Por: Lisandro Prieto Femenía

«Las palabras son como hojas; donde más abundan, menos fruto se encuentra.» Alexander Pope, Ensayo sobre crítica (1711), Parte III, verso 309.

Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un asunto que puede parecerles académico o excesivamente formal, pero que tiene que ver con la intrincada danza del discurso y la confrontación de ideas: las falacias argumentativas, las cuales se erigen como trampas sutiles, desvíos lógicos que, a menudo inadvertidos, socavan la solidez de nuestros razonamientos y envenenan el intercambio comunicacional constructivo.

Lejos de ser meros errores académicos, estas artimañas del lenguaje se infiltran en nuestra cotidianidad, moldeando opiniones, polarizando debates y, en última instancia, erosionando la posibilidad de un entendimiento mutuo. Pues bien, la reflexión filosófica sobre estas falencias es mucho más que un ejercicio abstracto, es una necesidad apremiante en un mundo donde la información fluye torrencialmente y la manipulación discursiva acecha a la vuelta de la esquina.

Una de las falacias más recurrentes, y a menudo insidiosas por su aparente simplicidad, es el falso dilema o falsa dicotomía. Esta falacia constriñe la complejidad de un problema a una elección binaria excluyente, ignorando la existencia de alternativas válidas. Como señala Aristóteles en sus “Refutaciones sofísticas”, “deducir la contradicción a una alternativa es una táctica de aquellos que se ven acorralados en la discusión” (Aristóteles, op. Cit. 167b25-27). En la vida diaria, la escuchamos resonar en frases como “o estas con nosotros o estás contra nosotros”, obliterando la posibilidad de posturas intermedias o perspectivas matizadas. Esta simplificación forzada no sólo empobrece el debate, sino que también fomenta la polarización al presentar opciones irreconciliables donde podría haber puntos de encuentro.

También, en el acalorado debate sobre la política económica actual en Argentina, a menudo se nos presenta un falso dilema: “o se implementan medidas de ajuste drásticas para reducir el déficit fiscal, o el país se encamina a una hiperinflación descontrolada”. Pues bien, se trata de una simplificación binaria que ignora la posibilidad de implementar estrategias graduales iguales de efectivas, combinaciones de políticas fiscales y monetarias, o incluso la exploración de alternativas que prioricen el crecimiento económico a la par de la estabilidad del ciudadano de a pie. Ni hablar de lo que sucede en las discusiones sobre seguridad ciudadana que proliferan en las redes sociales, en las cuales es común escuchar el falso dilema de “mano dura” contra la delincuencia o permisividad total. Esta dicotomía forzada pasa por alto la complejidad del problema, obviando la necesidad de políticas integrales que aborden al delito en sí y a sus causas subyacentes, la importancia de la prevención, la reforma del sistema penitenciario, la inversión en educación y la necesaria purga en la mafia judicial vigente.

Otra estrategia falaz común es la del espantapájaros. En lugar de refutar el argumento real del oponente, esta falacia consiste en caricaturizarlo, deformarlo hasta convertirlo en una versión débil y fácilmente atacable. Al distorsionar la posición ajena, el falaz argumentador se enfrenta a una sombra de su adversario, logrando una victoria ilusoria. Como bien explica Schopenhauer en “El arte de tener razón”, esta táctica busca “extender la afirmación del adversario más allá de sus límites naturales, interpretarla de la manera más general posible y exagerarla” (Schopenhauer, “El arte de tener razón”, Estratagema 1). Un ejemplo cotidiano sería responder a la crítica de una política económica argumentando que el crítico “quiere destruir la economía del país”, una exageración que ignora por completo, y a propósito, los puntos específicos del argumento original.

También, tenemos la falacia de la pendiente resbaladiza, que nos advierte, sin justificación suficiente, que un paso inicial inevitablemente conducirá a una cadena de consecuencias negativas. Se argumenta que aceptar una premisa o tomar una acción desencadenará una serie de eventos catastróficos, a menudo sin presentar evidencia sólida de esta inevitabilidad. Esta falacia juega con el miedo y la anticipación de resultados indeseables. Como indica Douglas Walton en su análisis de esta falacia, “la pendiente resbaladiza es un argumento en el que si se da un paso inicial, inevitablemente se producirá una secuencia de pasos posteriores, cada uno de los cuales conducirá a un resultado inaceptable” (Walton, “Slippery Slope Arguments”, p.1). Un ejemplo muy común de esta falacia la podemos detectar en afirmaciones tales como “si legalizamos la marihuana medicinal, pronto legalizaremos todas las drogas duras”.

Consiguientemente, nos encontramos con la falacia de falsa causa, también conocida como post hoc ergo propter hoc (“después de esto, por lo tanto, a causa de esto”), la cual establece una conexión causal entre dos eventos basándose únicamente en su secuencia temporal. El hecho de que un evento suceda después de otro no implica necesariamente que el primero sea la causa del segundo. Como supo advertir el filósofo David Hume, la causalidad no es una conexión necesaria observable, sino una inferencia que realizamos basada en la conjunción constante de eventos. En su “Investigación sobre el entendimiento humano”, Hume cuestiona la validez de inferir causalidad a partir de la mera sucesión temporal, por ejemplo, cuando se culpa a un cambio de gobierno por una crisis económica que ya se estaba gestando previamente.

Por último, y no por ello menos importante, nos encontramos con una de las falacias más utilizadas, tanto en la opinión de café, como del telediario y en todas las redes sociales, a saber, la falacia ad hominem (ataque al hombre), la cual evade la discusión del argumento central al dirigir la crítica hacia la persona que lo formula. En lugar de refutar las ideas presentadas, se ataca el carácter, la motivación o las circunstancias del oponente. Esta táctica busca desacreditar al argumentador para invalidar su argumento, mientras que ignora la validez intrínseca de las ideas concretas. Como señala Irving Copi en su “Introducción a la lógica”, esta falacia “dirige un ataque no contra la conclusión del oponente, sino contra la persona del oponente” (Copi, Op. Cit. p.97). Un ejemplo común se presenta cuando se descalifica la opinión de un científico sobre el cambio climático, argumentando que trabaja para una organización ecologista.

Ahora bien, una vez expuestas algunas de las falacias más utilizadas, es preciso dar un paso más, a saber, analizar la urgencia de un lenguaje veraz y responsable. La proliferación de estas falacias en el discurso público contemporáneo no es un asunto menor: en un clima social marcado por la polarización, la inmediatez de las redes sociales y la búsqueda permanente de la confrontación, el uso desmedido o intencionado de estas trampas argumentativas exacerba las divisiones y dificulta la construcción de consensos. Por ello, es fundamental aprender a identificar y evitar estas falacias, no desde una mera exigencia académica, sino que se trata de un acto de responsabilidad ética y cívica.

Recordemos que Hannah Arendt argumentaba, en su obra “La condición humana”, que el lenguaje es el medio fundamental a través del cual se construye y se mantiene la esfera pública. Un lenguaje impreciso, manipulador o falaz no hace otra cosa que erosionar la confianza, dificultar la deliberación informada y, en última instancia, debilitar el tejido social. La violencia verbal, la descalificación sistemática del otro y la simplificación burda de los problemas complejos, son síntomas de una cultura del debate empobrecida y embrutecida, donde la razón termina cediendo terreno a la emoción y la retórica engañosa.

En este contexto, la adopción de un lenguaje preciso, riguroso y respetuoso no es sólo una cuestión de corrección gramatical o lógica formal, sino un imperativo ético y político fundamental. Expresarnos con propiedad implica un compromiso con la claridad, la honestidad intelectual y el reconocimiento de la complejidad inherente a muchos de los problemas que enfrentamos. Significa, también, resistir a la tentación de la simplificación excesiva, el ataque personal y la descalificación gratuita, tan utilizados por la legión de opinadores seriales en redes como por presidentes.

Como habrán podido apreciar, nuestra arena política postmoderna y decadente está caracterizada por la primacía de la imagen, la inmediatez de las redes y la fragmentación de las narrativas, convirtiéndose en un territorio fértil para la proliferación de falacias argumentativas que, no sólo casi nadie nota, sino que son militadas y defendidas. Es común ver hoy políticos que priorizan la adhesión emocional sobre la argumentación sólida, por lo que recurren a estas tácticas retóricas para movilizar a sus bases, desviar la atención de problemas complejos y deslegitimar violentamente a sus oponentes. El análisis que hemos propuesto sobre las falacias más frecuentes revela una preocupante tendencia de la humanidad hacia la simplificación, la polarización y el abandono del debate racional (es decir, el abandono del pensar).

El uso sistemático de estas falacias por parte de la mayoría de los actores políticos, tampoco debe confundirse como un mero error de argumentación: siempre responde a una estrategia deliberada de manipular la opinión pública, evitar la rendición de cuentas y socavar la calidad del debate democrático. En un entorno mediático saturado de información y donde la atención es un bien escaso, las falacias ofrecen atajos retóricos que apelan a las emociones y a los prejuicios, evitando la necesidad de presentar argumentos sólidos y bien razonados.

La identificación y el análisis crítico de estas falacias en el discurso político postmoderno se convierten, por lo tanto, en una herramienta indispensable para el ciudadano informado. Desenmascarar estas trampas del lenguaje no sólo nos permite evaluar con mayor rigor las propuestas y los argumentos de los líderes políticos, sino que también fortalece nuestra capacidad para participar en un debate público más honesto, constructivo y orientado hacia la búsqueda de soluciones reales a los desafíos que enfrentamos como sociedad.

En definitiva, queridos lectores, queremos dejar este mensaje: cultivar un debate público informado y constructivo exige un esfuerzo consciente por desterrar las falacias argumentativas de nuestro discurso cotidiano. Esta tarea no es exclusiva de académicos o expertos, sino que concierne a cada ciudadano que aspire a una sociedad más justa, racional y pacífica. Aprender a argumentar con solidez y a escuchar con atención y respeto son pilares fundamentales para construir puentes de entendimiento en un mundo que pide a gritos diálogo significativo y civilidad.

Lisandro Prieto Femenía.
Docente. Escritor. Filósofo
San Juan – Argentina

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Por: Jorge Sánchez, periodista especializado en la política internacional

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, se ha apartado temporalmente de su cargo mientras una investigación de las Naciones Unidas sobre presunta conducta sexual indebida por su parte está cerca de concluir, informó su oficina.

La medida no tiene precedentes y no existe un procedimiento claro para reemplazar a Khan. La situación genera mayor incertidumbre para la CPI, que ya enfrenta una crisis existencial debido a las sanciones de Estados Unidos por las órdenes de arresto contra funcionarios israelíes.

La oficina de Khan indicó que el fiscal se ha tomado una licencia hasta que concluya la investigación de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU.

En un comunicado escrito, los abogados de Khan rechazaron todas las acusaciones de irregularidades. Afirmaron que su cliente decidió tomar licencia porque la atención mediática sobre el caso afectaba su capacidad para concentrarse en su trabajo, pero no tenía intención de renunciar.

Anteriormente, Khan había ignorado los llamados de ONGs y personal de la CPI a renunciar mientras se llevaba a cabo la investigación. Varias de esas organizaciones celebraron su decisión de apartarse temporalmente como una señal de que nadie está por encima de la ley.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos se puede decir que la CPI atraviesa una profunda crisis de credibilidad, no solo por las acusaciones contra su fiscal, sino por su historial de selectividad política. ¿Cómo puede pretender impartir justicia internacional cuando sus propias autoridades son investigadas por conductas indebidas? Más allá del caso de Khan, la corte ha sido señalada reiteradamente por aplicar dobles raseros, persiguiendo ciertos crímenes mientras ignora otros según conveniencias geopolíticas. Si ni siquiera es capaz de garantizar transparencia interna, ¿qué autoridad moral le queda para juzgar a otros? La CPI se hunde en su propia contradicción: una institución diseñada para combatir la impunidad, pero cada vez más prisionera de sus propios escándalos.

No estaba claro cuándo concluiría la investigación. Mientras tanto, los dos fiscales adjuntos de la CPI asumirán sus funciones, según su oficina.

El Salvador es el único país de Centroamérica que tiene la alerta de viaje nivel 1 otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.), en reconocimiento a la lucha contra las pandillas y la transformación de la seguridad liderada por el presidente de la república, Nayib Bukele.

La reclasificación del nivel de alerta, del 2 (que mantuvo desde noviembre de 2024) al 1, fue anunciada el martes 8 de abril pasado por el Departamento de Estado, y el presidente Bukele compartió la noticia en X.

«El Salvador acaba de recibir la estrella dorada de viajes del Departamento de Estado de EE. UU.: nivel 1: el más seguro», publicó el mandatario, y su mensaje hizo eco en los medios de comunicación nacionales y en las cadenas de noticias internacionales.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la alerta 1 representa un nivel mínimo de riesgo para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses que visitan tierras salvadoreñas; por lo tanto, solo recomienda que tomen las precauciones habituales.

El sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez planteó que las relaciones diplomáticas del presidente Bukele con EE. UU., así como el trabajo del caucus bipartidista en el Congreso en favor de El Salvador, dieron como fruto la recali ficación de la alerta de viaje, que ubicó a El Salvador en la misma categoría de los países de primer mundo por su buen clima de seguridad, como Japón, Austria, Bulgaria, Croacia, Finlandia y Grecia.

«Que El Salvador tenga esa categoría de alerta de viaje es una situación única en su género. Esta nueva categoría nos pone evidenciados ante el mundo como un país que se puede visitar, donde se puede hacer turismo», expresó.

La nueva realidad en seguridad que ofrece El Salvador para los turistas estadounidenses y para todos en general también coloca a El Salvador en una posición de liderazgo regional porque el resto de los países del istmo tienen alertas nivel 2 y 3. La alerta 2 representa, según el Departamento de Estado, «mayor precaución» e insta a sus ciudadanos a que tengan en cuenta que pueden existir mayores riesgos para la seguridad.

En esta se encuentran Costa Rica y Panamá, países que en el pasado gozaron de buen clima de seguridad, pero que en los últimos años han experimentado un repunte en la delincuencia. El portal suizo de noticias Swissinfo reportó a inicios de este año que Panamá registró 581 homicidios en 2024, dato que representó un aumento de 4.4 % en comparación con los asesinatos que hubo en 2023.

La cadena de noticias publicó —con datos del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá— que en 2024 las provincias de Panamá (capital), Colón (en el Caribe) y Panamá Oeste (cercana a la capital) fueron las de mayor incidencia de este tipo de hechos.

Respecto a Costa Rica, el periódico de esa nación «El Observador» publicó en su edición del 14 de marzo pasado que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) proyectó que los homicidios al cierre de 2025 rondarán entre 925 y 975.

«Así las cosas, este podría ser el año más violento en la historia de Costa Rica, y superaría al 2023, que cerró con 905 y es, hasta el momento, el que tiene mayor cantidad de homicidios», se lee en la versión digital del periódico costarricense.

Rodríguez recordó que Costa Rica fue uno de los países referentes de la región en materia de seguridad pública. «Países como Costa Rica ni siquiera llegaron a tener Ejército porque las condiciones de seguridad eran sumamente buenas; ahora, lamentablemente, la migración irregular, particularmente de Ecuador, Colombia y Venezuela, ha generado ese tipo de dispersión (en la seguridad) y ahora tiene nivel 2 juntamente con Panamá», contrastó el analista.

Después de Costa Rica y Panamá la peor alerta de viaje en Centroamérica, el nivel 3, la tienen Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las tres naciones tienen gobiernos de corte izquierdista y enfrentan altas tasas de criminalidad, según reportes de medios de comunicación nacionales e internacionales.

En Honduras, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro imitó la implementación del estado de excepción impulsado por el presidente Bukele en El Salvador para intentar contener la violencia generada por las pandillas y el crimen organizado en esa nación vecina.

Respecto a Honduras y Guatemala, la revista centroamericana «Estrategia y Negocios» publicó el 7 de enero pasado que ambas naciones registraron las mayores tasas de homicidios de la región en 2024, y contrastó que El Salvador cerró el año anterior con 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Esta reducción histórica y sostenida en la tasa de asesinatos posicionó a El Salvador como la nación más segura del hemisferio occidental, informó el presidente Bukele el 1.° de enero pasado. Para lograrlo, el Ejecutivo impulsa el estado de excepción, que fortalece la estrategia nacional del Plan Control Territorial (PCT).

Opinión | Mauricio Rodríguez
Sociólogo y analista
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.