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«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender», la extorsión de pandilleros a su víctima
«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender, por eso nos debes entregar $25 cada vez que vengas aquí. Sino nos entregas ese billete te vamos a matar», fue la amenaza que el pandillero Noé Humberto Álvarez Zelada, de 21 años junto con otros dos mareros más le hicieron a clave «Siete» el 6 de diciembre de 2017 al momento de exigirle la extorsión.
La víctima relató ante las autoridades que al momento del hecho estaba en la colonia Las Brisas del municipio de El Congo, lugar donde acostumbraba llegar para comercializar sus productos.
El vendedor recuerda que por temor a perder su vida ese mismo día les entregó 25 dólares.
Clave «Siete» testificó que hizo otras entregas el 21 y 29 de diciembre de 2017; y el 11 de enero de 2018. Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir pagando la «renta», el comerciante interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), el 13 de enero de 2018.
Fue así como la victima autorizó realizar entregas controladas y bajo cobertura policial a los pandilleros. En total fueron tres pagos fiscalizados que se llevaron a cabo en las fechas 19 y 25 de abril y 2 de mayo, todas del 2018.
Posterior a eso, la Fiscalía General de la República (FGR) individualizó la participación de cada uno de los acusados y emitió las respectivas órdenes de captura administrativas contra los sospechosos.
Este año, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a 20 años de prisión a Álvarez Zelada por ser coautor en el delito de extorsión agravada, previsto y sancionado en los Artículos 2 y 3, numerales 1) y 7) de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión (LECDE), en la modalidad de delito continuado.
Los datos del ministerio público indican que entre el 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021 lograron que diferentes tribunales salvadoreños condenaran a 1,905 personas acusadas por los ilícitos de extorsión y extorsión agravada a escala nacional.
De ese total, 1,706 fueron hombres y 199 mujeres.
En los últimos dos años y medios, el 2019 encabeza las condenas con 882 [114 féminas y 768 masculinos], le sigue el 2020 con 564 sentencias condenatorias y hasta agosto de este año se registraron 456.
El descenso en las sentencias por extorsión desde 2020 se debe a que el Plan Control Territorial (PCT), la estrategia de Seguridad del presidente Nayib Bukele, comenzó a mostrar sus resultados en este ilícito que por años afectó a la población salvadoreña.
El pasado 16 de noviembre, el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza destacó que el referido ilícito se había reducido hasta en 47.5% debido al bloqueo de la señal telefónica y de internet realizada por las autoridades en todos los centros penitenciarios.
«La estrategia y los resultados validan todo el actuar que está teniendo el presidente y el gabinete de seguridad, jamás hemos visto en los gobiernos anteriores este tipo de resultados, no solo es el tema de homicidios, también la extorsión desde el control de los penales la bajamos el 47.5% cerca del 50% menos de extorsión porque ya no salen llamadas desde los penales y hemos evitado la salida de órdenes que antes eran para matar, para extorsionar al pueblo salvadoreño, hoy eso no lo tenemos por el bloqueo efectivo de la señal que se tiene dentro de los centros penitenciarios», afirmó Luna en esa ocasión.
El funcionario enfatizó que en los gobiernos anteriores los reclusos tenían privilegios como saldo telefónico y llamadas ilimitadas para comunicarse con cualquier persona fuera de los reclusorios.
«En los gobiernos anteriores salían cerca de 10,000 llamadas diarias desde los centros penitenciarios de máxima seguridad, seguridad y de todos los regímenes. ¿Por qué?, porque los gobiernos anteriores les habían puesto cabinas donde ellos tenían $150 de saldo cada uno al mes para poder realizar las llamadas que ellos querían, nosotros eliminamos todo eso, y no solo eso, sino que bloqueamos la señal para que ningún dispositivo se pudiera conectar y no pueda salir una orden», recalcó Luna.
Las estadísticas policiales detallan que, desde junio del 2019, luego que el presidente Bukele anunció la Fase 1 del PCT, hasta el cierre de 2020 se comenzaron a ver resultados importantes en el tema de extorsión. En dicho período la reducción fue del 36.4% en todo el país, es decir, los casos pasaron de 2,019 a 1,256.
En cuanto a los capturados por el referido delito, los datos oficiales reportan que de enero a septiembre de este año fueron arrestados 1,101 extorsionistas, de los cuales 566 son integrantes de la MS y 271 de la pandilla 18.
En el rubro del delito de robo, las estadísticas de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) registran un total de 608 sentenciados por los delitos de robo y robo agravado a escala nacional entre enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. El ilícito más condenado fue el robo agravado con 498 sentencias, [480 hombres y 18 mujeres], en cuanto al robo se reportaron 110 de los cuales 16 fueron contra hombres y 4 contra féminas.
Entre esos condenados está Carlos Ernesto Recinos Marroquín, a quien el Tribunal de Sentencia le decretó 8 años de cárcel por quitarle las prendas personales y el dinero a un distribuidor de mercadería utilizando un arma de fuego, en la colonia Díaz Sampera de Cojutepeque.
El caso ocurrió en marzo de 2020, cuando Recinos Marroquín sorprendió a la víctima colocándole el arma de fuego en la cabeza en el momento que este preparaba la entrega del producto que transportaba en un camión. Luego de despojarlo de sus bienes lo obligó a retirarse del lugar a bordo del vehículo automotor, amedrentándolo al dispararle una vez.
Anunciamos a la población salvadoreña y jugadores de juegos de azar que, tras superar las fases de auditoria, capacitación y adecuación de nuestros procesos de compras públicas y pago de premios, obtuvimos la certificación internacional ISO 37001-2016 Antisoborno, convirtiéndonos en la primera Lotería Estatal de Centroamérica y la segunda a nivel mundial en alcanzar este estándar.
Esta certificación confirma que nuestras compras públicas y el pago de premios se realizan con transparencia, bajo controles alineados a estándares internacionales orientados a la prevención del soborno, fortaleciendo la confianza en la administración de los recursos que gestionamos.
La entrega oficial de las acreditaciones se realizó esta tarde, en un acto formal desarrollado en el Foro de Loteria, donde nuestro presidente, Javier Milián. acompañado por el personal de la institución, recibió las certificaciones de manos de Raúl Castellón, representante de la empresa certificadora Servimeters.
Javier Milian, Presidente de LNB
Con la obtención de la ISO 37001-2016 fortalecemos nuestra gestión institucional y consolidamos una administración integra y responsable, respaldada por mecanismos de control que refuerzan la transparencia y la correcta gestión de los fondos generados a través de nuestros sorteos.
Invitamos a la población a participar en nuestros juegos de Lotería con la confianza de que operamos bajo estándares actualizados, seguros y transparentes, promoviendo siempre el juego responsable. Asimismo, motivamos a la ciudadanía a informarse y a utilizar nuestros canales institucionales de denuncia ante cualquier indicio de soborno, para que se activen los procedimientos correspondientes.
Para conocer más sobre nuestro Sistema de Gestión Antisoborno, pueden visitar nuestra página web: https://www.lnb.gob.sv/sistema-gestion -antisoborno/
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador condenó a diez años de prisión, en un juicio sumario, a Elías Candelario Crespín López, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, en perjuicio de la paz pública.
El reporte oficial detalla que, en noviembre del año pasado, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron alertados de que, sobre la 8a. Avenida Norte y 1a. Calle Oriente de San Salvador, en un microbús de la ruta 11, se transportaba un hombre con arma de fuego. Al ser intervenido, fue identificado como Elías Candelario Crespín, quien portaba un revólver calibre 38, con seis cartuchos.
Al solicitarle la documentación del arma de fuego, Elías Candelario pudo demostrar la legalidad, razón por la cual fue detenido.
La Fiscalía informó que en la vista pública se comprobó la culpabilidad del procesado a través de la prueba documental, pericial y testimonial incorporada durante la investigación sumaria.
En octubre de 2025, Pedro Héctor Rosa Cruz fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y disparo de arma de fuego.
El 4 de febrero de 2025, el imputado se encontraba frente a su casa, junto a otras personas, en la lotificación El Trapiche, en el distrito de Guazapa, San Salvador. Al lugar llegó una patrulla con agentes policiales que habían recibido informes de varios disparos en la zona. Pedro Héctor, que se encontraba en estado de ebriedad, entregó el arma de la cual no tenía permiso y fue puesto en detención.
Armando Cárcamo Andrade fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Dimas Flores. Asimismo, el tribunal libró la respectiva orden de captura por ser imputado rebelde.
El reporte oficial da cuenta que el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 9 de septiembre de 2021, en el distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este. El cuerpo sin vida fue encontrado por una persona que hacía labores de limpieza, quien ingresó a la vivienda al notar que el portón se encontraba entreabierto y que el vehículo de la víctima no estaba en el lugar.
La persona continuó con sus labores y, al pasar a la habitación, observó a Dimas en una hamaca, al acercarse notó que presentaba heridas en el rostro y el cuello, además de que el cuarto estaba desordenado. Uno de los testigos declaró que la víctima había llegado tres días antes del crimen junto a su agresor y que ambos estuvieron departiendo.
Durante el juicio se demostró que la activación de las antenas del teléfono celular de la víctima fue ubicada en la residencia de Cárcamo Andrade, quien además se llevó el vehículo de la víctima hacia su vivienda, situada en el departamento de La Unión, detalló la Fiscalía.
En otro caso, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de prisión a Juan José Díaz Salinas, integrante de la Mara Salvatrucha por el homicidio de un agente de la PNC en septiembre de 2017.
Según la investigación fiscal, el imputado mató a la víctima en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, La Paz; el agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar.
Además de la pena de prisión, Cárcamo Andrade debe pagar $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
Actualmente Díaz Salinas cumple penas de prisión, entre otros hechos, por haber asesinado a una mujer en 2017 y por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en la jurisdicción del departamento de La Paz.
