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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
«¿Ven por qué debemos continuar con el régimen de excepción hasta terminar por completo con esta peste? Este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron». Así reaccionó el presidente Nayib Bukele tras el asesinato de un elemento de la Policía Nacional Civil (PNC) en Nueva Concepción, Chalatenango, en 2023, que fue atacado por pandilleros mientras realizaba un patrullaje junto con otros agentes.
Al igual que en este caso, el mandatario ha reiterado en distintas ocasiones su postura de mantener medidas firmes contra las estructuras criminales, especialmente cuando policías o soldados han sido atacados durante operativos. Bukele ha sostenido que, a diferencia de años pasados, actualmente las fuerzas de seguridad han logrado recuperar el control del territorio y responder con rapidez ante cualquier agresión.
«No estamos combatiendo angelitos, sino al mismo demonio», dijo también luego del asesinato de tres policías en 2022 en una emboscada de terroristas de la pandilla 18. El ataque ocurrió en el sector de la línea férrea, cerca de la comunidad La Realidad, en Santa Ana. «Esto no va quedar así, van a pagar caro el asesinato de estos tres héroes».
Casos como estos han marcado las reacciones del presidente ante los cada vez más aislados ataques dirigidos contra policías y soldados que participaban en operativos contra pandillas; postura no adoptada en administraciones pasadas cuando cientos de integrantes de cuerpos de seguridad y sus familias fueron amenazados e incluso asesinados.
Por ejemplo, en 2015, los registros históricos detallan que 67 agentes fueron atacados y asesinados. Entre los crímenes se registra un doble asesinato, ocurrido en San Matías, departamento de La Libertad, el 4 agosto de ese año, tras una emboscada perpetrada por un grupo de pandilleros.
Las autoridades mencionaron, en esa ocasión, que los agentes llegaron en una patrulla al cantón Santa Rosa para ubicar a criminales que se escondían en esa zona.
Los datos oficiales reflejan que, en años anteriores, las pandillas atentaron de forma constante contra miembros de la PNC. Por ejemplo, en 2009 fueron asesinados 24 agentes; en 2010, la cifra fue de 23; en 2011 se reportaron 19; en 2012, 16; en 2013, 13; mientras que en 2014, el número incrementó a 39 policías fallecidos en ataques perpetrados por estructuras delincuenciales.
En los años siguientes, la violencia contra elementos de seguridad no se detuvo. En 2016 se registró la muerte de al menos 47 policías a manos de pandillas, una de las cifras más altas en ese período. Asimismo, en 2018, se contabilizaron 33 casos; en 2019, 29; y en 2020, 13 policías perdieron la vida en hechos atribuidos a estos grupos delictivos.
Posteriormente, los ataques a cuerpos de seguridad disminuyeron, pese a que no hay una cifra oficial de casos acumulados, solo se han registrado algunos aislados. Como en noviembre de 2025, cuando un equipo de las Fuerzas Especiales de la Policía fue atacado con un arma de fuego mientras realizaba un patrullaje en una zona boscosa del caserío Los Montanos, en el distrito de Santa Clara, San Vicente Norte.
En distintas ocasiones, Bukele ha señalado la prioridad de su administración en garantizar la protección de la población y de los elementos de seguridad que diariamente participan en tareas de patrullaje, investigaciones y capturas de integrantes de grupos criminales. Asimismo, ha destacado que, a diferencia de años anteriores, actualmente las autoridades cuentan con mayor capacidad operativa para responder de manera inmediata ante cualquier agresión.
Los pocos ataques contra policías o soldados que se han registrado bajo la administración Bukele han sido respondidos inmediatamente con operativos de búsqueda, implementación de cercos de seguridad y procesos judiciales para evitar la impunidad.
Por ejemplo, por el homicidio de los tres policías en Santa Ana, ocho terroristas del Barrio 18, que delinquían en Chalchuapa, fueron condenados a penas de hasta 175 años de prisión. Fueron procesados por el homicidio agravado de las tres víctimas y por agrupaciones ilícitas.
Hay parejas que se juran amor hasta que la muerte los separe, pero hay otras que permanecen juntas hasta que el crimen los lleva a la cárcel, este es el caso de al menos cinco parejas de esposos que han sido condenadas en lo que va del año con penas que van desde los 10 hasta los 43 años de prisión.
Según los reportes de la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 1.° de enero y el 18 de mayo de este año, los cinco matrimonios han sido condenados por los delitos de homicidio, estafa, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas y hurto.
El pasado 15 de mayo, la Fiscalía consiguió que los esposos Keiry Yarissa Lizama Carranza y Edwin Antonio Hernández Sorto fueran condenados a 10 y 20 años de cárcel, respectivamente. La pareja fue procesada por el delito de tráfico de drogas.
Según la acusación fiscal, Hernández Sorto fue capturado el 27 de marzo de 2025 mientras conducía un vehículo en la 8.ª avenida sur y la 3.ª calle poniente, en la ciudad de San Miguel.
«El procesado al observar la presencia policial se puso nervioso e intentó darse a la fuga. Al ver esa acción, la Policía lo detuvo y realizó un registro preventivo», señaló el fiscal del caso.
La Policía Nacional Civil (PNC) localizó en el interior del vehículo más de 10 gramos de cocaína y $2,000 en efectivo.
«Mientras que, en un registro con prevención de allanamiento, el 28 de marzo del mismo año en la vivienda de Hernández Sorto, en la residencial San Francisco, en San Miguel, fue capturada su pareja, Lizama Carranza», detalló el fiscal.
En la vivienda, la PNC decomisó 53 gramos de marihuana, una balanza electrónica y varias bolsas. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel.
LOS GÁMEZ AVILÉS SON ESTAFADORES
A 16 años de cárcel fueron condenados Óscar Adilio Gámez Leiva y su esposa, Roxana del Carmen Avilés de Gámez, por estafar a 12 víctimas al ofrecerles visas falsas de trabajo en el extranjero.
«Los ofendidos le entregaron a la pareja en diferentes fechas diversas cantidades de dinero con la promesa de obtener una visa de trabajo en Estados Unidos y en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos», explicó la fiscal del caso.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, a inicios de octubre de 2021, los esposos promovieron en una oficina y mediante varias reuniones en un restaurante del distrito de Dolores, en Cabañas Este, el engaño al tramitar y obtener visas de trabajo en el extranjero.
«Las víctimas les entregaron cantidades entre los $2,500 y $5,000 con la esperanza de viajar fuera del país para obtener un trabajo», indicó la fiscal.
La pareja fue condenada por el juez del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, que además dictaminó que ambos les paguen a las víctimas $20,000 en concepto de responsabilidad civil.
CONDENA MÁS ALTA
El 24 de abril, en Usulután, Wendy Saraí Gómez y Víctor Geovanny Melgar fueron condenados a 43 años de prisión por el homicidio en perjuicio de un bebé de dos años.
La pareja cometió el crimen en el distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste. Según las investigaciones, los imputados son la madre y el padrastro de la víctima; ambos ejercían violencia sobre el menor de edad.
«En mayo de 2024, el imputado asfixió al bebé y momentos después lo llevaron al hospital por un supuesto ataque de epilepsia; sin embargo, los médicos activaron el protocolo de muerte sospechosa al ver los signos de violencia en el cuerpo de la víctima», explicó el fiscal del caso.
ESPOSOS DEBEN DEVOLVER MÁS DE $289,000 AL ESTADO
En febrero, la robusta investigación desarrollada por la Fiscalía permitió la condena civil de Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, exdirector ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia) y la de su esposa, Violeta de Jenkins, por enriquecimiento ilícito de $289,567.89, producto de 14 irregularidades financieras realizadas entre 2006 y 2010, período en el que Jenkins Lorenzana estuvo en el cargo.
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Precio de los combustibles se mantienen sin cambios para la próxima quincena en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los precios de referencia de los combustibles en El Salvador se mantendrán sin variaciones para la próxima quincena, por lo que los consumidores continuarán pagando las mismas tarifas vigentes actualmente.
De acuerdo con la institución, en la zona central el precio de la gasolina superior será de $4.74 por galón, mientras que en las zonas occidental y oriental costará $4.75.
En cuanto a la gasolina regular, su precio será de $4.41 en la zona central y de $4.42 en las zonas occidental y oriental. Por su parte, el diésel tendrá un precio uniforme de $4.44 por galón en todo el país.
Estos valores estarán vigentes del 26 de mayo al 8 de junio de 2026.
Según la DGEHM, entre los factores internacionales que influyen en estos precios se encuentran las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, así como la decisión del gobierno estadounidense de prorrogar la exención a ciertas sanciones sobre el petróleo ruso para su comercialización.
La institución también indicó que mantiene inspecciones constantes en las empresas dedicadas a la comercialización de productos derivados del petróleo para verificar el cumplimiento de la normativa vigente. En caso de detectar irregularidades, los establecimientos podrían enfrentar las sanciones correspondientes.
