Nacionales
Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
Las autoridades de seguridad de El Salvador reportaron la captura de Elvis Saúl Flores Sánchez, identificado como miembro activo de la estructura criminal MS-13.
De acuerdo con el ministro Gustavo Villatoro, la detención fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades mexicanas, lo que permitió ubicar al sospechoso y proceder con su captura.
El funcionario también detalló que Flores Sánchez había sido previamente detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, California, en Estados Unidos.
Tras su captura, el sujeto ya se encuentra en territorio salvadoreño, donde enfrentará los procesos judiciales correspondientes por los delitos que se le atribuyen.
«Ahora que se encuentra en territorio salvadoreño, nos encargaremos de que pague por cada uno de los delitos que ha cometido», destacó el funcionario, quien añadió: «Contamos con todas las herramientas necesarias para poder detectarlos y asegurarnos de que lleguen a su único destino: la cárcel».
Dos hombres fueron condenados a penas de 10 y 16 años por el delito de agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada, informó la Fiscalía General de la República.
La pena de 16 años la recibió José Luis Henríquez García quien fue señalado de cometer los abusos cuando la víctima tenía siete años en el distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
El caso fue judicializado en 2024 y las investigaciones fiscales determinaron que el sujeto, quien es familiar de la víctima, aprovechaba las condiciones de vulnerabilidad de ella para cometer las agresiones sexuales, detalló la Fiscalía.
La condena contra el agresor fue impuesta por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, quien además ordenó que el imputado pague $3,000 en concepto de responsabilidad civil.
El segundo condenado es Mauricio Antonio Carpio Alfaro, quien recibió 10 años de prisión. La sentencia fue dictada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
La investigación fiscal determinó que Carpio Alfaro era el conductor de un mototaxi que prestaba sus servicios de transporte en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este y ahí conoció a la víctima de 14 años.
«Cuando el sujeto transportaba a la víctima la agredió en reiteradas ocasiones», explicó la Fiscalía
En ambos casos, la Fiscalía presentó en el desarrollo de la vista pública abundante prueba documental, pericial y testimonial que permitió demostrar la participación de los imputados en el delito.
Las autoridades de Seguridad han reiterado que no permitirán ningún tipo de violencia o agresión contra personas inocentes y aseguran que todo aquel que decida cometer estos delitos será llevado ante la justicia.
«Seguiremos protegiendo a los más vulnerables y castigando con toda la fuerza del Estado a los depredadores sexuales. Nuestra misión es construir un nuevo país, donde las leyes se respeten», ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Igualmente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro asegura: «No vamos a tolerar este conjunto de crímenes relacionados contra la vida, la integridad física, contra los grupos vulnerables, tercera edad, niños, mujeres y libertad sexual».
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca) ubica al sector construcción de El Salvador como la actividad económica más fuerte en la región, con un crecimiento de 30.22 %, muy por encima de los sectores que empujaron las economías de los países vecinos.
El dato lo publicó la institución en el «Balance preliminar de la economía de la región CARD 2025», bajo la medición del índice mensual de actividad económica (IMAE).
El IMAE en Centroamérica es un indicador estadístico de corto plazo que mide la evolución de la producción de bienes y servicios en la región, y funciona como un termómetro del producto interno bruto (PIB), pues muestra la variación de todos los sectores de la economía.
De acuerdo con el estudio, ninguna actividad económica en Centroamérica alcanzó el año pasado esas cifras de crecimiento, por ejemplo, indicó que Honduras registra su mayor impulso en actividades financieras, seguros y fondos de pensiones con 12.48 %; seguido por la electricidad y el agua (8.81%), con porcentajes sumamente inferiores a los generados por la construcción salvadoreña.
Mientras que el sector construcción en el vecino país creció solo 0.18 % interanual hasta diciembre, frente al 7.08 % que alcanzó en diciembre de 2024.
Nicaragua, por su parte, registró un repunte en el comercio con 11.54 % interanual, muy cerca del sector pecuario (10.17 %), y el sector construcción creció, según el informe, 6.17 % hasta diciembre de 2025.
Mientras que, en Costa Rica, el sector transporte y almacenamiento fue el más pujante con 7.02 %, seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas con un 6.14 %. En este país, el sector construcción registró un crecimiento bajo con 2.42 %, según el «Balance preliminar de la economía de la región CARD 2025».
En El Salvador, el aporte del sector construcción al crecimiento económico en 2025 fue sustantivo, puesto que durante el primer trimestre el crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue de 2.4 %, en el segundo se elevó a 4.1 %, en el tercer trimestre alcanzó su máximo con 5.1 %, hasta ubicarse en 3.9 % al cierre del año, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
De acuerdo con datos de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), se contabilizan más de 680 proyectos en ejecución y por desarrollarse en el Área Metropolitana; de este total, 87 son construcciones en altura con diferentes tamaños, a los que se suman seis torres que superan los 35 niveles de altura.
Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Opamss, afirmó que este hito es el resultado de las estrategias del Gobierno del presidente Nayib Bukele, enfocadas en el despegue económico del país.
«El liderazgo de El Salvador a escala centroamericana en el sector construcción refleja este momento único, que ha sido estimulado por la seguridad pública, la inversión local y extranjera y un excelente clima de negocios que catapultan el rubro de la construcción como el motor de la economía, junto con el auge inmobiliario, la generación de empleo y todos los servicios relacionados, que suman más de $5,500 millones de inversión para 2026 en el Área Metropolitana de San Salvador», sostuvo.
Agregó que el aporte de la Opamss en el crecimiento de la industria refleja el trabajo coordinado con el sector constructor. «Nuestra visión es ser un facilitador y promotor para que el desarrollo sea continuo y cumpla un rol técnico e institucional que estimule a que el Área Metropolitana de San Salvador y la franja costera de Surf City 1 sean entornos donde se combine infraestructura, crecimiento económico y bienestar para los salvadoreños», señaló Rodríguez.
