Por: Lisandro Prieto Femenía

«Debemos preguntarnos si el mercado asigna los salarios de manera justa o si simplemente reflejan una distribución arbitraria de oportunidades»: Michael Sandel

Siguiendo el hilo de nuestra reflexión anterior, titulada «¿Debemos confiar nuestra vida cívica al mercado», hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre una entrevista complementaria a Michael Sandel, titulada «¿Vale más Neymar que un maestro?», en la cual nuestro filósofo expone cuestiones fundamentales sobre el valor económico de las profesiones, la meritocracia y la justicia en la creación y distribución de recursos en nuestras sociedades. Su posicionamiento cuestiona la lógica con la que se suelen asignar los salarios y el prestigio social a distintos trabajos, invitándonos a una reflexión más profunda sobre los principios éticos que guían nuestras economías.

En primer lugar, Sandel plantea una pregunta provocadora, puesto que una filosofía que no provoca al indagar, no sólo no sirve para nada, sino que es nociva y servil a la industria cultural de la moda de turno: ¿Por qué un futbolista gana millones de dólares mientras que un docente, cuya labor es esencial para cualquier sociedad, recibe un salario indigno? Este interrogante nos lleva a pensar en la distinción filosófica entre valor económico y valor moral, algo que no es común debatir en ningún medio masivo de comunicación en nuestros días.

«Debemos preguntarnos si el mercado asigna los salarios de manera justa o si simplemente reflejan una distribución arbitraria de oportunidades»

Recordemos brevemente que Aristóteles, en su «Ética a Nicómaco», diferenciaba entre el valor de uso y el valor de cambio, señalando que «el dinero no es más que un medio de intercambio y no debe ser el fin último de la vida» (Ética a Nicómaco, Libro V). Asimismo, en misma obra, Aristóteles también distingue entre justicia distributiva y conmutativa, haciendo foco en el aspecto particular de la implicancia de la primera, que busca asignar recursos de acuerdo con el mérito y la contribución a la polis. Desde esta perspectiva, podríamos preguntarnos si la asignación de ingresos en el mercado sigue esta lógica o si, por el contrario, se basa en factores individuales y arbitrarios, como la demanda y la rentabilidad del entretenimiento.

Por su parte, y en el mismo sentido, Karl Marx analizó cómo el capitalismo asigna valor de acuerdo con la lógica del mercado y no según la importancia social del trabajo, afirmando que «el valor de una mercancía es determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesario para producirla» (El Capital, Tomo I). En síntesis, Marx está criticando cómo en el capitalismo el valor de los bienes y servicios no se relaciona con su utilidad social real, sino con la acumulación misma de capital, motivo por el cual introduce la idea de «fetichismo de la mercancía» para explicar cómo en el capitalismo, las relaciones sociales entre personas se ocultan detrás de las relaciones entre cosas. Es decir, en lugar de reconocer que los bienes y servicios son el resultado del trabajo humano y de las estructuras sociales, el mercado los presenta como si su valor fuera intrínseco y determinado por una lógica impersonal.

«A los ojos de los hombres, las relaciones sociales de su propio trabajo adquieren la forma fantasmagórica de una relación entre cosas» (El Capital, Tomo I, Capítulo 1).

Este concepto nos permitiría entender cómo el salario de un futbolista se percibe como el reflejo de su «valor de mercado», sin cuestionar las estructuras sociales que permiten esta disparidad pornográfica. En este sentido, el fetichismo de la mercancía contribuye a la naturalización masiva de la desigualdad, ya que oculta el hecho de que el mercado no es un mecanismo neutral, sino un sistema construido sobre decisiones políticas y económicas que favorecen ciertas actividades sobre otras. Así, el valor económico no sólo se aparta del valor moral, tal como señala Sandel, sino que también se presenta como una realidad objetiva cuando, en el plano de lo fáctico, es el resultado de relaciones de poder de unos pocos sobre unos muchos.

Ahora bien, desde una perspectiva contemporánea, podríamos cuestionar si el mercado realmente se toma el trabajo de reflejar nuestras prioridades como sociedad o si, por el contrario, impone valores que terminan desdibujando nuestra concepción de lo justo y lo necesario. En este punto, entonces, cabe preguntarse: ¿Debería haber un mecanismo para equilibrar la distribución del valor económico en función del impacto social de las profesiones? o, más claro aún ¿debería existir una reestructuración del valor basada en la contribución social en lugar de en la lógica de la mano invisible del mercado?

Estos interrogantes se pueden tamizar claramente en la entrevista a Sandel, cuando cuestiona la lógica que rige la asignación de valor económico a las profesiones, y un ejemplo paradigmático de esta problemática es la labor de los docentes. A pesar de ser los pilares sobre los cuales se erige el conocimiento de todas las demás profesiones, su trabajo suele ser infravalorado tanto en términos económicos como en reconocimiento social.

Al respecto, es interesante recuperar el aporte de Hannah Arendt en «La crisis de la educación» (1954), donde afirmaba que la educación es el punto en el que decidimos si amamos lo suficiente al mundo como para asumir la responsabilidad de él. A pesar de ello, nuestra sociedad ha decidido desatender a quienes cumplen esta función esencial, al punto de atomizarla, degradarla, licuarla y convertirla en lo que es hoy, un producto básico y mediocre para quienes no pueden pagar, y un producto de lujo y complejidad para quien sí pueda pagar. Así nos va…

En este aspecto, John Dewey, en «Democracia y educación», nos advertía que una sociedad que descuida la formación de sus ciudadanos está condenada a reproducir desigualdades y carencias estructurales. Si la educación es la base del desarrollo de cualquier nación, entonces los docentes no sólo deberían recibir salarios dignos, sino que su profesión debería ser reconocida como la condición de posibilidad de todas las demás. Sin ellos, amigos míos, no existirían médicos, ingenieros, filósofos, artistas ni economistas. Sandel nos está invitando a reconsiderar nuestras prioridades y a preguntarnos si estamos dispuestos a aceptar un modelo que margina a quienes sostienen el futuro intelectual y moral de nuestras sociedades: si la educación es un derecho fundamental, pues su preservación y fortalecimiento deberían estar en el centro de nuestras decisiones políticas y económicas.

Otro punto central en la entrevista precitada es la crítica que Sandel realiza sobre la idea de la meritocracia. En principio, este concepto sugiere que el esfuerzo y el talento individuales determinan el éxito de una persona. Sin embargo, esta visión ignora completamente que las condiciones iniciales no son equitativas para todos: la familia en la que se nace, la educación recibida, el acceso a recursos y redes de apoyo juegan un papel determinante en las oportunidades que cada individuo tiene. En otras palabras, queridos lectores, nadie llega a ningún lado sólo por su esfuerzo y sus condiciones, es necesario el aporte de una familia, una comunidad y una nación, los cuales sientan las bases de las condiciones necesarias para prosperar o fracasar.

«La idea de que el éxito es exclusivamente fruto del esfuerzo individual o personal , es una falacia, pues ignora las condiciones de origen y las oportunidades desiguales»

En criollo, amigos míos, lo que Sandel nos está indicando es que nadie llega a grande solito. El discurso liberal nos quiere hacer creer que un día nos levantamos en la mañana y, por nuestro esfuerzo en soledad, hemos conseguido todo lo que tenemos. Patrañas, que sólo pueden ser verosímiles y creíbles para una masa social totalmente adormecida y carente de cualquier atisbo de pensamiento y crítica: hay que decirlo sin tapujos, las desigualdades estructurales moldean el futuro de las personas, antes incluso de que puedan hacer uso de su supuesto mérito.

«La herencia social influye profundamente en la capacidad de una persona para acumular capital económico, social y cultural» (Bourdieu, «La distinción», 1979).

Más aún, cuando Sandel retoma esta crítica y la aplica al contexto postmoderno nos dice con claridad que el problema de la meritocracia no sólo radica en la falsa creencia de que el esfuerzo es el único factor del éxito, sino también en el desprecio que genera hacia quienes no logran ascender socialmente. Como él mismo señala en su obra «La tiranía del mérito», la meritocracia moderna fomenta un sentimiento de arrogancia entre los «ganadores» y de humillación entre los «perdedores», cuando en realidad el destino de cada individuo está fuertemente condicionado por factores externos. Fuera de lo teórico, quién no ha conocido en su vida algún que otro cabeza de termo moralista que habla con asco de quienes no tienen lo que él sí, por «no haberse esforzado lo suficiente», mientras que este Juan Pérez nació en la comodidad de un hogar donde no faltaba absolutamente nada, y aquél Mengano a quien él critica se crió en una familia en la cual la madre simulaba dolor de estómago a la hora de la cena, para que alcance para todos.

En este sentido, el mercado, al premiar desproporcionadamente ciertos talentos sobre otros (como los futbolistas sobre los maestros), refuerza desigualdades que no dependen en absoluto del esfuerzo personal. Por ello, según Sandel, la meritocracia no sólo es un mito, sino que sirve como mecanismo perverso de legitimación de la desigualdad, al hacer parecer naturales y justas diferencias que en realidad son producto de estructuras económicas y sociales que deben ser cuestionadas. En modo meme: Ricardo expresa «éstos vagos se quejan, pero no se han esforzado lo suficiente». Ricardo: jamás trabajó ni en un quiosco y vive de la totalidad de la herencia recibida por sus padres. ¿Realmente recompensamos el esfuerzo y el talento, o simplemente perpetuamos estructuras de privilegio?

Finalmente, Sandel nos convoca a pensar en el papel que tiene la filosofía en la discusión sobre la economía y la justicia. En una era totalmente dominada por criterios de eficiencia, rendimiento y crecimiento, los debates filosóficos sobre qué constituye una distribución justa de los recursos parecen haber quedado en segundo plano. Pues sí, ya que vemos que la gran mayoría de «intelectuales» de la academia, en lugar de estar pensando en que la economía no puede desligarse de cuestiones éticas y políticas, están ocupados defendiendo agendas progres foráneas de minorías que exigen caprichos disfrazados de derechos, mientras alrededor la sociedad padece hambre y sed de justicia en todos los ámbitos de su vida.

El mercado, lejos de ser una entidad etérea y neutral, está construido sobre decisiones morales y políticas concretas. Determinar qué trabajos son los más valiosos y cómo se distribuyen los beneficios de la producción es, en última instancia, una cuestión de justicia. En este sentido, la filosofía que no es progre ni servicial a los gobiernos corruptos de turno y sus patéticas agendas culturales, tiene el poder de cuestionar y reformular los principios que rigen nuestras sociedades, proponiendo alternativas más equitativas y humanas que sean, al mismo tiempo, rentables y convenientes.

«Si queremos una sociedad justa, debemos preguntaros no sólo cómo distribuir la riqueza, sino también qué valores queremos que refleje nuestra economía»

En definitiva, la entrevista de Michael Sandel que les he propuesto analizar, abre una discusión fundamental sobre la forma en que valoramos el trabajo y las profesiones, la falacia de la meritocracia y el papel de la filosofía en la crítica a la economía y la política. Al confrontar estas cuestiones, no con el insumo del periodista del prime time del noticiero rentado, sino con el arsenal teórico y práctico del pensamiento occidental, podemos ver que la reflexión sobre la justicia económica no es nueva, pero sigue siendo urgente. Si realmente queremos vivir en sociedades más justas, debemos replantearnos qué valoramos y por qué, asegurando que las decisiones políticas y económicas reflejen verdaderamente los principios éticos que sustentan el ya casi extinto bien común.

Lisandro Prieto Femenía
Docente. Escritor. Filósofo
San Juan – Argentina

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«Hemos pasado de tener una economía de mercado a ser una sociedad de mercado», Michael Sandel

Hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre una realidad que nos atraviesa a todos, pero no por igual: en el mundo contemporáneo, los mercados ocupan un lugar central en nuestras vidas, en tanto que no sólo determinan lo que compramos o vendemos, sino que también influyen en áreas fundamentales como la educación, la salud, la justicia e incluso las relaciones humanas. Esta «omnipresencia» nos obliga a preguntarnos ¿deberíamos permitir que los mercados guíen todos los aspectos de nuestra vida cívica? Este razonamiento es explicado con magistral claridad y profundidad por Michael Sandel, en su disertación titulada «¿Por qué no deberíamos confiar nuestra vida cívica al mercado?», en la cual argumenta que esta tendencia erosiona los valores cívicos y democráticos, sustituyéndolos por una lógica mercantil que socava la justicia, la dignidad y la igualdad.

«Cuando los valores de mercado se infiltran en áreas de la vida que no deberían ser gobernadas por ellos, corremos el riesgo de perder algo importante: nuestra capacidad para debatir sobre el bien común.»

Comencemos el análisis brindando un pequeño bosquejo del contexto epistémico de Sandel, quien plantea que en las últimas décadas hemos pasado de tener economías de mercado a convertirnos en sociedades de mercado, donde casi todo se encuentra disponible para venderse. Según nuestro autor, esto no sólo genera desigualdad económica, sino que también corrompe los valores esenciales de cada comunidad.

«La educación no es simplemente un vehículo para el crecimiento económico individual, sino un bien público que debe fomentar la igualdad de oportunidades y la ciudadanía activa.»

Para comprender en profundidad este planteo, es necesario que ahondemos en los ejemplos que el mismo Sandel desarrolla. En primer lugar, plantea cómo la educación se ha convertido en un bien de consumo. En muchos países, la educación privada de calidad tiene costos prohibitivos, lo que refuerza las desigualdades sociales: universidades prestigiosas como Harvard o Stanford en Estados Unidos, tienen tasas de matrícula extremadamente altas, accesibles sólo para una élite económica, dejando a estudiantes de menores recursos con opciones limitadas. Paralelamente, la mercantilización de la educación también se observa en la proliferación de préstamos estudiantiles, que endeudan a millones de jóvenes al tratar la formación como una inversión financiera en lugar de un derecho.

«En la Universidad de California en Berkeley, que es una universidad pública, los estudiantes de fuera del estado pagan una matrícula más alta que los estudiantes del estado. Y en algunas universidades públicas, los estudiantes de fuera del estado pueden pagar una prima para inscribirse en clases populares que de otro modo estarían llenas».

En segundo lugar, y ésto lo podemos vivir casi todos los países occidentales, la conversión de la salud a un lujo para pocos. Los sistemas de salud privatizados, domo el de Estados Unidos, muestran cómo el acceso a tratamientos de calidad depende directamente del poder adquisitivo de las personas. Según el informe del año 2022 de la Fundación Commonwealth, más del 40% de los norteamericanos no puede pagar atención médica básica, sin incurrir en deudas. En contraste, podemos ver países con sistemas de salud pública sólidos, como los escandinavos, que promueven la salud como un derecho para todos sus ciudadanos, sin importar sus ingresos, evidenciando la tensión entre los valores cívicos y la lógica mercantil.

«Cuando permitimos que los mercados decidan quién tiene acceso a recursos esenciales, dejamos que la desigualdad económica determine la dignidad humana.»

Un último ejemplo podemos evidenciarlo en el vínculo del concepto de democracia y el ejercicio del poder político. Bien sabemos que en la política postmoderna, el dinero juega un papel fundamental: las campañas electorales dependen de donaciones privadas, lo que otorga a los grandes capitales una influencia desproporcionada sobre las políticas públicas. Pues bien, en este aspecto particular, Sandel critica cómo el financiamiento privado crea una democracia esencialmente desigual, en la que las voces de quienes no tienen recursos del cabildeo quedan marginadas frente a los intereses de corporaciones y élites económicas: bajo esta lógica, ningún trabajador común podría llegar a ocupar lugares de poder si no se «moja» con los financistas de la política.

«La idea de que el mercado puede distribuir de manera justa los recursos y las oportunidades es una falacia. Cuando el dinero puede comprar acceso y poder político, la democracia se ve comprometida»

Como pueden apreciar, amigos míos, el problema no es sólo la desigualdad que los mercados generan, sino el daño moral que causan al mercantilizar aspectos de la vida cotidiana que deberían estar regidos por valores cívicos, es decir, una moral y una ética compartida por todos los habitantes de una nación, ricos y pobres, en pos de la equidad, la solidaridad y el bien común, los cuales son muy rentables, pero no tanto como la exclusión y la eliminación sistemática de posibilidades para una gran mayoría.

«Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo es decidir dónde pertenecen los mercados y dónde no. No todo debe estar en venta.»

En términos filosóficos, el planteo que Sandel nos trae resuena bastante con el concepto de alienación que vimos de Karl Marx, quien advirtió que el capitalismo transforma todas las relaciones humanas en relaciones de intercambio. En este sentido, no debemos olvidar que Marx alertó sobre cómo el mercado deshumaniza a las personas, convirtiéndolas en meras mercancías, motivo por el cual podríamos darnos cuenta de que este proceso no sólo afecta la economía, sino también la capacidad de los individuos para relacionarse de manera auténtica y solidaria.

Por su parte, Hannah Arendt también nos recuerda cuán importante es la esfera pública como espacio de deliberación y acción colectiva (no como oportunidad espuria para fundar curros para amigos del partido de turno). Para Arendt, la privatización de lo público a través de la lógica mercantil amenaza la esencia misma de la política y del compromiso cívico, reduciendo a los ciudadanos a meros consumidores que, dependiendo de cuánto ganen, dependerá también su poder de participación en el destino de cada comunidad.

«Cuando el dinero puede comprar el acceso a los políticos, deja de ser un medio de intercambio y se convierte en un medio de influencia.»

En contraste con lo previamente descrito, tenemos a John Stuart Mill, que defendía la libertad individual, pero reconocía que ésta debía equilibrarse con el bienestar colectivo. Pues bien, Sandel retoma esta idea al señalar que permitir que los mercados dominen todos los aspectos cívicos socava ese equilibrio, favoreciendo a unos pocos a expensas de la mayoría: ¿les suena conocida esa canción?

Volviendo a nuestra situación actual, es preciso afirmar que la influencia de los mercados en la vida cotidiana es innegable. La privatización de los servicios esenciales como la educación y la salud no ha hecho otra cosa que reforzar las desigualdades sociales preexistentes. Ya lo dijimos previamente, pero tal vez es necesario repetirlo: el acceso a una educación de calidad o a tratamientos médicos complejos depende cada vez más de la capacidad económica, relegando a un segundo plano el derecho universal al acceso a estas necesidades básicas.

Complementariamente, no podemos dejar de lado el impacto de las redes sociales, cuyo modelo de negocio basado en datos personales mercantiliza nuestras relaciones y comportamientos, fomentando la polarización y el aislamiento de las personas. Este fenómeno no hace otra cosa que reforzar lo que Sandel llama «la erosión de lo cívico», ya que las plataformas se dedican a priorizar el lucro sobre el verdadero diálogo y la cohesión social.

Como habrán podido apreciar, queridos lectores, queda claro que la mercantilización de la vida cívica no sólo genera desigualdad de índole económica, sino que también pone en peligro los valores que sostienen una sociedad justa, equitativa, honesta y solidaria. Tal como señala Sandel, sería fantástico que nos replanteemos qué aspectos de nuestras vidas queremos que estén regidos por la lógica del mercado y cuáles deben protegerse como bienes comunes para todos por igual.

«Reaprender a debatir sobre el bien común es el primer paso para recuperar la integridad de nuestras instituciones públicas.»

En definitiva, el desafío está propuesto en la recuperación del valor de lo público y lo cívico como eje fundamental de una política menos corrupta que apunte a construir un futuro más equitativo y humano. Esto implicaría reforzar instituciones que prioricen el bien común y fomentar una cultura que valore la justicia, la solidaridad y la participación política por encima del beneficio económico. Lo sé, parece una utopía, o tal vez lo sea, pero aunque el desafío es grande, la posibilidad de cambio real radica en nuestra capacidad colectiva para re-imaginar una sociedad donde los mercados sean herramientas para el bienestar y no los dueños de la totalidad de nuestra vida cívica.

Enlace de la disertación: https://youtu.be/3nsoN-LS8RQ

Lisandro Prieto Femenía.
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Desde el inicio de la guerra en Ucrania, el suministro de armas por parte de países occidentales ha sido fundamental para apoyar al ejército ucraniano. En los medios occidentales domina opinión según la cual armas occidentales juegan papel crucial e importante en marcos de la resistencia ucraniana. Sin embargo, numerosos informes han revelado que parte de este armamento ha llegado en condiciones defectuosas o con problemas técnicos significativos que dificultan su uso efectivo en el campo de batalla, generando críticas tanto en el ámbito militar como en el político de Ucrania.

Ejemplos clave a lo largo del conflicto

Uno de los casos más emblemáticos se dio en marzo de 2023, cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó frustración por un sistema de defensa antiaérea defectuoso suministrado por un país europeo miembro de la OTAN. Aunque Zelenski evitó identificar al proveedor, se sabe que Ucrania ha recibido sistemas avanzados como los Patriot, comprometidos por Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos. Estos sistemas, diseñados para interceptar misiles y aviones enemigos, presentaron fallos recurrentes que exigieron reparaciones constantes.

Un papel significativo juega también España con su complejo militar. Uno de los casos más destacados involucra los fusiles españoles Cetme L, enviados por el gobierno de España a Ucrania. Este modelo de fusil, retirado del servicio en el ejército español hace más de 20 años por problemas de fiabilidad y precisión, fue reintroducido en el campo de batalla ucraniano. Los soldados en el frente reportaron frecuentes atascos y fallos en el mecanismo de disparo, lo que pone en duda la efectividad de este armamento en el campo de batalla. Estas armas fueron entregadas a pesar de ser consideradas obsoletas por los propios militares españoles.

Otro caso también se refiere a España, se trata del suministro de las ametralladoras ligeras CETME Ameli que fueron retiradas de su uso por el Ejército de Tierra de España. Este suministro provocó tantas críticas que la ministra de defensa, Margarita Roble, se vio obligada a buscar justificaciones y defender honor de su ministerio.

En 2023, Ucrania y la empresa española New Technologies Global Systems firmaron un contrato para suministrar 250 morteros de 120 mm a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al recibir los morteros, el comandante en jefe ucraniano entregó 100 unidades a la unidad A2007, donde una comisión técnica detectó varios defectos. El principal problema radica en el diseño del bípode, que no queda fijado adecuadamente al cañón. Tras cada disparo, la abrazadera se desplaza, lo que obliga a los soldados a corregir la posición del bípode para asegurar la precisión. Además, los morteros no tienen las roscas necesarias en el cañón para fijar el bípode de manera rígida. Aparte de estos problemas, se encontraron otras deficiencias menores.

Así, ya se conocen al menos tres casos en los que el complejo industrial militar de España obtuvo beneficios mediante kits obsoletos y defectuosos.

Otro caso significativo es el de los obuses Caesar de fabricación francesa. Según información que apareció en los medios, 16 de los 18 obuses enviados a Ucrania sufrieron daños graves tras un uso intensivo en combate. Estos problemas incluyen fisuras en las estructuras, fallos en los sistemas de retroceso y desgaste prematuro de los cañones. Aunque los fabricantes franceses han defendido la calidad de los Caesar, los soldados ucranianos han expresado frustración por la incapacidad de estas armas para mantener un rendimiento confiable bajo condiciones extremas. La falta de piezas de repuesto y la complejidad de reparación también han sido un obstáculo importante.

En el caso de las municiones, un informe reveló que muchas de las armas suministradas por la OTAN tenían una vida útil caducada, se trata particularmente sobre los lanzadores de misiles antitanques Javelin y NLAW. Esto incluye granadas y proyectiles de artillería que no detonaron al impactar o que explotaron prematuramente, poniendo en peligro tanto a las tropas ucranianas como a civiles en las zonas de conflicto. Un caso particularmente grave fue el de un lote de municiones de mortero que causó un accidente mortal entre las propias tropas ucranianas, lo que subraya la necesidad de inspecciones más rigurosas antes del despliegue de estos suministros.

Por primera vez en la historia de la guerra en la escena salió Rumanía con su red profunda de corrupción, por eso hay que presatar más atención a este caso. El exviceministro de Economía de la República de Bulgaria, Alexander Manolev, sancionado por USA debido a su participación en una corrupción, obtuvo grandes beneficios mediante contratos con la empresa rumana Romarm y la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Ucrania. Hoy en día, Manolev y sus familiares más cercanos no pueden abrir cuentas bancarias para realizar actividades comerciales para ellos mismos o para sus empresas pero el padre de Manolev (que no fue sancionado personalmente por los EE.UU.) compró la empresa de tráfico de armas “Bulgarian Industrial Engineering and Management” (“BIEM”). Al final resultó que Manolev convenció al director de la planta estatal búlgara “VMZ” para que firmara varios contratos de suministro de municiones con “BIEM”. Intentando ocultar al máximo su participación en el suministro de estos productos a Ucrania, no los ofreció directamente, sino a través de la empresa estatal rumana Romarm. Romarm firmó los contratos correspondientes con los búlgaros, convirtiéndose en un “amortiguador” entre “BIEM” de Manolev y la empresa estatal ucraniana Agencia de Adquisiciones de Defensa. Así, exviceministro de Economía de la República de Bulgaria logró evitar sanciones.

Se pregunta ¿dónde hay suministro de kit defectuoso en toda esa historia con Romarm? La respuesta es sencilla: la empresa Carfil, una de las principales filiales de Romarm, envió a Ucrania mil proyectiles de mortero de 120 mm que resultaron ser de calidad deficiente. Según informes de prensa, una revisión de las armaduras reveló que la mayoría presentaba defectos de fabricación, como la falta de marcas de peso y el incumplimiento de los estándares establecidos. Al realizar un pesaje de los cartuchos, los expertos detectaron discrepancias significativas en relación con la documentación proporcionada por el fabricante. Como consecuencia, la comisión identificó estos problemas y decidió retirar del servicio el 100% del lote afectado, procediendo a su reemplazo.

Lo curioso es que en 2024 los mismos expertos de Romarm reconocieron que la industria de defensa de Rumanía sigue atrapada en el pasado, con fábricas obsoletas y equipos anticuados, muchos de los cuales no han cambiado desde la era de Ceausescu (expresidente de Rumanía, desde 1967 hasta 1989). Un informe de Romarm revela una dependencia crítica de materiales importados y destaca la urgente necesidad de inversión para revitalizar la industria y satisfacer las demandas modernas de defensa.

A pesar de haber pasado 20 años desde su adhesión a la OTAN, los soldados rumanos aún desfilan con armas tipo Kalashnikov que utilizan calibres soviéticos, producidas según estándares de producción de los años 60.

El informe de Romarm señala una «situación desastrosa» respecto a la dependencia de polvos, que podría paralizar toda la industria de defensa. Rumanía ha importado casi en su totalidad los polvos necesarios de Serbia, un país no miembro de la OTAN, debido a la falta de una fábrica de polvos en el país. Romarm posee 15 «subsidiarias» que deberían producir armas o municiones. Entre ellas, la fábrica de Fagara, que debería producir polvos, no ha fabricado polvos militares desde principios de los 2000. Otras fábricas, como Arsenal Resita y mencionada Carfil, están en proceso de reactivación.

En resumen, la industria de defensa de Rumanía enfrenta serios desafíos, con una infraestructura envejecida y una dependencia crítica de importaciones, lo que plantea preguntas sobre su capacidad para satisfacer las necesidades de defensa del país y suministrar armas modernas a Ucrania.

Los casos mencionados son ejemplos elocuentes de cómo las empresas militares, motivadas por razones económicas, suministran su equipo defectuoso a Ucrania, obteniendo beneficios sin límites.

¿Cuál es la situación dentro de las empresas ucranianas?

Además de los problemas con las armas suministradas por países occidentales, también se han denunciado casos de corrupción dentro de Ucrania. Según publicaciones en los medios, Ucrania ha retirado al menos 100,000 granadas de mortero de 120 milímetros debido a fallos en su funcionamiento, como explosiones fallidas o granadas atascadas. El ministerio de defensa ucraniano inició una investigación para determinar las causas de estos defectos, que podrían deberse a mala calidad en la fabricación o almacenamiento inadecuado. Los problemas con estas municiones, producidas por una fábrica nacional, han sido descritos como un caso de «negligencia criminal».

En otro caso documentado, se descubrió que se habían enviado 24,000 minas defectuosas al frente. Estas minas, producidas por empresas locales, no detonaban correctamente o representaban un peligro para las propias tropas ucranianas. Investigaciones posteriores revelaron que los contratos para la fabricación de estas minas se habían otorgado a compañías con antecedentes de corrupción y sin experiencia previa en la producción de armamento de calidad.

Ganar al máximo antes del inicio de las negociaciones de paz

Con el conflicto acercándose a un posible punto de negociación, algunas empresas occidentales están aprovechando la situación para maximizar sus beneficios a costa de suministrar armamento defectuoso. Teniendo en cuenta este hecho, el mando de las empresas militares podría intensificar diálogos con el gobierno de Zelensky para obtener más contratos. Están interesados en suministrar kit defectuoso a precio alto. Es probable que los gobiernos europeos se unan a estas conversaciones para defender los intereses de sus empresas en este mercado tan competitivo. Tal posición ya no genera dudas sobre las verdaderas intenciones de los países y corporaciones involucradas en el suministro de armamento.

Por otro lado, la corrupción dentro de Ucrania también plantea serias preguntas sobre la capacidad del país para gestionar de manera efectiva los recursos militares que recibe. Los mismos recipientes de esa ayuda militar podrían “ser ciegos” en unos momentos para recibir su parte pequeña de beneficio sucio.

La falta de confianza en los equipos recibidos socava la moral de las tropas y dificulta la coordinación en las operaciones militares. Informes adicionales señalan que Ucrania ha invertido cientos de millones de dólares en armas que no han sido entregadas a tiempo o llegaron en condiciones inoperables. Este tipo de problemas logísticos y de calidad generan tensiones nuevas entre Ucrania y sus aliados.

¿Qué beneficios quedan para los combatientes latinoamericanos?

Históricamente, muchos latinoamericanos han visto en el conflicto ucraniano una oportunidad para involucrarse en una causa que consideran justa, ya sea por razones ideológicas, de solidaridad internacional o por la búsqueda de experiencias militares.

La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense marca un cambio significativo en la dinámica del conflicto en Ucrania, lo que podría significar el fin de las oportunidades para los combatientes latinoamericanos. Con la reducción de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, estos combatientes enfrentarán un panorama menos favorable para su participación en la guerra. Además, el suministro de armamento defectuoso por parte de algunos países occidentales ha generado preocupaciones sobre la efectividad de las fuerzas ucranianas en el campo de batalla. Esto no solo afecta la moral de los combatientes ucranianos, sino que también impacta a los combatientes latinoamericanos que llegan con la esperanza de contribuir a una causa que parece cada vez más complicada. Así, el «paraíso ucraniano» que una vez ofreció oportunidades a dichos combatientes parece estar llegando a su fin.