Sucesos
Juzgado notifica a familias de comunidad Shafick Handal que deben desalojar inmueble usurpado
El Juzgado Primero de Paz de Suchitoto informó el pasado viernes a los pobladores de la comunidad Shafick Handal, que tenían hasta este viernes para desalojar de manera pacífica el terreno donde habitan, pues de lo contrario se procederá a un desalojo forzado.
Lo anterior en vista que desde 2013, un total de 89 familias habitan la comunidad asentada en un inmueble ubicado en el barrio La Cruz de Suchitoto y propiedad del Ministerio de Salud Pública, donde se tiene proyectado construir una unidad de salud de amplia cobertura que beneficiará a pobladores de los departamentos de Chalatenango y Cuscatlán.
Hasta ahora 26 de las 89 familias ya desalojaron y se fueron a un terreno, ubicado a aproximadamente un kilómetro, el cual fue escogido por la misma comunidad.
El desalojo es procedente, tras una denuncia de la Fiscalía General de la República en 2015, por la usurpación del inmueble. En 2016 el juzgado realizó una audiencia de aportación de pruebas y posteriormente otra audiencia probatoria en la cual se ordenó el desalojo. Ante la decisión del juzgado los abogados de la comunidad presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en diciembre de 2017 declaró no ha lugar el amparo contra 69 de las 89 familias, en el sentido de que era procedente el desalojo porque se comprobó la usurpación. Otras 19 familias fueron sobreseídas, pues donde vive es propiedad del Ministerio de Agricultura y tres fuero amparadas.
La Sala de lo Constitucional ordenó al Juzgado Primero de Paz a ejecutar el desalojo de las 69 familias, por lo que ante las dificultades sociales que ello implicaría el juzgado organizó una mesa interinstitucional en la que participaron representes de la alcaldía, del MOP, de ANDA, de CAESS, del FSV, de FONAVIPO, de la PDDH, de la Gobernación departamental, del Viceministerio de Vivienda, del juzgado y de la junta directiva de la comunidad.
En agosto el juzgado notificó a las familias que el desalojo pacífico se iba a realizar el 16 de noviembre de 2018, por lo que la alcaldía ofreció un terreno municipal con todos los servicios básicos y el Viceministerio de Vivienda ofreció 100 mil dólares para los insumos, a efecto de que las familias pudieran construir sus viviendas.
No obstante las familias rechazaron el terreno municipal y llegada la fecha para el desalojo pidieron prórroga, aduciendo que ellos iban a buscar el terreno donde mudarse. De tal manera que propusieron un terreno el cual fue adquirido en 45 mil dólares, donde cada familia tendrá un lote de ocho por 20 metros cuyo costo será de 1,200 dólares pagaderos en tres años sin intereses. Es decir, pagarán 33 dólares mensuales.
Sin embargo, algunas familias se niegan a abandonar el terreno usurpado, aduciendo que no tienen agua potable ni energía eléctrica, así como el precio del lote y lo escabroso del terreno. Ante esto se les recordó que ya hay tendido eléctrico, que actualmente hay trabajos de terraceo y que es falso que los lotes vayan a costar 3 mil dólares. Además, el terreno fue escogido por los mismos pobladores a través de su junta directiva.
Los pobladores pidieron al juzgado una prórroga para trasladarse, lo cual queda supeditado a escuchar a los propietarios del inmueble (Ministerio de Salud), de lo contrario el desalojo forzado queda programado para el jueves 21 de los corrientes. Cabe mencionar que aunque el desalojo es estrictamente para 69 familias, el resto se trasladaría porque también ocupan un inmueble usurpado propiedad del MAG.
Según el Juzgado se les dio un tiempo prudencial para el desalojo y se les apoyó creando la mesa interinstitucional donde todas las instituciones están dispuestas a ayudar a estas familias; sin embargo, han sido la junta directiva de la comunidad la que ha generado que no se realice el traslado de manera correcta, tal como lo manda la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Incluso algunas familias que ya se mudaron han señalado que están siendo amenazadas por los directivos, en el sentido de que los llaman traidores y les dicen que les van a destruir sus pertenencias. Por lo tanto el juzgado instó a los directivos y a las familias en general a tomar conciencia de la situación y a trasladarse de manera pacífica antes de que intervengan las fuerzas del orden público.
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) están obligados a participar en las próximas elecciones de 2027 si no quieren ser cancelados, por disposición de la Ley de Partidos Políticos.
Ambos institutos no participaron en los comicios de 2024, y de no competir en el siguiente proceso electoral sería causa de cancelación con base en el artículo 47 literal «d» de la mencionada ley, que establece que no competir en dos elecciones consecutivas conlleva a la cancelación.
Para el analista político Mauricio Rodríguez, la continuidad de ambos institutos políticos está comprometida por diversos factores, los cuales los encaminan a su desaparición.
«Desde mi perspectiva como analista político, los dos partidos políticos estarían desapareciendo por no alcanzar la votación requerida, ni tampoco el andamiaje que requiere», indicó Rodríguez.
Y añadió: «Me da la impresión de que estos dos partidos que son obligados por la Ley de Partidos Políticos podrían ser cancelados para las próximas elecciones, porque no tienen estructura, no tienen financiamiento; y, obviamente, tampoco existe la deuda [financiamiento público] para todos los partidos políticos».
Rodríguez también se refirió a los institutos que han decidido no participar en la elección presidencial, asegurando que así reconocen que no pueden competir con la figura del presidente Nayib Bukele, esto debido a que el mandatario ha construido un modelo en el que ha resuelto las necesidades básicas de la población.
«Reconocen el liderazgo del presidente Nayib Bukele, están conscientes de que en condiciones donde hay un líder que está prácticamente dominando en las encuestas, ellos al no tener nada que ofrecer ven disminuidas sus posibilidades de participación», sostuvo.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó recientemente por medio de su secretario de asuntos jurídicos, Nelson Alvarado, que no participarán en la elección presidencial.
Dijo que reconocen que el presidente Bukele tiene una aceptación de más del 90 %; pero indicó que presentarán candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y para miembros de los 44 concejos municipales.
