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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
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Parroquia de San Marcos informa el fallecimiento de sacerdote investigado por abuso sexual
A través de una esquela, la Parroquía Santa María de la Encarnación de San Marcos, San Salvador, anunció el fallecimiento del sacerdote Edgar Lisandro Winter Coronado, dos días después que el Arzobispado de San Salvador informara de una investigación en su contra por un caso de abuso sexual de menores.
«Con profunda tristeza comunicamos que nuestro párroco partió a la casa del padre», infz
Los restos del sacerdote están siendo velados y serán sepultados en la ciudad de Cobán, en Guatemala, de donde es originario, informó la parroquia, ante lo cual decenas de sus feligreses lamentaron la noticia.
El pasado lunes, el Vicario Episcopal de Comunicaciones del Arzobispado de San Salvador informó que la Congregación Episcopal recibió una denuncia de un presunto delito de abuso sexual de menores contra del presbítero Winter Coronado.
«Esta Curia inmediatamente ha procedido a imponer medidas cautelares, y a iniciar el debido proceso jurídico, conforme al Derecho Canónico», informó la Arquidiócesis de San Salvador a través de un comunicado oficial.
Por su parte, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas afirmó, este miércoles, que desconoce la noticia de la muerte del sacerdote Winter Coronado, y reafirmó que continúan con la investigación en su contra, según protocolo del Derecho Canónico.
Antes de ser asignado a la parroquia Santa María de la Encarnación en San Marcos, Winter Coronado sirvió en comunidades como San Pedro Perulapán.
Se intentó conocer una versión del Arzobispado sobre el fallecimiento del sacerdote, pero se informó que las autoridades eclesiásticas están atendiendo otras actividades religiosas.
En un caso similar, en enero de 2026, la Iglesia Católica retiró del sacerdocio a Jesús Orlando Erazo Gálvez, quien había sido condenado en 2024 a 14 años de prisión por violación contra una menor de edad en el distrito de San Cristóbal, Cuscatlán Sur.
Desde el 2016, la Arquidiócesis de San Salvador creó una comisión para la atención y protección de niños y adolescentes que se encarga de recibir denuncias y evaluar los casos de víctimas de abuso sexual cometidos por sacerdotes.
Con Winter Coronado, son dos sacerdotes de origen guatemalteco acusados por delitos sexuales contra menores en El Salvador, en 2021, fue procesado José Venancio Boror Uz por supuestos abusos contra menores, incluyendo hechos reportados en una iglesia en el Barrio Lourdes, San Salvador.
Un sujeto fue condenado a seis años de prisión por el delito de defraudación al Fisco en la modalidad de evasión de impuestos, tras ser declarado culpable de omitir el pago de más de $207 mil al Estado salvadoreño.
El condenado fue identificado como Fernando José Recinos Casanova, quien enfrentó el proceso en su calidad de representante legal de la empresa AUTOCONSA S. A. de C. V., con sede en San Salvador.
El fallo fue emitido por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, que además ordenó su captura para el cumplimiento de la pena, ya que deberá ser encarcelado una vez sea localizado. Para ello, el juzgado giró las comunicaciones correspondientes a INTERPOL y decretó detención provisional.
De acuerdo con la acusación fiscal, Recinos Casanova presuntamente evadió el pago de $207,480.28 en impuestos y omitió presentar declaraciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda durante los meses de marzo, mayo, junio y diciembre de 2016.
Durante el juicio, una pericia financiera estableció que la empresa registró en su contabilidad compras y ventas gravadas correspondientes a ese período, pero no presentó las declaraciones tributarias obligatorias.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el ahora condenado habría actuado de forma deliberada para evitar el pago al Estado, por lo que además de la pena de prisión se solicitó el cumplimiento de la responsabilidad civil correspondiente.
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El Salvador superó expectativas de delegación estadounidense liderada por subsecretario Orr
El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, aseguró que El Salvador superó «ampliamente» las expectativas de la delegación que encabeza esta semana, conformada por representantes de agencias gubernamentales y nueve inversionistas de capital de riesgo estadounidenses.
«El Salvador ha superado ampliamente las expectativas», declaró durante una conferencia de prensa celebrada ayer en San Salvador.
La delegación que acompaña a Orr integra a representantes de la Corporación de Finanzas para el Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM Bank), el Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado, además de firmas privadas de capital de riesgo consideradas entre las más importantes de Estados Unidos.
El subsecretario atribuyó los resultados positivos de la visita a la gestión del presidente Nayib Bukele, de quien dijo tiene «una agenda muy práctica y orientada a resultados que va a generar niveles inmensos de inversión empresarial en El Salvador». Sobre el perfil del país, fue enfático: «El Salvador es hermoso y próspero, y el presidente Bukele lo está convirtiendo en un hub tecnológico y un destino de nearshoring».
Uno de los ejes centrales de la visita fue el sector tecnológico. La delegación visitó Data Trust, un centro de datos Tier III, y sostuvo reuniones con la directora de la Oficina de Bitcoin, Stacy Herbert, y con representantes de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial.
Orr destacó que empresas de primer nivel mundial ya operan en el país: Google colabora con el Gobierno en plataformas de telemedicina, mientras que X —con su modelo de inteligencia artificial Grok— participa en iniciativas educativas impulsadas por el gobierno. «Ya están viendo esta inversión tecnológica de altísimo nivel llegando a El Salvador», afirmó el subsecretario.
Mencionó además la construcción de un segundo centro de datos con chips de alta potencia como evidencia del tipo de apuesta tecnológica que atrae el país, y señaló que ese tipo de infraestructura es «muy difícil de encontrar incluso en Estados Unidos».
En materia energética, el subsecretario identificó al sector como uno de los de mayor potencial para la colaboración bilateral. «El Salvador tiene oportunidades tremendamente diversas en el sector energético, incluyendo geotermia y la red eléctrica, donde Estados Unidos tiene mucho interés en invertir», sostuvo.
Durante su visita, Orr se reunió con el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, para explorar vías concretas de cooperación a largo plazo.
La agenda también abarcó sectores como farmacéutico, textil y aeronáutico. Orr mencionó explícitamente el nearshoring en estas industrias como áreas de interés prioritario para el capital privado estadounidense.
Inversión ya en marcha
El subsecretario fue claro en señalar que la relación de inversión entre ambos países no parte de cero. Recordó que la DFC participó en una conversión de deuda que calificó como «una de las mayores emisiones de deuda en la historia de El Salvador», y que también intervino en la terminal de gas natural licuado (GNL), a la que describió como «la inversión extranjera individual más grande en la historia del país».
«Ya estamos invirtiendo en El Salvador», afirmó, «pero esta delegación representa un momento en el que estamos trayendo al sector privado estadounidense».
Sobre el acuerdo de comercio recíproco firmado en enero de 2025, Orr subrayó el carácter histórico del vínculo bilateral: «Solo un país en el hemisferio occidental fue el primero en obtener un acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos, y ese fue El Salvador, porque El Salvador es uno de los socios preeminentes de Estados Unidos en toda la región».
El presidente Donald Trump, agregó, «está muy enfocado en crear comercio recíproco» y la relación comercial con El Salvador es, a su juicio, un modelo a seguir.
La agenda de la delegación incluyó además un recorrido por el Centro Histórico de San Salvador junto a la directora ejecutiva de la Corporación Salvadoreña de Turismo, Alejandra Durán, y reuniones con la ministra de Economía, María Luisa Hayem. Para los últimos días de la visita quedaron programados encuentros con la Cámara Americana de Comercio (AmCham) y una visita al centro de mantenimiento aeronáutico Aeroman.
Al concluir la conferencia de prensa, Orr dejó en claro cuál será su mensaje al regresar a Washington: «Voy a volver a Estados Unidos y contarles a la industria de capital de riesgo y al resto del Gobierno todo sobre las oportunidades en El Salvador».
