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TESTIMONIO: Expandillero relata cómo era lavado el dinero de las extorsiones por parte de la pandilla MS-13 en Ilopango
Restaurantes, billares, sorbeterías, panaderías, carpinterías y otros negocios servían a la Mara Salvatrucha (MS-13) en Ilopango y Soyapango, en el oriente de San Salvador, para legalizar el dinero obtenido de la venta de drogas y la extorsión. Eso aseguró ayer un testigo identificado como “Padrino” ante el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador, en el caso llamado Operación Cuscatlán.
El testimonio de “Padrino” ocurrió ayer durante una audiencia especial que la Fiscalía General de la República (FGR)solicitó para que el testigo declarara antes del juicio contra 12 señalados de lavar dinero para la pandilla MS-13. El fiscal explicó que pidieron de manera anticipada la declaración porque existe riesgo de que la pandilla lo asesine.
“Padrino”, un miembro de la MS-13 que decidió traicionar a sus compañeros a cambio de beneficios judiciales, contó a la jueza que la pandilla daba entre $10,000 y $25,000 a pequeños empresarios de Ilopango y Soyapango para que remodelaran sus negocios o abrieran nuevas instalaciones. La pandilla se quedaba con el 70 % de los ingresos generados por las empresas, mientras que los negociantes recibían el 30 %, según el testigo.
Envían a juicio a cinco acusados de lavar dinero para la Mara Salvatrucha.
Los hombres acusados son Carlos Antonio Gómez, supuesto cabecilla alias “Orko”; José Vielman, José Quinteros, Manuel de Jesús Elías Hernández, Juan Antonio Navarrete, Juan Francisco Iraheta y Álvaro Alexánder Aldana. Mientras que las mujeres que enfrentan el proceso son Jackeline Victoria Mejía, Irma Lorena Rodríguez, Florinda Recinos de Blommaert, Yésica Melara y Melva Rosibel Gómez. Todos están detenidos.
El criteriado aseguró que estuvo presente cuando la imputada Irma Lorena Rodríguez recibió $33,000 de laMS-13 para sus negocios. La primera entrega de dinero fue de $10,000 en 2004 y la segunda, de $23,000 en 2009. “Ella fue una de las máximas lavadoras de dinero”, dijo.
Según “Padrino”, la pandilla también dio dinero ilícito a Recinos de Blommaert, quien era presidenta de la cooperativa de la ruta de microbuses 29-A y es acusada por la fiscalía de usar el negocio del transporte público para legalizar dinero de la MS-13.
Las investigaciones aseguran que Blommaert no ha podido justificar $148,000 de sus ingresos. “Ella era una empresaria exitosa. Se ha acreditado la existencia de préstamos por los cuales realizó compras. Hay una justificación de los ingresos”, dijo ayer Miguel Flores Durel, abogado de la empresaria, quien asegura que “Padrino” no tiene credibilidad. El 9 de septiembre debe declarar otro testigo del caso.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
