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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
El Registro Electoral en el exterior ha tenido un incremento de casi 30 % respecto del último proceso electoral (2024) hasta el pasado 30 de abril, informó la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano.
De acuerdo con las cifras que presentó en la comisión política de la Asamblea Legislativa, hasta la fecha referida el registro contabilizó 960,928 salvadoreños con documento único de identidad (DUI) con dirección en el exterior, lo que equivale a 16,244 nuevas inscripciones desde la última actualización, el pasado 6 de marzo, cuando se reportaron 944,684.
«Al cierre del 30 de abril tenemos una cantidad de 960,928 salvadoreños con DUI con dirección en el exterior, esta es una cantidad sumamente importante, es 29.7 % de crecimiento con respecto de las elecciones de 2024», expresó la presidenta del organismo colegiado.
También señaló que dicho registro continuará en aumento en los próximos meses, tal como ha ocurrido en los anteriores.
El TSE mantiene activa la campaña para que los salvadoreños en el exterior actualicen su dirección en el DUI. La fecha límite es el 29 de noviembre.
«Si comenzaste una nueva etapa en otro país… no esperes más: ¡Actualiza la dirección en tu DUI! Si ahora vives fuera del territorio nacional, podrás votar remoto por internet desde tu celular, tableta o computadora. Recuerda: tienes hasta el 29 de noviembre de 2026 para actualizar tu dirección en el DUI y votar más fácil», reiteró ayer el tribunal.
Soriano destacó que desde el inicio de la actual gestión en el TSE se ha impulsado el desarrollo de un trabajo técnico y profesional, enfocado en la modernización institucional, la capacitación del personal y la incorporación de tecnología.
A su juicio, tomando en cuenta los factores mencionados, están preparados para afrontar los cambios que puedan surgir a través de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa y las implicaciones que estas tengan en la normativa vigente en relación con el voto y la representación directa de la diáspora en la Asamblea Legislativa.
En las últimas semanas, personal del tribunal ha desarrollado visitas a miembros de la diáspora como parte del proceso preelectoral, con el fin de evaluar las condiciones para que los salvadoreños puedan ejercer el sufragio desde el país en el que residen.
Lo anterior, según el TSE, se da en cumplimiento de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, de manera que se promueva una participación informada, inclusiva y en igualdad de condiciones.
COMISIÓN POLÍTICA DICTAMINA PARA RATIFICAR REFORMAS
La comisión política del congreso emitió ayer dos dictámenes a favor de ratificar los acuerdos constitucionales con reformas al inciso primero del artículo 79 de la Constitución de la República, para permitir representación directa de la diáspora en la Asamblea Legislativa; y a los incisos primero y tercero del artículo 208, para despartidizar el Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de que los partidos políticos ya no propongan a tres de los cinco magistrados del organismo colegiado. Ambos dictámenes fueron aprobados por mayoría (ocho votos).
Por sexto año consecutivo, la alcaldía de San Salvador Centro lanzó el Plan Invierno Capital. La comuna detalló que dicho plan contempla acciones preventivas para reducir la vulnerabilidad en zonas críticas durante la época lluviosa y priorizar el bienestar de los habitantes del municipio.
«Este no es un esfuerzo improvisado; este es el sexto año consecutivo que ejecutamos el plan desde que asumimos la administración en 2021. Nuestro objetivo principal es la prevención, porque cuando se trabaja con anticipación, se salvan vidas», indicó el alcalde Mario Durán durante el lanzamiento del Plan Invierno Capital 2026.
También detalló: «Entre mayo y noviembre se ejecutarán acciones estratégicas que incluyen el canalizado de 211 kilómetros de ríos y quebradas, la limpieza de más de 58,000 tragantes y jornadas intensivas de fumigación».
El jefe municipal agregó que se hará un despliegue integral que movilizará a más de 500 empleados municipales, entre personal de Desechos Sólidos, la Unidad de Parques, Plazas y Zonas Verdes, Protección Civil Municipal, Promoción para la Salud y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).
Se agregará al plan el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), que mantiene vigilancia 24/7. Durán invitó a la ciudadanía a reportar cualquier incidente al 7803–2260.
Durante tres días, El Salvador es sede del Diálogo Regional sobre Capacidades Sostenibles para abordar la Contaminación Residual y Fortalecer la Asistencia a Víctimas en las Américas, informó el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE).
En el evento participan representantes de Guatemala, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Surinam, Zambia, entre otros; además de organismos internacionales como la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
De acuerdo con el INABVE, el diálogo regional permite analizar la implementación de las obligaciones en temas como la construcción de capacidades sostenibles, las mejores prácticas tras el desminado, la integración de la asistencia a víctimas en sistemas nacionales, el acceso a servicios de salud física y mental. También la inclusión socioeconómica, el fortalecimiento de redes de sobrevivientes y el impacto de la inteligencia artificial en la garantía de derechos.
«En cumplimiento de todo lo que se estaba haciendo con la administración de Nayib Bukele, se está trabajando la reinserción productiva para las personas víctimas de las minas, en la reinserción psicosocial, les hemos dado continuidad desde 2020 hasta la fecha, con seguimiento de casos y tratamiento postraumático. También la parte de la reinserción en grupo familiar, porque no solo nos quedamos con atender a la víctima, sino que atendemos a su grupo; a sus hijos por medio de becas, y a sus esposas con programas psicosociales de temas de adulto mayor, y luego con el tema de la inversión económica que hace el Estado salvadoreño», explicó a «Diario El Salvador» el presidente del INABVE, Daniel Platero.
El funcionario indicó que para «las inversiones no contributivas para todas las personas afectadas por el conflicto armado en el país se están brindando $14.5 millones mensuales».
Platero agregó que también se cuenta con el programa de salud integral, donde se identifica a víctimas con estrés postraumático o pérdidas físicas debido a minas.
«Este se inicia con jornadas grupales para detectar necesidades, seguidas de terapias individuales o especializadas según el caso. El proceso incluye vivir el duelo por la pérdida de miembros», dijo.
