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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
La Policía Nacional Civil informó que un hombre murió y una mujer resultó lesionada tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Litoral, en las cercanías del cantón La Havillal, distrito de San Miguel.
Según el reporte preliminar, en el hecho estuvieron involucrados un camión de volteo y un vehículo particular. El impacto provocó la muerte inmediata del conductor del automóvil, mientras que su acompañante fue trasladada a un centro asistencial.
Debido al siniestro, el paso en la zona permanece habilitado únicamente en un carril. Agentes de la PNC se mantienen en el lugar para orientar el tráfico.
La División de Tránsito junto a elementos del Cuerpo de Bomberos realizan la inspección correspondiente para esclarecer la causa del accidente, cuyos detalles serán ampliados en las próximas horas.
Principal
MOP avanza en la construcción de una nueva obra de paso para restaurar la conectividad en Villa Lourdes
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), ejecuta trabajos en el sector de Villa Lourdes, en el distrito de Colón, La Libertad Oeste, para devolver la conectividad a miles de familias afectadas por el colapso de un puente a causa de las lluvias recientes en junio pasado.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó a principios de noviembre el avance de las obras, donde explicó que inicialmente se colocó una pasarela provisional para garantizar el paso peatonal mientras se construye una nueva estructura de paso. “Hay rutas alternas habilitadas para el tránsito vehicular, mientras se desarrollan los trabajos en la zona”, indicó el funcionario.
Rodríguez detalló que el terreno presentaba condiciones fangosas, por lo que se realizó una excavación de dos metros de profundidad y un enrocado de piedra para estabilizar el área. Además, se retiraron los escombros y materiales arrastrados por las lluvias.
La nueva obra de paso, que tendrá aproximadamente 28 metros de longitud, contará con una doble caja de concreto y será más resistente ante eventos climáticos. “El avance de los trabajos supera el 10%, más de lo que estaba programado. El plazo para culminar la obra es a mediados del próximo año, pero haremos todo lo posible por finalizar antes del invierno”, aseguró el ministro.
La inversión asciende a más de un millón de dólares y beneficiará directamente a más de 10,000 familias de comunidades como Guarumal, Campos Verdes 1 y 2, y Villa Lourdes.
“Vamos a devolverle la conectividad a las familias de Villa Lourdes y se hará todo lo posible para que pronto el proyecto esté 100% terminado”, manifestó el ministro de Obras Públicas.
Los titulares de la Corte de Cuentas de la República (CCR) y del Consejo Nacional de Calidad (CNC) suscribieron un Convenio Interinstitucional con la finalidad de promover y fortalecer la cultura organizacional, la transparencia y buenas prácticas en la labor que realiza la Entidad Fiscalizadora
Superior.
La firma del instrumento legal estuvo a cargo del Presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa Funes y de la Ministra de Economía, María Luisa Hayem Brevé, en su calidad de Presidenta del CNC.
La suscripción se llevó a cabo en el Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP) de este Organismo
Superior de Control.
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Desde abril anterior la Corte de Cuentas tiene en marcha el Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), encargado de implementar una cultura antisoborno en los procesos de auditoría, jurisdiccionales y administrativos, bajo estándares internacionales.
En similar forma, para cumplir con sus atribuciones, el CNC cuenta con el Sistema Salvadoreño para la Calidad y éste, dentro de su estructura, con el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), que será el ente encargado de brindar la certificación a la CCR.
“Esta acción reafirma el compromiso de trabajar con otras instituciones del Estado para servir mejor a los salvadoreños; más allá de los aspectos que enmarca el convenio, este es un paso histórico para la institución, pues el Organismo Salvadoreño de Normalización certificará nuestro Sistema de Gestión Antisoborno conforme a la Norma Internacional ISO 37001:2016”, manifestó el Presidente Sosa Funes, en la apertura del acto.
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Entre los beneficios de esta Certificación Antisoborno ISO 37001, están: el reforzamiento de la confianza pública, adopción de mejores prácticas internacionales, fortalecimiento y formalización de los controles internos, promoción de una cultura organizacional de integridad, cumplimiento con obligaciones nacionales e internacionales, mayor eficiencia y transparencia institucional, reconocimiento oficial del Organismo Salvadoreño de Normalización, relacionamiento más transparente con instituciones auditadas y la proyección estratégica a futuro.
En el documento se remarca que por mandato constitucional la CCR es el ente fiscalizador de la Hacienda Pública y rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la Gestión Pública. “En ese marco considera indispensable establecer e impulsar buenas prácticas institucionales orientadas a
fortalecer la transparencia, la ética pública y el buen gobierno”.
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