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Reo que demandó al Estado denuncia que fue brutalmente agredido por otro interno: “Espero que respondan por el daño que me han hecho”

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Un reo que paga una condena de 30 años por el delito de secuestro ha denunciado al Estado por los constantes atropellos que ha soportado luego de negarle la atención médica a tiempo que lo llevaron a quedar en silla de ruedas. Ahora, un nuevo incidente ha ocurrido en su vida: un interno le propinó una brutal golpiza que lo ha llevado nuevamente a exigirle a las autoridades. 

William Alberto Pérez Jerez es un médico pediatra que tiene 50 años de edad, que actualmente está recluido en el Centro Especial de Salud para Privados de Libertad, en Santa Ana, ya que sufre el síndrome de Devic, una enfermedad que lo ha llevado a su permanencia a una silla de ruedas. Producto de esto, un interno se aprovechó para golpearlo y lesionarlo en el rostro dentro de su celda bajo la amenaza de “tenerlo en la mira”. 

Al filo de las 2:00 de la tarde, del martes 6 de noviembre, llegó desde Santa Ana a San Jacinto (San Salvador), era su día de terapias semanales en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).

Con agilidad empuja las llantas de su silla hasta un pequeño comedor del ISRI. Se siente emocionado porque su hermana lo llegó a visitar. Las paredes pintadas de celeste con cortinas de colores oscuros dan la sensación de bienestar, pero desde su silla de ruedas pasan imágenes que nunca pensó vivir en carne propia.

Con un tono serio comenzó a contar a El Salvador Times que el 28 de octubre, mientras estaba en el reclusorio de Santa Ana, un hombre fornido, con el cuerpo lleno de tatuajes y con una actitud violenta llegó en dos ocasiones a visitarlo a su celda. Se negó a hablar con él, ya que no le tiene confianza por lo que le pidió que se fuera.

Señaló que al poco tiempo este regresó y sin mediar palabras comenzó a golpearlo sin piedad, a pesar de que este no podía defenderse. “Me dio un puñetazo en el ojo izquierdo produciéndome un hematoma, una inflamación en la retina y una uveítis, diagnosticada por un médico particular”, señaló William con un tono molesto.

Pérez Jérez lo reconoció de inmediato, y contó que el hombre que lo golpeó fue condenado a 130 años de prisión por homicidios, hurtos, entre otros delitos. Desde ese día, el médico pediatra vive con la incertidumbre de que nuevamente las agresiones vuelvan a pasar.

De forma pausada, comentó que el 2 de noviembre, cuando el reloj marcaba las 5:30 de la mañana, la hora del desencierro, observó que un custodio le quitó el candado de su celda antes que al resto de los internos. Minutos después, su agresor comenzó dirigirse a donde él estaba, como lanzándole una amenaza de que algo podría pasarle.

“Al ver esto me dirigí para avisarle al guardia de esa posición (a unos metros de William) y le pregunte que si había una orden para dejarlo deambular por el recinto. Pedí que me sacaran inmediatamente y que me protegieran, ellos (los custodios) acudieron al llamado. Entraron dos custodios, relevaron a al sujeto que había dejado libre a mi agresor con quien yo he visto que tiene conversaciones, me señalan y se referían a mí como en forma de ‘pendiente’”, narró.

Él sospecha que podría tratarse de una “confabulación para hacer daño”, ya que considera que debido a la amistad entre el custodio y su agresor podrían darse otro tipo de hechos más graves.

“Le pregunté a mi agresor que por qué se prestaba a hacerle daño a la población solo por obtener un beneficio. Si él es capaz de golpear de manera despiadada a un minusválido en una silla de ruedas… Si hubiera tenido un arma cortopunzante y hubiera hecho uso de ella. Considero que es una persona que no debería de estar en ese lugar, es una persona despiadada”, continuó diciendo mientras fruncía el ceño.  

Ya se conoce el caso

El director de centros penales, Marco Tulio Lima, dijo que ya se está realizando una investigación de lo que sucedió en Santa Ana y señaló que este es el único caso de agresión que se ha conocido en las cárceles donde se implementa el sistema “Yo Cambio”.

“Se me informó que se había agredido a una persona privada de libertad y me mandaron un informe con las imágenes de las lesiones. Se ha iniciado una investigación interna para el personal de seguridad por no haber tenido el debido cuidado”, explicó a El Salvador Times.

Las autoridades de seguridad aseguran que las agresiones entre internos es normal provocado por el encierro. El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, señaló al respecto: “En todo sistema penitenciario hay problemas de convivencia, es por la misma naturaleza del encierro que es una consecuencia lógica de la conducta de las personas, pero que la conflictividad del sistema salvadoreño ha bajado mucho. Antes había masacres y hasta homicidios a diario. Ahora se dan, pero han bajado”, manifestó.   

A pesar de que las autoridades dicen tener controlado los índices de violencia y de salubridad de los internos, William solo espera que se le responda por el daño ocasionado tras varios años de encierro.

“La gente tiene la idea que un privado de libertad ha perdido todos sus derechos y los únicos derechos que he perdido son el de deambular libremente y el voto. Estoy a la espera y con ganas de vivir. Espero que respondan por el daño que me han hecho”, sentenció.

Las acusaciones al Estado

William tiene claro los motivos que lo trajeron aquí, pero en medio de la crisis que vive ahora por la agresión de la que fue parte, se limita a decir que son dos secuestros. 

Estar en el encierro fue un shock emocional con el que ha tenido que luchar cada día. Las sombras de su condena le llevaron a pasar noches sin poder dormir y tener lapsos de depresión por lo que su salud comenzó a decaer, un episodio que prefiere no contar.

En 2008, cuando las cárceles aún eran reinadas por bandas delincuenciales, William estaba recluido en Usulután y fue ahí cuando se dio cuenta que su cuerpo no estaba bien; solicitó atención médica, pero tras días solicitando ayuda esta llegó cuando era demasiado tarde para revertir el daño. El síndrome de Devic, mejor conocido como neuromielitis óptica, es una enfermedad extraña que inicia en el sistema nervioso central que afecta el nervio óptico y la médula espinal.

Según el portal web de neuroimmunologybcn.org, el síndrome ataca a una o dos personas por cada 100,000 habitantes y puede provocar la pérdida de la visión en uno o ambos ojos. Debido a esto fue traslado al centro penitenciario “La Esperanza”, conocido como “Mariona”, donde le brindarían una mejor calidad de atención del cual asegura aún no haberlo recibido.

En 2011 la Sala de Constitucional conoció de su caso y emitió un Habeas Corpus, donde se demostró el daño físico que la enfermedad le había provocado donde obligaba al Estado atender sus necesidades médicas con prontitud, pero él asegura no tener las atenciones necesarias. Por lo que se amparó en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quienes concluyeron la provocación de un “daño irreparables por el Estado”.

A principios del 2018, el gobierno salvadoreño inauguró el Centro Integral de Salud para Privados de Libertad en Santa Ana con el objetivo de resguardar a los cientos de reos enfermos que tiene el sistema penitenciario que padecen de enfermedades terminales o progresivas a los cuales se les brinda atención médica.

Uno de ellos fue William que el 18 de agosto fue traslado, pero explicó que este no reúne los insumos necesarios para la atención médica, pero jamás se imaginó que se toparía con otro problema de salud debido a la agresión recibida. 

“Desde mi traslado me di cuenta que ese lugar carece de medicinas y la infraestructura no es la adecuada hay un sistema represivo, no se da la atención médica adecuada. Es un lugar que no responde ni las condiciones mínimas a como le han hecho creer a la sociedad”, dijo molesto con un tono firme.

 

NOTA DE EL SALVADOR TIMES

 

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FGR ordenó capturas de 14 peligrosos miembros de estructuras dedicados al secuestro y otros delitos

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La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer las capturas de miembros de estructuras terroristas que se habían dedicado a cometer diversas acciones criminales como Secuestro, Violación y otros delitos. Los hechos fueron consumados en diferentes fechas y lugares del Occidente del país y en el departamento de Cuscatlán.

Fue la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y de Crimen Organizado, la que desde anoche giró un total de 14 órdenes administrativas y que se hicieron efectivas en esta madrugada. Se resuelven 3 casos en perjuicio de igual número de víctimas que están bajo régimen especial de protección.

El primero de los hechos se trata de la víctima con clave “Júpiter”, ocurrido el 8 de septiembre de 2020 en Cojutepeque, Cuscatlán.

En este caso, la víctima fue contactada por medio de la red social Facebook, en la que uno de los involucrados le aseguró que le daría ayuda económica y quería conocerla personalmente, pero al final la privó de libertad para luego abusarla sexualmente y finalmente la retuvieron exigiendo la cantidad $600 a cambio de su liberación. En este caso se ha individualizado la participación de 2 sujetos y una mujer a quienes se les atribuirán los delitos de Secuestro Agravado, Robo Agravado y Violación Agravada.

El segundo caso sucedió el 21 de julio de 2020, cuando secuestraron a dos personas y realizaron la exigencia de $5,000 los cuales fueron pagados por la libertad de las víctimas.

Durante el cautiverio, los 5 terroristas involucrados les ocasionaron lesiones en diferentes partes del cuerpo, de igual manera de forma violenta les despojaron de pertenencias, entre las que figura un vehículo. El lugar del suceso fue en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.

El tercero de los casos fue realizado por 6 sujetos, el 21 de julio del año 2019 en Guaymango, Ahuachapán, fecha y lugar en la que privaron de libertad a una persona y la llevaron a una zona de difícil acceso y en ese lugar estuvo cautiva hasta que logró negociar con los secuestradores el pago de $1,000. De igual manera a la víctima la maltrataron y le robaron pertenencias.

Los detenidos serán remitidos a los diferentes juzgados en donde cometieron las acciones delincuenciales.

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Ordenan cárcel para empleados de empresa que simulaban ser extorsionados

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En prisión se mantendrán ocho empleados de una empresa distribuidora de productos por el delito de Extorsión Agravada, afirmó el Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la sede de Cojutepeque.

Ayer lunes, se desarrolló la Audiencia Inicial en el Juzgado de Paz de San Pedro Perulapán en la que la representación Fiscal ofreció suficientes elementos de probabilidad de la existencia del delito y la participación de los imputados.

El Juez resolvió la Instrucción Formal con Detención Provisional, contra ocho de los imputados y le aplicó medidas sustitutivas a la detención a favor de Edwin Alejandro Alvarado Cuchilla, que tendrá que presentarse cada 15 días al Juzgado 1º. de Instrucción de Cojutepeque, no salir del país y no acercarse a la víctima.

De acuerdo a las investigaciones los trabajadores fingían, cuando repartían el producto, que pandilleros de las diferentes zonas del departamento de Cuscatlán los extorsionaban con desembolsos mensuales de dinero para poder circular.

Los pagos oscilaban entre la cantidad mínima de 35 dólares y un máximo de120 dólares, haciendo un monto mensual de $1,465.00 y un total al año de $17,580.00, por desplazarse en las colonias y cantones de los municipios de San Pedro Perulapán, Suchitoto, San Rafael Cedros, Santa Cruz Analquito, Oratorio Concepción, Cojutepeque, Guazapa y San Sebastián en San Vicente.

Según las estimaciones en tres años que duraron las exigencias monetarias los imputados se beneficiaron con un total de más de $52,000.00.

Nueve de los imputados fueron detenidos la semana pasada con órdenes de la FGR de Cojutepeque: Ismael Eliseo García García, Juan Antonio Martínez Guardado, Herminio Rafael Monge Hernández, Manuel de Jesús Cándido Hernández, Kevin Ronaldo Pineda Serrano, Feliciano Vásquez Flores, Fredy Jhovany Mendoza Hernández y José Alejandro Romero Ordóñez.

Cuatro incriminados más son prófugos, y el Juzgado señalará una nueva fecha de audiencia para resolver su situación jurídica.

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Juez ordena prisión preventiva para sujeto que agredió a su pareja mientras cargaba a su bebé

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El Juzgado de Paz de Nejapa ordenó la detención provisional contra Mario Raúl Murcia Salinas, procesado por el delito de Expresiones de Violencia contra la Mujer, Lesiones y Robo.

El sujeto fue detenido luego que se difundiera un video en el que aparece golpeando a su compañera de vida, sin importarle que su pareja cargaba a una bebé recién nacida.

Tras su arresto las autoridades confirmaron que el sujeto también era colaborador de una pandilla que opera en el municipio de Nejapa, al norte de San Salvador.

Salinas deberá permanecer bajo arresto mientras el proceso judicial en su contra continúa.

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