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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
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Inicia estudio de reformas a leyes secundarias tras cambios constitucionales en materia electoral
Los diputados de la Comisión Política iniciaron el estudio de reformas al Código Electoral, a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero y a la Ley de Partidos Políticos, con el objetivo de adecuar las tres normativas con los cambios recientes que se le hicieron a la Constitución de la República relacionados con el sistema electoral y la integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Las enmiendas se derivan de las reformas a los artículos 79 y 208 de la Constitución. La primera establece la creación de una circunscripción especial para los salvadoreños residentes en el exterior, mientras que la segunda contempla un nuevo mecanismo de elección de magistrados para despartidizar el TSE.
En el caso de la reforma al artículo 79, las modificaciones al Código Electoral incorporarían seis diputaciones propietarias y sus respectivos suplentes para la circunscripción en el extranjero, las cuales surgirían de una redistribución de escaños de los departamentos con mayor población. Con ello, San Salvador pasaría a tener 11 diputados y La Libertad seis. Además, la asignación de curules se realizaría mediante el método D’Hondt.
Asimismo, las reformas a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero modificarían los artículos 3, 4 y 5 para definir cómo serán asignados los votos desde el exterior.
La propuesta establece que los ciudadanos con DUI registrado en el extranjero ejercerían el sufragio en la circunscripción especial del exterior. A esta también se incorporaría automáticamente a quienes voten utilizando pasaporte.
En cambio, los connacionales que mantengan domicilio en El Salvador continuarían votando en el departamento consignado en su documento de identidad.
Por su parte, la Ley de Partidos Políticos incorporaría, oficialmente, la circunscripción en el extranjero dentro de los procesos internos de los partidos políticos, indicando que estos deberán realizarse mediante voto libre, directo, igualitario y secreto de los afiliados inscritos en cada circunscripción territorial y en el exterior.
También reformaría disposiciones sobre coaliciones partidarias, permitiendo pactos a nivel nacional, departamental, municipal y en el extranjero. Además, actualizaría prohibiciones para los partidos políticos, entre ellas campañas que dañen el honor, la intimidad y la imagen de candidatos y sus familiares.
Asimismo, mantiene la obligación de que las planillas para diputaciones y concejos municipales cuenten con al menos un 30 % de participación de mujeres, incluyendo las candidaturas de la circunscripción en el extranjero.
Las reformas al artículo 208, que garantizan la independencia del TSE, también establecen modificaciones al Código Electoral.
Dentro de las propuestas de reformas se mantiene la integración de cinco magistrados propietarios y cinco suplentes por períodos de seis años. Sin embargo, tres de ellos, incluido el presidente, serían electos mediante un proceso público, mientras que los otros dos serían seleccionados de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia.
Además, se elimina la vinculación partidaria como requisito para integrar el organismo y se actualizan las condiciones para optar al cargo, entre ellas ser abogado, mayor de 40 años y contar con experiencia profesional o judicial.
Con el propósito de profundizar en el estudio de las iniciativas y conocer la necesidad de cada una de las reformas propuestas, los diputados plantearon recibir este 12 de mayo a distintas autoridades.
Entre los funcionarios convocados se encuentran la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez. Además, el director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velasco, y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano.
Fernando Javier Rivera Moreno, de 28 años, fue capturado por las autoridades tras ser identificado como el presunto responsable de un homicidio registrado en el distrito de Tamanique.
De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional Civil, el crimen habría ocurrido luego de una discusión relacionada con dinero proveniente de la venta de droga, actividad en la que supuestamente estaban involucrados tanto la víctima como el detenido.
Según el informe policial, Rivera Moreno atacó a la víctima con arma blanca tras sospechar que se estaba quedando con parte del dinero ilícito.
Luego de la agresión, el sospechoso huyó del lugar, mientras que la víctima logró llegar hasta un establecimiento cercano para intentar pedir ayuda; sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) inició ayer la Semana del Reciclaje que se desarrollará del 11 al 16 de mayo. Las personas podrán llevar sus aparatos eléctricos y electrónicos al parqueo interno de las instalaciones del ministerio en los horarios disponibles para darles un manejo adecuado.
El horario habilitado es de las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, a excepción del sábado que se recibirán hasta las 2:00 de la tarde.
«Trae tus residuos de aparatos electrónicos y electrónicos medianos y pequeños a nuestro punto de recolección y te regalamos un árbol», indicó la institución en su cuenta de X.
Según el MARN, las personas podrán llevar equipos en desuso como televisores, ventiladores, celulares, cables de carga, baterías de litio, microondas, hornos, entre otros.
