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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) informó que durante este año, hasta el 14 de mayo, están en marcha 233 procesos de auditoría dirigidos a entidades del sector público y organismos que administran fondos estatales. También ha emitido 66 informes finales.
«En el marco del Plan Anual Operativo 2026, la entidad fiscalizadora superior tiene programada la realización de 533 actividades de fiscalización, de las cuales 237 examinarán el período 2025. Esto refleja un nivel alto de eficiencia, ya que demuestra que las auditorías se están desarrollando de manera oportuna y al día», detalló la institución.
Asimismo, indicó que de las 233 auditorías en ejecución, la institución registra un avance del 44 % respecto de lo programado para este año.
«El enfoque en auditar el año inmediato anterior, es decir, hasta diciembre de 2025, representa un avance en la fiscalización oportuna, permitiendo que los resultados técnicos sean utilizados de manera efectiva para corregir deficiencias y fortalecer la administración de los recursos públicos en las entidades sujetas a control», señaló el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa.
De igual forma, la entidad fiscalizadora lleva a cabo autorías internas de calidad, que permiten verificar procesos aplicando estándares internacionales (ISO 9001:2015) y asegurar que todo se ejecute en tiempo y forma; así como detectar oportunidades de mejora antes de auditorías externas y fortalecer el trabajo del talento humano y los resultados institucionales.
La CCR destacó que ha finalizado auditorías evaluando a 21 unidades organizativas.
«La calidad también se impulsa desde la evaluación interna. Impulsamos una gestión más eficiente, transparente y con estándares de calidad. Anticipamos oportunidades de mejora, optimizar procesos, y fortalecer los estándares institucionales con una gestión más eficiente», señaló la entidad.
La dinámica de inversión y construcción en El Salvador continúa marcando cifras históricas. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) informó que ha liberado cerca de $5,700 millones en proyectos de inversión únicamente en el Área Metropolitana de San Salvador, reflejando el auge que vive en la actualidad el sector y el desarrollo urbano en el país.
El director ejecutivo de Opamss, Luis Rodríguez, afirmó que dicha inversión liberada ha ido incrementando, y ejemplificó que hace dos años únicamente se habían liberado alrededor de $150 millones en proyectos.
«Actualmente estamos superando la barrera de los $5,700 millones», señaló Rodríguez, quien calificó el momento económico y urbanístico del país como uno de los más importantes de las últimas décadas.
En detalle, según estadísticas, el 49.7 % de los proyectos son habitacionales; el 11.6 % turísticos; el 12.8 % logísticos; 5.3 % comerciales, y un 20.5 % de uso mixto.
De acuerdo con el funcionario, El Salvador atraviesa un período de expansión inmobiliaria sin precedentes en Centroamérica, con crecimientos del sector construcción que en algunos momentos han superado el 30 %. Además, solo en ejecución ya se contabilizan cerca de $4,000 millones en proyectos activos durante los últimos dos años, dijo.
El impacto económico también se refleja en el empleo. La institución reportó aproximadamente 168,000 puestos de trabajo vinculados al sector construcción y toda su cadena de servicios asociados, incluyendo arquitectura, urbanismo, ingeniería y actividades complementarias, las cuales han registrado un crecimiento cercano al 50 %.
Asimismo, resaltó que este impulso responde a un trabajo coordinado entre el sector público y privado, basado en la generación de confianza y en la agilización de trámites para inversionistas y desarrolladores.
«Para que haya inversión tiene que haber confianza», enfatizó, al destacar que desde el Gobierno se han impulsado estrategias para facilitar permisos, modernizar normativas y acelerar procesos de aprobación de proyectos.
Uno de los segmentos que más crece es el desarrollo vertical. Actualmente, Opamss registra 89 proyectos verticales en ejecución y otros más están próximos a iniciar construcción en sectores de San Salvador Este y San Salvador Oeste.
Según Opamss, este fenómeno está transformando la morfología urbana de la capital y promoviendo una redensificación ordenada de la ciudad. Además, señalaron que la seguridad y la inversión pública en infraestructura estratégica han permitido impulsar nuevos planes de reurbanización y reconfiguración territorial.
La renovación de escuelas públicas continúa a nivel nacional con el programa Dos Escuelas por Día, algunas de ellas han necesitado más inversión para solucionar las necesidades de cada espacio y dejar ambientes apropiados para los niños y adolescentes, entre ellas cuatro centros educativos se modernizan con un financiamiento cerca a los 7 millones de dólares.
El Centro Escolar Cantón Dulce Nombre de San Pedro Masahuat, ubicado en La Paz Oeste tiene un monto de inversión de 1.1 millón para renovarlo, mientras que la Escuela Escolar La Rosa Blanca, ubicada en San Salvador Centro tiene una financiamiento de 1.9 millones.
Igual cantidad de 1.9 millones tiene destinada la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina en Apopa, San Salvador Oeste y el Centro Escolar 5 de Noviembre en San Salvador Centro también se está modernizando con un costo de 1.9 millones de dólares.
Con esta inversión se beneficiarán más de 1,169 alumnos en los cuatro centros educativos desde inicial, parvularia hasta educación básica. Del Centro Escolar Cantón Dulce Nombre se encuentran matriculados 147 alumnos, mientras que de la Escuela Escolar La Rosa Blanca son 192 estudiantes.
Por su parte, que mayor escolaridad reporta es la Escuela de Educación Parvularia Profesora Berta Arlina Molina de Apopa con 503 estudiantes y el Centro Escolar 5 de Noviembre con 327 matriculados.
