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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
Como parte del mantenimiento necesario para los sistemas de agua, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) realiza la limpieza del pozo de la planta de bombeo de Tutultepeque, en Nejapa. Por lo que, el servicio presentará deficiencia desde el miércoles 11 al sábado 14 de febrero de este año.
De acuerdo con la autónoma, el servicio será irregular en los caseríos: Cabral, San Luis, Potrerito, Amate, Gramal, Chirrinal, Las Vegas, Hacienda, Ceiba y aledaños.
Por ello, la ANDA implementará un plan de contingencia para abastecer con agua potable a las familias afectadas, mientras se ejecutan los trabajos. «Contaremos con rutas de abastecimiento con camiones cisterna para minimizar las afectaciones, mientras duren los trabajos y el servicio de reestablece gradualmente», indicó.
Por otra parte, las cuadrillas de ANDA trabajan en la reparación de una fuga de agua potable en el pasaje 2 de la colonia Santa Úrsula, en San Salvador Centro. La falla se originó por el colapso de una tubería antigua.
Para reparar la fuga, los técnicos cortaron el tubo dañado y colocaron uno nuevo, sustituyendo un tramo de 1.50 metros con dos uniones que permitirán restablecer el servicio de forma segura.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, este miércoles, las temperaturas se mantendrán calurosas durante el día, con máximas entre los 36 y 37 grados Celsius, especialmente en los departamentos de La Union y san Miguel.
Para este día el cielo se mantendrá despejado y sin probabilidades de lluvias. El Viento rondará velocidades promedio entre los 10 y 20 kilómetros por hora.
Medio Ambiente también indicó que las temperaturas continuarán disminuidas durante la noche y madrugada.
El meteorólogo Jonathan Hernández explicó que partir del jueves se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio nacional.
«El flujo del este y noreste dominará las condiciones en la región», agregó el Marn sobre las condiciones climáticas que influyen al país.
Wilfredo Carabantes Hernández recibió una pena de 17 años de cárcel por los delitos de tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, receptación y disparos al aire sin justificación.
En su resolución, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, destacó que Carabantes Hernández fue sentenciado en el 2010 por similares delitos.
Según el informe judicial, los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2025 en la colonia Las Margaritas, Distrito de Quezaltepeque, en el municipio de La Libertad Norte. Ese día, el imputado realizó múltiples disparos injustificados en la vía pública, generando alerta y pánico entre los residentes de la zona, quienes denunciaron los actos a la policía.
Durante la inspección en la escena, los agentes recolectaron 11 casquillos. Al realizar la captura, detectaron que Carabantes no poseía licencia ni la documentación legal para el uso de armas de fuego.
En su resolución, el Tribunal aplicó una pena de 12 años por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, cuatro años por receptación y un año y medio por disparos con arma de fuego sin justificación.
