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«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender», la extorsión de pandilleros a su víctima
«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender, por eso nos debes entregar $25 cada vez que vengas aquí. Sino nos entregas ese billete te vamos a matar», fue la amenaza que el pandillero Noé Humberto Álvarez Zelada, de 21 años junto con otros dos mareros más le hicieron a clave «Siete» el 6 de diciembre de 2017 al momento de exigirle la extorsión.
La víctima relató ante las autoridades que al momento del hecho estaba en la colonia Las Brisas del municipio de El Congo, lugar donde acostumbraba llegar para comercializar sus productos.
El vendedor recuerda que por temor a perder su vida ese mismo día les entregó 25 dólares.
Clave «Siete» testificó que hizo otras entregas el 21 y 29 de diciembre de 2017; y el 11 de enero de 2018. Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir pagando la «renta», el comerciante interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), el 13 de enero de 2018.
Fue así como la victima autorizó realizar entregas controladas y bajo cobertura policial a los pandilleros. En total fueron tres pagos fiscalizados que se llevaron a cabo en las fechas 19 y 25 de abril y 2 de mayo, todas del 2018.
Posterior a eso, la Fiscalía General de la República (FGR) individualizó la participación de cada uno de los acusados y emitió las respectivas órdenes de captura administrativas contra los sospechosos.
Este año, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a 20 años de prisión a Álvarez Zelada por ser coautor en el delito de extorsión agravada, previsto y sancionado en los Artículos 2 y 3, numerales 1) y 7) de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión (LECDE), en la modalidad de delito continuado.
Los datos del ministerio público indican que entre el 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021 lograron que diferentes tribunales salvadoreños condenaran a 1,905 personas acusadas por los ilícitos de extorsión y extorsión agravada a escala nacional.
De ese total, 1,706 fueron hombres y 199 mujeres.
En los últimos dos años y medios, el 2019 encabeza las condenas con 882 [114 féminas y 768 masculinos], le sigue el 2020 con 564 sentencias condenatorias y hasta agosto de este año se registraron 456.
El descenso en las sentencias por extorsión desde 2020 se debe a que el Plan Control Territorial (PCT), la estrategia de Seguridad del presidente Nayib Bukele, comenzó a mostrar sus resultados en este ilícito que por años afectó a la población salvadoreña.
El pasado 16 de noviembre, el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza destacó que el referido ilícito se había reducido hasta en 47.5% debido al bloqueo de la señal telefónica y de internet realizada por las autoridades en todos los centros penitenciarios.
«La estrategia y los resultados validan todo el actuar que está teniendo el presidente y el gabinete de seguridad, jamás hemos visto en los gobiernos anteriores este tipo de resultados, no solo es el tema de homicidios, también la extorsión desde el control de los penales la bajamos el 47.5% cerca del 50% menos de extorsión porque ya no salen llamadas desde los penales y hemos evitado la salida de órdenes que antes eran para matar, para extorsionar al pueblo salvadoreño, hoy eso no lo tenemos por el bloqueo efectivo de la señal que se tiene dentro de los centros penitenciarios», afirmó Luna en esa ocasión.
El funcionario enfatizó que en los gobiernos anteriores los reclusos tenían privilegios como saldo telefónico y llamadas ilimitadas para comunicarse con cualquier persona fuera de los reclusorios.
«En los gobiernos anteriores salían cerca de 10,000 llamadas diarias desde los centros penitenciarios de máxima seguridad, seguridad y de todos los regímenes. ¿Por qué?, porque los gobiernos anteriores les habían puesto cabinas donde ellos tenían $150 de saldo cada uno al mes para poder realizar las llamadas que ellos querían, nosotros eliminamos todo eso, y no solo eso, sino que bloqueamos la señal para que ningún dispositivo se pudiera conectar y no pueda salir una orden», recalcó Luna.
Las estadísticas policiales detallan que, desde junio del 2019, luego que el presidente Bukele anunció la Fase 1 del PCT, hasta el cierre de 2020 se comenzaron a ver resultados importantes en el tema de extorsión. En dicho período la reducción fue del 36.4% en todo el país, es decir, los casos pasaron de 2,019 a 1,256.
En cuanto a los capturados por el referido delito, los datos oficiales reportan que de enero a septiembre de este año fueron arrestados 1,101 extorsionistas, de los cuales 566 son integrantes de la MS y 271 de la pandilla 18.
En el rubro del delito de robo, las estadísticas de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) registran un total de 608 sentenciados por los delitos de robo y robo agravado a escala nacional entre enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. El ilícito más condenado fue el robo agravado con 498 sentencias, [480 hombres y 18 mujeres], en cuanto al robo se reportaron 110 de los cuales 16 fueron contra hombres y 4 contra féminas.
Entre esos condenados está Carlos Ernesto Recinos Marroquín, a quien el Tribunal de Sentencia le decretó 8 años de cárcel por quitarle las prendas personales y el dinero a un distribuidor de mercadería utilizando un arma de fuego, en la colonia Díaz Sampera de Cojutepeque.
El caso ocurrió en marzo de 2020, cuando Recinos Marroquín sorprendió a la víctima colocándole el arma de fuego en la cabeza en el momento que este preparaba la entrega del producto que transportaba en un camión. Luego de despojarlo de sus bienes lo obligó a retirarse del lugar a bordo del vehículo automotor, amedrentándolo al dispararle una vez.
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Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
