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«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender», la extorsión de pandilleros a su víctima
«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender, por eso nos debes entregar $25 cada vez que vengas aquí. Sino nos entregas ese billete te vamos a matar», fue la amenaza que el pandillero Noé Humberto Álvarez Zelada, de 21 años junto con otros dos mareros más le hicieron a clave «Siete» el 6 de diciembre de 2017 al momento de exigirle la extorsión.
La víctima relató ante las autoridades que al momento del hecho estaba en la colonia Las Brisas del municipio de El Congo, lugar donde acostumbraba llegar para comercializar sus productos.
El vendedor recuerda que por temor a perder su vida ese mismo día les entregó 25 dólares.
Clave «Siete» testificó que hizo otras entregas el 21 y 29 de diciembre de 2017; y el 11 de enero de 2018. Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir pagando la «renta», el comerciante interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), el 13 de enero de 2018.
Fue así como la victima autorizó realizar entregas controladas y bajo cobertura policial a los pandilleros. En total fueron tres pagos fiscalizados que se llevaron a cabo en las fechas 19 y 25 de abril y 2 de mayo, todas del 2018.
Posterior a eso, la Fiscalía General de la República (FGR) individualizó la participación de cada uno de los acusados y emitió las respectivas órdenes de captura administrativas contra los sospechosos.
Este año, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a 20 años de prisión a Álvarez Zelada por ser coautor en el delito de extorsión agravada, previsto y sancionado en los Artículos 2 y 3, numerales 1) y 7) de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión (LECDE), en la modalidad de delito continuado.
Los datos del ministerio público indican que entre el 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021 lograron que diferentes tribunales salvadoreños condenaran a 1,905 personas acusadas por los ilícitos de extorsión y extorsión agravada a escala nacional.
De ese total, 1,706 fueron hombres y 199 mujeres.
En los últimos dos años y medios, el 2019 encabeza las condenas con 882 [114 féminas y 768 masculinos], le sigue el 2020 con 564 sentencias condenatorias y hasta agosto de este año se registraron 456.
El descenso en las sentencias por extorsión desde 2020 se debe a que el Plan Control Territorial (PCT), la estrategia de Seguridad del presidente Nayib Bukele, comenzó a mostrar sus resultados en este ilícito que por años afectó a la población salvadoreña.
El pasado 16 de noviembre, el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza destacó que el referido ilícito se había reducido hasta en 47.5% debido al bloqueo de la señal telefónica y de internet realizada por las autoridades en todos los centros penitenciarios.
«La estrategia y los resultados validan todo el actuar que está teniendo el presidente y el gabinete de seguridad, jamás hemos visto en los gobiernos anteriores este tipo de resultados, no solo es el tema de homicidios, también la extorsión desde el control de los penales la bajamos el 47.5% cerca del 50% menos de extorsión porque ya no salen llamadas desde los penales y hemos evitado la salida de órdenes que antes eran para matar, para extorsionar al pueblo salvadoreño, hoy eso no lo tenemos por el bloqueo efectivo de la señal que se tiene dentro de los centros penitenciarios», afirmó Luna en esa ocasión.
El funcionario enfatizó que en los gobiernos anteriores los reclusos tenían privilegios como saldo telefónico y llamadas ilimitadas para comunicarse con cualquier persona fuera de los reclusorios.
«En los gobiernos anteriores salían cerca de 10,000 llamadas diarias desde los centros penitenciarios de máxima seguridad, seguridad y de todos los regímenes. ¿Por qué?, porque los gobiernos anteriores les habían puesto cabinas donde ellos tenían $150 de saldo cada uno al mes para poder realizar las llamadas que ellos querían, nosotros eliminamos todo eso, y no solo eso, sino que bloqueamos la señal para que ningún dispositivo se pudiera conectar y no pueda salir una orden», recalcó Luna.
Las estadísticas policiales detallan que, desde junio del 2019, luego que el presidente Bukele anunció la Fase 1 del PCT, hasta el cierre de 2020 se comenzaron a ver resultados importantes en el tema de extorsión. En dicho período la reducción fue del 36.4% en todo el país, es decir, los casos pasaron de 2,019 a 1,256.
En cuanto a los capturados por el referido delito, los datos oficiales reportan que de enero a septiembre de este año fueron arrestados 1,101 extorsionistas, de los cuales 566 son integrantes de la MS y 271 de la pandilla 18.
En el rubro del delito de robo, las estadísticas de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) registran un total de 608 sentenciados por los delitos de robo y robo agravado a escala nacional entre enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. El ilícito más condenado fue el robo agravado con 498 sentencias, [480 hombres y 18 mujeres], en cuanto al robo se reportaron 110 de los cuales 16 fueron contra hombres y 4 contra féminas.
Entre esos condenados está Carlos Ernesto Recinos Marroquín, a quien el Tribunal de Sentencia le decretó 8 años de cárcel por quitarle las prendas personales y el dinero a un distribuidor de mercadería utilizando un arma de fuego, en la colonia Díaz Sampera de Cojutepeque.
El caso ocurrió en marzo de 2020, cuando Recinos Marroquín sorprendió a la víctima colocándole el arma de fuego en la cabeza en el momento que este preparaba la entrega del producto que transportaba en un camión. Luego de despojarlo de sus bienes lo obligó a retirarse del lugar a bordo del vehículo automotor, amedrentándolo al dispararle una vez.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
