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Tribunal ordena la libertad de Julio Arriaza ex director de Intereses del Estado de la FGR
El Juzgado 4º de Instrucción de San Salvador, revocó la medida cautelar de detención provisional que Julio Arriaza, Ex Director de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República -FGR-, se encontraba cumpliendo en el Centro Penitenciario “La Esperanza” conocido como “Mariona” desde el 20 de octubre de 2018, basado en una orden emitida por la Jueza 4º de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, en el caso denominado por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez como “Corruptela”; la Jueza se basó en las confesiones extrajudiciales brindadas por 4 agentes fiscales y 2 empleados de la FGR quienes posteriormente denunciaron que fueron torturados y coaccionados para declarar.
En el caso de Julio Arriaza, el Tribunal le impuso como medidas sustitutivas a la detención provisional: la portación de un brazalete electrónico, restricción migratoria y presentarse a firmar cada 15 días a la sede judicial. Uno de los miembros de la defensa del Ex Director, manifestó que: “el Juzgado ha hecho justicia, concediéndole la libertad a nuestro defendido, para que pueda defenderse adecuadamente, pues ha estado sometido por prácticamente dos años a una detención arbitraria, basada en testigos criteriados “mendaces” y en confesiones extrajudiciales que ha quedado comprobado fueron obtenidas sin la voluntad de los otorgantes.” También reconoció que “confían que esa persecución ilegal contra su cliente ya no continúe, pues la FGR no puede seguir promoviendo casos penales para mantener a una persona indefinidamente en una detención provisional, que se convierte en una pena anticipada”
Por último, no quiso pasar por alto un hecho relacionado con Mario Calderón, Querellante y quien afirma ser víctima en el caso, ya que esta persona “muestra una actitud irracional, al punto que en audiencia el Juez le tuvo que llamar la atención, pero lo más grave fue la prepotencia con la que afirmó que existen más casos en FGR contra mi cliente, cómo esta persona puede tener esa clase de información, eso es importante notificarlo al Fiscal General Raúl Melara, porque este sujeto o miente, o hay agentes fiscales con prácticas similares a la época de Douglas Meléndez y Wil Walter Ruiz, que están permitiendo que esta clase de personas -refiriéndose a Calderón- contaminen la institución.”
Un proceso penal plagado de vicios en las pruebas de la acusación.
El mismo profesional del derecho que forma parte de la defensa de Julio Arriaza, aprovechó la oportunidad para señalar todas las ilegalidades que ha debido afrontar su cliente en los dos procesos penales que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, y los Jefes Fiscales Wil Walter Ruiz y Jorge Orlando Cortez montaron en su contra a través de pruebas falsas y pruebas ilícitas.
Como muestra de esto recalcó que los fiscales en el caso denominado “Corruptela”, sorprendieron al Juez Rigoberto Chicas, Juez 4º de Instrucción de Sal Salvador, solicitándole la realización de un peritaje informático que ya se había realizado -aunque fuera de plazo- en el caso conocido como “Rais Martínez”; pero lo más cuestionable es que al momento de solicitar el aparato telefónico incautado al Ex Fiscal General Luis Martínez, al Juzgado 8º de Instrucción de San Salvador, a cuyo control y disposición debía encontrarse, el citado Juzgado informó que el teléfono celular nunca fue puesto a su disposición, sino que desde el 22 de agosto de 2016, que se produjo la incautación, hasta inicios de febrero de 2019, se encontraba en poder material y control total de las agentes fiscales Xenia Lizeth Linares y Liliana Jovel Guzmán. “Esto significa una total ruptura a la cadena de custodia de la evidencia y por tanto no cuenta con ningún parámetro de legalidad y legitimidad, por lo que la prueba producida de este objeto carece de todo valor” -Advirtió el defensor.
El día viernes 09 de octubre del presente año, se reinicia el Juicio contra el Ex Fiscal General Luis Martínez y el Ex Director FGR Julio Arriaza, en el caso “Rais Martínez” donde la defensa de Arriaza están seguros que “podrán demostrar la forma ilegal en que se fabricó la causa en su contra, especialmente al usar y manipular prueba ilícita contenida en un expediente de intervención de escuchas telefónicas que además de haber sido ilegalmente obtenida, había cumplido el plazo de seis meses de vigencia para ser utilizada judicialmente y sin embargo fue ocupada, en contra de la orden de la ley de escuchas, aproximadamente DIEZ MESES después de la finalización de la interceptación de telecomunicaciones.”
La recaudación de impuestos en El Salvador registró un crecimiento durante el primer mes de 2026, reflejando la continuidad en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones sumaron $767.5 millones en enero, lo que representa un incremento de $26.1 millones o un 3.5 % en comparación con el mismo mes de 2025.
Dentro de este resultado, los ingresos tributarios y contribuciones —que incluyen los principales impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y elImpuesto sobre la Renta (ISR) — alcanzaron los $741.9 millones, con un aumento del 4.5 % interanual. Este desempeño evidencia una base fiscal sólida al inicio del año, en línea con las expectativas oficiales.
El IVA fue uno de los principales motores del crecimiento, con una recaudación de $376.3 millones en enero, lo que equivale a un incremento del 5.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. De este monto, las declaraciones del impuesto aportaron $204.1 millones, mientras que el IVA por importaciones sumó $172.2 millones, reflejando un comportamiento dinámico tanto del consumo interno como del comercio exterior.
Por su parte, el ISR alcanzó los $290 millones, con un crecimiento del 2.2 %. Dentro de este rubro, las retenciones representaron $193.6 millones, mientras que el pago a cuenta sumó $90.2 millones y las declaraciones $6.2 millones, manteniendo su relevancia como uno de los pilares de la recaudación.
Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación totalizaron $32.3 millones, con un aumento del 11 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $24.5 millones, con un crecimiento del 6.7 %. En este último caso, se observaron incrementos en categorías como cigarrillos y bebidas no carbonatadas.
Asimismo, los ingresos por otros impuestos y gravámenes diversos sumaron $11 millones, con un incremento del 14.6 %, destacando el aporte de la transferencia de bienes raíces y otros cargos asociados.
En el caso de las contribuciones especiales, estas alcanzaron $7.7 millones, con un crecimiento moderado del 12.8 %, impulsadas principalmente por los fondos destinados al transporte público.
Mientras que los ingresos no tributarios registraron una leve disminución, al ubicarse en $25.6 millones. No obstante, algunos componentes como las contribuciones al seguro social mostraron incrementos relevantes.
Este desempeño en la recaudación se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno, que ha apostado por la modernización de los procesos tributarios. Entre las principales medidas destacan la implementación de la facturación electrónica, el Plan Antievasión y Anticontrabando, y la ampliación de la base tributaria.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.
«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.
El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.
Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.
Ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, el Parque Recreativo Apulo se encuentra en un proceso de remodelación con el busca mejorar la experiencia de los visitantes a través de la oferta de una infraestructura de primer nivel.
Sin adelantar una fecha, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, indicó que las puertas de este parque recreativo estarán listas para atender a todos los turistas que quieran visitarlo durante la Semana Santa 2026, prevista entre el 29 de marzo y 5 de abril.
«Vamos a estar listos en Semana Santa», indicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que la inauguración prevista para este 2 de marzo se reprogramó para finalizar detalles necesarios para ofrecer un espacio de primer nivel.
Apuntó que entre las diferencias que ofrecerá el parque está la habilitación del área de restaurantes con espacios cómodos donde las arrendatarias históricas del lugar continuarán ofreciendo ricos platillos.
Además, con miras a obtener el sello de Family Friendly, el lugar contará con un espacio de lactancia, y enfermería.
«Nuestro compromiso es entregar un espacio en óptimas condiciones, seguro y listo para que todas las familias disfruten como se lo merecen», afirmó Aguiñada.
También anunció que con las nuevas condiciones de seguridad y mejoras en la iluminación se ampliará los horarios de atención, los cuales serán desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m.
«En esta ocasión, los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) están trabajando en esta renovación total del Parque Recreativo Apulo, y sin duda será un espacio digno», añadió.
Subrayó que, además de las mejoras de la infraestructura, las condiciones de seguridad con las que cuenta El Salvador fortalecen el atractivo de Apulo, antes ensombrecido por la violencia circundante que no permitía que los visitantes disfrutaran de su belleza.
«Nuestro parque Apulo siempre se vio afectado por el tema de pandillas, no era un lugar seguro para tener una sana recreación para las familias salvadoreñas, pero está es una realidad ha cambiado», refirió.
La presidenta también hizo hincapié en que el Gobierno continúa con sus esfuerzos de reforzar la infraestructura turística de El Salvador.
«El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con la renovación e inversión en todos los parques nacionales administrados por el ISTU», dijo.
Muestra de ello son las recientes mejoras y espacios recreativos como la Puerta del Diablo, la Costa del Sol, la Terminal Turística de San Sebastián, entre otras.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió el lunes 2 de marzo un dictamen favorable al expediente 578-2-2026-1 que contiene la iniciativa del Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se reforme la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas.
Dicha iniciativa plantea la necesidad de adoptar medidas encaminadas al fortalecimiento de un intercambio comercial basado en el respeto de los principios y derechos en el ámbito del mercado laboral internacional en materia de trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil.
En ese sentido, la comisión acordó emitir el dictamen favorable 191, el cual indica que es «oportuno» efectuar los cambios solicitados, y que fueron justificados por personal del Ministerio de Hacienda.
«En atención a lo antes expuesto esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que se emite dictamen favorable, para lo cual, se adjunta al correspondiente proyecto de decreto», establece el dictamen emitido ayer por la comisión.
Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la modificación conlleva la incorporación a la normativa aduanera del artículo 27-A.
«La propuesta tiene por objeto establecer que para las importaciones de mercancías que se realizan en el país se va a requerir la presentación de una declaración jurada conforme al formato que establezca la Dirección de Aduanas en el que se consigne que los bienes que se están importando no han sido fabricados, total o parcialmente, bajo mecanismos de trabajo forzoso o que exijan trabajo infantil», dijo Córdova.
Agregó que la declaración será consignada en declaraciones de importación y que, en caso de duda de la información, el artículo faculta para exigir documentación adicional y verificar que las mercancías no hayan sido fabricadas o sometidas a cualquier tipo de operación que vulnere derechos o que no sea consecuente con la erradicación de trabajo forzoso e infantil.
