Sucesos
Hacia la erradicación del VIH
Crear conciencia y sensibilidad permite a las sociedades obtener las competencias necesarias para detener la epidemia.
En eso trabaja la Red Centroamericana de Personas con VIH (REDCA), que buscar una respuesta más humana e integral ante el virus, combatiendo principalmente la discriminación y el estigmas social que acarrea la enfermedad.
Esta entidad realizó en San Salvador un congreso para evaluar los progresos y desafíos luego de 11 años de trabajo con el Fondo Mundial.
Los participantes enfatizaron las necesidad de borrar el estigma en todos los niveles, pero principalmente en la familia.
Uno de los ponentes internacionales en este evento fue Gregg Cassin, una activista norteamericano, radicado en San Francisco quien fue diagnosticado con VIH hace 34 años.
Su mensaje es muy claro, él se dedica a enfatizar la necesidad de crear una red de apoyo emocional para las personas que se han contagiado con el virus, pues esa red tiene la capacidad de estabilizar todos los demás aspectos de su vida, lo que les permite apegarse al tratamiento, lo que en conjunto permitirá contener el virus hasta erradicarlo.
El siguiente nivel en esta lucha es el empoderamiento, en especial de las mujeres, que por el solo hecho de ser mujeres sufren discriminación, algo que se agrava cuando se le suma el VIH.
“‘¿Y con cuantos hombres se ha acostado?’ fue lo primero que me preguntó el primer médico que me atendió”, cuenta Liliana Talero, una colombiana radicada también en San Francisco donde asiste a otras personas que también deben adaptarse a una vida con VIH.
Ella señala que esta violencia estructural aleja a los pacientes, en especial a las mujeres, del control médico que es necesario para mantener la enfermedad controlada.
Constancia es la clave
REDCA también hizo un llamado a las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social para estabilizar el abastecimiento de medicamentos antiretrovirales, luego que en días recientes se diera a conocer que debido al cambio de medicina muchas personas debieron esperar para recibir las dosis necesarias.
La entidad solicitó al ISSS que se eviten los “cambios de pasillo”, es decir los cambios de medicamento que se dan sin la necesaria evaluación médica, para establecer si el nuevo medicamento es adecuada para la carga viral de cada paciente.
Cuando se da esta situación se puede generar un vacío que propicia mutaciones en el virus, haciéndose más resistente a los medicamentos, reduciendo su efectividad y afectando la lucha global contra la enfermedad.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
