Sucesos
Carnaval de San Miguel será custodiado por 1,000 policías y no habrá venta de cerveza en envases de vidrio
Policías encubiertos y la prohibición de venta de cervezas en recipientes de vidrio son parte de las medidas de seguridad que se implementarán este sábado durante la realización del carnaval de San Miguel.
Las autoridades municipales esperan la llegada de, al menos, dos millones de personas, entre visitantes nacionales y extranjeros, que participarán de los conciertos y las diferentes actividades durante el carnaval.
Parte de la seguridad será brindada por un estimado de mil agentes policiales que estarán desplegados en varios puntos de la ciudad para evitar que se cometan hechos delictivos, serán apoyados por elementos de la Fuerza Armada y Cuerpos de Agentes Municipales (CAM).
“Este dispositivo es diferente a lo que preparamos para los carnavalitos, pues tiene otra envergadura por la cantidad de gente, esperamos a dos millones de personas y para darles seguridad a dos millones de personas no es nada fácil, pero tenemos la experiencia para hacerlo”, expresó el alcalde Miguel Pereira respecto al dispositivo de seguridad.
“Desde 2015 para acá cambié la modalidad y empezamos a introducir cerca de mil agentes encubiertos que nos ha funcionado a la perfección y nos permiten identificar un borracho que está alterando el orden y arrestarlo de manera inmediata para evitar cualquier hecho más grave”, detalló.
Vigilados en todo momento
Por medio de las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad, denominado como Ojos Abiertos, estarán pendientes de prevenir delitos, dicho sistema tiene línea de información directa con el Sistema 911 de la PNC.
Para este año, la comuna agregó un nuevo componente para prevenir riñas entre quienes se pasan de tragos, es la venta de cervezas pero en recipientes plásticos y no en botellas de vidrio como se había permitido.
“Por primera vez en 60 años no se va a permitir vender cervezas en envase de vidrio, estamos dando un salto a la modernidad y la seguridad, hemos girado instrucciones a la industrias para que abstengan todo su comercio en la ciudad de San Miguel de envases plásticos porque el envase de vidrio significa un artefacto contundente para poder generar una herida a otra persona en caso que haya una riña con personas en estado de ebriedad”, comentó el edil.
Advirtió que será decomisada la bebida si se descubre que el ciudadano lo hace en recipiente de vidrio.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
