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TESTIMONIO: Expandillero relata cómo era lavado el dinero de las extorsiones por parte de la pandilla MS-13 en Ilopango
Restaurantes, billares, sorbeterías, panaderías, carpinterías y otros negocios servían a la Mara Salvatrucha (MS-13) en Ilopango y Soyapango, en el oriente de San Salvador, para legalizar el dinero obtenido de la venta de drogas y la extorsión. Eso aseguró ayer un testigo identificado como “Padrino” ante el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador, en el caso llamado Operación Cuscatlán.
El testimonio de “Padrino” ocurrió ayer durante una audiencia especial que la Fiscalía General de la República (FGR)solicitó para que el testigo declarara antes del juicio contra 12 señalados de lavar dinero para la pandilla MS-13. El fiscal explicó que pidieron de manera anticipada la declaración porque existe riesgo de que la pandilla lo asesine.
“Padrino”, un miembro de la MS-13 que decidió traicionar a sus compañeros a cambio de beneficios judiciales, contó a la jueza que la pandilla daba entre $10,000 y $25,000 a pequeños empresarios de Ilopango y Soyapango para que remodelaran sus negocios o abrieran nuevas instalaciones. La pandilla se quedaba con el 70 % de los ingresos generados por las empresas, mientras que los negociantes recibían el 30 %, según el testigo.
Envían a juicio a cinco acusados de lavar dinero para la Mara Salvatrucha.
Los hombres acusados son Carlos Antonio Gómez, supuesto cabecilla alias “Orko”; José Vielman, José Quinteros, Manuel de Jesús Elías Hernández, Juan Antonio Navarrete, Juan Francisco Iraheta y Álvaro Alexánder Aldana. Mientras que las mujeres que enfrentan el proceso son Jackeline Victoria Mejía, Irma Lorena Rodríguez, Florinda Recinos de Blommaert, Yésica Melara y Melva Rosibel Gómez. Todos están detenidos.
El criteriado aseguró que estuvo presente cuando la imputada Irma Lorena Rodríguez recibió $33,000 de laMS-13 para sus negocios. La primera entrega de dinero fue de $10,000 en 2004 y la segunda, de $23,000 en 2009. “Ella fue una de las máximas lavadoras de dinero”, dijo.
Según “Padrino”, la pandilla también dio dinero ilícito a Recinos de Blommaert, quien era presidenta de la cooperativa de la ruta de microbuses 29-A y es acusada por la fiscalía de usar el negocio del transporte público para legalizar dinero de la MS-13.
Las investigaciones aseguran que Blommaert no ha podido justificar $148,000 de sus ingresos. “Ella era una empresaria exitosa. Se ha acreditado la existencia de préstamos por los cuales realizó compras. Hay una justificación de los ingresos”, dijo ayer Miguel Flores Durel, abogado de la empresaria, quien asegura que “Padrino” no tiene credibilidad. El 9 de septiembre debe declarar otro testigo del caso.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
