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«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender», la extorsión de pandilleros a su víctima
«Ya te tenemos controlado y sabemos que cada 15 días venís a vender, por eso nos debes entregar $25 cada vez que vengas aquí. Sino nos entregas ese billete te vamos a matar», fue la amenaza que el pandillero Noé Humberto Álvarez Zelada, de 21 años junto con otros dos mareros más le hicieron a clave «Siete» el 6 de diciembre de 2017 al momento de exigirle la extorsión.
La víctima relató ante las autoridades que al momento del hecho estaba en la colonia Las Brisas del municipio de El Congo, lugar donde acostumbraba llegar para comercializar sus productos.
El vendedor recuerda que por temor a perder su vida ese mismo día les entregó 25 dólares.
Clave «Siete» testificó que hizo otras entregas el 21 y 29 de diciembre de 2017; y el 11 de enero de 2018. Sin embargo, ante la imposibilidad de seguir pagando la «renta», el comerciante interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), el 13 de enero de 2018.
Fue así como la victima autorizó realizar entregas controladas y bajo cobertura policial a los pandilleros. En total fueron tres pagos fiscalizados que se llevaron a cabo en las fechas 19 y 25 de abril y 2 de mayo, todas del 2018.
Posterior a eso, la Fiscalía General de la República (FGR) individualizó la participación de cada uno de los acusados y emitió las respectivas órdenes de captura administrativas contra los sospechosos.
Este año, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a 20 años de prisión a Álvarez Zelada por ser coautor en el delito de extorsión agravada, previsto y sancionado en los Artículos 2 y 3, numerales 1) y 7) de la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión (LECDE), en la modalidad de delito continuado.
Los datos del ministerio público indican que entre el 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021 lograron que diferentes tribunales salvadoreños condenaran a 1,905 personas acusadas por los ilícitos de extorsión y extorsión agravada a escala nacional.
De ese total, 1,706 fueron hombres y 199 mujeres.
En los últimos dos años y medios, el 2019 encabeza las condenas con 882 [114 féminas y 768 masculinos], le sigue el 2020 con 564 sentencias condenatorias y hasta agosto de este año se registraron 456.
El descenso en las sentencias por extorsión desde 2020 se debe a que el Plan Control Territorial (PCT), la estrategia de Seguridad del presidente Nayib Bukele, comenzó a mostrar sus resultados en este ilícito que por años afectó a la población salvadoreña.
El pasado 16 de noviembre, el director de Centros Penales, Osiris Luna Meza destacó que el referido ilícito se había reducido hasta en 47.5% debido al bloqueo de la señal telefónica y de internet realizada por las autoridades en todos los centros penitenciarios.
«La estrategia y los resultados validan todo el actuar que está teniendo el presidente y el gabinete de seguridad, jamás hemos visto en los gobiernos anteriores este tipo de resultados, no solo es el tema de homicidios, también la extorsión desde el control de los penales la bajamos el 47.5% cerca del 50% menos de extorsión porque ya no salen llamadas desde los penales y hemos evitado la salida de órdenes que antes eran para matar, para extorsionar al pueblo salvadoreño, hoy eso no lo tenemos por el bloqueo efectivo de la señal que se tiene dentro de los centros penitenciarios», afirmó Luna en esa ocasión.
El funcionario enfatizó que en los gobiernos anteriores los reclusos tenían privilegios como saldo telefónico y llamadas ilimitadas para comunicarse con cualquier persona fuera de los reclusorios.
«En los gobiernos anteriores salían cerca de 10,000 llamadas diarias desde los centros penitenciarios de máxima seguridad, seguridad y de todos los regímenes. ¿Por qué?, porque los gobiernos anteriores les habían puesto cabinas donde ellos tenían $150 de saldo cada uno al mes para poder realizar las llamadas que ellos querían, nosotros eliminamos todo eso, y no solo eso, sino que bloqueamos la señal para que ningún dispositivo se pudiera conectar y no pueda salir una orden», recalcó Luna.
Las estadísticas policiales detallan que, desde junio del 2019, luego que el presidente Bukele anunció la Fase 1 del PCT, hasta el cierre de 2020 se comenzaron a ver resultados importantes en el tema de extorsión. En dicho período la reducción fue del 36.4% en todo el país, es decir, los casos pasaron de 2,019 a 1,256.
En cuanto a los capturados por el referido delito, los datos oficiales reportan que de enero a septiembre de este año fueron arrestados 1,101 extorsionistas, de los cuales 566 son integrantes de la MS y 271 de la pandilla 18.
En el rubro del delito de robo, las estadísticas de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI) registran un total de 608 sentenciados por los delitos de robo y robo agravado a escala nacional entre enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. El ilícito más condenado fue el robo agravado con 498 sentencias, [480 hombres y 18 mujeres], en cuanto al robo se reportaron 110 de los cuales 16 fueron contra hombres y 4 contra féminas.
Entre esos condenados está Carlos Ernesto Recinos Marroquín, a quien el Tribunal de Sentencia le decretó 8 años de cárcel por quitarle las prendas personales y el dinero a un distribuidor de mercadería utilizando un arma de fuego, en la colonia Díaz Sampera de Cojutepeque.
El caso ocurrió en marzo de 2020, cuando Recinos Marroquín sorprendió a la víctima colocándole el arma de fuego en la cabeza en el momento que este preparaba la entrega del producto que transportaba en un camión. Luego de despojarlo de sus bienes lo obligó a retirarse del lugar a bordo del vehículo automotor, amedrentándolo al dispararle una vez.
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El Salvador registra aumento del 35 % en turismo internacional y suma 1.7 millones de visitantes hasta abril
El turismo en El Salvador mantiene una tendencia al alza durante 2026. Entre enero y abril, el país recibió 1.7 millones de visitantes internacionales, una cifra que representa un crecimiento del 35 % en comparación con el mismo período del año pasado, según informó la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), Alejandra Durán.
Solo en abril ingresaron al país 473,000 visitantes, convirtiéndose junto con febrero y marzo en los meses con mayor llegada de turistas internacionales en lo que va del año.
«Febrero, marzo y abril del 2026 han sido los meses en los que han venido más visitantes internacionales; solo en abril tuvimos 473,000», afirmó Durán.
La funcionaria destacó que el país ya ha alcanzado más del 40 % del objetivo turístico proyectado para este año, que es recibir 4.2 millones de visitantes. La meta supera ligeramente el registro de 2025, cuando El Salvador cerró con 4.1 millones de turistas.
De acuerdo con Corsatur, el crecimiento ha sido impulsado, en parte, por el desarrollo de eventos internacionales y una estrategia de promoción enfocada en mercados clave de la región.
«Hemos estado llenos de eventos internacionales, los que más nos han visitado son procedentes de Guatemala, Estados Unidos y Honduras. Con la Cámara Salvadoreña de Turismo tenemos una fuerte campaña en los países vecinos para que conozcan todas las actividades y nos está yendo bien, porque muchas personas están llegando a nuestro territorio», señaló.
Además de estos mercados principales, El Salvador también está recibiendo visitantes provenientes de Canadá, México, Panamá y Colombia, lo que refleja una mayor diversificación del turismo internacional hacia el país.
El incremento en la llegada de turistas consolida al sector como uno de los motores de crecimiento económico para 2026, en medio de los esfuerzos del Gobierno y del sector privado por fortalecer la oferta turística.
«¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta terminar por completo con esta peste? Este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron». Así reaccionó el presidente Nayib Bukele tras el asesinato de un elemento de la Policía Nacional Civil (PNC) en Nueva Concepción, Chalatenango, en 2023, que fue atacado por pandilleros mientras realizaba un patrullaje junto con otros agentes.
Al igual que en este caso, el mandatario ha reiterado en distintas ocasiones su postura de mantener medidas firmes contra las estructuras criminales, especialmente cuando policías o soldados han sido atacados durante operativos. Bukele ha sostenido que, a diferencia de años pasados, actualmente las fuerzas de seguridad han logrado recuperar el control del territorio y responder con rapidez ante cualquier agresión.
«No estamos combatiendo angelitos, sino al mismo demonio», dijo también luego del asesinato de tres policías en 2022 en una emboscada de terroristas de la pandilla 18. El ataque ocurrió en el sector de la línea férrea, cerca de la comunidad La Realidad, en Santa Ana. «Esto no va quedar así, van a pagar caro el asesinato de estos tres héroes».
Casos como estos han marcado las reacciones del presidente ante los cada vez más aislados ataques dirigidos contra policías y soldados que participaban en operativos contra pandillas; postura no adoptada en administraciones pasadas cuando cientos de integrantes de cuerpos de seguridad y sus familias fueron amenazados e incluso asesinados.
Por ejemplo, en 2015, los registros históricos detallan que 67 agentes fueron atacados y asesinados. Entre los crímenes se registra un doble asesinato, ocurrido en San Matías, departamento de La Libertad, el 4 agosto de ese año, tras una emboscada perpetrada por un grupo de pandilleros.
Las autoridades mencionaron, en esa ocasión, que los agentes llegaron en una patrulla al cantón Santa Rosa para ubicar a criminales que se escondían en esa zona.
Los datos oficiales reflejan que, en años anteriores, las pandillas atentaron de forma constante contra miembros de la PNC. Por ejemplo, en 2009 fueron asesinados 24 agentes; en 2010, la cifra fue de 23; en 2011 se reportaron 19; en 2012, 16; en 2013, 13; mientras que en 2014, el número incrementó a 39 policías fallecidos en ataques perpetrados por estructuras delincuenciales.
En los años siguientes, la violencia contra elementos de seguridad no se detuvo. En 2016 se registró la muerte de al menos 47 policías a manos de pandillas, una de las cifras más altas en ese período. Asimismo, en 2018, se contabilizaron 33 casos; en 2019, 29; y en 2020, 13 policías perdieron la vida en hechos atribuidos a estos grupos delictivos.
Posteriormente, los ataques a cuerpos de seguridad disminuyeron, pese a que no hay una cifra oficial de casos acumulados, solo se han registrado algunos aislados. Como en noviembre de 2025, cuando un equipo de las Fuerzas Especiales de la Policía fue atacado con un arma de fuego mientras realizaba un patrullaje en una zona boscosa del caserío Los Montanos, en el distrito de Santa Clara, San Vicente Norte.
En distintas ocasiones, Bukele ha señalado la prioridad de su administración en garantizar la protección de la población y de los elementos de seguridad que diariamente participan en tareas de patrullaje, investigaciones y capturas de integrantes de grupos criminales. Asimismo, ha destacado que, a diferencia de años anteriores, actualmente las autoridades cuentan con mayor capacidad operativa para responder de manera inmediata ante cualquier agresión.
Los pocos ataques contra policías o soldados que se han registrado bajo la administración Bukele han sido respondidos inmediatamente con operativos de búsqueda, implementación de cercos de seguridad y procesos judiciales para evitar la impunidad.
Por ejemplo, por el homicidio de los tres policías en Santa Ana, ocho terroristas del Barrio 18, que delinquían en Chalchuapa, fueron condenados a penas de hasta 175 años de prisión. Fueron procesados por el homicidio agravado de las tres víctimas y por agrupaciones ilícitas.
Hay parejas que se juran amor hasta que la muerte los separe, pero hay otras que permanecen juntas hasta que el crimen los lleva a la cárcel, este es el caso de al menos cinco parejas de esposos que han sido condenadas en lo que va del año con penas que van desde los 10 hasta los 43 años de prisión.
Según los reportes de la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 1.° de enero y el 18 de mayo de este año, los cinco matrimonios han sido condenados por los delitos de homicidio, estafa, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas y hurto.
El pasado 15 de mayo, la Fiscalía consiguió que los esposos Keiry Yarissa Lizama Carranza y Edwin Antonio Hernández Sorto fueran condenados a 10 y 20 años de cárcel, respectivamente. La pareja fue procesada por el delito de tráfico de drogas.
Según la acusación fiscal, Hernández Sorto fue capturado el 27 de marzo de 2025 mientras conducía un vehículo en la 8.ª avenida sur y la 3.ª calle poniente, en la ciudad de San Miguel.
«El procesado al observar la presencia policial se puso nervioso e intentó darse a la fuga. Al ver esa acción, la Policía lo detuvo y realizó un registro preventivo», señaló el fiscal del caso.
La Policía Nacional Civil (PNC) localizó en el interior del vehículo más de 10 gramos de cocaína y $2,000 en efectivo.
«Mientras que, en un registro con prevención de allanamiento, el 28 de marzo del mismo año en la vivienda de Hernández Sorto, en la residencial San Francisco, en San Miguel, fue capturada su pareja, Lizama Carranza», detalló el fiscal.
En la vivienda, la PNC decomisó 53 gramos de marihuana, una balanza electrónica y varias bolsas. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel.
LOS GÁMEZ AVILÉS SON ESTAFADORES
A 16 años de cárcel fueron condenados Óscar Adilio Gámez Leiva y su esposa, Roxana del Carmen Avilés de Gámez, por estafar a 12 víctimas al ofrecerles visas falsas de trabajo en el extranjero.
«Los ofendidos le entregaron a la pareja en diferentes fechas diversas cantidades de dinero con la promesa de obtener una visa de trabajo en Estados Unidos y en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos», explicó la fiscal del caso.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, a inicios de octubre de 2021, los esposos promovieron en una oficina y mediante varias reuniones en un restaurante del distrito de Dolores, en Cabañas Este, el engaño al tramitar y obtener visas de trabajo en el extranjero.
«Las víctimas les entregaron cantidades entre los $2,500 y $5,000 con la esperanza de viajar fuera del país para obtener un trabajo», indicó la fiscal.
La pareja fue condenada por el juez del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que además dictaminó que ambos les paguen a las víctimas $20,000 en concepto de responsabilidad civil.
CONDENA MÁS ALTA
El 24 de abril, en Usulután, Wendy Saraí Gómez y Víctor Geovanny Melgar fueron condenados a 43 años de prisión por el homicidio en perjuicio de un bebé de dos años.
La pareja cometió el crimen en el distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste. Según las investigaciones, los imputados son la madre y el padrastro de la víctima; ambos ejercían violencia sobre el menor de edad.
«En mayo de 2024, el imputado asfixió al bebé y momentos después lo llevaron al hospital por un supuesto ataque de epilepsia; sin embargo, los médicos activaron el protocolo de muerte sospechosa al ver los signos de violencia en el cuerpo de la víctima», explicó el fiscal del caso.
ESPOSOS DEBEN DEVOLVER MÁS DE $289,000 AL ESTADO
En febrero, la robusta investigación desarrollada por la Fiscalía permitió la condena civil de Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, exdirector ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia) y la de su esposa, Violeta de Jenkins, por enriquecimiento ilícito de $289,567.89, producto de 14 irregularidades financieras realizadas entre 2006 y 2010, período en el que Jenkins Lorenzana estuvo en el cargo.
