder de la acción colectiva y la importancia de los vínculos comunitarios. Como afirma Arendt, la acción humana, entendida como la capacidad de los seres humanos para iniciar procesos nuevos y transformar el mundo, se manifiesta con especial intensidad en los momentos más difíciles. El amor que están poniendo los voluntarios valencianos es un claro ejemplo de cómo la acción política, en su sentido más amplio, puede surgir desde la sociedad civil, y no desde un escritorio en Madrid, para transformar positivamente la realidad.
La DANA en Valencia es un crudo recordatorio de las fragilidades de nuestro sistema democrático a nivel mundial, y de la urgencia de replantear nuestras prioridades. La desazón que produce el desastre ha puesto de manifiesto todas las limitaciones de una gestión basada en la improvisación y la falta de coordinación, así como las consecuencias de una visión cortoplacista que siempre prioriza los intereses particulares de una pequeña casta política por sobre el bien común. Es necesario, pues, realizar una profunda reflexión sobre nuestro modelo de desarrollo y sobre la relación entre el ser humano y el ambiente en el que habita. Las palabras de Edmund Burke resultan especialmente pertinentes en este contexto, cuando señala que la sociedad es una asociación entre los vivos, los muertos y los que aún no han nacido. Pues bien, amigos míos, la gestión del territorio nacional y la protección del mismo no pueden limitarse a una perspectiva mezquina y coyuntural, sino que se deben tener en cuenta las implicaciones para las generaciones futuras.
A pesar de la gravedad de la situación, la crisis valenciana también ha revelado algo maravilloso: la capacidad de resiliencia y solidaridad de la sociedad española. La respuesta espontánea y gratuita de miles de voluntarios demuestra que, ante la adversidad, los seres humanos somos capaces de superar nuestras diferencias y unirnos en torno a un objetivo común. Esta experiencia es, sin duda, un punto de partida para construir un futuro más justo y sostenible, basado en los principios de solidaridad, cooperación y respeto por la dignidad humana. Por ello, es crucial aprovechar este momento, para fortalecer las instituciones, mejorar los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias y fomentar una cultura de la responsabilidad y la participación ciudadana antes, durante y después de que se limpie el barro. Aunque el camino sea largo y tortuoso, debemos conservar la esperanza y trabajar juntos para que, cuando la tierra lo decida, estemos mejor parados y preparados.
Lisandro Prieto Femenía
Docente – Escritor – Filósofo
San Juan – Argentina
Por: Dionisio De Jesús
Lo que se esperaba era que se cediera la isla de Roatán a unos gobiernos de ultraderecha para montar ahí otra base militar. Que se volviera al contrato de la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades autónomas, que el anterior gobierno de los Zelaya había rescindido y los poderes extranjeros se pusieron muy molestos.
Esta semana los protagonistas del “supuesto” escándalo de los audios volvieron a reclamar inocencia respecto del asunto. Dicen, o mejor, dice el expresidente JOH, que es una falsedad, que nunca se comprobó que sea su voz, ni las otras que intercambian en los audios que supuestamente fueron enviados por los susodichos personajes de la “política” hondureña y que remecieron los cimientos de una fauna política que cada vez da más terror en un país en el que todavía no se ha visto nada de todo lo que son capaces de hacer y desatar estos grupos de delincuentes de la mala política vernácula e internacional disfrazados de patriotas.
CNN dice que no han verificado la autenticidad de los audios filtrados, pero el Diario Red, de España, quien dio a conocer el escándalo, habla de que se pasó por la plataforma el software Phonexia Voice Inspector, desarrollado por la empresa checa Phonexia. De acuerdo con los resultados publicados por Hondurasgate, “los 37 audios contendrían voces humanas y no habrían sido generados con inteligencia artificial”. Eso lo dice la cadena de noticias norteamericana este miércoles 3 de junio de 2026, en que estoy redactando esta nota para Acento.com, el diario dominicano para el cual cada semana escribo unas reflexiones sobre los más disímiles asuntos, referenciando una entrevista que le dio el susodicho Juan Orlando Hernández, principal protagonista de esta trama de mal gusto.
¿Pero qué es lo que contenían o contienen estos audios que han dado tanto de qué hablar en el último mes y medio al darse su filtración a los medios internacionales? Lo primero es que se destapa una trama de burda política y uso de recursos de dudosa procedencia para activar unas estructuras de comunicación con el fin de dañar a varios líderes y presidentes de la región, aupados por otros políticos que activan en la ultraderecha internacional. Hablamos de los mencionados Javier Milei, presidente de Argentina; Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien habría accedido a la liberación bajo la figura del perdón presidencial para JOH, pero a pedido del gobierno de Israel, que proveyó los fondos para ese objetivo; quien habría estado de acuerdo con que se pusiera en marcha la trama desestabilizadora; del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y del propio presidente actual de Honduras, Tito Azfura (Papi a la Orden), así como del expresidente Juan Orlando Hernández, operador de la trama. En esto se menciona también a la designada presidencial de Honduras, María Antonieta Mejía, y al presidente del órgano legislativo de ese país, Tomy Zambrano.
Como se ve, estos audios, de ser ciertos, revelan la trama más macabra para ir minando a unos gobiernos y gobernantes que hoy no son muy afines a la ideología de la ultraderecha internacional que activa desde diferentes lugares y gobiernos. La reacción no se hizo esperar. Por un lado, el presidente Gustavo Petro de Colombia expresó: «Así se mueven las redes de la extrema derecha comunicacional. El dinero sale de la cocaína y de Israel». Asimismo, habló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien atribuyó la supuesta trama a un intento de la «derecha internacional» de difundir falsedades, aunque aseguró que no le haría «mella».
Los audios filtrados se habrían grabado en WhatsApp, Signal y Telegram entre enero y abril de 2026. Los materiales vienen acompañados por transcripciones, análisis técnicos y publicaciones en redes sociales. Y han sido la comidilla política del último mes, siendo Honduras el país protagonista y donde los medios tradicionales que rinden pleitesía a los grupos de poder, aparentemente expuestos aquí, silenciaron por completo estos rumores, a tal punto que se impuso un silencio que aterra y da mucho qué pensar de cómo de comprometidos están estos medios con los que el pasado 30 de noviembre se robaron las elecciones, elecciones que representaban una esperanza para el pueblo llano y una nueva espiritualidad para los que creían todavía en el ejercicio pleno y sagrado del voto sin ningún amaño ni componenda de la índole que sea.
«El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él, tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación», se escucha en una grabación. Otros audios hablan supuestamente de crear una «célula informativa» en Estados Unidos para difundir información contra gobiernos y figuras de izquierda en América Latina. «Se vienen unos expedientes contra México y Colombia», dice presuntamente Hernández en otro fragmento. Estos son algunos de los audios filtrados en los que, según los difusores de los contenidos, son audios reales.
Según los medios que difundieron el material, las grabaciones revelarían una presunta red de influencia integrada por actores políticos de Honduras, Estados Unidos, Israel, Argentina y otros sectores conservadores de la región para atacar o desestabilizar gobiernos progresistas latinoamericanos. Las publicaciones han tenido repercusión especialmente en México, Colombia y Honduras. Dinero sucio, dinero puesto al servicio de los más burdos intereses en contra de un pueblo y su gente que apostó a que habría una salida democrática en las elecciones de noviembre pasado, pero que se despertaron con la noticia de que le habrían secuestrado su voluntad e impuesto otra con fines inconfesables, pero que ahora, de ser ciertos estos audios, revelan una gran estafa y un amañamiento de la voluntad de toda una nación.
Y en medio de todo este affaire está el nuevo Pirata Walker (Trump), que ya volvió a Centroamérica para adueñarse de lo poco que han dejado en los siglos anteriores, pero no viene solo, viene con la rapiña del país que dicen el elegido por Dios. Tamaña osadía la del Señor de dotar de poder a unos desalmados. El caso, bautizado como «Hondurasgate», incluye acusaciones de conspiración, campañas de desinformación y supuesta injerencia internacional. Pero también abre otra pregunta: ¿son auténticas las grabaciones? Todos los involucrados las han negado y dicen que obedece a una “otra trama de sus enemigos políticos” (JOH).
Esta trama (no la que JOH dice) busca debilitar a gobiernos de izquierda en América Latina y asegurar el control político en Honduras. El caso salió a la luz pública a través de una investigación del medio español Diario Red en colaboración con periodistas hondureños. Los políticos clave involucrados: Juan Orlando Hernández (JOH), expresidente de Honduras. Aparece como el articulador principal de la red. En los audios se discute su liberación tras recibir un indulto de Donald Trump (luego de haber sido condenado por narcotráfico en EE. UU.) y sus planes para recuperar influencia política o retornar a la presidencia.
Los audios detallan el uso de cientos de miles de dólares para financiar plataformas digitales y lanzar campañas masivas de fake news. El objetivo principal es atacar y desestabilizar las gestiones de Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia, empleando narrativas sobre inseguridad y narcotráfico. En las conversaciones se menciona el supuesto respaldo financiero y político de actores del Partido Republicano de EE. UU., el gobierno de Israel (quienes habrían cabildeado a favor del indulto de JOH) y la cooperación del mandatario argentino Javier Milei para montar la red de difusión mediática.
Todo un culebrón al estilo Venezuela en sus mejores tiempos de RCTV. Pero esta es la parte simpática, si se quiere, porque lo otro es lo que aterra: que operadores políticos no se detengan ante nada ni nadie con tal de conseguir los más espurios resultados. Eso dicen: en política se vale todo, aun a costa de la gente que creyó que se estaba jugando limpio y no. Estas elecciones hondureñas han sido, por mucho, las más amañadas de su historia, porque se permitió que la injerencia extranjera vulgar, de la peor calaña, calara hasta el tuétano de los estamentos políticos, empresariales y de cualquier tipo. Porque cada uno de ellos jugó su papel para que hoy volviera la cáfila de desalmados a gobernar un país que tenía puesta la esperanza en alguien, Salvador Nasrrala, que, por ser tan pusilánime, se la dejó tragar toda. Y ahí anda, como si ahí no hubiera pasado nada. Como si también él supiera de la trama y callara y se reciclara tan rápidamente.
¿Y después de esto qué es lo que hay y qué esperar para este país, al que no le espera nada bueno en estos cuatro años? Lo primero es que los sectores que comulgan con el crimen y la corrupción se están acomodando de la mejor manera. Ya se vendió la dignidad por unos dólares más. Ya se hipotecó el país a quién sabe qué intereses oscuros. Lo que se esperaba era que se cediera la isla de Roatán a unos gobiernos de ultraderecha para montar ahí otra base militar. Que se volviera al contrato de la expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades autónomas, que el anterior gobierno de los Zelaya había rescindido y los poderes extranjeros se pusieron muy molestos. Los sectores políticos y empresariales de derecha que se prestaron a este diabólico plan político saben que solo el crimen organizado gana en estas jugadas y que lo que le espera al pueblo hondureño no es nada bueno.
Solo vamos a enumerar lo que la violencia ha acarreado desde que se ha instalado el nuevo gobierno apadrinado por la Administración Trump y demás comparsas: Honduras ha mostrado señales de resurgimiento de la violencia y el crimen organizado. La CEPAL, OVUNAH y la Secretaría de Seguridad así lo atestiguan. +5 % a 6,2 % ha crecido desde enero hasta abril de 2026, donde hubo 624 homicidios, 5,05 % más que en el mismo periodo de 2025. Unos seis homicidios diarios. Solo en 110 días de 2026 ya sumaban 700 homicidios. Más de siete matanzas han ocurrido en el país en lo que va de año, atribuidas al crimen organizado y a la recomposición de los carteles en busca de sus antiguos territorios y negocios. Los organismos internacionales lo atribuyen al fin del Régimen de Excepción desde que el nuevo gobierno se instaló en enero de 2026.
¿Y qué esperar? Que se agudice aún más la violencia. Solo en un día hubo una matanza de 23 ciudadanos en un predio de la zona norte del país. Y, sin embargo, que siga la fiesta: las consejeras del CNE, que le vendieron su alma al diablo, ya cobraron en especies y en otros valores su trabajo de plegarse a los intereses más oscuros de la injerencia internacional. Las dos fueron premiadas con sendas embajadas y, lo más bonito, al terminar este periodo gubernamental volverán a sus antiguos puestos del CNE. Menuda transacción se dio. Así se negocia, con audio o sin audios, la soberanía de un país que no es un pobre país, sino que le tenemos lástima a los de a pie.
Hasta ahora, ninguna agencia internacional ni institución independiente ha confirmado públicamente la autenticidad de los audios. Muchas preguntas siguen abiertas en el «Hondurasgate». Lo que sí es cierto es que, con este episodio de la más triste forma de engañar a un pueblo, se vendió, se traficó con la dignidad de los que, creyendo que la esperanza era posible con su voto, se acostaron pensando que al otro día otro país sería y luego oyeron, atónitos, vía estos audios, verdad o mentira, que ya no les quedaría nada con qué soñar un país nuevo y distinto. Los mismos de siempre volvieron a salirse con la suya. Esta vez, acompañados de lo más corrupto de la política internacional. Que Dios nos coja confesados.
Por: Dionisio De Jesús
El docente y escritor salvadoreño Rafael Góchez analizó el escenario político nacional a partir de los resultados de la más reciente encuesta de LPG Datos y consideró poco probable que el respaldo ciudadano hacia el gobierno del presidente Nayib Bukele experimente cambios significativos antes de las elecciones generales previstas para el 28 de febrero de 2027.
Durante una entrevista, Góchez señaló que los niveles de aprobación reflejados en los estudios de opinión se han mantenido elevados y afirmó que proyectos de gran impacto, como el nuevo Hospital Nacional Rosales y otras obras en desarrollo, podrían contribuir a mantener la percepción favorable hacia la actual administración.
El analista destacó que la encuesta de LPG Datos otorgó al presidente Bukele un nivel de aprobación del 85.5 %, señalando que la gestión en materia de seguridad figura entre los principales factores asociados a ese respaldo. Asimismo, indicó que, pese al margen de error inherente a toda encuesta, el nivel de aceptación mostrado por el estudio es considerablemente alto.
Góchez también hizo referencia a una encuesta de CID Gallup realizada en mayo, la cual reportó que el 93 % de los salvadoreños aprueba al mandatario tanto por su gestión como por su imagen.
Además, señaló que, según datos de LPG Datos, cerca del 60 % de la población no se identifica con ningún partido político. No obstante, afirmó que el fenómeno político vinculado al presidente Bukele ha encontrado respaldo en ese segmento de la población y se ha mantenido en él.
Finalmente, sostuvo que la ciudadanía valora cada vez más la efectividad de la gestión gubernamental por encima de las ideologías partidarias. Como ejemplo, mencionó la inauguración del nuevo Hospital Nacional Rosales, la cual, a su juicio, refleja cambios en la estructura y funcionamiento del sistema de salud.
Buena parte de la historia de El Salvador, sus personajes célebres, sus tradiciones, mitos, leyendas, la época prehispánica, las especies animales y vegetales han quedado registrados en millones de sellos postales creados por el gran artista Francisco Guadrón.
Por más de 32 años don Paco laboró en Correos de El Salvador y fue el responsable de documentarse, así como elaborar los bocetos que luego dieron vida a grandes tirajes impresos.
«Diseñé unos 500 sellos postales», aseveró durante la entrevista El Salvador Today, de Diario Digital Cronio.
Con óleo, acuarela, lápiz o cualquier técnica pictórica conocida, don Paco dibujó y pintó a mano cada una de sus creaciones.
En piezas de papel, don Paco conserva algunos de los trabajos hechos, aunque también preserva en un álbum muchos de la sellos ya listos para adherirse a las cartas o encomiendas.
Hizo series (de tres, cuatro o seis sellos) alusivas a temas específicos, por ejemplo, una para grandes escritores salvadoreños que incluyen, por supuesto, los retratos de los autores y autoras.
Pintó a Lilian Serpas, Roque Daltón y Waldo Chávez Velado, entre otros.
Hay una serie dedicada las leyes de El Padre sin Cabeza, El Cipitío y La Sigüanaba.
Una más fue dedicada a grandes cantantes latinoamericanos, por lo que dibujó y pintó los rostros del mexicano Pedro Infante, la cubana Celia Cruz y el tambiéb mexicano Pedro Vargas.
«Además de los sellos se elaboraba una hoja recuerdo (con todas las imágenes cerradas para una serie) y salía el día que se ponían a circular los sellos. También se hacía otro diseño de un sobre del día», compartió el dibujante y diseñador.
Según indicó para todas las temáticas desarrolladas se auxiliaba de expertos y buscaba bibliografía para todos los diseños que elaboraba. Los expertos también validaban su trabajo.
Don Paco reconoce que la encantaba dibujar y aprender sobre la fauna salvadoreña, por lo que muestra con orgullo los dibujos de un tucán y un mono araña, entres muchas especies.
Su vasto y delicado trabajo se conserva como documentos de consulta en Correos de El Salvador, donde también hay un museo abierto al público.
