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TESTIMONIO: Expandillero relata cómo era lavado el dinero de las extorsiones por parte de la pandilla MS-13 en Ilopango
Restaurantes, billares, sorbeterías, panaderías, carpinterías y otros negocios servían a la Mara Salvatrucha (MS-13) en Ilopango y Soyapango, en el oriente de San Salvador, para legalizar el dinero obtenido de la venta de drogas y la extorsión. Eso aseguró ayer un testigo identificado como “Padrino” ante el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador, en el caso llamado Operación Cuscatlán.
El testimonio de “Padrino” ocurrió ayer durante una audiencia especial que la Fiscalía General de la República (FGR)solicitó para que el testigo declarara antes del juicio contra 12 señalados de lavar dinero para la pandilla MS-13. El fiscal explicó que pidieron de manera anticipada la declaración porque existe riesgo de que la pandilla lo asesine.
“Padrino”, un miembro de la MS-13 que decidió traicionar a sus compañeros a cambio de beneficios judiciales, contó a la jueza que la pandilla daba entre $10,000 y $25,000 a pequeños empresarios de Ilopango y Soyapango para que remodelaran sus negocios o abrieran nuevas instalaciones. La pandilla se quedaba con el 70 % de los ingresos generados por las empresas, mientras que los negociantes recibían el 30 %, según el testigo.
Envían a juicio a cinco acusados de lavar dinero para la Mara Salvatrucha.
Los hombres acusados son Carlos Antonio Gómez, supuesto cabecilla alias “Orko”; José Vielman, José Quinteros, Manuel de Jesús Elías Hernández, Juan Antonio Navarrete, Juan Francisco Iraheta y Álvaro Alexánder Aldana. Mientras que las mujeres que enfrentan el proceso son Jackeline Victoria Mejía, Irma Lorena Rodríguez, Florinda Recinos de Blommaert, Yésica Melara y Melva Rosibel Gómez. Todos están detenidos.
El criteriado aseguró que estuvo presente cuando la imputada Irma Lorena Rodríguez recibió $33,000 de laMS-13 para sus negocios. La primera entrega de dinero fue de $10,000 en 2004 y la segunda, de $23,000 en 2009. “Ella fue una de las máximas lavadoras de dinero”, dijo.
Según “Padrino”, la pandilla también dio dinero ilícito a Recinos de Blommaert, quien era presidenta de la cooperativa de la ruta de microbuses 29-A y es acusada por la fiscalía de usar el negocio del transporte público para legalizar dinero de la MS-13.
Las investigaciones aseguran que Blommaert no ha podido justificar $148,000 de sus ingresos. “Ella era una empresaria exitosa. Se ha acreditado la existencia de préstamos por los cuales realizó compras. Hay una justificación de los ingresos”, dijo ayer Miguel Flores Durel, abogado de la empresaria, quien asegura que “Padrino” no tiene credibilidad. El 9 de septiembre debe declarar otro testigo del caso.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
