Nacionales
«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender», la extorsión de pandilleros a su víctima
«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender, por eso nos debes entregar $25 cada vez que vengas aquí. Sino nos entregas ese billete te vamos a matar», fue la amenaza que el pandillero Noé Humberto Álvarez Zelada, de 21 años junto con otros dos mareros más le hicieron a clave «Siete» el 6 de diciembre de 2017 al momento de exigirle la extorsión.
La víctima relató ante las autoridades que al momento del hecho estaba en la colonia Las Brisas del municipio de El Congo, lugar donde acostumbraba llegar para comercializar sus productos.
El vendedor recuerda que por temor a perder su vida ese mismo día les entregó 25 dólares.
Clave «Siete» testificó que hizo otras entregas el 21 y 29 de diciembre de 2017; y el 11 de enero de 2018. Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir pagando la «renta», el comerciante interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), el 13 de enero de 2018.
Fue así como la victima autorizó realizar entregas controladas y bajo cobertura policial a los pandilleros. En total fueron tres pagos fiscalizados que se llevaron a cabo en las fechas 19 y 25 de abril y 2 de mayo, todas del 2018.
Posterior a eso, la Fiscalía General de la República (FGR) individualizó la participación de cada uno de los acusados y emitió las respectivas órdenes de captura administrativas contra los sospechosos.
Este año, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a 20 años de prisión a Álvarez Zelada por ser coautor en el delito de extorsión agravada, previsto y sancionado en los Artículos 2 y 3, numerales 1) y 7) de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión (LECDE), en la modalidad de delito continuado.
Los datos del ministerio público indican que entre el 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021 lograron que diferentes tribunales salvadoreños condenaran a 1,905 personas acusadas por los ilícitos de extorsión y extorsión agravada a escala nacional.
De ese total, 1,706 fueron hombres y 199 mujeres.
En los últimos dos años y medios, el 2019 encabeza las condenas con 882 [114 féminas y 768 masculinos], le sigue el 2020 con 564 sentencias condenatorias y hasta agosto de este año se registraron 456.
El descenso en las sentencias por extorsión desde 2020 se debe a que el Plan Control Territorial (PCT), la estrategia de Seguridad del presidente Nayib Bukele, comenzó a mostrar sus resultados en este ilícito que por años afectó a la población salvadoreña.
El pasado 16 de noviembre, el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza destacó que el referido ilícito se había reducido hasta en 47.5% debido al bloqueo de la señal telefónica y de internet realizada por las autoridades en todos los centros penitenciarios.
«La estrategia y los resultados validan todo el actuar que está teniendo el presidente y el gabinete de seguridad, jamás hemos visto en los gobiernos anteriores este tipo de resultados, no solo es el tema de homicidios, también la extorsión desde el control de los penales la bajamos el 47.5% cerca del 50% menos de extorsión porque ya no salen llamadas desde los penales y hemos evitado la salida de órdenes que antes eran para matar, para extorsionar al pueblo salvadoreño, hoy eso no lo tenemos por el bloqueo efectivo de la señal que se tiene dentro de los centros penitenciarios», afirmó Luna en esa ocasión.
El funcionario enfatizó que en los gobiernos anteriores los reclusos tenían privilegios como saldo telefónico y llamadas ilimitadas para comunicarse con cualquier persona fuera de los reclusorios.
«En los gobiernos anteriores salían cerca de 10,000 llamadas diarias desde los centros penitenciarios de máxima seguridad, seguridad y de todos los regímenes. ¿Por qué?, porque los gobiernos anteriores les habían puesto cabinas donde ellos tenían $150 de saldo cada uno al mes para poder realizar las llamadas que ellos querían, nosotros eliminamos todo eso, y no solo eso, sino que bloqueamos la señal para que ningún dispositivo se pudiera conectar y no pueda salir una orden», recalcó Luna.
Las estadísticas policiales detallan que, desde junio del 2019, luego que el presidente Bukele anunció la Fase 1 del PCT, hasta el cierre de 2020 se comenzaron a ver resultados importantes en el tema de extorsión. En dicho período la reducción fue del 36.4% en todo el país, es decir, los casos pasaron de 2,019 a 1,256.
En cuanto a los capturados por el referido delito, los datos oficiales reportan que de enero a septiembre de este año fueron arrestados 1,101 extorsionistas, de los cuales 566 son integrantes de la MS y 271 de la pandilla 18.
En el rubro del delito de robo, las estadísticas de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) registran un total de 608 sentenciados por los delitos de robo y robo agravado a escala nacional entre enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. El ilícito más condenado fue el robo agravado con 498 sentencias, [480 hombres y 18 mujeres], en cuanto al robo se reportaron 110 de los cuales 16 fueron contra hombres y 4 contra féminas.
Entre esos condenados está Carlos Ernesto Recinos Marroquín, a quien el Tribunal de Sentencia le decretó 8 años de cárcel por quitarle las prendas personales y el dinero a un distribuidor de mercadería utilizando un arma de fuego, en la colonia Díaz Sampera de Cojutepeque.
El caso ocurrió en marzo de 2020, cuando Recinos Marroquín sorprendió a la víctima colocándole el arma de fuego en la cabeza en el momento que este preparaba la entrega del producto que transportaba en un camión. Luego de despojarlo de sus bienes lo obligó a retirarse del lugar a bordo del vehículo automotor, amedrentándolo al dispararle una vez.
La Fiscalía General de la República (FGR) condenó a 15 años de prisión a tres pandilleros del Barrio 18, quienes se encuentran acusados de extorsionar a un comerciante en Apopa.
De acuerdo con información fiscal, estos sujetos llegaron al negocio de la víctima para exigirle el pago de la denominada renta, la cual tenía que pagar mensualmente y le amenazaron con atentar contra su vida o la de su familia, si no cumplía con los pagos. A través de las amenazas, la víctima los denunció y las autoridades lograron capturarlos.
Los condenados fueron identificados como Dennis Nehemías Carrillo Mejía, Manuel Antonio Acosta Mercado, y César Enrique Rivera Rivas, quienes son también procesados por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este hecho.
El Salvador asumió el liderazgo del Plan Trifinio para encabezar los esfuerzos de protección de los recursos naturales, como reservas forestales y cuencas hidrográficas, que comparte con Guatemala y Honduras en las zonas fronterizas de los tres países.
490 escuelas públicas salvadoreñas han sido intervenidas
Te puede interesar:
490 escuelas públicas salvadoreñas han sido intervenidas
El nuevo secretario ejecutivo trinacional, Jorge Urbina, dirigirá el programa desde 2026 hasta 2030, priorizando iniciativas ambientalmente sostenibles en una región de aproximadamente 7,500 km².
El Plan Trifinio, vigente desde hace unos 35 años, se basa en un tratado que declaró la zona fronteriza de los tres países como una unidad ecológicamente indivisible, debido a su valor medioambiental estratégico.
Esta área constituye uno de los sistemas hídricos más relevantes de Centroamérica y alberga once reservas naturales donde convergen la producción agrícola y la conservación de la biodiversidad.
Prioridad hídrica y desafíos productivos
Jorge Urbina subrayó además que “nuestro eslogan es aguas sin fronteras”, reflejando la lógica de colaboración que inspira el Plan Trifinio en materia de recursos hídricos.
Urbina explicó durante una entrevista en Diálogo 21 que el principal reto institucional consiste en equilibrar el desarrollo económico regional con la protección ambiental.
El trabajo de asistencia técnica que impulsa el Plan Trifinio abarca todas las cadenas productivas, principalmente el cultivo de café, hortalizas, aguacate y melocotón, en una región donde las tierras altas presentan condiciones óptimas para la agricultura.
La participación de las familias rurales en la caficultura es significativa, según los datos presentados, el 26 % de las familias rurales dependen directamente de esta producción, la cual abarca cerca de 52,000 hectáreas y alcanza más de 1.2 millones de quintales de café anualmente entre los tres países.
Mantener el equilibrio entre el desarrollo económico derivado de estas actividades y la preservación ambiental es considerado clave por el nuevo liderazgo trinacional.
El 26 % de las familias rurales de la región depende directamente de la producción de café, que ocupa 52,000 hectáreas y supera 1.2 millones de quintales anuales. Foto cortesía Medio Ambiente.
El fortalecimiento de la gestión sostenible cuenta con el respaldo de la Cooperación Italiana, que ha impulsado un programa tecnológico en el municipio salvadoreño de Metapán.
Este programa no solo brinda asistencia técnica agrícola, sino que promueve la investigación y dispone de laboratorios de análisis foliar y de suelo, para determinar si existen contaminantes, falta de nutrientes u otros factores que afecten las cosechas.
El apoyo internacional se refuerza con la participación del Banco de Alemania KFW, que junto con los tres gobiernos destina una inversión de más de $22 millones hasta 2027 exclusivamente a la protección medioambiental.
Se han planificado proyectos para mejorar la seguridad hídrica, destacando la entrega de 180,000 filtros de agua en la región durante el primer trimestre del año; de estos, 60,000 permanecerán en El Salvador. Además, se desarrollan sistemas de captación de agua para abastecer a más de 100 familias locales del departamento de Santa Ana, subrayando la importancia de garantizar el acceso sostenible al recurso.
La cuenca alta del río Lempa, que nace en las montañas altas de Chiquimula, Guatemala, representa un área prioritaria para la distribución de agua en El Salvador.
Urbina enfatizó que más del 40 % del agua potable de la zona metropolitana de San Salvador se abastece de este río, el cual recorre aproximadamente 390 kilómetros en territorio salvadoreño y soporta cuatro represas hidroeléctricas así como dos distritos de riego.
La producción de 13 mil manzanas de frijol en 2025 representa uno de los principales logros del programa Aumento a la Producción, una estrategia implementada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para enfrentar el déficit alimentario en El Salvador. Según datos presentados por Mateo Rendón, representante de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, el plan permitió que gremiales y productores independientes colaboraran en la siembra anticipada y tecnificada, con el objetivo de estabilizar los precios y reducir la dependencia de las importaciones.
En entrevista con Radio YSUCA, el representante de la Mesa Agropecuaria explicó que la sequía proyectada para mediados de 2025 no se materializó, lo que facilitó condiciones favorables para el cultivo. Indicó que la experiencia de años anteriores, marcados por tormentas y pérdidas de hasta el 50% en granos básicos, llevó a una coordinación temprana entre la cartera de Estado y las organizaciones del sector. En noviembre de 2024, el MAG convocó a las gremiales para diseñar un programa que respondiera a la escasez de alimentos, especialmente de frijol y maíz.
El programa Aumento a la Producción se orientó a ofrecer insumos y semillas de calidad en los momentos clave del ciclo agrícola. “La siembra de frijoles de invierno fue un éxito porque seleccionamos las zonas y los productores, y las 500 manzanas iniciales lograron sortear la sequía”, dijo Rendón durante la entrevista. Sobre la fase de verano, el programa asignó siete mil manzanas a la Mesa Agropecuaria, distribuidas en 13 departamentos, y se impulsó la producción en otras seis mil manzanas adicionales por parte de varias gremiales.
“No solo nosotros sembramos, también otras gremiales, al final fuimos como cinco y se sembraron 13 mil manzanas (de frijol) el año pasado. A los productores se nos dotó de semilla…No fue un paquete agrícola, se verificó a las personas sobre cuánto sembró, dónde sembró y eso fue el éxito”, detalló Rendón.
Las cifras divulgadas por los representantes del sector indican que la cosecha de frijol aportó cerca de 300 mil quintales al mercado nacional, parte fundamental para atender el déficit registrado en años anteriores. Según el MAG, en 2024 El Salvador importó frijol por un valor de $50 millones, principalmente desde Nicaragua. Con la cosecha de 2025, el país tuvo una menor presión sobre las importaciones y una mayor estabilidad en los precios internos. “En estos momentos, el frijol puede encontrarse en los agromercados entre 70 centavos y un dólar la libra, dependiendo de la zona”, afirmó Rendón.
El plan de siembra incluyó la dotación de insumos verificados, como la fórmula triple quince, foliar, insecticidas y fungicidas, además de asistencia técnica y seguimiento a la comercialización. El modelo buscó superar las limitaciones del tradicional paquete agrícola, enfocándose en la productividad y la trazabilidad de los beneficiarios. “No era suficiente entregar insumos, sino asegurar que realmente llegaran a quienes cultivan”, sostuvo Rendón.
Para este año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería proyecta incrementar el alcance del programa con la siembra de 20 mil manzanas de frijol, lo que permitiría acercarse al consumo anual estimado de 2.4 millones de quintales en el país. El consumo per cápita de frijol entre los salvadoreños adultos ronda las cuarenta libras al año. Las autoridades y los productores esperan que, si las condiciones climáticas se mantienen favorables y la distribución de insumos continúa siendo eficiente, El Salvador logre avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la producción de granos básicos.
El programa también fomenta la mecanización y la adopción de nuevas tecnologías en el campo, incluyendo el uso de maquinaria agrícola, drones para riego y equipos de limpieza modernos. Este proceso responde a la dificultad creciente para encontrar mano de obra, un problema asociado a la migración y al envejecimiento de la población rural.
En palabras de Rendón, “el éxito de estas iniciativas depende de una mayor inversión, coordinación y formación técnica en el sector, así como de políticas públicas que prioricen la seguridad alimentaria”.
