Sucesos
Juzgado notifica a familias de comunidad Shafick Handal que deben desalojar inmueble usurpado
El Juzgado Primero de Paz de Suchitoto informó el pasado viernes a los pobladores de la comunidad Shafick Handal, que tenían hasta este viernes para desalojar de manera pacífica el terreno donde habitan, pues de lo contrario se procederá a un desalojo forzado.
Lo anterior en vista que desde 2013, un total de 89 familias habitan la comunidad asentada en un inmueble ubicado en el barrio La Cruz de Suchitoto y propiedad del Ministerio de Salud Pública, donde se tiene proyectado construir una unidad de salud de amplia cobertura que beneficiará a pobladores de los departamentos de Chalatenango y Cuscatlán.
Hasta ahora 26 de las 89 familias ya desalojaron y se fueron a un terreno, ubicado a aproximadamente un kilómetro, el cual fue escogido por la misma comunidad.
El desalojo es procedente, tras una denuncia de la Fiscalía General de la República en 2015, por la usurpación del inmueble. En 2016 el juzgado realizó una audiencia de aportación de pruebas y posteriormente otra audiencia probatoria en la cual se ordenó el desalojo. Ante la decisión del juzgado los abogados de la comunidad presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en diciembre de 2017 declaró no ha lugar el amparo contra 69 de las 89 familias, en el sentido de que era procedente el desalojo porque se comprobó la usurpación. Otras 19 familias fueron sobreseídas, pues donde vive es propiedad del Ministerio de Agricultura y tres fuero amparadas.
La Sala de lo Constitucional ordenó al Juzgado Primero de Paz a ejecutar el desalojo de las 69 familias, por lo que ante las dificultades sociales que ello implicaría el juzgado organizó una mesa interinstitucional en la que participaron representes de la alcaldía, del MOP, de ANDA, de CAESS, del FSV, de FONAVIPO, de la PDDH, de la Gobernación departamental, del Viceministerio de Vivienda, del juzgado y de la junta directiva de la comunidad.
En agosto el juzgado notificó a las familias que el desalojo pacífico se iba a realizar el 16 de noviembre de 2018, por lo que la alcaldía ofreció un terreno municipal con todos los servicios básicos y el Viceministerio de Vivienda ofreció 100 mil dólares para los insumos, a efecto de que las familias pudieran construir sus viviendas.
No obstante las familias rechazaron el terreno municipal y llegada la fecha para el desalojo pidieron prórroga, aduciendo que ellos iban a buscar el terreno donde mudarse. De tal manera que propusieron un terreno el cual fue adquirido en 45 mil dólares, donde cada familia tendrá un lote de ocho por 20 metros cuyo costo será de 1,200 dólares pagaderos en tres años sin intereses. Es decir, pagarán 33 dólares mensuales.
Sin embargo, algunas familias se niegan a abandonar el terreno usurpado, aduciendo que no tienen agua potable ni energía eléctrica, así como el precio del lote y lo escabroso del terreno. Ante esto se les recordó que ya hay tendido eléctrico, que actualmente hay trabajos de terraceo y que es falso que los lotes vayan a costar 3 mil dólares. Además, el terreno fue escogido por los mismos pobladores a través de su junta directiva.
Los pobladores pidieron al juzgado una prórroga para trasladarse, lo cual queda supeditado a escuchar a los propietarios del inmueble (Ministerio de Salud), de lo contrario el desalojo forzado queda programado para el jueves 21 de los corrientes. Cabe mencionar que aunque el desalojo es estrictamente para 69 familias, el resto se trasladaría porque también ocupan un inmueble usurpado propiedad del MAG.
Según el Juzgado se les dio un tiempo prudencial para el desalojo y se les apoyó creando la mesa interinstitucional donde todas las instituciones están dispuestas a ayudar a estas familias; sin embargo, han sido la junta directiva de la comunidad la que ha generado que no se realice el traslado de manera correcta, tal como lo manda la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Incluso algunas familias que ya se mudaron han señalado que están siendo amenazadas por los directivos, en el sentido de que los llaman traidores y les dicen que les van a destruir sus pertenencias. Por lo tanto el juzgado instó a los directivos y a las familias en general a tomar conciencia de la situación y a trasladarse de manera pacífica antes de que intervengan las fuerzas del orden público.
En el segundo día del año escolar, el Gobierno salvadoreño continúa la entrega de paquetes escolares en más de 5,000 centros educativos del país, y uno de ellos es el Centro Escolar Benjamín Sol Millet, ubicado en San Salvador Centro, donde los estudiantes recibieron uniformes, útiles y recursos tecnológicos.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, supervisó personalmente la jornada y afirmó que la distribución se mantendrá activa durante todo el mes, como parte de una logística nacional que beneficiará a más de 1.2 millones de estudiantes.
Entre los insumos entregados se incluyen tablets de 8 pulgadas para parvularia cuatro, tablets de 10 pulgadas para primer grado, computadoras portátiles para cuarto grado y para primer año de bachillerato. La funcionaria destacó que estos recursos buscan motivar a los estudiantes a continuar su formación académica.
«Son más de 5,000 escuelas, 1.2 millones de paquetes escolares, que vamos a entregar en todo este mes, es una logística inmensa, su paquete escolar va a llegar a su escuela, es gratuito, completo y con los implementos tecnológicos para los diferentes niveles educativos», recalcó Trigueros.
Durante la visita, la ministra y la directora del centro educativo, Blanca Guirola, dieron la bienvenida a los alumnos y promovieron la práctica de valores como el respeto, los buenos modales y la convivencia sana dentro de la comunidad educativa.
El Centro Escolar Benjamín Sol Millet atiende a una población de 309 estudiantes, desde parvularia cuatro hasta noveno grado, quienes iniciaron el año escolar con los insumos necesarios para su formación integral.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, la noche del lunes, la captura de Christopher Josué Lazo Meléndez, de 18 años de edad y Juan Israel Lazo Martínez, de 26 años, quienes son los responsables de asesinar a un hombre de 33 años en el cantón El Rebelde, distrito de San Vicente, San Vicente Sur.
La policía detalló que la víctima mortal fue atacada con arma de fuego. «La investigación determinó que el móvil del crimen fue pasional ya que la víctima acosaba a uno de los detenidos», explicó la PNC.
Los dos hombres fueron ubicados y arrestados en Apastepeque, San Vicente Norte. Además, informaron que ambos serán remitidos por los delitos de homicidio y por tenencia, portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
El desempeño fiscal de El Salvador durante 2025 marcó un nuevo récord en la recaudación pública. Al cierre del año, los ingresos corrientes y contribuciones del Gobierno Central sumaron $8,298.3 millones, lo que representa un incremento absoluto de $647.9 millones frente a 2024 y un crecimiento interanual del 8.5 %, según datos de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Del total recaudado, $7,986.1 millones correspondieron a ingresos tributarios y contribuciones, con un aumento del 8.4 % en comparación con el año anterior. Este resultado refleja tanto una mayor actividad económica como una mejora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, además de una ejecución que se mantuvo en línea con las proyecciones oficiales para el ejercicio fiscal.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se consolidó nuevamente como el principal pilar de la recaudación. Durante 2025, este tributo generó $3,817.6 millones, con un crecimiento interanual del 9 %. El dinamismo estuvo explicado, en buena medida, por el IVA a la importación, que alcanzó $2,084.8 millones, con un alza del 10.6 %, mientras que el IVA por declaraciones internas sumó $1,732.8 millones, reflejando un incremento del 7.2 %.
Por su parte, el Impuesto sobre la Renta (ISR) cerró el año con una recaudación de $3,328 millones, lo que representa un crecimiento del 7.3 % frente a 2024. Dentro de este rubro, las declaraciones aportaron $965.3 millones (+10 %), las retenciones $1,567.4 millones (+5.8 %) y los pagos a cuenta $795.5 millones (+6.9 %), mostrando un comportamiento sólido de los contribuyentes a lo largo del año.
Otros ingresos tributarios también registraron avances relevantes. Los derechos arancelarios a la importación sumaron $383 millones, con un crecimiento del 12.4 %, en línea con el dinamismo del comercio exterior. En tanto, los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $245.1 millones, con un incremento moderado del 3.9 %, aunque con desempeños diferenciados entre los productos gravados. Mientras los ingresos por cigarrillos crecieron 4.2 % y los de bebidas no carbonatadas 2.4 %, se registraron descensos en cerveza (-0.5 %) y productos alcohólicos (-5.6 %).
El rubro de «otros impuestos y gravámenes diversos» presentó uno de los mayores crecimientos relativos del año, al sumar $128.6 millones, lo que representa un aumento del 17.7 %. Destacan los ingresos por transferencia de bienes raíces, que alcanzaron $74.4 millones (+26.2 %), así como el impuesto ad-valorem sobre primas de seguros, con $25.3 millones (+13.7 %).
Los ingresos no tributarios totalizaron $312.3 millones, con un crecimiento interanual del 11 %. Este resultado estuvo impulsado por el aumento en las contribuciones a la seguridad social, que alcanzaron $55 millones (+17.5 %), así como por el desempeño de tasas y derechos, ingresos financieros y transferencias corrientes.
En el caso de las contribuciones especiales, la recaudación sumó $83.5 millones, con un incremento del 5 %. El mayor aporte provino del transporte público, con $61.6 millones (+7 %), mientras que la contribución para la promoción del turismo registró una leve contracción anual.
Este cierre fiscal favorable refuerza la sostenibilidad de las finanzas públicas y se alinea con la estrategia del Gobierno de fortalecer los ingresos sin generar brechas presupuestarias. «El crecimiento en la recaudación es resultado de la modernización de los procesos tributarios, la facturación electrónica y el combate a la evasión fiscal», ha señalado el ministro de Hacienda, Jerson Posada, en declaraciones recientes.
Por otro lado, el ministro ha indicado que El Salvador pasó de registrar un déficit primario superior al 5 % del PIB en 2020 a alcanzar un superávit primario en 2024 y proyectar un resultado cercano al 1.9 % del PIB en 2025, en línea con los compromisos fiscales asumidos. Añadió que las agencias calificadoras ya comenzaron a reconocer estos avances, reflejando una mejora gradual en la percepción de riesgo país.
Con estos resultados, El Salvador concluye 2025 con cifras fiscales sólidas, que brindan mayor margen para la ejecución del gasto público, el financiamiento de programas sociales y la inversión en áreas estratégicas para el desarrollo económico del país.
