Sucesos
Juzgado notifica a familias de comunidad Shafick Handal que deben desalojar inmueble usurpado
El Juzgado Primero de Paz de Suchitoto informó el pasado viernes a los pobladores de la comunidad Shafick Handal, que tenían hasta este viernes para desalojar de manera pacífica el terreno donde habitan, pues de lo contrario se procederá a un desalojo forzado.
Lo anterior en vista que desde 2013, un total de 89 familias habitan la comunidad asentada en un inmueble ubicado en el barrio La Cruz de Suchitoto y propiedad del Ministerio de Salud Pública, donde se tiene proyectado construir una unidad de salud de amplia cobertura que beneficiará a pobladores de los departamentos de Chalatenango y Cuscatlán.
Hasta ahora 26 de las 89 familias ya desalojaron y se fueron a un terreno, ubicado a aproximadamente un kilómetro, el cual fue escogido por la misma comunidad.
El desalojo es procedente, tras una denuncia de la Fiscalía General de la República en 2015, por la usurpación del inmueble. En 2016 el juzgado realizó una audiencia de aportación de pruebas y posteriormente otra audiencia probatoria en la cual se ordenó el desalojo. Ante la decisión del juzgado los abogados de la comunidad presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en diciembre de 2017 declaró no ha lugar el amparo contra 69 de las 89 familias, en el sentido de que era procedente el desalojo porque se comprobó la usurpación. Otras 19 familias fueron sobreseídas, pues donde vive es propiedad del Ministerio de Agricultura y tres fuero amparadas.
La Sala de lo Constitucional ordenó al Juzgado Primero de Paz a ejecutar el desalojo de las 69 familias, por lo que ante las dificultades sociales que ello implicaría el juzgado organizó una mesa interinstitucional en la que participaron representes de la alcaldía, del MOP, de ANDA, de CAESS, del FSV, de FONAVIPO, de la PDDH, de la Gobernación departamental, del Viceministerio de Vivienda, del juzgado y de la junta directiva de la comunidad.
En agosto el juzgado notificó a las familias que el desalojo pacífico se iba a realizar el 16 de noviembre de 2018, por lo que la alcaldía ofreció un terreno municipal con todos los servicios básicos y el Viceministerio de Vivienda ofreció 100 mil dólares para los insumos, a efecto de que las familias pudieran construir sus viviendas.
No obstante las familias rechazaron el terreno municipal y llegada la fecha para el desalojo pidieron prórroga, aduciendo que ellos iban a buscar el terreno donde mudarse. De tal manera que propusieron un terreno el cual fue adquirido en 45 mil dólares, donde cada familia tendrá un lote de ocho por 20 metros cuyo costo será de 1,200 dólares pagaderos en tres años sin intereses. Es decir, pagarán 33 dólares mensuales.
Sin embargo, algunas familias se niegan a abandonar el terreno usurpado, aduciendo que no tienen agua potable ni energía eléctrica, así como el precio del lote y lo escabroso del terreno. Ante esto se les recordó que ya hay tendido eléctrico, que actualmente hay trabajos de terraceo y que es falso que los lotes vayan a costar 3 mil dólares. Además, el terreno fue escogido por los mismos pobladores a través de su junta directiva.
Los pobladores pidieron al juzgado una prórroga para trasladarse, lo cual queda supeditado a escuchar a los propietarios del inmueble (Ministerio de Salud), de lo contrario el desalojo forzado queda programado para el jueves 21 de los corrientes. Cabe mencionar que aunque el desalojo es estrictamente para 69 familias, el resto se trasladaría porque también ocupan un inmueble usurpado propiedad del MAG.
Según el Juzgado se les dio un tiempo prudencial para el desalojo y se les apoyó creando la mesa interinstitucional donde todas las instituciones están dispuestas a ayudar a estas familias; sin embargo, han sido la junta directiva de la comunidad la que ha generado que no se realice el traslado de manera correcta, tal como lo manda la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Incluso algunas familias que ya se mudaron han señalado que están siendo amenazadas por los directivos, en el sentido de que los llaman traidores y les dicen que les van a destruir sus pertenencias. Por lo tanto el juzgado instó a los directivos y a las familias en general a tomar conciencia de la situación y a trasladarse de manera pacífica antes de que intervengan las fuerzas del orden público.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, llegó la tarde de este martes a Costa Rica, donde fue recibido con honores por autoridades del gobierno costarricense, marcando el inicio de una visita oficial centrada en el fortalecimiento de la cooperación bilateral.
A su arribo, el mandatario salvadoreño fue recibido por la vicepresidenta de Costa Rica, Mary Munive; el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco; y la embajadora de El Salvador en ese país, Diana Vanegas.
Como parte de su agenda, Bukele sostendrá una reunión con el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, con quien abordará temas de interés común, especialmente en materia de seguridad y desarrollo regional.
Posteriormente, ambos mandatarios también visitarán el complejo penitenciario de La Reforma, en la provincia de Alajuela, donde el gobierno de Costa Rica construirá el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco).
Este proyecto penitenciario, considerado el más ambicioso de la administración de Rodrigo Chaves, contará con capacidad para albergar a 5,000 privados de libertad. La infraestructura está inspirada en el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), impulsado por el Gobierno salvadoreño.
Principal
Presidente Bukele presenta medida que otorgará un ingreso extra del 50 % del salario en enero
El presidente de la república, Nayib Bukele, anunció que su Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto denominado Ley Quincena 25, una medida que busca fortalecer el bolsillo de las familias salvadoreñas, al tiempo que pretende estabilizar la economía del país.
El mandatario explicó que este ingreso es complementario equivalente al 50 % del salario mensual, el cual, se pagará entre el 15 y 25 de enero a cada trabajador del sector público y privado, cuyo pago es de hasta $1,500.
Además, aclaró que este beneficio económico en ningún momento sustituirá el pago del salario ni se deducirá de los pagos de renta, ISSS, ni AFP y que tampoco podrá ser embargado.
El mandatario señaló que la normativa que regula este beneficio será implementada, primero, por el Gobierno central a partir de enero de 2026 a empleados públicos.
Agregó que en el caso del sector privado «la implementación será gradual, responsable y enfocada en proteger el empleo».
Afirmó que para este año «el pago será voluntario y contará con un incentivo fiscal que permitirá a las empresas deducir el 100 % del monto otorgado del Impuesto Sobre la Renta», de esa manera se garantiza la protección del empleo y la estabilidad económica.
«Esta medida llegará a las familias, impulsará los negocios y se sentirá en todo el país», puntualizó el gobernante.
La implementación de esta normativa cuenta con el respaldo de las diferentes gremiales empresariales del país, así como el apoyo de las organizaciones de los trabajadores e instancias como la mesa tripartita del salario mínimo.
En enero de cada año la mayoría de los trabajadores lo inician con limitaciones económicas, pues durante diciembre han incurrido en diferentes gastos por las festividades de la época, por lo que inicia mes sin los fondos habituales con los que suele hacerlo.
El poder adquisitivo de las familias se reduce significativamente, por lo que en esas circunstancias muchas no lograr cubrir algunas necesidades por la falta de recursos económicos. Esto a su vez tiene un efecto negativo para la economía en general, pues los ciudadanos reducen su consumo a lo esencial.
En tal sentido, esta normativa contempla el pago de una quincena salarial a cada trabajador, de ahí su nombre «Ley Quincena 25».
De esa manera, enero pasará de ser el mes más ajustado para la economía familiar a convertirse en uno de los más rentables para los trabajadores y, consecuentemente, para el país, según lo anunciado por el Gobierno de Bukele.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que, desde la noche del miércoles, se prevé un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio salvadoreño. Este nuevo incremento de vientos podría generar ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas del país.
El Marn explicó que el nuevo ciclo de vientos nortes podría tener influencia sobre El Salvador hasta el viernes 16 de enero.
«Para la noche del día miércoles 14 de enero se esperan Vientos Nortes con velocidades promedio entre 10 a 25 km/h y ráfagas de entre 40 y 60 km/h, que se podrían extender hasta la madrugada el día viernes 16», agregó el informe de Medio Ambiente.
Además, agregaron que estas condiciones climáticas se deben a «un frente frío y la alta presión que lo acompañan incursionan sobre el Caribe provocando vientos nortes».
