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Verifican cumplimiento de la tarifa autorizada en el transporte público
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Las autoridades de la Policía de Tránsito han aplicado 10,970 multas al transporte público de pasajeros por incumplimiento del Reglamento General de Tránsito y Seguridad Vial, en seis meses que tiene en vigor el Plan 11 Medidas Antiinflación del Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
Del total de las esquelas,1,300 fueron por el aumento no autorizado del precio del pasaje en las unidades del transporte público de pasajeros.
Del 12 de marzo al 19 de septiembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC) y los gestores del Viceministerio de Transporte (VMT) aplicaron las multas en controles aleatorios en diferentes zonas del país a los infractores de la ley vial.
En el mismo periodo, las autoridades han sancionado a 725 rutas, de 1,100 autorizadas a dar el servicio, al efectuar inspecciones en terminales, paradas, abordando las unidades y en al menos 100 puntos de las principales carreteras.
De esta manera, el Gobierno ha mantenido una estricta vigilancia de los precios de las tarifas del pasaje en el transporte público de pasajeros, evitando que los usuarios paguen más de lo autorizado.
El paquete antiinflacionario fue anunciado por el Mandatario el 10 de marzo de 2022, para disminuir los efectos de la crisis mundial y proteger el bolsillo de los salvadoreños.
Hasta el 13 de septiembre, pasado, fueron registrados 92,301 actividades policiales para verificar el cumplimiento de estas disposiciones. Esperan abarcar el 100 % de unidades al finalizar el año. Fueron abiertos 68 procesos administrativos sancionatorios, por desvío de recorridos.
Desde que entraron en vigor las medidas de alivio económico, se han recibido 658 denuncias por parte de los usuarios, con relación al alza de los pliegos tarifarios, 363 han sido atendidas y 295 están en proceso; asimismo, registran 10 detenciones y 7 unidades incautadas.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
