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«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender», la extorsión de pandilleros a su víctima
«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender, por eso nos debes entregar $25 cada vez que vengas aquí. Sino nos entregas ese billete te vamos a matar», fue la amenaza que el pandillero Noé Humberto Álvarez Zelada, de 21 años junto con otros dos mareros más le hicieron a clave «Siete» el 6 de diciembre de 2017 al momento de exigirle la extorsión.
La víctima relató ante las autoridades que al momento del hecho estaba en la colonia Las Brisas del municipio de El Congo, lugar donde acostumbraba llegar para comercializar sus productos.
El vendedor recuerda que por temor a perder su vida ese mismo día les entregó 25 dólares.
Clave «Siete» testificó que hizo otras entregas el 21 y 29 de diciembre de 2017; y el 11 de enero de 2018. Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir pagando la «renta», el comerciante interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), el 13 de enero de 2018.
Fue así como la victima autorizó realizar entregas controladas y bajo cobertura policial a los pandilleros. En total fueron tres pagos fiscalizados que se llevaron a cabo en las fechas 19 y 25 de abril y 2 de mayo, todas del 2018.
Posterior a eso, la Fiscalía General de la República (FGR) individualizó la participación de cada uno de los acusados y emitió las respectivas órdenes de captura administrativas contra los sospechosos.
Este año, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a 20 años de prisión a Álvarez Zelada por ser coautor en el delito de extorsión agravada, previsto y sancionado en los Artículos 2 y 3, numerales 1) y 7) de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión (LECDE), en la modalidad de delito continuado.
Los datos del ministerio público indican que entre el 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021 lograron que diferentes tribunales salvadoreños condenaran a 1,905 personas acusadas por los ilícitos de extorsión y extorsión agravada a escala nacional.
De ese total, 1,706 fueron hombres y 199 mujeres.
En los últimos dos años y medios, el 2019 encabeza las condenas con 882 [114 féminas y 768 masculinos], le sigue el 2020 con 564 sentencias condenatorias y hasta agosto de este año se registraron 456.
El descenso en las sentencias por extorsión desde 2020 se debe a que el Plan Control Territorial (PCT), la estrategia de Seguridad del presidente Nayib Bukele, comenzó a mostrar sus resultados en este ilícito que por años afectó a la población salvadoreña.
El pasado 16 de noviembre, el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza destacó que el referido ilícito se había reducido hasta en 47.5% debido al bloqueo de la señal telefónica y de internet realizada por las autoridades en todos los centros penitenciarios.
«La estrategia y los resultados validan todo el actuar que está teniendo el presidente y el gabinete de seguridad, jamás hemos visto en los gobiernos anteriores este tipo de resultados, no solo es el tema de homicidios, también la extorsión desde el control de los penales la bajamos el 47.5% cerca del 50% menos de extorsión porque ya no salen llamadas desde los penales y hemos evitado la salida de órdenes que antes eran para matar, para extorsionar al pueblo salvadoreño, hoy eso no lo tenemos por el bloqueo efectivo de la señal que se tiene dentro de los centros penitenciarios», afirmó Luna en esa ocasión.
El funcionario enfatizó que en los gobiernos anteriores los reclusos tenían privilegios como saldo telefónico y llamadas ilimitadas para comunicarse con cualquier persona fuera de los reclusorios.
«En los gobiernos anteriores salían cerca de 10,000 llamadas diarias desde los centros penitenciarios de máxima seguridad, seguridad y de todos los regímenes. ¿Por qué?, porque los gobiernos anteriores les habían puesto cabinas donde ellos tenían $150 de saldo cada uno al mes para poder realizar las llamadas que ellos querían, nosotros eliminamos todo eso, y no solo eso, sino que bloqueamos la señal para que ningún dispositivo se pudiera conectar y no pueda salir una orden», recalcó Luna.
Las estadísticas policiales detallan que, desde junio del 2019, luego que el presidente Bukele anunció la Fase 1 del PCT, hasta el cierre de 2020 se comenzaron a ver resultados importantes en el tema de extorsión. En dicho período la reducción fue del 36.4% en todo el país, es decir, los casos pasaron de 2,019 a 1,256.
En cuanto a los capturados por el referido delito, los datos oficiales reportan que de enero a septiembre de este año fueron arrestados 1,101 extorsionistas, de los cuales 566 son integrantes de la MS y 271 de la pandilla 18.
En el rubro del delito de robo, las estadísticas de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) registran un total de 608 sentenciados por los delitos de robo y robo agravado a escala nacional entre enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. El ilícito más condenado fue el robo agravado con 498 sentencias, [480 hombres y 18 mujeres], en cuanto al robo se reportaron 110 de los cuales 16 fueron contra hombres y 4 contra féminas.
Entre esos condenados está Carlos Ernesto Recinos Marroquín, a quien el Tribunal de Sentencia le decretó 8 años de cárcel por quitarle las prendas personales y el dinero a un distribuidor de mercadería utilizando un arma de fuego, en la colonia Díaz Sampera de Cojutepeque.
El caso ocurrió en marzo de 2020, cuando Recinos Marroquín sorprendió a la víctima colocándole el arma de fuego en la cabeza en el momento que este preparaba la entrega del producto que transportaba en un camión. Luego de despojarlo de sus bienes lo obligó a retirarse del lugar a bordo del vehículo automotor, amedrentándolo al dispararle una vez.
La apuesta por la innovación y la tecnología del Gobierno del presidente Nayib Bukele, en conjunto con el empuje de la iniciativa privada, ha propiciado el ingreso de El Salvador en el «Índice global del ecosistema de startups 2026» de StartupBlink.
En la edición de este año, StartupBlink, centro global de investigación y mapa interactivo que clasifica el ecosistema de emprendimiento y startups en el mundo, coloca a El Salvador en el puesto 80 a escala global; esta también es la primera vez que el país aparece en este listado.
«El Salvador es el país ingresante mejor clasificado en el índice y debuta en el puesto 80 a escala mundial», resaltó la entidad en la descripción del país.
A su vez, remarcó que «El Salvador ocupa el primer lugar en Centroamérica en el pilar de valor de marca del ecosistema, lo que refleja el posicionamiento global más sólido de la subregión, impulsado por el atractivo, la madurez y la visibilidad del ecosistema», señaló StartupBlink.
Para el centro de investigación, esto sugiere que las condiciones subyacentes del entorno empresarial de los países ya están dadas para albergar ecosistemas de startups de rápido crecimiento.
En su análisis también destacó que El Salvador ocupa el tercer lugar en América Latina y el Caribe en la categoría funcional de visibilidad del ecosistema, «lo que indica un alto grado de reconocimiento global en la región, impulsado por “influencers” de startups, eventos, organizaciones influyentes y la tracción de las startups».
En América Latina, el país destacó como el décimo más innovador en una lista en la que Brasil lidera en el puesto 26, seguido por Colombia en el 35 y por Chile en el 39. La nación más innovadora del mundo según este ranking es Francia.
Estos avances responden a la generación de condiciones para el desarrollo del sector innovador, las cuales se materializan en normativas como la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías y la Ley de Inteligencia Artificial, impulsadas por la administración Bukele.
«El Salvador ofrece a las startups una entrada estratégica al mundo con un ecosistema de innovación en rápida evolución. Su entorno propicio para la experimentación, sumado al acceso a incentivos fiscales y al talento cualificado y motivado hacen de El Salvador el lugar ideal para que las startups prueben, desarrollen y expandan sus proyectos», mencionó la ministra de Economía, María Luisa Hayem, respecto al ecosistema innovador.
El año pasado, la capital salvadoreña mostró un importante avance en la lista mundial de las ciudades que se perfilan como nichos con potencial para el desarrollo y crecimiento de startups, y se ubicó en el lugar 300, lo que implicó un salto de 405 ubicaciones con respecto a la puntuación de 2024, que fue de 705.
Según datos del Ministerio de Economía (Minec), para agosto de 2025, el ecosistema de startups local equivalía a más de $330 millones en El Salvador, dentro del que destaca el aceleramiento de las fintech.
Nueve miembros de la Unidad Sindical Salvadoreña (USS) integrará la comitiva del sector laboral que participará el 1 de junio en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde junto a las representaciones del sector empleador y el Gobierno buscarán la salida de El Salvador de la lista corta.
Durante una conferencia, la USS reiteró su posición para lograr el hito de sacar al país de este listado en el que ha permanecido en los últimos 15 años.
«Lograr la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT representa un hecho importante para el desarrollo del país, y un reconocimiento a los esfuerzos realizados en materia sindical, y derechos laborales», dijo el representante de la USS, Adolfo Sánchez.
«Este posible logro es resultado del trabajo internacional técnico y estratégico impulsado por la USS mediante un proceso permanente de diálogo social, incidencia, y cabildeo nacional e internacional ante centrales sindicales, y organismos multilaterales vinculados al sistema normativo de la OIT», añadió.
En este sentido, Sánchez también reconoció el papel fundamental desempeñado por el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para conseguir la coordinación tripartita que pone al país en la brecha final para salir del listado de países que no cumplen con los derechos laborales.
«La actuación intersectorial del ministro Rolando Castro ha estado orientada al fortalecimiento de la posición internacional de El Salvador en materia laboral ante la comunidad internacional, promoviendo espacios de diálogo tripartito, concertación, y cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la OIT», subrayó.
Asimismo, sostuvo que este avance deberá traducirse en el país en mayores oportunidades para la clase trabajadora mediante el fortalecimiento de los derechos laborales en todos los sectores productivos.
«La posible salida de esta lista fortalece la confianza internacional en El Salvador y abre oportunidades para atraer inversión, generar empleo formal, y mejorar las condiciones económicas y sociales de toda la población salvadoreña»
También mencionó que, durante la conferencia, el sector trabajador salvadoreño también participará en espacios sobre libertad sindical, cumplimiento de convenios internacionales, diálogo social, y derechos laborales
«Nuestra participación en la Misión Ginebra 2026 representa una oportunidad estratégica para fortalecer los vínculos internacionales del movimiento sindical salvadoreño y posicionar a la clase trabajadora salvadoreña ante la comunidad internacional».
En diversas oportunidades, el titular del ministro de Trabajo, ha reiterado que el país cuenta con argumentos sólidos para conseguir el objetivo de ser excluidos del mencionado listado.
«Iremos preparados para justificar ante todos los países del mundo que El Salvador debe salir de la lista corta de la OIT. Nuestros argumentos están muy sólidos y ya estamos a pocos días del evento central y la toma de decisión final. Será inédito para nuestra nación», declaró recientemente.
Castro ha explicado que de los 197 países del mundo,187 forman parte de la OIT a los cuales se les envía la lista corta, pero que esta también es enviada a los países no miembros, informando de vulneración laboral.
«Es un lunar o mancha de la imagen del país, así hemos estado por décadas en nuestro El Salvador, ante la mirada del mundo. Tendremos la oportunidad de convertir a nuestra nación en un ejemplo de desarrollo y avances ante la inversión internacional y la opción de relaciones laborales modernas y justas para todos», ha reiterado el titular.
El Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición del público datos globales de los activos y pasivos de funcionarios públicos, una obligación según la nueva Ley Anticorrupción y uno de los compromisos del Gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el sitio web de la Asamblea Legislativa, puede ingresar a “Consulta Activos y Pasivos”, colocar el nombre completo de la persona, su cargo exacto y también el nombre de la institución de ser colocado en forma completa.
Las cifras generales de activos y pasivos, según el sitio, incluye al declarante, cónyuge, conviviente e hijos.
Así, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, aparece con activos por $594,000 y pasivos por $385,651, por lo que su patrimonio resultaría de $208,349.
El presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, posee activos por $4,561,160.23 y pasivos por $94,681.99, por lo que su patrimonio resulta de $4,466,478.24.
También, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, posee $321,580.15 en activos y $89,205 en pasivos. Ello implica que posee un patrimonio de $232,375.15.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, aparece con activos por $175,000 y pasivos por $27,000, por lo que posee un patrimonio de $148,000.
De la misma manera, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Seledonia Soriano de Viaud, también aparece en el registro, con activos por $244,500 y pasivos por $56,500.
También, por ejemplo, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Guadalupe Ayala Guerrero, aparece con pasivos por $312,177.36 y sin activos, por lo cual su patrimonio sería negativo.
El registro interactivo puede ser consultado por cualquier ciudadano sin necesidad de introducir una identificación, correo y contraseña, a diferencia del registro de compras públicas. Para ingresar puede buscar el link de «Consulta Activos y Pasivos» o puede ingresar directamente al link https://portaldgii.mh.gob.sv/ssc/consulta/pasivosActivos/.
El Salvador se comprometió en el acuerdo con el FMI a «promulgar una nueva Ley Anticorrupción» que fuera coherente con «principios de alto nivel del G-20» sobre «declaración de activos de funcionarios públicos» y la «publicación de las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios enumerados en el artículo 236 de la Constitución».
El compromiso se dio en el marco de los objetivos de gobernanza y transparencia en la primera revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
Así, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Anticorrupción el 7 de febrero de 2025. Esta normativa obliga a funcionarios y empleados públicos a presentar informes de activos y pasivos cada año a partir de 2025 y que serían publicados luego de 15 días de ser presentados.
En el pasado, las declaraciones patrimoniales con sus adendas fueron públicas; concretamente en 2015 y 2016 pero a partir de 2020 se empezaron a emitir reservas a esta información. En 2020 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) determinó que las adendas patrimoniales eran confidenciales.
