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Presidente Bukele: “No entiendo cómo es posible que estos políticos y funcionario aún estén libres y no se estén pudriendo en cárceles”
En conferencia de prensa el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió al tema en el que el gobierno anterior presidido por el FMLN, abrió polígonos de tiro para adiestrar a miembros de estructuras criminales o pandillas, tras salir a la luz pública tal afirmación en el juicio caso “Operación Cuscatlán”.
Bukele fue tajante al afirmar que “la población está harta de que se negocie con la sangre del pueblo y lamento que gobiernos anteriores hayan avalado el uso de polígonos de tiro de la Fuerza Armada para adiestrar pandilleros», detalló.
El mandatario afirmó que abrir los campos de tiros a terroristas fue algo inconcebible que sobrepaso el pacto de la tregua en la también se les dieron ciertos beneficios a las pandillas y hasta millones de dólares.
“Le estaban enseñando a los pandilleros a pegarle en la cabeza y el corazón a los salvadoreños, eso es el gobierno anterior. Les dieron dinero y hasta uniformes para engañar a la población”.
“Esta gente tiene la única intención de destruir a nuestro país y ahora los diputados del partido FMLN no quisieron respaldar el presupuesto del 2020. Yo no espero nada de ellos, más que bloqueo y destrucción para nuestro país. Hay que recordar que en la administración anterior más de 23 mil salvadoreños murieron producto de la violencia que imperó en el país”, dijo Bukele.
Los señalamientos del mandatario también fueron para los políticos del partido ARENA y FMLN que han salido mencionados en la Operación Cuscatlán de haber sostenido reuniones con pandilleros para entregar dinero a cambio de votos.
“Yo sinceramente no entiendo cómo esta gente (políticos y funcionarios) están libres, no entiendo. Cualquier persona particular con hacer el 1% de lo que esta gente hizo estuviera pudriéndose en la cárcel… ¡aquí los entrenaron y enseñaron a matar!, me da tanta rabia, los entrenaron para violar mujeres, matar familias”, afirmó.
Tras salir a la luz todas estas irregularidades y pactos de ex funcionarios con pandilleros, el juez del caso le dijo a la Fiscalía que debe investigar al exministro de Defensa, David Munguía Payés; al exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, Douglas Meléndez (exfiscal general), Alcides Alvarenga, Wil Walter Ruiz y Jorge Cortes.
El juez explicó que, en llamadas intervenidas, los pandilleros aseguraron que tienen vídeos de David Munguía Payés reunido con ellos y en otros se le ve entregando uniformes a pandilleros.
“Obviamente no eran uniformes de escuela”, dijo el juez tras conocer que el exministro de Defensa habría sido captado entregando uniformes a los pandilleros.
Con estas irregularidades mencionadas la pregunta del mandatario fue directa hacia el ente fiscal del país: “dónde estuvo la Fiscalía General de la República”, misma que era administrada por Douglas Meléndez sobre quien ya pesa mas de una veintena de denuncia en su contra por actos irregulares durante su gestión.
De allí la interrogante al actual fiscal general Raúl Melera ¿Cuándo va a actuar contra Douglas Meléndez y sus más cercanos colaboradores y contra los “gánster políticos” señalados en la Operación Cuscatlán por el testigo criterio Nóe? habiendo tantas pruebas que incriminan a los funcionarios y públicos, caso contrario señor fiscal caería en el delito de omisión de la investigación, incumplimiento de deberes y apología del delito.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la ejecución de la condena de 13 años y cuatro meses de prisión impuesta a Norman Quijano, exalcalde de San Salvador y excandidato presidencial por el partido ARENA. Esta medida se hace efectiva tras su arribo al país el pasado 26 de enero, luego de ser capturado y deportado por las autoridades de los Estados Unidos, poniendo fin a un periodo de evasión de la justicia que inició en abril de 2021.
La condena fue emitida originalmente en abril de 2024 por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, tras un juicio realizado en ausencia gracias a las reformas del Código Procesal Penal. El tribunal encontró a Quijano culpable de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, al demostrarse que pactó con cabecillas de pandillas durante su campaña presidencial en 2014. Las investigaciones fiscales, sustentadas en pruebas del caso Operación Cuscatlán, revelaron reuniones directas donde se ofrecieron beneficios penitenciarios y sumas de dinero a cambio de apoyo en las urnas.
Tras su ingreso a territorio salvadoreño, el exfuncionario fue sometido a una evaluación médica que incluyó electrocardiogramas y radiografías de tórax. La defensa de Quijano ha manifestado que el procesado se encuentra bajo control cardiológico desde el año 2006 debido a padecimientos de hipertensión arterial y angina inestable, factores de riesgo que requieren medicación diaria constante dentro del sistema penitenciario.
A pesar de los alegatos de salud, la Cámara Segunda de lo Penal ordenó la detención provisional del imputado y su traslado inmediato al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. La sede judicial determinó mantener la medida cautelar más gravosa tras considerar que existe un riesgo elevado de fuga, señalando que la presencia de Quijano en El Salvador no responde a su voluntad propia, sino a la acción coercitiva y estratégica de las autoridades que lograron su captura y deportación desde Texas.
En el ámbito procesal, la audiencia de revisión de medidas programada para este 28 de enero fue cancelada debido a que aún se encuentra pendiente de resolución un recurso de apelación interpuesto ante la Sala de lo Penal en junio de 2024. Su abogado defensor, Lisandro Quintanilla, ha indicado que la sentencia aún no está en firme y que buscarán agotar las instancias correspondientes, incluyendo un posible recurso de casación, con el objetivo de solicitar medidas sustitutivas a la detención en el futuro.
Además de la pena de prisión, la condena conlleva la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la suspensión de sus derechos ciudadanos. Las autoridades salvadoreñas han procedido a notificar formalmente al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) sobre la situación jurídica de Quijano para oficializar su inhabilitación del cargo que ostentaba.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Kevin Israel Corea Carabantes, de 27 años, acusado de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de una víctima, seguirá en prisión provisional, así resolvió el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
El hecho ocurrió el 12 de enero de 2026, en una discoteca ubicada en el bulevar Del Hipódromo, colonia San Benito, en San Salvador. La investigación fiscal detalla que Corea hurtó de una habitación una mochila y un maletín de mano que contenían diversos objetos, entre ellos, perfumes, además de una cartera de mano con documentos personales de la víctima.
«La acusación sostiene que el imputado fue visto por una empleada cuando salía por la ventana del baño que colinda con el jardín. Asimismo, los empleados del establecimiento encontraron una caja fuerte dañada, cielos falsos, vidrios y cámaras de seguridad averiados, daños que ascienden a una responsabilidad civil de aproximadamente $4,000», informaron fuentes judiciales.
El imputado fue reconocido por la gerencia de la discoteca a través de la cámara de seguridad, señalando que trabajó en el lugar durante cuatro días. Además, en los documentos presentados para aspirar al puesto se encontraba su identificación.
En la audiencia inicial, la juzgadora consideró que existen indicios suficientes para establecer la existencia del delito y la probable participación del procesado. El caso fue remitido al Juzgado de Instrucción de San Salvador.
