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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
Edgar Valdés Villarreal, hijo de un pintor de casas mexicano y una ama de casa tejana, la Barbie. Un apodo que le pusieron en la secundaria por su cabello gero. Un apodo que terminaría escrito con sangre en las calles de Medio México. No había nada en su infancia que anunciara el monstruo. Jugaba fútbol americano en la Lincoln High School.
Linebacker, posición de impacto. Posición de violencia controlada. Sus compañeros lo recuerdan como un chavo popular. Nada extraordinario, nada que hiciera pensar en lo que vendría después. Pero Laredo no es cualquier ciudad, es la frontera y la frontera tiene sus propias reglas.
En los 90, Laredo era un punto de entrada clave para la coca que venía del sur. El cártel del Golfo controlaba la plaza. Los Zetas, un grupo recién formado por desertores del gafe mexicano con influencia de entrenamientos especializados.
Apenas comenzaban a operar como brazo armado. Valdés Villarreal no era un estudiante brillante, no era un atleta excepcional, pero tenía algo que llamaba la atención en ese mundo. No dudaba.
Y en la frontera eso vale más que un título universitario. Finales de los 90. Edgar, todavía adolescente, ya vende marihuana en pequeñas cantidades en su high school.
Nada mayor, nada que llame la atención de las autoridades, pero es suficiente para que los conectes locales lo noten. Un chavo bilingüe que puede moverse entre dos mundos sin levantar sospechas.
Eso es oro en el negocio. 2000. Edgar ya no está en la escuela, dejó el fútbol, dejó cualquier pretensión de vida normal.
Las autoridades de Texas comienzan a investigarlo por distribución de marihuana. Nada grave todavía. Pero suficiente para que tome una decisión que cambiaría todo.
Cruza el río, se va para Nuevo Laredo, del lado mexicano, donde las leyes americanas no llegan, donde un chavo con sus características puede desaparecer o puede convertirse en algo más grande.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 2001. La ciudad es un hervidero. El cártel del Golfo domina, pero enfrenta presión.
El gobierno de Vicente Fox promete mano dura contra el crimen organizado. Los operativos federales se intensifican por primera vez en décadas y en ese caos un gero de Texas encuentra su lugar.
Valdés Villarreal no llega como un narco hecho y derecho, llega como un refugiado, como alguien que huye de problemas menores en el norte, pero tiene conexiones.
Tiene un primo que trabaja para gente pesada y tiene ese perfil que nadie espera. Los primeros meses trabaja en lo básico, mueve paquetes, cobra deudas pequeñas, hace mandados, pero desde el principio muestra algo diferente, no duda.
Cuando le ordenan golpear a alguien, lo hace sin preguntar. Cuando le dicen que entregue un mensaje violento, lo entrega con exceso.
Los jefes locales comienzan a notar al americanito, no por su experiencia, por su disposición. Arturo Beltrán Leyva, el Barbás, en ese momento es uno de los operadores principales de la Federación de Sinaloa en la zona del Golfo.
Controla rutas, coordina envíos masivos y necesita gente de confianza en Nuevo Laredo, gente que no tenga los vicios de los narcos tradicionales, gente que no esté quemada con las autoridades mexicanas.
Alguien le habla de un guero que acaba de llegar de Texas. Alguien que no tiene historial, alguien que puede pasar desapercibido. La primera vez que Valdés Villarreal se reúne con gente de Beltrán Leiva es en una casa de seguridad en la colonia Jardín 2002.
Barbas no está presente, pero sus lugartenientes sí le hacen preguntas, le prueban, le dan una tarea sencilla, recoger un paquete del otro lado y traerlo a Nuevo Laredo.
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Edgar lo hace en menos de 6 horas sin problemas, sin nervios. Cuando regresa, los lugartenientes se miran entre ellos. Este chavo sirve. Los siguientes meses, Valdés Villarreal se convierte en un operador de confianza
Una mujer fue capturada en el distrito de Soyapango, San Salvador Este, luego de protagonizar un hecho de violencia contra su compañero de vida durante una discusión.
La detenida fue identificada como Zenaida Beatriz Gámez Lara, de 37 años, quien habría agredido a la víctima con una botella de vidrio mientras ambos se encontraban consumiendo alcohol.
De acuerdo con el informe, los equipos intervinieron de manera oportuna, evitando que la agresión continuara. La persona lesionada fue trasladada a un centro asistencial, donde se encuentra estable.
Las autoridades informaron que Gámez Lara será remitida por el delito de lesiones, reiterando que, incluso bajo los efectos del alcohol, cada decisión tiene consecuencias.
El subdirector de Bomberos de El Salvador, Erick Vásquez, presentó un balance preliminar de los incendios atendidos entre el 28 de marzo y el 1 de abril, en el marco del Plan Verano 2026, destacando variaciones importantes en comparación con el mismo período del año anterior.
De acuerdo con los datos oficiales, los incendios en vehículos disminuyeron de 10 casos en 2025 a 7 en 2026. Asimismo, los incendios forestales registraron una baja significativa, pasando de 19 a 9 incidentes.
En cuanto a los incendios estructurales, se reportaron 18 este año, apenas uno más que los 17 contabilizados en 2025. Por otro lado, las autoridades señalaron un incremento en los incendios en basureros, que pasaron de 6 a 9 casos.
Mientras tanto, los incendios en maleza reflejaron una reducción considerable, disminuyendo de 167 a 116, lo que evidencia el trabajo constante de la institución durante el período vacacional para atender emergencias y prevenir mayores afectaciones.
