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Sala de lo Constitucional da luz verde a grupos afines al FMLN para hurgar en los archivos militares
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desestimó los argumentos del ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, en un amparo emitido a esa instancia donde argumenta que revelar archivos militares pone en riesgo la seguridad nacional.
Con esta decisión, la Sala respalda los argumentos de grupos afines al FMLN, quienes están presionando para que se abran los archivos militares con la excusa de conocer los planes que llevaron a la ejecución de la Masacre El Mozote por parte de la Fuerza Armada, en 1981.
“Declárase improcedente la demanda suscrita por el señor Ministro Merino Monroy en contra del Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, por haber emitido la resolución de 15 de junio de 2020 en el proceso penal 328/1990 conocido como “Masacre el Mozote y lugares aledaños”, en la cual se ordenó la inspección con intervención judicial de ciertos archivos militares de la Fuerza Armada de El Salvador”, resuelve dicha instancia judicial.
La Sala, demás, amenazó con que impedir el acceso a los archivos podría ser constitutivo de delito. El ministro Monroy, por su parte, argumenta que si el juez accede a esos archivos, él podría cometer el delito de “revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos”.
Por su parte, el Presidente Nayib Bukele explicó semanas atrás que muchos de esos archivos fueron destruidos en los últimos años, pero anunció que desclasificaría los pocos que han sido encontrados y están relacionados con el tema.
Eso sí, mostró su preocupación ante la posibilidad de que estos grupos afines al FMLN quieran hurgar en archivos que contengan planes secretos sobre seguridad. El mandatario criticó que durante los Gobierno del FMLN, de 2009 a 2019, no se preocuparan por encontrar los archivos relacionados con la masacre.
Este día, representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, brindaron un balance de las emergencias que han atendido las instituciones de primera respuesta durante las vacaciones agostinas.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 17 emergencias durante el periodo del 1 al 5 de agosto, dos más que el año pasado en estas mismas fechas, según informó el director de la institución, Baltazar Solano.
El director de la entidad también explicó que han sido desplegados 800 bomberos operativos en todo el territorio nacional, para atender emergencias durante el periodo vacacional.
Solano resaltó que dentro del Plan Vacación también han priorizado las inspecciones en restaurantes, gasolineras y otros establecimientos, para constatar el cumplimiento de normas básicas y evitar incendios estructurales.
Mientras tanto, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, destacó que se han realizado 12 rescates acuáticos simples, de igual forma, dos más que el año pasado durante el mismo periodo de tiempo.
«Rescates profundos hay 19 en 2025, y en 2024 hubo 24. En total tenemos 31», informó Luis Alonso Amaya.
Finalmente, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amya, reporta que en el periodo de vacaciones hay registro de 161 lesionados en accidentes de tránsito, 16 fallecidos y 33 detenciones por conducción peligrosa.
Durante siete meses han estado vigentes diferentes reformas legislativas que han establecieron la intolerancia al delito de la conducción peligrosa, con el propósito de evitar accidentes de tránsito, lesionados o muertes.
El 20 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de prohibir que los motoristas de cualquier vehículo ingieran licor, cualquier tipo de sustancia o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir. En esa misma línea se incrementaron las multas.
Con el propósito de robustecer las leyes en ese tema, la Asamblea Legislativa también aprobó un pliego de reformas al Código Penal, propuestas por el Ejecutivo, en el sentido se incrementen las condenas por el delito de conducción peligrosa. Se estableció una condena de 2 a 5 años, por el delito de conducción peligrosa cuando el percance es con un vehículo liviano; y de 5 a 10 años, si el accidente es con transporte público o pesado.
Ese mismo día, la Asamblea también reformó al Código Procesal Penal para garantizar la justicia para las víctimas de percances viales y sus familiares.
Desde que se aprobaron estas medidas han transcurrido siete meses, tiempo en que las autoridades de transporte han reportado una reducción de casos de conducción peligrosa.
El viceministro de transporte, Nelson Reyes, aseguró en una conferencia que «hay una reducción de alrededor del 10 % de disminución de personas detenidas por conducción peligrosa, si lo comparamos con 2024, desde el 1 de enero a la fecha».
La remoción de más de 20 árboles fue parte de las emergencias atendidas ayer por la noche, a raíz de las fuertes tormentas ocurridas en el municipio de Cuscatlán Norte, informó el gobernador de Cuscatlán, Eduardo Alas.
La mayoría de árboles caídos se reportó en el distrito de Suchitoto, y para la intervención se activó toda la comisión departamental de Protección Civil que está en función del monitoreo y atención de eventualidades, detalló el funcionario.
«En conjunto con la municipalidad de Cuscatlán Norte, coordinamos para enviar los equipos para atender las emergencias», añadió Alas, quien afirmó que se trabaja de forma articulada en los territorios.
Los árboles cayeron sobre calles y carreteras, por lo que era de urgencia retirarlos para garantizar el paso y la seguridad en las vías, indicó.
Por otra parte, la alcaldía de Cuscatlán Sur informó que un árbol de gran tamaño también cedió ante las lluvias, quedando sobre la calle principal al barrio Nuevo, en la ciudad de San Ramón.
A las labores de remoción que realizó personal del distrito se sumaron elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), que tras los trabajos despejaron la vía restableciendo el paso que había quedado completamente bloqueado.
