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Verifican cumplimiento de la tarifa autorizada en el transporte público
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Las autoridades de la Policía de Tránsito han aplicado 10,970 multas al transporte público de pasajeros por incumplimiento del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, en seis meses que tiene en vigor el Plan 11 Medidas Antiinflación del Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
Del total de las esquelas,1,300 fueron por el aumento no autorizado del precio del pasaje en las unidades del transporte público de pasajeros.
Del 12 de marzo al 19 de septiembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) y los gestores del Viceministerio de Transporte (VMT) aplicaron las multas en controles aleatorios en diferentes zonas del país a los infractores de la ley vial.
En el mismo periodo, las autoridades han sancionado a 725 rutas, de 1,100 autorizadas a dar el servicio, al efectuar inspecciones en terminales, paradas, abordando las unidades y en al menos 100 puntos de las principales carreteras.
De esta manera, el Gobierno ha mantenido una estricta vigilancia de los precios de las tarifas del pasaje en el transporte público de pasajeros, evitando que los usuarios paguen más de lo autorizado.
El paquete antiinflacionario fue anunciado por el Mandatario el 10 de marzo de 2022, para disminuir los efectos de la crisis mundial y proteger el bolsillo de los salvadoreños.
Hasta el 13 de septiembre, pasado, fueron registrados 92,301 actividades policiales para verificar el cumplimiento de estas disposiciones. Esperan abarcar el 100 % de unidades al finalizar el año. Fueron abiertos 68 procesos administrativos sancionatorios, por desvío de recorridos.
Desde que entraron en vigor las medidas de alivio económico, se han recibido 658 denuncias por parte de los usuarios, con relación al alza de los pliegos tarifarios, 363 han sido atendidas y 295 están en proceso; asimismo, registran 10 detenciones y 7 unidades incautadas.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
