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«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender», la extorsión de pandilleros a su víctima
«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender, por eso nos debes entregar $25 cada vez que vengas aquí. Sino nos entregas ese billete te vamos a matar», fue la amenaza que el pandillero Noé Humberto Álvarez Zelada, de 21 años junto con otros dos mareros más le hicieron a clave «Siete» el 6 de diciembre de 2017 al momento de exigirle la extorsión.
La víctima relató ante las autoridades que al momento del hecho estaba en la colonia Las Brisas del municipio de El Congo, lugar donde acostumbraba llegar para comercializar sus productos.
El vendedor recuerda que por temor a perder su vida ese mismo día les entregó 25 dólares.
Clave «Siete» testificó que hizo otras entregas el 21 y 29 de diciembre de 2017; y el 11 de enero de 2018. Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir pagando la «renta», el comerciante interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), el 13 de enero de 2018.
Fue así como la victima autorizó realizar entregas controladas y bajo cobertura policial a los pandilleros. En total fueron tres pagos fiscalizados que se llevaron a cabo en las fechas 19 y 25 de abril y 2 de mayo, todas del 2018.
Posterior a eso, la Fiscalía General de la República (FGR) individualizó la participación de cada uno de los acusados y emitió las respectivas órdenes de captura administrativas contra los sospechosos.
Este año, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a 20 años de prisión a Álvarez Zelada por ser coautor en el delito de extorsión agravada, previsto y sancionado en los Artículos 2 y 3, numerales 1) y 7) de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión (LECDE), en la modalidad de delito continuado.
Los datos del ministerio público indican que entre el 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021 lograron que diferentes tribunales salvadoreños condenaran a 1,905 personas acusadas por los ilícitos de extorsión y extorsión agravada a escala nacional.
De ese total, 1,706 fueron hombres y 199 mujeres.
En los últimos dos años y medios, el 2019 encabeza las condenas con 882 [114 féminas y 768 masculinos], le sigue el 2020 con 564 sentencias condenatorias y hasta agosto de este año se registraron 456.
El descenso en las sentencias por extorsión desde 2020 se debe a que el Plan Control Territorial (PCT), la estrategia de Seguridad del presidente Nayib Bukele, comenzó a mostrar sus resultados en este ilícito que por años afectó a la población salvadoreña.
El pasado 16 de noviembre, el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza destacó que el referido ilícito se había reducido hasta en 47.5% debido al bloqueo de la señal telefónica y de internet realizada por las autoridades en todos los centros penitenciarios.
«La estrategia y los resultados validan todo el actuar que está teniendo el presidente y el gabinete de seguridad, jamás hemos visto en los gobiernos anteriores este tipo de resultados, no solo es el tema de homicidios, también la extorsión desde el control de los penales la bajamos el 47.5% cerca del 50% menos de extorsión porque ya no salen llamadas desde los penales y hemos evitado la salida de órdenes que antes eran para matar, para extorsionar al pueblo salvadoreño, hoy eso no lo tenemos por el bloqueo efectivo de la señal que se tiene dentro de los centros penitenciarios», afirmó Luna en esa ocasión.
El funcionario enfatizó que en los gobiernos anteriores los reclusos tenían privilegios como saldo telefónico y llamadas ilimitadas para comunicarse con cualquier persona fuera de los reclusorios.
«En los gobiernos anteriores salían cerca de 10,000 llamadas diarias desde los centros penitenciarios de máxima seguridad, seguridad y de todos los regímenes. ¿Por qué?, porque los gobiernos anteriores les habían puesto cabinas donde ellos tenían $150 de saldo cada uno al mes para poder realizar las llamadas que ellos querían, nosotros eliminamos todo eso, y no solo eso, sino que bloqueamos la señal para que ningún dispositivo se pudiera conectar y no pueda salir una orden», recalcó Luna.
Las estadísticas policiales detallan que, desde junio del 2019, luego que el presidente Bukele anunció la Fase 1 del PCT, hasta el cierre de 2020 se comenzaron a ver resultados importantes en el tema de extorsión. En dicho período la reducción fue del 36.4% en todo el país, es decir, los casos pasaron de 2,019 a 1,256.
En cuanto a los capturados por el referido delito, los datos oficiales reportan que de enero a septiembre de este año fueron arrestados 1,101 extorsionistas, de los cuales 566 son integrantes de la MS y 271 de la pandilla 18.
En el rubro del delito de robo, las estadísticas de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) registran un total de 608 sentenciados por los delitos de robo y robo agravado a escala nacional entre enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. El ilícito más condenado fue el robo agravado con 498 sentencias, [480 hombres y 18 mujeres], en cuanto al robo se reportaron 110 de los cuales 16 fueron contra hombres y 4 contra féminas.
Entre esos condenados está Carlos Ernesto Recinos Marroquín, a quien el Tribunal de Sentencia le decretó 8 años de cárcel por quitarle las prendas personales y el dinero a un distribuidor de mercadería utilizando un arma de fuego, en la colonia Díaz Sampera de Cojutepeque.
El caso ocurrió en marzo de 2020, cuando Recinos Marroquín sorprendió a la víctima colocándole el arma de fuego en la cabeza en el momento que este preparaba la entrega del producto que transportaba en un camión. Luego de despojarlo de sus bienes lo obligó a retirarse del lugar a bordo del vehículo automotor, amedrentándolo al dispararle una vez.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
