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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a tres ecuatorianos a penas de 15 años por el delito de tráfico ilícito, en la modalidad de transporte. Fueron detenidos por autoridades salvadoreñas en febrero de 2025 en aguas jurisdiccionales.
Los imputados son: Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández.
En su fallo, el tribunal concluyó que la prueba presentada en juicio, entre ella el testimonio de los peritos encargados de la investigación, permitió establecer la participación directa de los extranjeros en los hechos atribuidos.
Según la acusación fiscal, agentes de la Marina Nacional de El Salvador ubicaron una embarcación sospechosa que se desplazaba al sur de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque, distrito y departamento de La Paz, y al momento de intervenirla descubrieron que se trataba de una lancha tipo ecuatoriana con sistema GPS incorporado.
Las autoridades localizaron a los tres procesados dentro de la lancha, transportando 90 bultos que contenían un polvo de color blanco. Tras realizar la pericia respectiva, la sustancia dio resultado positivo a cocaína.
En total, las autoridades incautaron 1,795 paquetes de cocaína con un valor aproximado de $45,126,300, por lo que los tres extranjeros fueron detenidos bajo el cargo de tráfico ilícito.
En enero de este año, otros tres ecuatorianos fueron sentenciados a 15 años de prisión por el mismo delito. Los condenados fueron: Yhonny Perfiliano Mero Mero, Manuel Orlando Cuevas Delgado y Diego Fabián Velásquez.
Los extranjeros fueron intervenidos por la Marina Nacional en aguas territoriales cuando pretendían movilizar la droga. Al ver la presencia de las autoridades, decidieron lanzar los bultos al mar, pero amarrados con boyas de navegación. El hecho ocurrió en febrero de 2025.
Luego de los análisis correspondientes, determinaron que el valor de la droga era de $38,589,900.
Durante una entrevista radial, Ortiz señaló que su partido mantiene comunicación constante con salvadoreños residentes fuera del país y reiteró su respaldo a la participación política de la diáspora.
Según expresó, algunos de esos ciudadanos le habrían manifestado sentirse decepcionados por el rumbo de la actual administración, pese a haber apoyado previamente el proyecto político oficialista.
“Nosotros los pusimos ahí y nosotros los vamos a quitar”, citó la legisladora al referirse —según explicó— a comentarios recibidos durante esos intercambios.
La diputada también sostuvo que el tema central no es si los salvadoreños en el exterior tienen derecho a participar políticamente, sino garantizar mecanismos adecuados de representación.
Principal
Menores aprenden sobre seguridad vial con actividades interactivas en la plaza Gerardo Barrios
En el marco de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, este martes se desarrolló una jornada educativa en la plaza Gerardo Barrios, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador, donde niños y adolescentes participan en actividades diseñadas para fortalecer la cultura de respeto a las normas de tránsito.
Como parte de la iniciativa, los asistentes recorrieron una alfombra de simulación vial, un espacio que recrea calles, redondeles, señales y un semáforo funcional, permitiendo a los menores familiarizarse de manera práctica con situaciones cotidianas en la vía pública.
A través de dinámicas lúdicas y ejercicios interactivos, los participantes ponen en práctica conceptos relacionados con la convivencia responsable y el respeto a la señalización vial.
«Este tipo de actividades tienen como objetivo que los niños aprendan jugando, que realicen una actividad lúdica, pero que también les sirva para llevarse esos conceptos y valores que les van a servir para convertirse en ciudadanos de bien. Esto, además, les va a ayudar a ser personas que respeten las leyes de tránsito en un futuro», expresó el titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes.
El funcionario también explicó que la experiencia busca acercar a los menores a escenarios reales de tránsito de forma segura.
« (En la alfombra) tenemos la simulación de diferentes calles, redondeles, un semáforo funcional y señales de tránsito, para que los niños aprendan sobre las diferentes normas que les van a servir en un futuro», indicó Reyes.
La alfombra de simulación vial permanecerá habilitada en la plaza Gerardo Barrios hasta el jueves 14 de mayo, en horarios de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche.
