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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
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CCR e ISP firman acuerdo histórico: traslado del Registro de Personal Público agilizará certificaciones de tiempo de servicio
En un paso considerado histórico por las autoridades involucradas, la Corte de Cuentas de la República (CCR) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) firmaron hoy una carta de entendimiento que transfiere formalmente la gestión del Registro de Personal de la Administración Pública al ISP.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el titular del ISP, Marlon Vásquez, con la presencia de los magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores.
El proceso incluye la entrega física de un archivo masivo: más de 2,600 cajas que contienen planillas históricas, notas de tiempo de servicio y otros documentos relacionados con la trayectoria laboral de empleados públicos.
“Este no es solo un traslado de documentos; es una transición ordenada que garantiza la integridad, trazabilidad y resguardo total de la información. Aseguramos la continuidad del servicio sin afectar los derechos de los usuarios”, declaró el presidente Sosa durante la firma.
La medida da cumplimiento al decreto legislativo número 438, aprobado el 31 de agosto de 1995, que ordenó el traslado del registro al entonces Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (hoy ISP).
Tras tres décadas de espera, el acuerdo materializa ese mandato legal pendiente.Con esta alianza estratégica, ambas instituciones buscan modernizar la emisión de certificaciones de tiempo de servicio, reducir tiempos de espera en trámites y mejorar la eficiencia de los servicios públicos en beneficio de miles de empleados y pensionados.
“Este paso fortalece la coordinación interinstitucional y coloca al ciudadano en el centro de la gestión pública”, resaltaron las autoridades firmantes.
La ceremonia se llevó a cabo en San Salvador este viernes 27 de febrero de 2026.
Familias del departamento de La Libertad, en la zona de La Libertad Costa, recibieron este viernes viviendas y escrituras de propiedad como parte del Programa de Reasentamiento impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Durante el acto de entrega, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, detalló que «cada una de estas viviendas tiene una inversión de $35,000, que incluye la compra del terreno, la construcción, la instalación de servicios básicos como agua, energía eléctrica y sistema de fosa séptica». Las casas están destinadas a familias que durante años residieron en zonas consideradas vulnerables.
Según datos oficiales, el Programa de Reasentamiento ha representado una inversión total de $56 millones en la actual administración. La iniciativa busca ofrecer soluciones habitacionales seguras y con respaldo legal a hogares que anteriormente carecían de certeza jurídica sobre los terrenos que ocupaban.
«Hoy se les entrega su escritura de propiedad. Esto les brinda la seguridad de que nadie llegará a amenazarlos ni a sacarlos, como ocurría en el pasado en diferentes lotificaciones del país. Esta es una zona que cuenta con todos los permisos para construir, donde pueden tener su casa y su terreno, y ampliarla si así lo desean», afirmó la funcionaria.
La ministra agregó que «el Programa de Reasentamiento del presidente Nayib Bukele busca que las familias puedan vivir en un lugar seguro, ordenado y propio, donde tengan la oportunidad de construir un futuro digno», y subrayó que, además de las llaves, la entrega de escrituras «garantiza que las familias tengan un patrimonio propio», con prioridad para mujeres jefas de hogar.
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España conmemorará 40 años de cooperación en el país con diversas actividades durante 2026
La embajada de España en El Salvador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) llevaron a cabo hoy la presentación del programa de actos que se realizarán durante este año en el marco del 40 aniversario de la cooperación española en El Salvador.
Entre las actividades que se llevarán a cabo están: exposiciones; conservatorios de acciones humanitarias, igualdad de género, cultura y desarrollo, derechos humanos; y un encuentro de ex becarios MAEC-AECID.
La presentación fue realizada en un evento con el que comenzaron las diez actividades conmemorativas que realizará el Gobierno de España durante 2026 para celebrar los 40 años de cooperación con El Salvador, que iniciaron desde el terremoto de 1986.
A dicho evento asistió la viceministra de relaciones exteriores, Adriana Mira, la directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla de Palma, la embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez de Cibanal, el director de cooperación con Centroamérica, México y el Caribe de AECID, Álvaro Borrega, el coordinador de AECID en El Salvador, Fernando Rey.
También estuvieron presentes invitados especiales y algunas personas de la sociedad civil que han sido beneficiadas con la cooperación española.
Por su parte, la embajadora de España en El Salvador destacó que estos 40 años han sostenido sólidas relaciones con el país en el ámbito político, económico, empresarial, científico, consular, defensa y seguridad, académico y en la cooperación.
«En todos estos ámbitos hay algo determinante y son las relaciones humanas. Sin componente humano no se logra entender la necesidad de nuestras relaciones bilaterales y ese componente humano tiene un reflejo muy claro en la cooperación española», expresó la diplomática.
Por otra parte, Borrega destacó que en esto 40 años la cooperación española ha invertido $1,000 millones en múltiples proyectos que se ejecutan en El Salvador en beneficio de la población.
«La historia de la cooperación española en este país es también la historia de miles de vidas transformadas. Durante cuatro décadas, la cooperación española ha invertido en El Salvador unos $1,000 millones. Solo en 2025, la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo está ejecutando 54 proyectos por un valor de $117 millones», detalló.
En ese sentido, la viceministra Adriana Mira destacó que la cooperación española ha estado presente en los momentos más difíciles para El Salvador como durante el huracán Mitch, los terremotos de 1986 y 2001, así como las lluvias que afectaron al país en 2024.
«España siempre ha estado ahí, no solo como un donante sino como una nación hermana. Todos estos años, la labor que la AECID ha canalizado se traduce en cientos de millones de euros en proyectos que han transformado a nuestro país», afirmó.
Para conmemorar los 40 años de cooperación, la embajada española y AECID crearon un logotipo especial y el hashtag #40CooperaciónEspañolaSV.
