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TESTIMONIO: Expandillero relata cómo era lavado el dinero de las extorsiones por parte de la pandilla MS-13 en Ilopango
Restaurantes, billares, sorbeterías, panaderías, carpinterías y otros negocios servían a la Mara Salvatrucha (MS-13) en Ilopango y Soyapango, en el oriente de San Salvador, para legalizar el dinero obtenido de la venta de drogas y la extorsión. Eso aseguró ayer un testigo identificado como “Padrino” ante el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador, en el caso llamado Operación Cuscatlán.
El testimonio de “Padrino” ocurrió ayer durante una audiencia especial que la Fiscalía General de la República (FGR)solicitó para que el testigo declarara antes del juicio contra 12 señalados de lavar dinero para la pandilla MS-13. El fiscal explicó que pidieron de manera anticipada la declaración porque existe riesgo de que la pandilla lo asesine.
“Padrino”, un miembro de la MS-13 que decidió traicionar a sus compañeros a cambio de beneficios judiciales, contó a la jueza que la pandilla daba entre $10,000 y $25,000 a pequeños empresarios de Ilopango y Soyapango para que remodelaran sus negocios o abrieran nuevas instalaciones. La pandilla se quedaba con el 70 % de los ingresos generados por las empresas, mientras que los negociantes recibían el 30 %, según el testigo.
Envían a juicio a cinco acusados de lavar dinero para la Mara Salvatrucha.
Los hombres acusados son Carlos Antonio Gómez, supuesto cabecilla alias “Orko”; José Vielman, José Quinteros, Manuel de Jesús Elías Hernández, Juan Antonio Navarrete, Juan Francisco Iraheta y Álvaro Alexánder Aldana. Mientras que las mujeres que enfrentan el proceso son Jackeline Victoria Mejía, Irma Lorena Rodríguez, Florinda Recinos de Blommaert, Yésica Melara y Melva Rosibel Gómez. Todos están detenidos.
El criteriado aseguró que estuvo presente cuando la imputada Irma Lorena Rodríguez recibió $33,000 de laMS-13 para sus negocios. La primera entrega de dinero fue de $10,000 en 2004 y la segunda, de $23,000 en 2009. “Ella fue una de las máximas lavadoras de dinero”, dijo.
Según “Padrino”, la pandilla también dio dinero ilícito a Recinos de Blommaert, quien era presidenta de la cooperativa de la ruta de microbuses 29-A y es acusada por la fiscalía de usar el negocio del transporte público para legalizar dinero de la MS-13.
Las investigaciones aseguran que Blommaert no ha podido justificar $148,000 de sus ingresos. “Ella era una empresaria exitosa. Se ha acreditado la existencia de préstamos por los cuales realizó compras. Hay una justificación de los ingresos”, dijo ayer Miguel Flores Durel, abogado de la empresaria, quien asegura que “Padrino” no tiene credibilidad. El 9 de septiembre debe declarar otro testigo del caso.
Los futuros becados de la Dirección de Integración participaron del Curso ADN de la Pobreza, una herramienta clave para identificar y romper los ciclos de desintegración que han limitado a las comunidades por décadas.
Durante la jornada, los estudiantes reflexionan sobre la importancia de construir relaciones integradoras, ampliar su mirada de mundo y convertirse en protagonistas activos de su desarrollo personal y profesional.
«Seguimos acercando espacios que fortalecen la participación y permiten que más jóvenes se integren a procesos orientados al Florecimiento Salvadoreño», indicó la institución.
A través de la Cultura de la Integración, la Dirección de Integración continúa acercando herramientas que impulsan a los jóvenes a convertirse en protagonistas.
En ese sentido, la institución integra a los padres de familia a este proceso formativo, con el objetivo de invitarlos y motivarlos a continuar apoyando a los jóvenes para que conquisten sus sueños y culminen con éxito esta etapa.
El próximo martes 19 de mayo reunirá a más de 10,000 estudiantes de último año de bachillerato en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, para motivarlos a que continúen formándose y preparándose en una institución de educación superior.
Los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanzan con la construcción de ciclovía y el mejoramiento de espacios peatonales en la calle El Pedregal, en San Salvador Centro, para que los peatones cuenten con espacios adecuados para la movilidad.
Estas obras son parte del mantenimiento vial que ejecuta Obras Públicas para mantener una movilidad segura para peatones y ciclistas.
«Seguimos construyendo ciclovías y el mejoramiento de espacios para los peatones, en diferentes zonas del país para brindar espacios adecuados para la movilidad», indicó la institución en la red X.
Obras Públicas busca fomentar el uso del transporte no motorizado a través de la conformación de un carril de uso específico, así como espacios seguros para todos los usuarios de la vía.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a tres ecuatorianos a penas de 15 años por el delito de tráfico ilícito, en la modalidad de transporte. Fueron detenidos por autoridades salvadoreñas en febrero de 2025 en aguas jurisdiccionales.
Los imputados son: Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández.
En su fallo, el tribunal concluyó que la prueba presentada en juicio, entre ella el testimonio de los peritos encargados de la investigación, permitió establecer la participación directa de los extranjeros en los hechos atribuidos.
Según la acusación fiscal, agentes de la Marina Nacional de El Salvador ubicaron una embarcación sospechosa que se desplazaba al sur de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque, distrito y departamento de La Paz, y al momento de intervenirla descubrieron que se trataba de una lancha tipo ecuatoriana con sistema GPS incorporado.
Las autoridades localizaron a los tres procesados dentro de la lancha, transportando 90 bultos que contenían un polvo de color blanco. Tras realizar la pericia respectiva, la sustancia dio resultado positivo a cocaína.
En total, las autoridades incautaron 1,795 paquetes de cocaína con un valor aproximado de $45,126,300, por lo que los tres extranjeros fueron detenidos bajo el cargo de tráfico ilícito.
En enero de este año, otros tres ecuatorianos fueron sentenciados a 15 años de prisión por el mismo delito. Los condenados fueron: Yhonny Perfiliano Mero Mero, Manuel Orlando Cuevas Delgado y Diego Fabián Velásquez.
Los extranjeros fueron intervenidos por la Marina Nacional en aguas territoriales cuando pretendían movilizar la droga. Al ver la presencia de las autoridades, decidieron lanzar los bultos al mar, pero amarrados con boyas de navegación. El hecho ocurrió en febrero de 2025.
Luego de los análisis correspondientes, determinaron que el valor de la droga era de $38,589,900.
