El Juzgado Primero de Paz de Suchitoto informó el pasado viernes a los pobladores de la comunidad Shafick Handal, que tenían hasta este viernes para desalojar de manera pacífica el terreno donde habitan, pues de lo contrario se procederá a un desalojo forzado.

Lo anterior en vista que desde 2013, un total de 89 familias habitan la comunidad asentada en un inmueble ubicado en el barrio La Cruz de Suchitoto y propiedad del Ministerio de Salud Pública, donde se tiene proyectado construir una unidad de salud de amplia cobertura que beneficiará a pobladores de los departamentos de Chalatenango y Cuscatlán.

Hasta ahora 26 de las 89 familias ya desalojaron y se fueron a un terreno, ubicado a aproximadamente un kilómetro, el cual fue escogido por la misma comunidad.

El desalojo es procedente, tras una denuncia de la Fiscalía General de la República en 2015, por la usurpación del inmueble. En 2016 el juzgado realizó una audiencia de aportación de pruebas y posteriormente otra audiencia probatoria en la cual se ordenó el desalojo. Ante la decisión del juzgado los abogados de la comunidad presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en diciembre de 2017 declaró no ha lugar el amparo contra 69 de las 89 familias, en el sentido de que era procedente el desalojo porque se comprobó la usurpación. Otras 19 familias fueron sobreseídas, pues donde vive es propiedad del Ministerio de Agricultura y tres fuero amparadas.

La Sala de lo Constitucional ordenó al Juzgado Primero de Paz a ejecutar el desalojo de las 69 familias, por lo que ante las dificultades sociales que ello implicaría el juzgado organizó una mesa interinstitucional en la que participaron representes de la alcaldía, del MOP, de ANDA, de CAESS, del FSV, de FONAVIPO, de la PDDH, de la Gobernación departamental, del Viceministerio de Vivienda, del juzgado y de la junta directiva de la comunidad.

En agosto el juzgado notificó a las familias que el desalojo pacífico se iba a realizar el 16 de noviembre de 2018, por lo que la alcaldía ofreció un terreno municipal con todos los servicios básicos y el Viceministerio de Vivienda ofreció 100 mil dólares para los insumos, a efecto de que las familias pudieran construir sus viviendas.

No obstante las familias rechazaron el terreno municipal y llegada la fecha para el desalojo pidieron prórroga, aduciendo que ellos iban a buscar el terreno donde mudarse. De tal manera que propusieron un terreno el cual fue adquirido en 45 mil dólares, donde cada familia tendrá un lote de ocho por 20 metros cuyo costo será de 1,200 dólares pagaderos en tres años sin intereses. Es decir, pagarán 33 dólares mensuales.

Sin embargo, algunas familias se niegan a abandonar el terreno usurpado, aduciendo que no tienen agua potable ni energía eléctrica, así como el precio del lote y lo escabroso del terreno. Ante esto se les recordó que ya hay tendido eléctrico, que actualmente hay trabajos de terraceo y que es falso que los lotes vayan a costar 3 mil dólares. Además, el terreno fue escogido por los mismos pobladores a través de su junta directiva.

Los pobladores pidieron al juzgado una prórroga para trasladarse, lo cual queda supeditado a escuchar a los propietarios del inmueble (Ministerio de Salud), de lo contrario el desalojo forzado queda programado para el jueves 21 de los corrientes. Cabe mencionar que aunque el desalojo es estrictamente para 69 familias, el resto se trasladaría porque también ocupan un inmueble usurpado propiedad del MAG.

Según el Juzgado se les dio un tiempo prudencial para el desalojo y se les apoyó creando la mesa interinstitucional donde todas las instituciones están dispuestas a ayudar a estas familias; sin embargo, han sido la junta directiva de la comunidad la que ha generado que no se realice el traslado de manera correcta, tal como lo manda la sentencia de la Sala de lo Constitucional.

Incluso algunas familias que ya se mudaron han señalado que están siendo amenazadas por los directivos, en el sentido de que los llaman traidores y les dicen que les van a destruir sus pertenencias. Por lo tanto el juzgado instó a los directivos y a las familias en general a tomar conciencia de la situación y a trasladarse de manera pacífica antes de que intervengan las fuerzas del orden público.