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Visita del jefe del Comando Sur confirma reconocimiento de EE. UU. a políticas de seguridad y Plan Control Territorial
Las históricas reducciones en los índices de homicidios en El Salvador, la lucha contra las pandillas y el narcotráficoy los importantes decomisos de sustancias ilícitas, entre otros fenómenos son respaldados por los Estados Unidos, algo confirmado hoy con la visita de Craig Faller, jefe del Comando Sur, y que demuestra que el Plan Control Territorial está dando excelentes resultados en beneficio de los salvadoreños y de la seguridad regional.
Por ello hay que destacar que Estados Unidos y El Salvador, en su relación de socios confiables, no solo trabajan para estrechar lazos de cooperación en momentos críticos, como cuando el Comando Sur apoyó al país durante las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal (en mayo y junio) sino que también en el intercambio de estrategias conjuntas para enfrentar flagelos que minan la seguridad del hemisferio y que pueden afectar la estabilidad regional.
“El comandante almirante Craig Faller reafirmó la sólida asociación de seguridad: El Salvador es un socio de seguridad vital que brinda apoyo clave a los esfuerzos regionales contra el tráfico ilícito”, destacó el Comando Sur, en una de sus redes sociales.
Faller, quien preside esta instancia del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, está de visita en el país para sostener diferentes reuniones estratégicas tanto con autoridades del Gobierno del Presidente Nayib Bukele como con el embajador Ronald Johnson y miembros de la Embajada del país norteamericano en El Salvador, en claro afán de fortalecer todos estos planes y políticas, que además de dar tranquilidad a los salvadoreños permiten que prevalezca la estabilidad en la región, tanto en el Triángulo Norte como en toda Centroamérica.
El Comando Sur también apoyó diferentes aspectos humanitarios como equipos y kits de protección personal esenciales para mitigar el riesgo de COVID-19 y para apoyar a la “primera línea” de médicos y enfermeras que han estado enfrentando la pandemia, además de otros espaldarazos que certifican la sólida relación que ha construido el Presidente Bukele en sus primeros 17 meses de Gobierno.
Todo lo anterior demuestra que el Gobierno de El Salvador, a través del Plan Control Territorial (que ha dado cifras históricas como 32 días sin homicidios y millonarios decomisos de drogas y estupefacientes), va por el rumbo correcto en el tema de seguridad y que, con aliados y socios confiables como Estados Unidos, se seguirá haciendo lo correcto para los salvadoreños.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
