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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
Nacionales
CCR anuncia Plan de Fiscalización del uso de vehículos nacionales en vacaciones agostinas
Las autoridades de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Presidente Walter Sosa y los Magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores, anunciaron hoy la ejecución de la cuarta edición del Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales, a desarrollarse del 1 al 6 de agosto del presente año.
El propósito de este Plan es fortalecer el control que se hace a la administración pública de estos recursos del Estado, sobre todo en períodos vacacionales, así como sensibilizar a los servidores públicos en su utilización y circulación responsable. Esta acción busca prevenir abusos y fomentar el uso transparente de estos bienes en beneficio de la población.
Como parte de este esfuerzo, más de 60 auditores se desplazarán hacia distintos puntos en el territorio nacional para verificar que los vehículos nacionales cumplan una misión oficial; cuenten con la autorización correspondiente; utilicen distintivos institucionales, es decir, los vehículos deben tener el logotipo institucional para que todo salvadoreño pueda identificarlos. Asimismo, deberán portar la documentación en regla: tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes.
Durante el lanzamiento de este Plan, el Presidente Walter Sosa destacó que esta actividad es una herramienta preventiva para fortalecer la cultura de legalidad en las instituciones del Estado.
» Para esta Entidad Fiscalizadora Superior es muy importante enviar un mensaje de tranquilidad a todos los salvadoreños: Donde hay recursos públicos ahí está la Corte de Cuentas. Por eso, estaremos trabajando para darles esa certeza: que los vehículos nacionales serán utilizados adecuadamente y para los propósitos que han sido destinados, es decir para el servicio público”, manifestó el titular de la CCR.
Destacó, además, que la institución ha fortalecido su modelo de control orientándolo hacia la prevención y la presencia permanente en el territorio. «Hemos transformado la fiscalización en El Salvador al pasar de un control reactivo a una prevención activa, estar en el territorio nos permite anticipar riesgos, evitar el mal uso de los recursos del Estado antes de que ocurra y consolidar una cultura institucional donde la transparencia y el orden sean la norma”.
Durante los períodos vacacionales de 2025, esta Entidad Fiscalizadora supervisó 466 vehículos nacionales, identificando 41 automotores que circulaban sin la debida autorización.
El Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales está sustentado en los artículos 1 y 3 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y del Reglamento para el Control de Vehículos Nacionales y Consumo del Combustible. Se realiza coordinadamente con el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, la Dirección General de Tránsito del Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil.
Tanto el Presidente como los Magistrados agradecen la colaboración de estas entidades para formar un frente común en las labores de fiscalización. Del mismo modo, reconocen el compromiso y entrega del talento humano institucional durante estas acciones de control.
El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa, en su calidad de miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, recibió a la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua, Ethel Cabrera, con el propósito de robustecer la coordinación interinstitucional para la protección de las zonas de recarga hídrica y la ejecución de proyectos de saneamiento, captación y aprovechamiento del agua.
El Vicepresidente Ulloa se refirió a iniciativas productivas desarrolladas en la zona de Metapán, como SISTAGRO. Destacando la necesidad de avanzar bajo una visión de largo plazo, retomando instrumentos como el “Plan Maestro Participativo para la región Trifinio” ( 2021-2051), y las iniciativas vinculadas con la protección del río Lempa y sus cuencas.
Por su parte, la Presidenta de la Autoridad Salvadoreña del Agua compartió los resultados de una reciente visita a Metapán, donde, junto con autoridades municipales, se identificaron oportunidades para intervenir e invertir en una planta de tratamiento que acompañe el crecimiento y desarrollo de la zona. Asimismo, manifestó la disposición de la institución de brindar asistencia técnica y tecnológica para sistemas de riego, consolidándose como un aliado estratégico del Plan Trifinio en el territorio salvadoreño.
También destacó la experiencia de la ASA en proyectos de saneamiento y gestión hídrica, entre ellos la cooperación técnica suscrita recientemente con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinada a la elaboración de estudios y al diseño de un programa integral para el saneamiento y la conservación de los lagos de Ilopango y Coatepeque.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo Trinacional del Plan Trifinio, Jorge Urbina, destacó la importancia de Montecristo, una reserva trinacional estratégica por su alta capacidad de infiltración y recarga hídrica. Señalando que, mediante un proyecto apoyado por el banco alemán KfW, se han entregado alrededor de 700 y 1,000 tanques para la captación de agua lluvia en comunidades de la región.
El encuentro concluyó con el compromiso de continuar el diálogo y definir una agenda conjunta que permita aprovechar los estudios, las capacidades técnicas y los proyectos existentes, a fin de acelerar acciones concretas en beneficio de las comunidades y fortalecer la seguridad hídrica del país.
Dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en la carretera que conduce de Ilobasco hacia Tejutepeque, en el departamento de Cabañas.
De acuerdo con la información proporcionada, el percance ocurrió tras un choque entre dos motocicletas, por lo que socorristas de Cruz Verde Salvadoreña, seccional Ilobasco, fueron alertados para atender la emergencia.
El personal paramédico estabilizó a las dos personas lesionadas en el lugar del accidente y posteriormente las trasladó de urgencia al hospital de la localidad para recibir atención médica.
Según reportes preliminares, el accidente habría sido ocasionado por el exceso de velocidad.
