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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
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Detienen provisionalmente a tres acusados de administración fraudulenta por más de $1.2 millones
El Juzgado Tercero de Instrucción ordenó el jueves la detención provisional de María Isabel Umaña Velásquez, Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Juan Ignacio Berger Giménez (los dos últimos de nacionalidad guatemalteca), por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de dos sociedades.
La medida se dictó en una audiencia especial de revisión de medidas cautelares. Los tres imputados venían enfrentando el proceso en libertad, pero al no presentarse a la diligencia, el tribunal ordenó girar las órdenes de captura correspondientes.
Según la Fiscalía General de la República, los procesados, junto a otras cuatro personas, habrían sustraído $1,284,274.39 entre 2016 y 2020. Los imputados, en sus cargos de jefatura de operaciones y dirección ejecutiva, cobraron viáticos y comisiones por supuestos gastos que, según la acusación, carecían de justificación documental.
La investigación se remonta a febrero de 2024, cuando la Fiscalía presentó la acusación contra siete personas por presuntas irregularidades en la administración de recursos de las sociedades Tierras Nacionales LTDA y otra empresa vinculada. Entre los imputados figuran Jorge Leonel Gaitán Paredes (fallecido) y su hijo Jorge Alberto Gaitán Castro, además de Jeni Celina Torres Zepeda y Selvin Martín Torres Andrade. Para estos últimos no se solicitó revisión de medidas en la audiencia de este viernes.
En marzo de 2025, las autoridades guatemaltecas capturaron a padre e hijo Gaitán con fines de extradición a El Salvador por este mismo caso. Durante el proceso se han realizado peritajes informáticos para analizar correos electrónicos y sistemas contables de las empresas involucradas.
La detención provisional de Umaña Velásquez, Echeverría Cabrera de Reyes y Berger Giménez se mantendrá mientras avanzan las diligencias de instrucción.
En el marco del 202 aniversario de la fundación de la Fuerza Armada de El Salvador, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, presidió el acto de juramentación de 63 cadetes de la Escuela Militar «Capitán General Gerardo Barrios».
«Es grato dirigirme a ustedes en la conmemoración del día del Soldado Salvadoreño, donde hemos presenciado la juramentación ante la bandera nacional de nuestros cadetes y la entrega de bastones de mando a los señores generales recién ascendidos, una solemne ceremonia que reviste un profundo significado institucional de tradiciones militares», fueron las primeras palabaras del ministro.
Merino Monroy recordó a los nuevos cadetes que en los más de dos siglos de fundación de la Fuerza Armada, la institución se mantiene firme en el cumplimiento de su misión constitucional, consolidándose como una institución disciplinada al servicio del pueblo salvadoreño, que ahora también ayuda al mantenimiento del orden y la seguridad pública.
«En los últimos años su participación ha sido determinante en la generación de condiciones de paz y seguridad, contribuyendo de manera significativa a la estabilidad nacional y al fortalecimiento del Estado de Derecho impulsado por el señor presidente de la república y comandate general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele», indicó el ministro.
El funcionario reafirmó a los cadetes, que el acto de juramentación a la bandera nacional, realizado este jueves, constituye uno de los momentos más trascendentales de su formación militar.
«A partir de este momento ustedes dejan de ser únicamente aspirantes y se convierten en portadores de una tradición de honor y servicio», enfatizó Merino Monroy.
En el acto también se entregó el bastón de mando a tres generales recién ascendidos.
«Señores generales, el ascenso que hoy se oficializa es el justo reconocimiento a una trayectoria marcada por su servicio lealtad institucional y la perseverancia», dijo el ministro.
Agregó «a quienes hoy ostentan estas nuevas jerarquías les exhorto a ejercer su autoridad con la prudencia, firmeza y un elevado sentido del deber, honrando la confianza que la nación ha depositado en ustedes».
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que este jueves se ha habilitado un carril en el sector de la Zona Rosa, donde actualmente se desarrollan trabajos de mitigación enfocados en disminuir afectaciones provocadas por lluvias intensas.
La intervención se realiza sobre el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la Zona Rosa, en San Salvador Centro, un punto que ha registrado problemas de acumulación de agua e inundaciones en temporada invernal.
«Este proyecto ya registra el 98 % de avance y prácticamente está terminado», detalló el funcionario, quien agregó que se espera que la obra culminé la próxima semana.
De acuerdo con el funcionario, la obra funcionará como un sistema de almacenamiento que permitirá regular el flujo de agua en la zona y disminuir el impacto de las lluvias.
«La obra consiste en una caja de detención con capacidad para 1,000 metros cúbicos de agua lluvia y una intervención de 182 metros de longitud», expresó Rodríguez.
«Estamos ejecutando una obra de drenaje con una inversión de $3 millones, para reducir inundaciones en un sector vulnerable», añadió.
El titular del MOP detalló que los trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación que impulsa el Gobierno en distintos puntos del país considerados vulnerables ante emergencias climáticas.
«Esta es una de las muchas obras que desarrollamos como parte del Plan Nacional de Mitigación 2026. Además, hemos intervenido cárcavas en sectores de Soyapango e Ilopango para reducir riesgos y proteger a las familias», dijo.
