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Verifican cumplimiento de la tarifa autorizada en el transporte público
Foto: Cortesía
Las autoridades de la Policía de Tránsito han aplicado 10,970 multas al transporte público de pasajeros por incumplimiento del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, en seis meses que tiene en vigor el Plan 11 Medidas Antiinflación del Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
Del total de las esquelas,1,300 fueron por el aumento no autorizado del precio del pasaje en las unidades del transporte público de pasajeros.
Del 12 de marzo al 19 de septiembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) y los gestores del Viceministerio de Transporte (VMT) aplicaron las multas en controles aleatorios en diferentes zonas del país a los infractores de la ley vial.
En el mismo periodo, las autoridades han sancionado a 725 rutas, de 1,100 autorizadas a dar el servicio, al efectuar inspecciones en terminales, paradas, abordando las unidades y en al menos 100 puntos de las principales carreteras.
De esta manera, el Gobierno ha mantenido una estricta vigilancia de los precios de las tarifas del pasaje en el transporte público de pasajeros, evitando que los usuarios paguen más de lo autorizado.
El paquete antiinflacionario fue anunciado por el Mandatario el 10 de marzo de 2022, para disminuir los efectos de la crisis mundial y proteger el bolsillo de los salvadoreños.
Hasta el 13 de septiembre, pasado, fueron registrados 92,301 actividades policiales para verificar el cumplimiento de estas disposiciones. Esperan abarcar el 100 % de unidades al finalizar el año. Fueron abiertos 68 procesos administrativos sancionatorios, por desvío de recorridos.
Desde que entraron en vigor las medidas de alivio económico, se han recibido 658 denuncias por parte de los usuarios, con relación al alza de los pliegos tarifarios, 363 han sido atendidas y 295 están en proceso; asimismo, registran 10 detenciones y 7 unidades incautadas.
Un motociclista de 37 años sufrió lesiones de gravedad tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera que conecta Sonsonate con Santa Ana, a la altura del desvío El Canelo, en Nahuizalco.
Según el reporte, otro vehículo habría invadido el carril por donde circulaba la víctima, provocando la colisión.
El motociclista presentó fracturas expuestas en el brazo y la pierna derechos, por lo que recibió atención prehospitalaria por parte de Comandos de Salvamento de Sonsonate.
José de la Paz Hernández Argueta, de 35 años, falleció luego de sufrir un accidente laboral mientras trabajaba como jardinero en East Hills, Long Island, Nueva York, Estados Unidos.
Según la información proporcionada, el salvadoreño cayó de un camión el pasado 10 de septiembre, resultando gravemente afectado por el accidente.
Los restos de Hernández Argueta serán repatriados en los próximos días a El Salvador. Posteriormente, serán trasladados hasta su natal caserío Nacascolo, en el departamento de La Unión, donde recibirá sepultura.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron cuatro registros con prevención de allanamiento en los distritos de Apopa, Ciudad Delgado y San Martín, para desarticular una estructura criminal dedicada al hurto de identidad y hurto por medios informáticos.
Según la investigación, los integrantes de esta agrupación ilícita fingían ser empleados de instituciones financieras nacionales y para acercarse a habitantes de comunidades y vendedores de mercados a quienes les ofrecían entre $20 y $25 para que les respondieran una encuesta.
El formulario de la encuesta estaba diseñado para que la persona escribiera sus datos personales como el nombre, fecha de nacimiento, número del Documento Único de Identidad (DUI), la dirección de residencia y el correo electrónico. Además, a cada víctima le tomaban una fotografía.
Tras obtener los datos personales, los miembros de la estructura criminal procedían a abrir cuentas bancarias digitales a nombre de las víctimas en diversas instituciones financieras. Para crear las cuentas, la estructura también utilizaba números de teléfonos que ellos tenían bajo su dominio o control.
Las cuentas eran utilizadas para movilizar dinero que procedía de estafas que esta red previamente realizaba por WhatsApp, mediante la suplantación de identidad y de otras operaciones fraudulentas desarrolladas con medios informáticos.
No obstante, la víctima que había llenado el formulario nunca se enteraba que su información personal habían sido realmente utilizada para crear las cuentas y movilizar dinero de origen ilícito.
Con esta modalidad la estructura delincuencial operó de enero a marzo de 2026 y se estima que en ese período abrió al menos 22 cuentas bancarias digitales, según la investigación fiscal. De hecho, las autoridades aún trabajan por establecer el monto económico con que fueron afectadas las víctimas.
La línea de investigación que inició la FGR sobre esta estructura criminal logró realizar los allanamientos y la detención de Rodolfo Giovanni de León Rivas. Su captura se concretizó en una residencial del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
En la vivienda le decomisaron, entre otros objetos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una laptop.
De acuerdo con la versión fiscal, el sujeto está perfilado como el cabecilla principal de la estructura criminal y se determinó que para evitar ser caputado por las autoridades cambiaba periódicamente de lugar de residencia.
En la organización, el imputado daba las directrices al resto de los miembros sobre el manejo de las cuentas bancarias.
Asimismo, en el distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Centro, se logró la captura de Leonardo Eduardo Castillo González. Según la investigación fiscal este sujeto administraba algunas de las cuentas bancarias digitales en que se movilizaba el dinero, así como los teléfonos asociados a ellas.
También se encargaba de hacer retiros en cajeros automáticos de dinero proveniente de estafas realizadas por medios informáticos. La FGR espera lograr la captura de más integrantes de esta estructura en las próximas horas.
Durante los registros se incautaron 6 celulares, 1 laptop, 1 computadora, 1 tablet, 4 tarjetas de débito, 1 contrato de cuenta corriente, 5 cascos de motocicleta y 9 gorras que aparecen en los videos de seguridad de los cajeros automáticos donde se retiraba el dinero, $651 dólares en efectivo, y otra evidencia que robustecerá la investigación.
