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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
El Viceministerio de Transporte (VMT) publicó un mensaje en sus redes sociales informando que emitió una multa de $150 para el diputado de Nuevas Ideas, Edgardo Mulato, por viajar inadecuadamente en la parte de atrás de un picop. La institución adjuntó una imagen de la esquela impuesta.
La sanción ocurre luego de que el diputado subiera un video a sus redes sociales en el que se le ve sentado en los laterales de la cama de un picop que va a alta velocidad; junto a las imágenes colocó el texto: “Saliendo de plenaria y rumbo a Tonacatepeque”.
La publicación del funcionario se volvió viral en redes sociales, generando diversas reacciones entre los usuarios, muchos de los cuales señalaron que el diputado estaba incumpliendo una norma de seguridad.
Tras las réplicas negativas, Mulato eliminó el video de sus redes. Una hora después de la publicación del VMT el diputado publicó en su página de X una foto de la multa pagada, con el texto:
“Nadie está por encima de la ley. No estoy exento a ello. Cometí una infracción de tránsito, asumo mi responsabilidad y pido disculpas. No volverá a pasar. Para que exista orden, debemos cumplir la ley” (sic), excribió.
El reglamento de tránsito establece que las personas pueden viajar en la parte trasera de un picop de uso familiar, siempre y cuando lo hagan sentados en la parte inferior, no en los laterales.
Además, la cantidad de personas trasladadas no debe sobrepasar la capacidad de carga del vehículo, tanto en dimensiones como en peso.
El incumplimiento de estas normas puede conllevar multas de entre $100 a $150. Y en los casos en los que se arriesgue la vida de personas, incluso puede implicar una sanción penal por el delito de conducción peligrosa.
El VMT no indicó si la multa solo se impuso a Mulato o también a la persona que conducía el vehículo.
La Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) anunció nuevos cursos gratuitos enfocados en tecnología y ciberseguridad, dirigidos a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos en herramientas digitales e inteligencia artificial.
La institución informó que desde ayer está disponible el curso «Protección de las Implementaciones de Inteligencia Artificial con Model Armor», mientras que desde el próximo 26 de mayo estará habilitado el curso «Google Threat Intelligence».
Las capacitaciones son desarrolladas en alianza con Google Cloud y buscan acercar a más personas a temas relacionados con seguridad tecnológica, inteligencia artificial y protección en entornos digitales.
De acuerdo con la ESIT, los cursos se impartirán bajo modalidad virtual y asincrónica, permitiendo que los participantes organicen su tiempo de estudio y accedan a las clases desde cualquier lugar con conexión a internet. Los interesados pueden inscribirse gratuitamente a través del sitio oficial de la institución.
Además de los nuevos programas, durante mayo también continúan disponibles los cursos «Estrategias para la gestión de riesgos de seguridad en la nube» e «Identificación de amenazas y riesgos de seguridad en la nube».
La construcción de la nueva Planta Potabilizadora de Ilopango avanza en su fase final con las 13 estructuras destinadas al tratamiento de agua y apoyo operativo completamente terminadas, informó ayer la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) durante una visita de inspección junto a representantes de la República Popular China.
Las autoridades detallaron que el proyecto ya supera el 90 % de avance y que actualmente los trabajos se concentran en el equipamiento electromecánico, instalaciones eléctricas y pruebas técnicas previas a su funcionamiento.
El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, explicó que el proyecto ha entrado en la etapa decisiva, enfocada en garantizar el correcto funcionamiento de cada componente de la planta.
«En el avance de la obra en general, porque algunos edificios aún los están pintando y todo, estamos arriba del 90 %», afirmó Arévalo.
La planta contará con infraestructura especializada para el tratamiento y distribución de agua potable hacia distintos sectores de San Salvador Este y municipios aledaños.
De acuerdo con la institución, las pruebas incluirán la revisión de sistemas eléctricos, equipos electromecánicos, bombas, motores, calidad del agua y funcionamiento de las líneas de conducción.
Las autoridades estiman que estas pruebas comenzarán entre finales de julio y principios de agosto, conforme concluyan las obras pendientes y la instalación total de equipos.
Además, la ANDA confirmó que los ocho pozos subterráneos que abastecerán la planta ya fueron perforados y que actualmente continúan los trabajos de equipamiento hidráulico y conexión eléctrica externa.
El embajador chino en El Salvador, Zhang Yanhui, destacó que el proyecto representa un símbolo de cooperación entre ambos países y aseguró que la obra se ejecuta bajo estrictos estándares técnicos y de calidad.
La nueva planta beneficiará a más de 250,000 habitantes de Ilopango, Soyapango, San Martín, Santo Tomás, San Marcos, Santiago Texacuangos y San Francisco Chinameca, fortaleciendo el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona oriental del Área Metropolitana de San Salvador.
