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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
El Viceministerio de Transporte (VMT) reportó la detección de múltiples conductores que fueron sancionados mediante el sistema de fotomultas por circular a excesiva velocidad en dos de las principales vías del país: la autopista a Comalapa y la carretera al Puerto de La Libertad.
En la autopista a Comalapa se identificaron varios casos de conducción a velocidades superiores a las permitidas, entre ellos vehículos que circulaban a 125, 130, 136 e incluso 164 kilómetros por hora, según el registro de las autoridades.
Las placas sancionadas en este tramo son M 963 702, P 792 074, P 90 BAF y P 54 B68, todos detectados excediendo los límites establecidos en la vía, lo que representa un alto riesgo para la seguridad vial.
En la carretera al Puerto de La Libertad, específicamente en el sector de la curva del Papaturro, también se registraron infracciones similares. Entre las velocidades figuran 100, 103, 104, 119 y hasta 134 kilómetros por hora.
Las placas multadas en este punto incluyen P 113 FB5, P 37 E2D, P 26 79A, M 394 308, M 21 0AC y P 111 B1C, de acuerdo con el sistema de control automatizado implementado en la zona.
Las autoridades reiteraron que la excesiva velocidad constituye la segunda causa de fallecidos por siniestros viales en El Salvador, por lo que hicieron un llamado a respetar los límites establecidos.
Más del 75 % de los estudiantes de último año de bachillerato de institutos públicos se han inscrito en el Proceso Formativo que impulsa el Gobierno de El Salvador a través de la Dirección de Integración, con el objetivo de acceder a becas de educación superior y continuar su formación en universidades o escuelas técnicas del país.
Para 2026, la matrícula de alumnos de último año de bachillerato asciende a aproximadamente 49,000 jóvenes, de los cuales el 75.83 % se ha registrado en el programa, lo que equivale a 36,869 aspirantes a una beca universitaria.
«De alrededor de 49,000 jóvenes que están estudiando el último año de bachillerato en las 679 escuelas públicas, más del 70 % de los jóvenes se han inscrito, y esto significa más de 35,000 bachilleres y todavía falta una semana más para que se terminen de anotar aquellos interesados», afirmó Alejandro Gutman, presidente «ad honorem» de la Dirección de Integración, en entrevista con «Diario El Salvador».
El funcionario destacó además el incremento en la participación comparado con 2025, cuando de 42,000 estudiantes matriculados 19,000 se incorporaron al Proceso Formativo, equivalente al 45 %. En comparación, este año la cifra casi se duplica en términos de cobertura e interés estudiantil.
Los mayores niveles de inscripción se registran en los departamentos de Cabañas, con el 84.91 %; Chalatenango, con el 80.64 %; y La Unión, con el 80.34 % del total de su estudiantado de último año de bachillerato.
«Los lugares que más abandonados estuvieron históricamente en el país, como Chalatenango, La Unión y Cabañas, son los que reportan más jóvenes interesados en el Proceso Formativo para continuar sus estudios universitarios. Esta cifra está mostrando una nueva forma de hacer política pública con la participación del pueblo», señaló Gutman.
Asimismo, explicó que el programa incluye un trabajo de acompañamiento territorial para motivar a estudiantes, docentes, directores y familias, con el fin de fortalecer la continuidad educativa y ampliar el acceso a oportunidades de formación.
«Actualmente hay más de 16,000 jóvenes en las 37 universidades y escuelas técnicas de El Salvador que hoy están estudiando, con nombre, apellido, escuela, carrera, todo en la Dirección de Integración. Yo espero que para el año que viene [2027] alrededor de 20,000, o tal vez hasta 25,000, hayan cumplido con los requisitos para ingresar», expresó. Finalmente, Gutman indicó que se analiza la incorporación de carreras virtuales en el programa, para ampliar el acceso a la educación superior y facilitar la participación de jóvenes que residen en zonas alejadas del país.
La Fiscalía General de la República informó la captura de Caleb Isaac Díaz Mejía, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos sexuales que cometió en perjuicio de una menor de edad.
De acuerdo al expediente fiscal, Díaz Mejía retornó a El Salvador, después de cometer los delitos en la nación norteamericana, pero, luego de un proceso investigativo, fue ubicado el pasado 28 de abril en la final avenida Don Bosco del centro urbano Libertad, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oste, departamento de San Salvador.
En el estado de Texas, en Estados Unidos, al imputado se le atribuyen los delitos de agresión sexual agravada infantil e indecencia con un menor, tipos penales previstos y sancionados en las secciones 22.021 y 22.11 del Código Penal de este estado.
Según la Fiscalía, estos delitos son equiparables con el tipo penal de violación en menor o incapaz del Código Penal de El Salvador.
Los hechos delictivos fueron cometidos entre el 22 y el 23 de enero de 2022, cuando la menor tenía 12 años, informó la Fiscalía. En el proceso de ubicación y captura participó la Policía Internacional (Interpol) y el acusado será extraditado a Estados Unidos.
«El extraditable tenía rutinas estrictas para no ser detectado por la justicia requirente (Estados Unidos). El extraditable será presentado ante las autoridades judiciales para seguir los trámites de extradición», informó la Fiscalía.
