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Tribunal ordena la libertad de Julio Arriaza ex director de Intereses del Estado de la FGR
El Juzgado 4º de Instrucción de San Salvador, revocó la medida cautelar de detención provisional que Julio Arriaza, Ex Director de Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República -FGR-, se encontraba cumpliendo en el Centro Penitenciario “La Esperanza” conocido como “Mariona” desde el 20 de octubre de 2018, basado en una orden emitida por la Jueza 4º de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, en el caso denominado por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez como “Corruptela”; la Jueza se basó en las confesiones extrajudiciales brindadas por 4 agentes fiscales y 2 empleados de la FGR quienes posteriormente denunciaron que fueron torturados y coaccionados para declarar.
En el caso de Julio Arriaza, el Tribunal le impuso como medidas sustitutivas a la detención provisional: la portación de un brazalete electrónico, restricción migratoria y presentarse a firmar cada 15 días a la sede judicial. Uno de los miembros de la defensa del Ex Director, manifestó que: “el Juzgado ha hecho justicia, concediéndole la libertad a nuestro defendido, para que pueda defenderse adecuadamente, pues ha estado sometido por prácticamente dos años a una detención arbitraria, basada en testigos criteriados “mendaces” y en confesiones extrajudiciales que ha quedado comprobado fueron obtenidas sin la voluntad de los otorgantes.” También reconoció que “confían que esa persecución ilegal contra su cliente ya no continúe, pues la FGR no puede seguir promoviendo casos penales para mantener a una persona indefinidamente en una detención provisional, que se convierte en una pena anticipada”
Por último, no quiso pasar por alto un hecho relacionado con Mario Calderón, Querellante y quien afirma ser víctima en el caso, ya que esta persona “muestra una actitud irracional, al punto que en audiencia el Juez le tuvo que llamar la atención, pero lo más grave fue la prepotencia con la que afirmó que existen más casos en FGR contra mi cliente, cómo esta persona puede tener esa clase de información, eso es importante notificarlo al Fiscal General Raúl Melara, porque este sujeto o miente, o hay agentes fiscales con prácticas similares a la época de Douglas Meléndez y Wil Walter Ruiz, que están permitiendo que esta clase de personas -refiriéndose a Calderón- contaminen la institución.”
Un proceso penal plagado de vicios en las pruebas de la acusación.
El mismo profesional del derecho que forma parte de la defensa de Julio Arriaza, aprovechó la oportunidad para señalar todas las ilegalidades que ha debido afrontar su cliente en los dos procesos penales que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, y los Jefes Fiscales Wil Walter Ruiz y Jorge Orlando Cortez montaron en su contra a través de pruebas falsas y pruebas ilícitas.
Como muestra de esto recalcó que los fiscales en el caso denominado “Corruptela”, sorprendieron al Juez Rigoberto Chicas, Juez 4º de Instrucción de Sal Salvador, solicitándole la realización de un peritaje informático que ya se había realizado -aunque fuera de plazo- en el caso conocido como “Rais Martínez”; pero lo más cuestionable es que al momento de solicitar el aparato telefónico incautado al Ex Fiscal General Luis Martínez, al Juzgado 8º de Instrucción de San Salvador, a cuyo control y disposición debía encontrarse, el citado Juzgado informó que el teléfono celular nunca fue puesto a su disposición, sino que desde el 22 de agosto de 2016, que se produjo la incautación, hasta inicios de febrero de 2019, se encontraba en poder material y control total de las agentes fiscales Xenia Lizeth Linares y Liliana Jovel Guzmán. “Esto significa una total ruptura a la cadena de custodia de la evidencia y por tanto no cuenta con ningún parámetro de legalidad y legitimidad, por lo que la prueba producida de este objeto carece de todo valor” -Advirtió el defensor.
El día viernes 09 de octubre del presente año, se reinicia el Juicio contra el Ex Fiscal General Luis Martínez y el Ex Director FGR Julio Arriaza, en el caso “Rais Martínez” donde la defensa de Arriaza están seguros que “podrán demostrar la forma ilegal en que se fabricó la causa en su contra, especialmente al usar y manipular prueba ilícita contenida en un expediente de intervención de escuchas telefónicas que además de haber sido ilegalmente obtenida, había cumplido el plazo de seis meses de vigencia para ser utilizada judicialmente y sin embargo fue ocupada, en contra de la orden de la ley de escuchas, aproximadamente DIEZ MESES después de la finalización de la interceptación de telecomunicaciones.”
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Condena por extorsión contra pandillera en El Salvador cierra proceso iniciado con orden de captura en 2009
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó sobre la condena de 15 años de prisión contra una integrante de la pandilla Barrio 18 por extorsionar a un comerciante en Soyapango, en un caso que se remonta a una orden de captura emitida en 2009.
La condenada fue identificada como Silvia María Carrero Vanegas, quien, según la investigación fiscal, exigía mercadería a la víctima a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia o la de sus empleados.
Según autoridades, la imputada mantenía una orden judicial vigente por el delito de extorsión desde ese año, vinculada a su presunta actividad dentro de la estructura criminal.
De acuerdo con reportes oficiales, la mujer fue ubicada en 2024 en el municipio de Mejicanos, en un operativo informado por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
Durante el procedimiento, personal femenino de la Fuerza Armada de El Salvador identificó tatuajes asociados a la pandilla.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. La Fiscalía indicó además que la condenada también será procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.
Autoridades señalaron que el caso forma parte de procesos judiciales contra estructuras criminales vinculadas a delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas en el país.
La Policía Nacional Civil informó esta tarde sobre la captura de Francisco Alonso Posada Delgado, un miembro de pandilla con antecedentes por delitos como intento de homicidio, robo y portación ilegal de arma de fuego.
El detenido, alias «Little Vago», es señalado por la institución policial como integrante de la pandilla Barrio 18 Sureños.
De acuerdo con la policía, el sospechoso modificó los tatuajes asociados a la estructura criminal con el objetivo de evadir controles de seguridad en el marco de operativos contra pandillas.
La captura se realizó en la 29 Avenida Norte, Mejicanos, San Salvador Centro, con apoyo de unidades de inteligencia policial.
El detenido será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones relacionadas con su actividad delictiva.
El Instituto Sindical Italiano para la Cooperación al Desarrollo (ISCOS) El Salvador presentó ayer los resultados del impacto ambiental alcanzados con el proyecto Lempa Vivo. Esta iniciativa, con una inversión de 1.800.00 millones de euros [$2,136,348], fue financiada por el Gobierno de Italia y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y ejecutada por ISCOS y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con la directora de país de ISCOS, Evelyn Rivera, este es el cierre del proyecto que se ejecutó durante 40 meses en cuatro humedales del país: Complejo La Laguna Güija, 5 de septiembre, Cerrón Grande y 15 de Septiembre. Además, se desarrollaron diferentes acciones en 11 Áreas Naturales Protegidas (ANS) del país.
«Dentro de los logros que podemos mencionar son 120 unidades de producción familiar que se han implementado agroecológicamente, cuatro agromercados distritales, hemos acercado la producción de nuestros productores hacia la población local en sus comunidades», dijo Rivera.
Asimismo, agregó que trabajaron ampliamente en investigaciones científicas de índole ambiental como el atlas de aves acuáticas de los cuatro humedales, estudios científicos sobre la tortuga, un atlas de mapas para el manejo y control de incendios forestales. También en una serie de instrumentos nacionales, como también las dos fichas Ramsar para que puedan ser presentadas por parte del Gobierno en la Convención Internacional Ramsar para solicitar la declaratoria del embalse 5 de noviembre y 15 de septiembre como sitio Ramsar.
El proyecto benefició directamente a más de 2,800 personas e indirectamente a los habitantes de Santa Ana, Cuscatlán, Chalatenango, San Vicente y Cabañas. Sin embargo, su alcance llega a toda la población salvadoreña al proteger uno de los afluentes más importantes del país.
Por su parte, el embajador de Italia en El Salvador, Paolo Rozo, señaló que este es un proyecto relevante porque se refiere a un lugar emblemático de El Salvador desde el punto de vista del ecosistema y su país ha enfocado la atención para preservar y ayudar a las autoridades salvadoreñas en la protección del medioambiente.
«Este proyecto se ha realizado en específicas áreas protegidas y también la intervención en caso de calamidades naturales con especial énfasis en los incendios que pueden amenazar la fauna y la vegetación de este importante ecosistema de El Salvador», dijo Rozo.
Durante el cierre del proyecto, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, afirmó que esta iniciativa demuestra, con hechos, que la protección del ambiente no es un discurso, sino una política pública en ejecución en una nueva realidad.
«Es un eje estratégico para la seguridad hídrica, la producción, la resiliencia y el bienestar de miles de familias salvadoreñas. Proteger el Lempa es proteger la estabilidad ambiental, económica y social del país», detalló.
De acuerdo con el titular del MARN, estos tres años de trabajo continuo fueron respaldados por una inversión estratégica, que hoy se traduce en capacidades instaladas, infraestructura fortalecida y acciones concretas que impactan directamente en el territorio.
«Desde el Ministerio de Medio Ambiente reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones firmes, sostenidas y estratégicas para la protección del río Lempa y de todos los ecosistemas que sostienen la vida y el desarrollo nacional», añadió. «Es un eje estratégico para la seguridad hídrica, la producción, la resiliencia y el bienestar de miles de familias salvadoreñas. Proteger el Lempa es proteger la estabilidad ambiental, económica y social del país», detalló.
De acuerdo con el titular del MARN, estos tres años de trabajo continuo fueron respaldados por una inversión estratégica, que hoy se traduce en capacidades instaladas, infraestructura fortalecida y acciones concretas que impactan directamente en el territorio.
«Desde el Ministerio de Medio Ambiente, reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones firmes, sostenidas y estratégicas para la protección del río Lempa y de todos los ecosistemas que sostienen la vida y el desarrollo nacional», añadió.
