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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
En la noche de este miércoles, la organización Prudence —marca líder en salud sexual y placer con protección en América Latina, perteneciente a DKT International— lanzó en El Salvador una variada selección de lubricantes y preservativos con sabores. El objetivo es claro: demostrar que la responsabilidad sexual y el placer pueden (y deben) caminar juntos en la intimidad de pareja.
Con un formato fresco, versátil y atractivo, Prudence busca motivar a toda la población —especialmente a jóvenes y adultos sexualmente activos— a disfrutar de su sexualidad de manera responsable, promoviendo el placer con protección en lugar de conductas de riesgo. Esta iniciativa se alinea con la misión de la organización de hacer los métodos de prevención más accesibles, deseables y libres de tabúes, respondiendo a una realidad donde el uso consistente de preservativos aún se ve limitado por percepciones de menor disfrute.
El director regional de Marketing de Prudence, Alan Vera, con sede en la Ciudad de México, destacó que en El Salvador son pioneros en promover insumos de salud sexual con fines recreacionales.
#Nacionales l La ONG estadounidense Prudence, especializada en planificación familiar, presentó esta noche una atractiva línea de lubricantes y preservativos saborizados. El objetivo: desmitificar la idea de que responsabilidad y placer no pueden ir de la mano en el encuentro… pic.twitter.com/ReHiRDvYNQ
— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 28, 2026
Este evento forma parte de las múltiples acciones que Prudence viene realizando en territorio salvadoreño. En los últimos años, la marca ha impulsado campañas como “Hablemos sin Vergüenza”, que en colaboración con el artista Residente ha llegado a miles de jóvenes en El Salvador y otros países de la región, rompiendo tabúes alrededor del consentimiento, el autocuidado y el uso responsable de anticonceptivos.
Asimismo, ha desarrollado colaboraciones irreverentes y cercanas a las nuevas generaciones, como la reciente alianza con la serie animada Vete a la Versh, que incluyó ediciones especiales de condones con sabores, diseños coleccionables y eventos experienciales para promover educación sexual de forma divertida y sin prejuicios.
Prudence, como parte de DKT International —una organización internacional sin fines de lucro dedicada a la planificación familiar y la prevención de infecciones de transmisión sexual—, reinvierte el 98% de sus ventas en programas de salud sexual y reproductiva en la región. Esto incluye distribución de métodos anticonceptivos en comunidades vulnerables, talleres educativos y campañas de concientización que combinan innovación de productos con un enfoque positivo y moderno de la sexualidad.
En un contexto regional donde las infecciones de transmisión sexual siguen representando un desafío de salud pública, iniciativas como esta refuerzan el mensaje de que la prevención no está reñida con el disfrute, sino que lo potencia.
Luis Roberto Delgado Molina fue condenado a seis años de prisión por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, en perjuicio de la salud pública.
La Fiscalía General de la República detalló que acreditaron que el 15 de agosto de 2025, agentes policiales que realizaban patrullaje en la colonia La Cima IV, en San Salvador, escucharon una discusión proveniente de un pasaje. Al aproximarse al lugar para indagar, observaron al imputado, quien manifestó que había discutido con su compañera de vida.
Para constatar el estado de la otra persona, los agentes ingresaron a la vivienda y observaron un maletín en el suelo. Al preguntarle a Delgado Molina qué contenía el maletín, este admitió que se trataba de marihuana. Al procesado se le incautaron una porción grande y tres porciones medianas de material vegetal, una pipa de vidrio, una báscula digital y cinco molinillos.
En el juicio se estableció que el peso de la droga era de 493.0 gramos de marihuana, con un valor económico en el mercado ilícito de $1,739.48.
En otro caso similar, Daniel Enrique Hernández Hércules fue condenado a 10 años de cárcel por posesión y tenencia con fines de tráfico de drogas. La medida fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El 25 de marzo del 2024 el imputado fue capturado en la Carretera de Oro, jurisdicción de Soyapango, cuando conducía un vehículo en el cual transportaba marihuana.
En el procedimiento también se le decomisó varios objetos que utilizaba para el tráfico de ese estupefaciente como una pesa pequeña electrónica, una herramienta conocida como picadora, así como varios celulares que al ser analizados arrojaron estuvieron en contacto con droga.
Miembros de la Asociación Rural de Agua y Saneamiento Apolinario Serrano (ARAS), funcionarios del Gobierno de la República y representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) inauguraron ayer un proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable en el distrito de Suchitoto, Cuscatlán Norte.
El Proyecto consistió en la optimización del Sistema de agua potable de ARAS, el cual beneficiará directamente a más de 1,080 habitantes de Suchitoto y permitirá incorporar al abastecimiento a más de 360 hogares.
Este proyecto fue ejecutado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), con la cooperación de la AECID a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS), el cual hizo un aporte no reembolsable de 211,000 euros (un estimado de $245,000).
La obra consistió en la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de 125 metros cúbicos, la rehabilitación de un tanque existente de 85 metros cúbicos y la instalación de 1,130 metros de nueva tubería.
El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, explicó que el proyecto también incluyó un sistema de cloración con dosificador y válvulas controladoras para garantizar que el agua que consumirán los pobladores de la zona sea segura y de calidad.
«Nosotros como ANDA vamos a continuar apoyando técnicamente a la junta de agua, revisando equipos de bombeo, paneles de control y sistemas eléctricos, para contribuir a que este proyecto sea sostenible en el tiempo», afirmó Arévalo.
A la inauguración del proyecto asistió la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, quien destacó que esta combina infraestructura, equipamiento, fortalecimiento institucional y trabajo comunitario.
«Cuando hablamos de cooperación en agua y saneamiento, no hablamos solamente de bombeo y tuberías, hablamos también de gobernanza y sostenibilidad», expresó.
Por su parte, la presidenta de la ARAS, Claudina Romanos, agradeció al Gobierno y a la cooperación española por la ejecución de este proyecto. Aseguró que anteriormente tenían fallas de energía y fugas, pero destacó que con esta obra han percibido grandes mejoras.
«Ahora, con este proyecto, esta situación ha mejorado muchísimo […] Nuestros usuarios tienen agua las 24 horas del día, siete días a la semana», dijo.
En la zona donde se ejecutó la obra, los funcionarios del Gobierno y representantes de la AECID develaron una placa conmemorativa del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable Apolinario Serrano.
