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«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender», la extorsión de pandilleros a su víctima
«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender, por eso nos debes entregar $25 cada vez que vengas aquí. Sino nos entregas ese billete te vamos a matar», fue la amenaza que el pandillero Noé Humberto Álvarez Zelada, de 21 años junto con otros dos mareros más le hicieron a clave «Siete» el 6 de diciembre de 2017 al momento de exigirle la extorsión.
La víctima relató ante las autoridades que al momento del hecho estaba en la colonia Las Brisas del municipio de El Congo, lugar donde acostumbraba llegar para comercializar sus productos.
El vendedor recuerda que por temor a perder su vida ese mismo día les entregó 25 dólares.
Clave «Siete» testificó que hizo otras entregas el 21 y 29 de diciembre de 2017; y el 11 de enero de 2018. Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir pagando la «renta», el comerciante interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), el 13 de enero de 2018.
Fue así como la victima autorizó realizar entregas controladas y bajo cobertura policial a los pandilleros. En total fueron tres pagos fiscalizados que se llevaron a cabo en las fechas 19 y 25 de abril y 2 de mayo, todas del 2018.
Posterior a eso, la Fiscalía General de la República (FGR) individualizó la participación de cada uno de los acusados y emitió las respectivas órdenes de captura administrativas contra los sospechosos.
Este año, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a 20 años de prisión a Álvarez Zelada por ser coautor en el delito de extorsión agravada, previsto y sancionado en los Artículos 2 y 3, numerales 1) y 7) de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión (LECDE), en la modalidad de delito continuado.
Los datos del ministerio público indican que entre el 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021 lograron que diferentes tribunales salvadoreños condenaran a 1,905 personas acusadas por los ilícitos de extorsión y extorsión agravada a escala nacional.
De ese total, 1,706 fueron hombres y 199 mujeres.
En los últimos dos años y medios, el 2019 encabeza las condenas con 882 [114 féminas y 768 masculinos], le sigue el 2020 con 564 sentencias condenatorias y hasta agosto de este año se registraron 456.
El descenso en las sentencias por extorsión desde 2020 se debe a que el Plan Control Territorial (PCT), la estrategia de Seguridad del presidente Nayib Bukele, comenzó a mostrar sus resultados en este ilícito que por años afectó a la población salvadoreña.
El pasado 16 de noviembre, el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza destacó que el referido ilícito se había reducido hasta en 47.5% debido al bloqueo de la señal telefónica y de internet realizada por las autoridades en todos los centros penitenciarios.
«La estrategia y los resultados validan todo el actuar que está teniendo el presidente y el gabinete de seguridad, jamás hemos visto en los gobiernos anteriores este tipo de resultados, no solo es el tema de homicidios, también la extorsión desde el control de los penales la bajamos el 47.5% cerca del 50% menos de extorsión porque ya no salen llamadas desde los penales y hemos evitado la salida de órdenes que antes eran para matar, para extorsionar al pueblo salvadoreño, hoy eso no lo tenemos por el bloqueo efectivo de la señal que se tiene dentro de los centros penitenciarios», afirmó Luna en esa ocasión.
El funcionario enfatizó que en los gobiernos anteriores los reclusos tenían privilegios como saldo telefónico y llamadas ilimitadas para comunicarse con cualquier persona fuera de los reclusorios.
«En los gobiernos anteriores salían cerca de 10,000 llamadas diarias desde los centros penitenciarios de máxima seguridad, seguridad y de todos los regímenes. ¿Por qué?, porque los gobiernos anteriores les habían puesto cabinas donde ellos tenían $150 de saldo cada uno al mes para poder realizar las llamadas que ellos querían, nosotros eliminamos todo eso, y no solo eso, sino que bloqueamos la señal para que ningún dispositivo se pudiera conectar y no pueda salir una orden», recalcó Luna.
Las estadísticas policiales detallan que, desde junio del 2019, luego que el presidente Bukele anunció la Fase 1 del PCT, hasta el cierre de 2020 se comenzaron a ver resultados importantes en el tema de extorsión. En dicho período la reducción fue del 36.4% en todo el país, es decir, los casos pasaron de 2,019 a 1,256.
En cuanto a los capturados por el referido delito, los datos oficiales reportan que de enero a septiembre de este año fueron arrestados 1,101 extorsionistas, de los cuales 566 son integrantes de la MS y 271 de la pandilla 18.
En el rubro del delito de robo, las estadísticas de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) registran un total de 608 sentenciados por los delitos de robo y robo agravado a escala nacional entre enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. El ilícito más condenado fue el robo agravado con 498 sentencias, [480 hombres y 18 mujeres], en cuanto al robo se reportaron 110 de los cuales 16 fueron contra hombres y 4 contra féminas.
Entre esos condenados está Carlos Ernesto Recinos Marroquín, a quien el Tribunal de Sentencia le decretó 8 años de cárcel por quitarle las prendas personales y el dinero a un distribuidor de mercadería utilizando un arma de fuego, en la colonia Díaz Sampera de Cojutepeque.
El caso ocurrió en marzo de 2020, cuando Recinos Marroquín sorprendió a la víctima colocándole el arma de fuego en la cabeza en el momento que este preparaba la entrega del producto que transportaba en un camión. Luego de despojarlo de sus bienes lo obligó a retirarse del lugar a bordo del vehículo automotor, amedrentándolo al dispararle una vez.
Una serie de retumbos ha generado alarma entre habitantes de distintos sectores de la periferia capitalina. Ante los reportes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aclaró ayer jueves que su red de estaciones sismológicas no registra actividad sísmica inusual relacionada con los sonidos escuchados en diferentes puntos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Entre el 25 y el 27 de agosto, pobladores de sectores como la colonia Satélite, el cantón El Carmen, las cercanías del cerro San Jacinto y la colonia Vista Hermosa reportaron haber escuchado retumbos, lo que generó interrogantes sobre si estos podrían estar relacionados con algún proceso geológico.
De acuerdo con el informe técnico del MARN, la revisión de las estaciones sismológicas instaladas en el AMSS y sus cercanías determinó que los sismogramas no muestran registros de actividad sísmica inusual que pueda asociarse con los retumbos reportados por la población hasta este momento.
El informe también señala que tres señales fueron registradas cerca de las 9:00 a. m. del 26 de agosto en las estaciones de Piamonte, Boquerón, Finca Barrera, UES y SNET. Sin embargo, el análisis técnico estableció que las características de estas señales no corresponden con actividad sísmica local ni volcánica.
Según el MARN, los tiempos de arribo de las señales difieren entre las estaciones y predominan las altas frecuencias. Además, los arribos de fases son impulsivos y presentan las mismas polaridades.
«Los tiempos de arribo son muy diferentes entre estaciones, predominan altas frecuencias, los arribos de fases son impulsivos y muestran las mismas polaridades, lo cual no es consistente con la ocurrencia de un proceso geológico», explicó la institución meteorológica.
MARN recibe reportes de retumbos
El sismólogo del MARN, Keyn Pineda, declaró que la institución ha recibido reportes relacionados con los retumbos, principalmente en la zona de la colonia Satélite y en algunos sectores de La Paz, específicamente en Olocuilta.
«Hemos escuchado un par de reportes donde se menciona la zona de la colonia Satélite, e incluso algunas zonas en La Paz, específicamente en Olocuilta. De momento, nuestra red de estaciones de monitoreo sísmico no ha registrado ninguna señal a la que le podamos atribuir este fenómeno que reporta la población», señaló Pineda.
Hasta este momento, el MARN no identifica una condición de riesgo geológico relacionada con estos sonidos. El Observatorio de Amenazas continuará con el monitoreo permanente para detectar cualquier cambio.
Como parte de una investigación contra una red dedicada al narcomenudeo de droga que era distribuida en bares y establecimientos nocturnos de la capital, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), allanó dos inmuebles ubicados en la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
Estos registros se realizan a raíz de las capturas realizadas ayer de José Manuel Veiztez Zanchez, Andrea Michell Martínez Quiroz y José Manuel Ayala Bonilla, a quienes se les vincula con actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.
Uno de los inmuebles intervenidos se encuentra registrado a nombre de Veiztez Sánchez y durante la madrugada una persona que intentó sustraer evidencia que podrían relacionar a los investigados con actividades de tráfico ilícito de drogas. Este fue detenido en flagrancia e identificado como Jesús Armando Afane Merino.
En ese momento Afane llevaba en una cartera con diferentes tipos de droga y dinero en efectivo.
Tras las respectivas investigaciones, también se ingresó a la vivienda de este último imputado y como resultado de los procedimientos, se incautó marihuana, rivotril, ketamina y otras sustancias ilícitas, además de balanzas, pipas y dinero en efectivo.
La FGR y la PNC continúan con las diligencias de investigación para establecer el grado de participación de los detenidos y recopilar más elementos que permitan fortalecer la investigación.
Con el objetivo de acercar los servicios de salud y contribuir a la prevención de enfermedades en las zonas más alejadas del país, la Dirección de Obras Municipales (DOM) ha construido 12 unidades de salud a escala nacional y actualmente ejecuta otras tres obras de este tipo.
De acuerdo con la DOM, estas instalaciones corresponden a infraestructura moderna que destaca entre los casi 10,000 proyectos que la institución desarrolla en todo el territorio durante sus casi cinco años de existencia.
La institución señaló que las unidades de salud fueron edificadas en zonas estratégicas y de difícil acceso, con espacios adecuados, equipamiento moderno, personal médico calificado y abastecimiento oportuno de medicamentos.
Los establecimientos permiten brindar atención integral a la población en diferentes áreas, entre ellas medicina general, pediatría, odontología, ginecología, psicología, atención de infecciones respiratorias agudas, terapias, fisioterapia, vacunación, curaciones, atención de fracturas, nutrición, laboratorio clínico y servicios de farmacia, entre otros.
Según la DOM, uno de los principales beneficios de estas obras es su ubicación en comunidades donde durante décadas la población enfrentó dificultades para acceder a servicios médicos.
Cuatro de las 12 unidades de salud construidas se encuentran en el departamento de Morazán, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado y que, de acuerdo con la institución, permaneció durante años en abandono estatal. Actualmente, las instalaciones brindan atención a los habitantes de El Divisadero, Sensembra, Yoloaiquín y Yamabal, donde cada distrito cuenta con su propia unidad.
A estas obras se suman las unidades de salud construidas en Azacualpa y Nombre de Jesús, en Chalatenango; Cinquera, en Cabañas; Tecoluca, en San Vicente; San José La Fuente, en La Unión; San Emigdio, en La Paz; y Jucuarán y San Dionisio, en Usulután.
La DOM indicó que, mediante estos proyectos, contribuye a acercar servicios de salud dignos, oportunos y de calidad a miles de salvadoreños, especialmente a quienes durante años carecieron de infraestructura adecuada para la atención médica.
De manera simultánea, la institución avanza en la construcción de nuevas clínicas en Jicalapa, La Libertad Costa; Delicias de Concepción, Morazán; además de una clínica de atención geriátrica y el Club de Retiro para el Adulto Mayor, ubicados en el caserío El Mozote, distrito de Meanguera, Morazán.
